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clave: "consejo_estado:providencia:11001032600020140007000-51260-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: a esa manifestación se opusieron los demandados en sus escritos de contestación"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-01-24"
radicado: "11001032600020140007000"
numero: "51260"
ponente: "JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS"
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# Consejo de Estado: a esa manifestación se opusieron los demandados en sus escritos de contestación

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-01-24
- **Radicado:** 11001032600020140007000
- **Número interno:** 51260
- **Ponente:** JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 REPETICION
- **Actor:** NACION- RAMA JUDICIAL
- **Demandado:** JESUS HERNANDO LINDARTE ORTIZ, SANTIAGO RODIL GARCIA, EDILMA ESCALANTE DE LINDARTE, OSCAR HERNANDO CASTRO RIVERA, ADRIANA LILIBETH LINDARTE ESCALANTE, ANDREA DEL PILAR LINDARTE ESCALANTE
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:11001032600020140007000-51260-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/11001032600020140007000/82393FB6FCA56D10E889A47E9768421B62F982BBC33D09261D2C10633E594498/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010326000201400070001100103

## Relevancia jurídica

Cambia la jurisprudencia.

## Problema jurídico

¿La conducta de Jesús Hernando Lindarte Ortiz, Oscar Hernando Castro Rivera y Santiago Rodil García, en el ejercicio de los cargos de magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca y juez del Juzgado Civil del Circuito de Arauca, respectivamente, en el trámite del proceso civil extracontractual con Radicado No. 2004-0055, es gravemente culposa y, en consecuencia, los demandados deben reembolsar el pago de la condena judicial que el Tribunal Administrativo de Arauca le impuso a la Nación – Rama Judicial en la sentencia del veintiuno (21) de septiembre de dos mil once (2011), dentro del proceso de reparación directa con Radicado No. 81001-23-31-001- 2010-00006-00”, teniendo en cuenta que para el momento existían posiciones jurisprudenciales contradictorias en el Consejo de Estado relacionadas con el tema a resolver?

## Respuesta doctrinal / Tesis

No

## Decisión

NIEGA

## Puntos clave

- ¿Cuáles son los presupuestos de procedencia de la aplicación de las presunciones legales de dolo y culpa grave en el medio de control de repetición?
- ¿La presunción de culpa grave referida en el numeral 1 del artículo 6 de la ley 678 de 2001, no se configura solo por un desconocimiento de las normas o de los términos establecidos en la ley…
- ¿El hecho de que las providencias judiciales hayan sido determinantes en la condena por error judicial, no implica, en todo caso…

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 01 de 1984, art. 82
- Ley 1107 de 2006
- Ley 678 de 2001, arts. 5 y 6

## Extracto

El Juez Segundo Civil del Circuito de Arauca y los magistrados del Tribunal Superior de Arauca profirieron sentencias de primera y segunda instancia, en un proceso de responsabilidad civil extracontractual adelantado en contra de la empresa de servicios públicos EMSERPA. Posteriormente, el Tribunal Administrativo de Arauca declaró la responsabilidad de la Nación-Rama Judicial por el error judicial en las providencias proferidas, debido a que la competencia para adelantar el proceso de responsabilidad en contra de la mencionada entidad pública, le corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1107 de 2006, que entró en vigencia cuando el proceso estaba en curso.

