Ir al contenido
EN CONSTRUCCIÓN · EDICIÓN ANTICIPADA

Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.

Avísame al estrenar →
⚠ Atención: tienes 1 filtro marcado (RÉGIMENES TRANSICIÓN) que seguirá activo al buscar hasta que lo quites. Ver en buscador Quitar todos
← Volver a sentencias
Tribunal Administrativo de Cundinamarca Providencia

Tribunal Administrativo: se encuentra acreditado el presupuesto subjetivo para declarar la responsabilidad personal de la demandada

PDF oficial ↗ Ver y descargar en SAMAI ↗
Fecha
2026-02-13
Radicado
11001333603820200018301
Ponente
CLARA CECILIA SUAREZ VARGAS
Sección / Sala
SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección B)
Corporación
Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Clase de proceso
ACCION DE REPETICION
Actor
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
Demandado
SIN-EVANGELISTA YIRA PEREA HENRIQUEZ

Síntesis de la providencia

Tribunal Administrativo: se encuentra acreditado el presupuesto subjetivo para declarar la responsabilidad personal de la demandada

Lo que dijo la Sala

… considerando que para el treinta (30) de octubre de dos mil ocho (2008), la señora Evangelista Yira Perea Henríquez, en calidad de Juez Décimo (10) Penal de Descongestión de Bogotá, profirió sentencia condenando como coautora del delito de hurto calificado y agravado a la señora Claribel Ñustes Torres, y para el seis (6) de agosto de dos mil veinte (2020), fecha en que se presentó la demanda, ya se encontraba en vigencia la Ley 678 de 2001 que reguló integralmente en lo procesal la acción de repetición, sin las modificaciones introducidas por la Ley 2195 de 2022, el presente asunto deberá analizarse y resolverse bajo los lineamientos de la Ley 678 de 2001, sin las modificaciones introducidas por la Ley 2195 de 2022.… para la prosperidad de la acción de repetición, deben concurrir los siguientes presupuestos: i) una entidad pública haya debido reparar los daños antijurídicos o restablecer los derechos transgredidos a un particular…

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

Para la prosperidad de la acción de repetición deben concurrir la reparación de un daño antijurídico o el restablecimiento de derechos por la entidad pública, el pago efectivo de esa condena y la conducta dolosa o gravemente culposa del agente, de conformidad con la Ley 678 de 2001. La regla se sostiene en tres razones: la acción de repetición se rige por la Ley 678 de 2001 cuando la demanda se presentó antes de las modificaciones introducidas por la Ley 2195 de 2022, de modo que esas modificaciones no se aplican al caso; la condena proferida en un proceso penal contra un tercero, cuyo pago asumió la Nación, no excluye la responsabilidad del agente, si se acreditan los presupuestos de la repetición; y el presupuesto subjetivo debe demostrarse en el proceso y no presumirse por el solo pago. Por ello, la responsabilidad personal del agente requiere la prueba de su dolo o culpa grave en la actuación que originó el pago.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Se encuentra acreditado el presupuesto subjetivo para declarar la responsabilidad personal de la demandada, señora Evangelista Yira Perea Henríquez, por el valor del pago que realizó la Nación – Rama Judicial a la señora (...), como consecuencia de la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado 33 Administrativo del Circuito de Bogotá el 17 de marzo de 2017?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 270 de 1996, art. 153
  • Ley 600 de 2000, arts. 170 y 322
  • Ley 678 de 2001, art. 6

También resuelve

  • ¿Se configuró la caducidad del medio de control?
  • ¿La demandada es responsable del 100% de la condena?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Liquidación del contrato Caducidad de la acción contractual Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Acción de repetición contra el agente

Documentos relacionados

Comparten descriptores temáticos con esta providencia.

Consejo de Estado 2023-05-12 Sección Tercera (Subsección C)
Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida
Consejo de Estado 2025-07-17 Sección Tercera (Subsección B)
El juez de segunda instancia debe limitar su pronunciamiento a los motivos de inconformidad expresados en el recurso de apelación.
Tribunal Administrativo de Cundinamarca 2026-02-26 SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección A)
El término de caducidad transcurrió entre el 11 de julio de 2020 y el 11 de julio de 2022
Consejo de Estado 2025-08-19 Sección Tercera (Subsección B)
¿Se acreditaron los elementos objetivos y subjetivos para la procedencia del medio de control de repetición?
Tribunal Administrativo de Cundinamarca 2026-02-27 SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección B)
No basta la formulación de un reproche genérico ni la invocación abstracta de deberes funcionales
Consejo de Estado 2022-01-26 Sección Tercera (Subsección B)
La entidad demandante logró acreditar los presupuestos de procedencia del medio de control
Titulación de la relatoría 20.380 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del tribunal.