## Síntesis temática

No es gravemente culposa la conducta del juez que aplica una interpretación judicial cuando, para la época de sus decisiones, existían posiciones jurisprudenciales contradictorias sobre la materia, pues no hay violación manifiesta e inexcusable de la norma en que debía fundarse la decisión. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la competencia para tramitar el proceso civil en el que se dictaron las providencias se discutía en la época, por la expedición de una ley que atribuyó asuntos de ese tipo a la jurisdicción contencioso administrativa mientras el proceso estaba en curso. Segunda, la existencia de criterios contrapuestos en el propio Consejo de Estado impide calificar como manifiesta la infracción de la norma. Tercera, la demanda de repetición no acreditó, con razones fácticas y jurídicas precisas, la culpa grave de cada uno de los servidores. La providencia niega las pretensiones de repetición. La consecuencia práctica es que el cambio posterior de jurisprudencia no convierte en culpa grave la decisión que se adoptó conforme a una línea vigente y contradictoria al momento de proferirla.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, JUEZ, ERROR JUDICIAL, CULPA GRAVE, DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE, PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE, PRUEBA DE LA CULPA GRAVE, INFRACCIÓN MANIFIESTA, DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA, DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA EN QUE DEBÍA FUNDARSE, NORMA EN QUE DEBÍA FUNDARSE, INFRACCIÓN DE LA NORMA EN QUE DEBÍA FUNDARSE, INEXISTENCIA DE INFRACCIÓN DE LA NORMA EN QUE DEBÍA FUNDARSE, INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE, CAMBIO DE JURISPRUDENCIA, EFECTOS DE LA JURISPRUDENCIA, JURISPRUDENCIA CONTRADICTORIA, NUEVA POSICIÓN JURISPRUDENCIAL, COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ACTIVIDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, CONTROL JUDICIAL, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, DOLO, PRESUNCIÓN DE DOLO, VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE, SENTENCIA CONDENATORIA, VALOR PROBATORIO DE LA SENTENCIA, ALCANCE JURISPRUDENCIAL, ALCANCE DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL, APLICABILIDAD DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL, APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA, CONDENA EN COSTAS, APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES, CONCEPTO DE COSTAS PROCESALES, COSTAS PROCESALES, ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS, PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES, REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS, LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS, AGENCIAS EN DERECHO, LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO, NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, PROCESO DE ÚNICA INSTANCIA, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA, CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, SUCESIÓN PROCESAL, APLICACIÓN DE LA SUCESIÓN PROCESAL, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, FALLECIMIENTO DEL DEMANDADO, NATURALEZA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN, FINALIDAD DE LA SUCESIÓN PROCESAL, EFECTOS DE LA SUCESIÓN PROCESAL, NOCIÓN DE LA SUCESIÓN PROCESAL, CONCEPTO DE SUCESIÓN PROCESAL, PRESUPUESTO DE LA SUCESIÓN PROCESAL, PROCEDENCIA DE LA SUCESIÓN PROCESAL, REQUISITOS DE LA SUCESIÓN PROCESAL

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## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / JUEZ / ERROR JUDICIAL / CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / INFRACCIÓN MANIFIESTA / DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA / DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA EN QUE DEBÍA FUNDARSE / NORMA EN QUE DEBÍA FUNDARSE / INFRACCIÓN DE LA NORMA EN QUE DEBÍA FUNDARSE / INEXISTENCIA DE INFRACCIÓN DE LA NORMA EN QUE DEBÍA FUNDARSE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / CAMBIO DE JURISPRUDENCIA / EFECTOS DE LA JURISPRUDENCIA / JURISPRUDENCIA CONTRADICTORIA / NUEVA POSICIÓN JURISPRUDENCIAL / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ACTIVIDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CONTROL JUDICIAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿La conducta de Jesús Hernando Lindarte Ortiz, Oscar Hernando Castro Rivera y Santiago Rodil García, en el ejercicio de los cargos de magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca y juez del Juzgado Civil del Circuito de Arauca, respectivamente, en el trámite del proceso civil extracontractual con Radicado No. 2004-0055, es gravemente culposa y, en consecuencia, los demandados deben reembolsar el pago de la condena judicial que el Tribunal Administrativo de Arauca le impuso a la Nación – Rama Judicial en la sentencia del veintiuno (21) de septiembre de dos mil once (2011), dentro del proceso de reparación directa con Radicado No. 81001-23-31-001- 2010-00006-00”, teniendo en cuenta que para el momento existían posiciones jurisprudenciales contradictorias en el Consejo de Estado relacionadas con el tema a resolver?
Respuesta al problema jurídico: No
El Juez Segundo Civil del Circuito de Arauca y los magistrados del Tribunal Superior de Arauca profirieron sentencias de primera y segunda instancia, en un proceso de responsabilidad civil extracontractual adelantado en contra de la empresa de servicios públicos EMSERPA. Posteriormente, el Tribunal Administrativo de Arauca declaró la responsabilidad de la Nación-Rama Judicial por el error judicial en las providencias proferidas, debido a que la competencia para adelantar el proceso de responsabilidad en contra de la mencionada entidad pública, le corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1107 de 2006, que entró en vigencia cuando el proceso estaba en curso. La Rama Judicial demanda el reintegro de la condena pagada, puesto que los servidores demandados actuaron con culpa grave. (...) En el presente asunto, la parte demandante sustentó la presunción de culpa grave prevista en el artículo 6° de la Ley 678 de 2001 —en la que afirmó incurrieron Santiago Rodil García, Jesús Hernando Lindarte Ortiz y Óscar Hernando Castro Rivera—, en la continuación del trámite judicial del proceso de responsabilidad civil extracontractual adelantado en contra de la empresa EMSERPA E.S.P., una vez la jurisdicción ordinaria perdió competencia, en virtud de la expedición de la Ley 1107 de 2006. A esa manifestación se opusieron los demandados en sus escritos de contestación, por considerar que no existía lugar para la configuración de la presunción de culpa grave por violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho, porque, en su sentir, para la época no existía un criterio unánime frente a la aplicación de las reglas de competencia contenidas en la Ley 1107 de 2006. (...) corresponde analizar, con el material probatorio arrimado al expediente, si el supuesto fáctico presentado por el ente demandante, esto es, que la causa para la imposición de la condena en su contra, se debió a la actuación gravemente culposa de los demandados Santiago Rodil García, Jesús Hernando Lindarte Ortiz y Óscar Hernando Castro Rivera, al tramitar el proceso de responsabilidad civil extracontractual en contra de la empresa de servicios públicos EMSERPA E.S.P., sin tener jurisdicción ni competencia para ello, debido a la entrada en vigencia de la Ley 1107 de 2006. (...) í, la violación manifiesta de Ley 1107 de 2006, fue la razón que derivó en la declaratoria de responsabilidad por error jurisdiccional, y conforme a la cual la demandante entiende configurada la “presunción” de culpa grave prevista en el numeral 1° del artículo 6° de la Ley 678 de 2001. Este criterio