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN POR CONDENA JUDICIAL / FUNCIONARIO JUDICIAL / CARGO DE DESCONGESTIÓN EN LA RAMA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / SERVIDOR PÚBLICO DE LA RAMA JUDICIAL / JUEZ PENAL MUNICIPAL / RESPONSABILIDAD DEL JUEZ PENAL / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTO OBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA / CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / DEBERES DEL JUEZ / REQUISITOS DE LA SENTENCIA CONDENATORIA / INDIVIDUALIZACIÓN DEL IMPUTADO / INDIVIDUALIZACIÓN DEL PROCESADO / FALTA DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA / IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO Problema jurídico: ¿Se encuentra acreditado el presupuesto subjetivo para declarar la responsabilidad personal de la demandada, señora Evangelista Yira Perea Henríquez, por el valor del pago que realizó la Nación – Rama Judicial a la señora (...), como consecuencia de la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado 33 Administrativo del Circuito de Bogotá el 17 de marzo de 2017? Respuesta al problema jurídico: Si "(...) considerando que para el treinta (30) de octubre de dos mil ocho (2008), la señora Evangelista Yira Perea Henríquez, en calidad de Juez Décimo (10) Penal de Descongestión de Bogotá, profirió sentencia condenando como coautora del delito de hurto calificado y agravado a la señora Claribel Ñustes Torres, y para el seis (6) de agosto de dos mil veinte (2020), fecha en que se presentó la demanda, ya se encontraba en vigencia la Ley 678 de 2001 que reguló integralmente en lo procesal la acción de repetición, sin las modificaciones introducidas por la Ley 2195 de 2022, el presente asunto deberá analizarse y resolverse bajo los lineamientos de la Ley 678 de 2001, sin las modificaciones introducidas por la Ley 2195 de 2022. (...) para la prosperidad de la acción de repetición, deben concurrir los siguientes presupuestos: i) una entidad pública haya debido reparar los daños antijurídicos o restablecer los derechos transgredidos a un particular, en virtud de una sentencia de condena o de un acuerdo conciliatorio aprobado judicialmente; ii) la entidad haya pagado a la víctima del daño, la suma determinada en la sentencia condenatoria o el acuerdo conciliatorio y, iii) la condena se haya producido a causa de la conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario, ex funcionario o de un agente del Estado. (...) La existencia de una condena judicial y el pago: Está acreditado que el diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017), el Juzgado Treinta y Tres (33) Administrativo del Circuito de Bogotá profirió sentencia dentro del medio de control de reparación directa promovido por la señora Claribel Ñustes Torres, mediante la cual se condenó a la Nación – Fiscalía General de la Nación, con cargo al presupuesto de la Rama Judicial, al pago de los perjuicios derivados de la privación injusta de la libertad de la señora Ñustes Torres. (...) En esa misma línea, se acreditó mediante constancia secretarial expedida por el Juzgado Treinta y Tres (33) Administrativo de Cundinamarca que la sentencia proferida el diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017) quedó debidamente ejecutoriada el diez (10) de octubre de dos mil diecisiete (2017)36. También, se comprobó que, a través de Resolución No. 1773 del treinta y uno (31) de julio de dos mil veinte (2020), expedida por el Director Ejecutivo de Administración Judicial que se reconoció la suma de $121.442.849, correspondiente a la liquidación de la sentencia a favor de Claribel Ñustes Torres, en cumplimiento del fallo proferido por el Juzgado Treinta y Tres (33) Administrativo del Circuito de Bogotá37. En ese contexto se probó que, por intermedio del Sistema Integrado de Información Financiera, se efectuó el pago de la condena impuesta por el Juzgado Treinta y Tres (33) Administrativo del Circuito de Bogotá, correspondiente a la sentencia proferida el diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017), el cual se realizó el veintidós (22) de septiembre de dos mil veinte (2020), a favor de Claribel Ñustes Torres (...) De la calidad de la demandada – agente estatal (...) se tiene que la demandada, Evangelista Yira Perea Henríquez ejerció el cargo de Juez Municipal en el Juzgado Décimo (10) Penal Municipal de Descongestión de Bogotá a partir del primero (1°) de julio de dos mil ocho (2008), despacho desde el cual profirió la sentencia penal de treinta (30) de octubre de dos mil ocho (2008) objeto de análisis en el presente asunto (...) La imputación: conducta gravemente culposa del agente estatal (...) Para establecer la calificación de la conducta desplegada por la señora Perea Henríquez, se deberá analizar a la luz de las presunciones contenidas en el artículo 6 de la Ley 678 de 2001 (...) Si bien las causales anteriores son presunciones, lo son de naturaleza legal, por lo que para su