ata al juez de la repetición, porque siguiendo el derrotero trazado por esta Sección del Consejo de Estado55 , las sentencias del proceso contencioso administrativo se convierten, por mandato de la ley, en piezas procesales determinantes para establecer la responsabilidad patrimonial del ex servidor público, y el demandado tiene entonces el deber de desvirtuar el hecho deducido a fin de eximirse de responsabilidad56, lo cual quedó, a su vez, plasmado en la exposición de motivos del proyecto de ley que culminó con la expedición de la Ley 678 de 200157 . Valga decir que, el hecho de que dichas piezas procesales sean determinantes, no implica, en todo caso, que resulten siempre suficientes al propósito de deducir la presunción que se enrostra contra el demandado en repetición. Para que así sea, se requiere que el fallo condenatorio contra el Estado contenga de forma explícita el supuesto de hecho en que se funda la presunción, de manera tal que, desde un principio, el demandado en repetición pueda dirigir sus esfuerzos probatorios a desvirtuar el elemento presuntivo que se enfila en su contra. Si la sentencia definitoria de la litis que da lugar a la condena tiene tal claridad, servirá no solo de basamento al juez de la repetición, sino que, en los términos ya señalados, lo atará en su decisión de reembolso; de lo contrario, la sola sentencia de base será insuficiente para tales propósitos. En el sub examine, la sentencia de condena por la cual se repite determinó que se desconoció una norma procesal de cumplimiento inmediato, de la cual dependía la definición de la jurisdicción que debía conocer del asunto. (...) Sobre el particular, la Sala advierte que los demandados, al proferir las sentencias del 7 de mayo de 2007 y el 27 de marzo de 2008, no incurrieron en una violación manifiestamente inexcusable de la Ley 1107 de 2006 ─modificatoria del artículo 82 del CCA─, por cuanto, más allá de la fijación de la cláusula general de competencias que efectuó la aludida norma en materia de lo contencioso administrativo, lo cierto es que la interpretación conforme a la cual los asuntos en trámite en la jurisdicción civil debían ser remitidos a la jurisdicción contenciosa, aunque plausible, no era la única posible o razonable, menos en un escenario que para entonces estaba minado de indefinición. Al recabar en las pruebas obrantes en el expediente, se encuentra acreditado que Cándida Rosa Parales y David Holguín instauraron demanda contra la Empresa de Servicios Públicos de Arauca -EMSERPA-, la cual correspondió al Juzgado Civil del Circuito de Arauca, cuyo Juez era Santiago Rodil García, quien profirió sentencia de primera instancia el 7 de mayo de 2007. Seguidamente, la decisión fue apelada, y el recurso fue resuelto por el Tribunal Superior de Arauca en providencia del 27 de febrero de 2008, firmada por los magistrados Jesús Hernando Lindarte Ortiz y Oscar Hernando Castro Rivera. Sin embargo, la Ley 1107 de 2006 entró en vigencia el 27 de diciembre de 2006, cuando el proceso se encontraba pendiente de proferir el fallo de primera instancia. Cabe advertir que, para la época en que fue radicada la demanda en contra de EMSERPA E.S.P. ante el Juzgado Civil de Arauca, el 16 de julio de 2004, existía disparidad de criterios entre el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura frente a la competencia de los asuntos en los que han sido parte empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. Por un lado, la jurisprudencia del Consejo de Estado establecía que el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo -CCA- señalaba como cláusula general de competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo juzgar “las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las Entidades Públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado”, postulado que no incluía la prestación de servicios públicos, por no tratarse de un ejercicio propio de la función administrativa y, en consecuencia, le dejaba la competencia a la jurisdicción ordinaria. (...) Por manera que, ante tal panorama de dualidad interpretativa mal podría considerarse que los demandados incurrieron en un desconocimiento inexcusable de la Ley 1107 de 2006, máxime cuando, en voces de su superior jerárquico estaban llamados a perpetuar el conocimiento jurisdiccional, conforme a las leyes vigentes para el momento de interposición de la demanda. En tales condiciones edificar un juicio de culpa grave atendiendo lo expuesto en la sentencia que dio lugar a la condena por la que se repite, sería desconocer la relevancia del juicio subjetivo que supone la repetición, pues, tal como ha dicho la Corte Constitucional, “la responsabilidad de los agentes del Estado y en ese sentido también la acción de repetición resulta improcedente cuando la acción u omisión de la persona no puede catalogarse como gravemente negligente o arbitraria”. Tal es el caso que ocupa la atención de la Sala, en el que ha quedado verificado que los demandados, ni en la decisión de primera, ni en la de segunda instancia que profirieron al momento de decidir la demanda interpuesta por los señores Cándida Rosa Parales y David Holguín contra la Empresa de Servicios Públicos de Arauca - EMSERPA obraron con violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho y, por tanto su actuación no reviste culpa grave. Por todo lo dicho, a los demandados no les asiste responsabilidad patrimonial y, en consecuencia, la Sala proferirá sentencia adversa a las súplicas de la demanda, por cuanto no se configuró la causal invocada.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 28 de abril de 2009, expediente 11001-31- 03-007-2001-00902-01. Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003, reiterada en la sentencia SU-259 de 2021. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 8 de febrero de 2007, expediente: 05001-23-31-000-1997- 02637-01 (30903).
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, LEY 1107 DE 2006, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / DOLO / PRESUNCIÓN DE DOLO / CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos de procedencia de la aplicación de las presunciones legales de dolo y culpa grave en el medio de control de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
Para abordar el análisis de la conducta de los servidores públicos en el marco del proceso civil adelantado, ha de tenerse en consideración que, como la Ley 678 de 2001 resulta aplicable a este asunto, por tanto, se aplican las “presunciones legales” previstas, que califican la conducta dolosa o gravemente culposa del agente. Estas presunciones son legales, es decir, admiten prueba en contrario y, con ellas, el legislador buscó efectivizar el ejercicio de la acción o medio de control de repetición, en la medida que la entidad estatal, al formular el respectivo libelo introductorio, le corresponde acreditar solamente el supuesto fáctico en el que se fundamenta la presunción que se invoca para que esta opere, y el demandado tiene el deber de desvirtuar el hecho deducido a fin de eximirse de responsabilidad, lo cual quedó, a su vez, plasmado en la exposición de motivos del proyecto de ley que culminó con la expedición de la Ley 678 de 2001.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Corte Constitucional, Sala Plena, C 374 /02, Sentencia del 14 de mayo de 2002, expedientes acumulados D3756, D-3757 y D-3763.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001
CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA EN QUE DEBÍA FUNDARSE / NORMA EN QUE DEBÍA FUNDARSE / INFRACCIÓN DE LA NORMA EN QUE DEBÍA FUNDARSE
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿La presunción de culpa grave referida en el numeral 1 del artículo 6 de la ley 678 de 2001, no se configura solo por un desconocimiento de las normas o de los términos establecidos en la ley, sino que, además, debe ser una actuación inexcusable y manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico?
Respuesta al problema jurídico: No
Así las cosas, la presunción de que trata el numeral 1 del artículo 6º de la Ley 678 de 2001 no se configura solo por un desconocimiento de las normas o de los términos establecidos en la ley, sino que, además, debe ser una actuación inexcusable y manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico, por tanto, dicha presunción cuenta con un ingrediente subjetivo que no implica la eliminación o desconocimiento de la presunción consagrada en la ley, sino que, impone un deber de constatación de la conducta desplegada por el servidor o ex servidor. Por esa razón la decisión del juez contencioso ad