configuración la entidad demandante debe demostrar los supuestos establecidos en la norma, correspondiéndole al demandado desvirtuarla (...) la Ley 600 de 2000 (...) el artículo 170 de la misma ley dispone que, toda sentencia contendrá, entre otros aspectos, “2. La identidad o individualización del procesado”. (...) los jueces de conocimiento y, en su caso, los funcionarios encargados de la ejecución de la condena, en ejercicio de la función jurisdiccional y bajo el principio de libertad probatoria, cuentan con facultades —y, en escenarios de afectación de derechos fundamentales como la libertad personal, con un deber reforzado— para adoptar medidas orientadas a esclarecer la identidad de la persona sometida al proceso. Sin desconocer las atribuciones que legalmente le corresponden a cada uno los entes encargados de adelantar la causa penal de esta litis, en el caso concreto está acreditado que el daño que padeció la señora Claribel Ñustes Torres fue atribuido a la Rama Judicial, en la medida en que la restricción de su libertad tuvo origen en una decisión judicial en la que se asumió como cierta una individualización que, a la luz de las garantías del debido proceso y de la protección reforzada de la libertad personal, debió ser objeto de verificación suficiente. (...) al revisar el contenido de la parte resolutiva de la sentencia penal, en la que se consignó que se condenaba a “CLARIBEL ÑUSTES TORRES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.470.312 de Bogotá, e individualizada con la reseña decadactilar elaborada en su captura y detención preventiva (…)”, se advierte que la juzgadora se remitió a la individualización realizada por la Fiscalía General de la Nación con ocasión de la captura de la mujer que se identificó como Claribel Ñustes Torres y a los datos que venían siendo utilizados desde la fase investigativa, sin que se evidencie la adopción de medidas adicionales orientadas a corroborar la correspondencia entre dicha información y la identidad real de la persona sometida a juzgamiento. En ese contexto, la providencia penal asumió como suficientes los elementos de identificación incorporados desde el inicio de la actuación, sin que mediara un cotejo posterior que permitiera descartar una posible suplantación, circunstancia que, a la luz de las garantías asociadas a la restricción de la libertad personal, resultaba relevante para la debida individualización de la procesada, incumpliendo así la carga que le impone el artículo 170 de la Ley 600 de 2000, según el cual en sentencia condenatoria, el juez de conocimiento deberá identificar e individualizar plenamente al procesado. Tan es así que la práctica de la prueba pericial de descarte decadactilar ordenada por el Juzgado Primero (1°) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Descongestión fue consecuencia de la solicitud elevada por la apoderada de Claribel Ñustes Torres57, circunstancia que evidencia la ausencia de pericia de la aquí demandada, para cotejar la información allegada por el ente acusador. (...) el hecho de que la señora Evangelista Yira Perea Henríquez haya sido designada como Juez Décimo (10) Penal Municipal de Descongestión de Bogotá, no supone que para el momento de proferir sentencia, tuviera unas obligaciones distintas a las establecidas por el legislador en el artículo 170 de la Ley 600 de 2000, ni que estas hayan sido desconocidas o mutadas por el el Acuerdo No. PSAA08-4877 de 2008, al punto que en este último se estableció que ese nuevo juzgado fue creado para conocer “de la sustanciación y fallo” de los procesos que se encuentran en trámite en el despacho que iba a descongestionar. En conclusión, se encuentra que esas declaraciones no resultan suficientes para relevar a la demandada del deber funcional que le asistía como jueza de conocimiento; el hecho de que los procesos hubieran sido remitidos en estado de fallo, que la individualización hubiese sido consignada por la Fiscalía en la resolución de acusación, no modifica el alcance de la función jurisdiccional ni exonera al juez del control material que debe ejercer sobre los presupuestos de la decisión. (...) La competencia para proferir sentencia implica verificar que se encuentren debidamente acreditados los elementos esenciales que legitiman la condena, entre ellos la correcta individualización de la persona sometida al proceso, máxime cuando se trata de decisiones que inciden directamente en el derecho fundamental a la libertad. En ese contexto, no resulta jurídicamente atendible sostener que la jueza podía limitarse a acoger o transcribir sin mayor verificación la información proveniente de la fase investigativa, ni que la condición de despacho de descongestión la habilitara para prescindir de dicho deber, pues la garantía de identidad del procesado constituye una exigencia transversal del debido proceso que compromete a todos los funcionarios que intervienen en la actuación penal. De esta manera, la Sala no desconoce que en la fase instructiva se presentó una deficiente labor de identificación e individualización por parte de la Fiscalía, en contravía de lo previsto en el artículo 322 de la Ley 600 de 2000, pues se dictó resolución de acusación sin que se hubiese verificado adecuadamente la correspondencia entre la persona capturada en flagrancia en el año 2001 y la verdadera titular de la identidad de Claribel Ñustes Torres. No obstante, se reitera que ello no releva de responsabilidad a la entonces Juez Décimo (10) Penal Municipal de Descongestión de Bogotá, toda vez que tales inconsistencias podían ser advertidas en la etapa de juzgamiento. Pese a ello, la demandada profirió sentencia condenatoria con apoyo exclusivo en los datos de identificación consignados desde la captura, sin realizar una valoración crítica que permitiera advertir que los elementos recaudados durante la investigación evidenciaban que la autora de los hechos correspondía a una persona distinta de quien verdaderamente ostentaba la identidad de Claribel Ñustes Torres. (...) se reitera que no solo a la Fiscalía General de la Nación le corresponde ejecutar todas las labores tendientes a la plena identificación e individualización de los autores o partícipes de una conducta penal, sino que también inciden en el juez de la causa las obligaciones de revisar de forma completa las piezas procesales, a fin de desvirtuar la presunción de inocencia que recae sobre el imputado y verificar que quien se vinculó al proceso efectivamente fuese el autor. (...) se reitera que no solo a la Fiscalía General de la Nación le corresponde ejecutar todas las labores tendientes a la plena identificación e individualización de los autores o partícipes de una conducta penal, sino que también inciden en el juez de la causa las obligaciones de revisar de forma completa las piezas procesales, a fin de desvirtuar la presunción de inocencia que recae sobre el imputado y verificar que quien se vinculó al proceso efectivamente fuese el autor. (...) la Sala encuentra que la demandada, en su calidad de Juez Décimo (10) Penal Municipal de Descongestión de Bogotá, no desplegó actuaciones orientadas a verificar la plena identidad de la persona condenada, incumpliendo lo dispuesto en la normativa procesal penal vigente para la época de los hechos. Tal omisión configura una actuación gravemente culposa, en los términos del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, en cuanto comporta la vulneración manifiesta e inexcusable de normas jurídicas que imponían el deber de asegurar la correcta individualización del procesado, así como la observancia de las garantías del debido proceso. En consecuencia, se revocará la sentencia de primera instancia, proferida el diecinueve (19) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), por el Juzgado Treinta y Ocho (38) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y, en su lugar se declarará administrativamente responsable a Evangelista Yira Perea Henríquez. (...)" NOTA DE RELATORÍA: Como precedente horizontal en casos similares, se cita: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 17 de febrero de 2023, Rad. 11001 33 36 032 2018 00015 02. Sobre el deber del juez de corroborar que el procesado sea la persona que cometió el delito, al momento de dictar sentencia, se cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de febrero de 2021, Rad. 61800, MP: Marta Nubia Velásquez Rico. Ver también, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de septiembre de 2024, Rad. 71112, MP: José Roberto Sáchica Méndez; Consejo de Estado, Subsección B, sentencia del 6 de febrero de 2023, Rad. 57705, MP: Fredy Ibarra Martínez, entre otras. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 153, LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 170, 322, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6, LEY 84 DE 1973 - ARTÍCULO 63 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿Se configuró la caducidad del medio de control? Respuesta al problema jurídico: No "(...) Dada la fecha de ejecutoria de la sentencia que ordenó el pago objeto del presente medio de control, el régimen que aplica en este caso, es el del CPACA. (...) el cómputo de la caducidad de dos (2) años de la acción de repetición dentro de los procesos adelantados en vigencia del Código Contencioso Administrativo tiene dos formas para contabilizarse, así: i) a partir del día siguiente al pago de la condena o conciliación, y (ii) si el pago no se realizó dentro del término de los 18 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia condenatoria o del auto aprobatorio de la conciliación, según sea el caso, los dos (2) años se contarán a partir del día siguiente del cumplimiento de los 18 meses. (...) De otra parte, la contabilización de la caducidad de la acción de la referencia para los procesos que se adelanten en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es de dos (2) años contados a