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

a de una acción civil de carácter patrimonial de índole declarativa, ya que mientras no se declare la responsabilidad patrimonial no surge la obligación de restituir el patrimonio del Estado. Hasta este punto no habría mayor dificultad, de no ser porque, en su objeto, la repetición alberga diferentes propósitos o finalidades que no pasan inadvertidas para el instituto jurídico de la sucesión procesal; así mismo porque, a diferencia de otras acciones, la de repetición conjuga esos propósitos disímiles de forma inescindible y conexa, tanto en la pretensión declarativa, como en la de condena. La Corte constitucional, en la sentencia SU-354 de 2020, sostuvo que contra el agente estatal se debe adelantar un juicio de atribución de responsabilidad que es subsidiario, subjetivo, sujeto a criterios de proporcionalidad y que debe asegurar las garantías que conforman el derecho al debido proceso. Desde el punto de vista de la función retributiva, la sucesión procesal no tiene la virtud de absorber el reproche que se dirige única y exclusivamente contra el agente público que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, compromete el patrimonio estatal, dado que el carácter personalísimo de ese juicio se lo impide. Es decir, la sucesión procesal no sustituye, en sus efectos, a la persona sustituida, empero, en tales circunstancias, tampoco es posible que la persona a quien corresponde acarrear con tales efectos los asuma, por la elemental situación de que esa persona ya no existe. Lo propio ocurre con la función preventiva. Ahora, en principio, podría inferirse como una consecuencia lógica de tal situación, la extinción de la acción, no obstante, como no existen extinciones parciales de la acción y, por contera, subsiste otra función inherente al objeto de la repetición ─función resarcitoria que se aproxima al carácter patrimonial de la acción─ el análisis se transpola al ámbito de la legitimación de los sucesores patrimoniales del agente fallecido, por sobre todo, si se tiene en cuenta que, tal como ha dicho la Corte Constitucional, la acción de repetición “no tiene por objeto medular imponer una sanción, sino que ella tiene “un carácter reparatorio o resarcitorio”. Frente a este aspecto ─el de la legitimación─, incidirá el momento procesal en que se produzca el fallecimiento. Así, el agente tuvo la oportunidad de controvertir el reproche subjetivo de la conducta que se le enrostra, puede decirse que existen elementos de juicio, obtenidos con respeto a las garantías de defensa, para, con fines eminentemente resarcitorios, calificar la conducta, pues, como bien ha sostenido la Corte Constitucional “si bien se trata de una acción con la finalidad especifica de reintegrar al patrimonio del Estado lo pagado, ello no conspira con la necesidad de analizar toda la temática que gira a su alrededor con la lupa de tratarse del análisis de una conducta humana reprochable. En esa medida todos los principios que se despliegan en un análisis de conducta son necesaria e imprescindiblemente aplicables”. Entonces, en cada caso habrá que constatar si la persona contra quien se ejerció la repetición alcanzó a realizar su defensa y a controvertir las pruebas que contra sí se aducían, a menos, claro está, que esas pruebas se compongan exclusivamente de documentos públicos que gozan de presunción de autenticidad y que hayan sido aportadas desde la demanda y, habiendo tenido la oportunidad de controvertirlas al momento de la contestación el propio interesado no lo haya hecho. En tal caso, podrá realizarse el análisis de fondo y, por lo mismo, habrá de tenerse por legitimados a los herederos, porque en este punto, se insiste, subsiste la finalidad resarcitoria. Lo expuesto se acompasa en le presente asunto, pues, precisamente porque las pruebas que se pretendían hacer valer habían sido incorporadas por las partes en la demanda y su contestación, se acudió al trámite de sentencia anticipada, específicamente en el caso del señor Jesús Hernando Lindarte, aquél solicitó tener como pruebas las aportadas por el demandante ─Cfr. auto del 14 de junio de 2023─. Asunto distinto será, frente a ese evento y en caso de que prospere la condena, determinar las condiciones para la procedencia de esta, como, por ejemplo, si el patrimonio del causante al cierre del ejercicio de liquidación arrojó bienes para adjudicar entre sus legatarios, si aquellos recibieron con o sin beneficio de inventario, entre otros. Al margen de lo expuesto valga aclarar, eso sí, tal como lo ha indicado la Corporación que “si bien es cierto que los bienes del causante y sus deudas se transmiten a sus herederos y los dos patrimonios pueden confundirse o mantenerse separados cuando se acepta la herencia con beneficio de inventario, no puede considerarse que la pensión forme parte de dicho patrimonio. La pensión no es un bien que integre el activo de la sucesión con el cual puedan pagarse los acreedores del causante”. Bajo esas premisas la Sala establece la legitimación en la causa de las personas que fueron vinculadas en sucesión procesal, esto es, de las señoras Andrea del Pilar Lindarte Escalante, Adriana Lilibeth Lindarte Escalante y Edilma Escalante de Lindarte, remarcando que, por virtud de la sucesión procesal aquellas recibieron el proceso en el estado en que se encontraba. Ese carácter irreversible del proceso hace que, por demás, en este estadio procesal no se pueda atender la solicitud probatoria efectuada por el apoderado de las sucesoras procesales, así como tampoco advierte la Sala que, de acuerdo con las circunstancias particulares del caso emerja la necesidad de apreciarlas y, por lo mismo, tampoco de incorporarlas de oficio.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Corte constitucional, en la sentencia SU-354 de 2020; Corte Constitucional. Sentencia SU-259 de 2021; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 13 de agosto de 2021, Exp. 53008; En similar sentido, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 9 de marzo de 2020, Exp. 47251; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 18 de noviembre de 2021, Exp. 52710; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 5 de mayo de 2020, Exp. 45417; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 3 de agosto de 2020, Exp. 52710; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 1 de marzo de 2023, Exp. 67.682; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 13 de agosto de 2021, Exp. 53700 y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 9 de marzo de 2020, Exp. 47251.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 68, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2343

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Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2024-01-24. C.P. JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS. Rad. 11001032600020140007000. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:11001032600020140007000-51260-sentencia).