partir (i) del pago realizado por la entidad de la sentencia condenatoria o conciliación, o (ii) a partir del día siguiente al vencimiento del plazo de diez (10) meses que tiene la misma para pagar las condenas o conciliaciones. Los diez (10) meses se contarán a partir del día siguiente a la ejecutoria de la sentencia o del auto aprobatorio de la conciliación. (...) la referida sentencia fue proferida el diecisiete (17) de marzo de dos mil diecisiete (2017), en el curso de la audiencia inicial, por el Juzgado Treinta y Tres (33) Administrativo del Circuito de Bogotá, providencia que fue recurrida por la Fiscalía General de la Nación10. No obstante, mediante auto del cuatro (4) de octubre de dos mil diecisiete (2017) se declaró desierto dicho recurso y, posteriormente, la Secretaría del Juzgado Treinta y Tres (33) Administrativo del Circuito de Bogotá expidió constancia, indicando que el diez (10) de octubre de la misma anualidad, se declaró ejecutoriada la sentencia proferida el diecisiete (17) de marzo anterior. En aplicación de lo dispuesto en el CPACA, para el caso concreto se advierte que el término de diez (10) meses con que contaba la Rama Judicial para cumplir la condena impuesta a la Nación – Fiscalía General de la Nación, con cargo a su presupuesto, corrió desde el once (11) de octubre de dos mil diecisiete (2017) y venció el once (11) de agosto de dos mil dieciocho (2018). En consecuencia, el término de caducidad de la acción de repetición transcurrió, en principio, entre el doce (12) de agosto de dos mil dieciocho (2018) y el doce (12) de agosto de dos mil veinte (2020). (...) No obstante, dada la suspensión de términos decretada por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia por COVID-19, comprendida entre el dieciséis (16) de marzo de dos mil veinte (2020) y el primero (1°) de julio de la misma anualidad, dicho término se extendió por ciento siete (107) días adicionales, por lo que la caducidad del medio de control operó el veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinte (2020). Como la demanda fue interpuesta el seis (6) de agosto de dos mil veinte (2020) 11, se concluye que se presentó oportunamente. Lo anterior, por cuanto se acreditó que a través de la constancia No. DEAJCER20-78 expedida el seis (6) de octubre de dos mil veinte (2020) por la Directora Administrativa de la División de Tesorería de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, que el pago de la sentencia se efectuó únicamente el veintidós (22) de septiembre de dos mil veinte (2020), por la suma de $121.386.06212. En consecuencia, como el pago se realizó con posterioridad al vencimiento del término de diez (10) meses previsto en el artículo 192 del CPACA para el cumplimiento de la condena, el término de caducidad de la acción de repetición se contabiliza a partir del día siguiente a la expiración de dicho plazo y no desde la fecha efectiva del pago. (...)" NOTA DE RELATORÍA: Sobre el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición, se cita: Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección A, sentencia del 25 de octubre de 2019, Radicación número: 05001-23-31-000-2002-01100-01 (56821), CP: María Adriana Marín. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA / CONCURRENCIA DE CAUSAS / CONCURRENCIA DE CULPA / CAUSACIÓN DEL DAÑO Problema jurídico: ¿La demandada es responsable del 100% de la condena? Respuesta al problema jurídico: No "(...) De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 678 de 2001, el momento de la condena se cuantificará “atendiendo al grado de participación del agente en la producción del daño”. Adicionalmente, para efectos de la liquidación de la condena a imponer, se tendrá en cuenta únicamente el monto de capital que la parte demandante acreditó como efectivamente pagado dentro de este proceso, pues la suma correspondiente a los intereses moratorios se relaciona con la mora en el pago por parte de la entidad pública y, por ende, no es imputable a la conducta del aquí demandado. Así las cosas, la Sala advierte que el resultado dañoso no es atribuible de manera exclusiva a la señora Perea Henríquez, pues en su producción concurrieron actuaciones estatales desarrolladas en etapas anteriores del proceso penal, particularmente en la fase de investigación e instrucción a cargo de la Fiscalía General de la Nación. En consecuencia, se está ante una concurrencia de conductas que incidieron en la causación del daño. De esta manera, se estima que el grado de participación de Evangelista Yira Perea Henríquez, en su calidad de Juez Décimo (10) Penal Municipal de Descongestión de Bogotá, corresponde al cuarenta por ciento (40 %), en la medida en que su actuación incidió de manera directa en la consolidación del daño al proferir la sentencia condenatoria que materializó la afectación a los derechos de Claribel Ñustes Torres. (...)"

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110013336038202000183012500023