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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la Procuraduría General de la Nación a través de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Facatativá es la autoridad competente

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Fecha
2025-07-02
Radicado
11001030600020250008800
Número interno
88
Ponente
ANA MARÍA CHARRY GAITÁN
Sección / Sala
Sala Consulta y Servicio Civil
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
CONFLICTOS DE COMPETENCIA
Actor
PROCURADURIA PROVINCIAL DE INSTRUCCIÓN DE FACATATIVA, PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
Demandado
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la Procuraduría General de la Nación a través de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Facatativá es la autoridad competente

Lo que dijo la Sala

La Sala de Consulta y Servicio Civil declarará competente a la Procuraduría General de la Nación a través de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Facatativá, para continuar con las actuaciones disciplinarias que correspondan, en contra de los señores [D.A.R.R.], en su condición de exsecretario de Planeación, Obras y Servicios Públicos del municipio de Anolaima y [S.W.C.T.], representante legal de la Cooperativa Nacional de Municipios Ltda.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Problema jurídico

¿La Procuraduría General de la Nación a través de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Facatativá, es la autoridad competente para continuar la investigación disciplinaria en contra del exsecretario de Planeación, Obras y Servicios Públicos del municipio de Anolaima y supervisor de un contrato, y en contra del interventor del mismo contrato?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto Ley 1951 de 2021, art. 22
  • Ley 1952 de 2019, arts. 2, 3 y 86 y 70

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

RESUELVE CONFLICTO

Descriptores temáticos

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Titulación de la relatoría 32.272 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

CONFLICTO DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA / PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN / PROCURADURÍA PROVINCIAL / DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA / OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO / CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO / CONTROL INTERNO / FACULTAD DISCIPLINARIA / IUS PUNIENDI / DERECHO DISCIPLINARIO / FINALIDAD DEL DERECHO DISCIPLINARIO / CONTROL DISCIPLINARIO DEL SERVIDOR PÚBLICO / PARTICULARES QUE EJERCEN LA FUNCIÓN PÚBLICA / SERVIDOR PÚBLICO OBITER DICTUM El ius puniendi del Estado implica ejercer, con fundamento en los principios contenidos en la Constitución Política y en la ley, la actividad sancionadora, para establecer la responsabilidad de los servidores públicos o de los particulares que ejerzan funciones públicas de manera temporal. La Sala ha expresado, reiteradamente, que la potestad disciplinaria del Estado está justificada en la necesidad de garantizar que, en el ejercicio de sus empleos, cargos o funciones, tales personas actúen con observancia de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, que guían la función administrativa. Cuando los servidores públicos o los particulares que ejercen funciones públicas quebrantan estos principios o incurren en cualquier omisión o en extralimitación en el ejercicio de funciones, prohibiciones, o en violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, se hace necesario que el Estado intervenga con su actividad disciplinaria. En esa medida, el control disciplinario es un instrumento jurídico orientado a proteger el buen nombre, la transparencia y la eficiencia de la Administración Pública, y a que la función pública se ejecute en beneficio del bien común o del interés general de la comunidad y de sus asociados, así como de sus derechos y libertades. Es así como la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, reconoce al Estado como titular de la potestad disciplinaria. A la vez, radica la titularidad para el ejercicio de dicha potestad (acción disciplinaria), en la Procuraduría General de la Nación, las personerías distritales y municipales, las oficinas de control disciplinario interno de las entidades públicas, los funcionarios con potestad disciplinaria de todas las ramas, órganos y entidades del Estado, y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a través de sus seccionales. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la potestad disciplinaria del Estado, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión de 13 de diciembre de 2019, radicación 11001-03-06-000-2019-00120-00. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 27 de octubre de 2006, radicación núm. 11001-03-06-000-2006-00112-00 (1787). Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 27 de octubre de 2006, radicación núm. 11001-03-06-000-2006-00112-00 (1787). Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 3 de marzo de 2011, radicación núm. 11001-03-06-000-2011-00002-00 (2046). FUENTE FORMAL: LEY 1592 DE 2021, LEY 2094 DE 2021 RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / PROCESO DISCIPLINARIO / ACCIÓN DISCIPLINARIA / INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA / AUTO DE APERTURA OBITER DICTUM Mediante la Ley 1952 de 2019, se expidió el «Código General Disciplinario», que derogó expresamente la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único. El artículo 263 original de la Ley 1952 de 2019, relativo a la transitoriedad de las normas incluidas en dicho código. (…) Por su parte, la versión originaria del artículo 265 de la Ley 1952 de 2019 estableció, entre otros aspectos: i) Que «[l]a presente ley entrará a regir cuatro (4) meses después de su sanción y publicación […]», lo cual tuvo lugar el 28 de enero de 2019. ii) Que los artículos 33, 101, 102, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235 y 254, concernientes al procedimiento reflejado en el mencionado código, entrarán en vigencia dieciocho meses después de su promulgación. Sin embargo, inicialmente, el artículo 140 de la Ley 1955 de 2019 prorrogó, hasta el 1 de julio de 2021, la entrada en vigencia del Código General Disciplinario. Y, más adelante, el 29 de junio de 2021, fue expedida la Ley 2094, cuyo artículo 73 prorrogó de nuevo la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019. (…) En virtud de lo anterior, la entrada en vigencia plena de la Ley 1952 de 2019, con las modificaciones efectuadas por la Ley 2094 de 2021, ocurrió el 29 de marzo de 2022, fecha a partir de la cual dejó de tener vigencia la Ley 734 de 2002, salvo el artículo 30 de dicha normativa, modificado por el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011 (que aún está vigente). Ahora bien, la propia Ley 2094 de 2021 (artículo 71), al modificar el artículo 263 del Código General Disciplinario, estableció la siguiente regla de transición. (…) Como en el caso que nos ocupa, no se ha surtido la notificación del pliego de cargos, ni se ha instalado la audiencia del proceso verbal, únicamente se ha proferido el auto de apertura de la investigación disciplinaria, se deberá observar y aplicar, en su integridad, el procedimiento previsto en las Leyes 1952 de 2019 y 2094 de 2021, y no el de la Ley 734 de 2002, aunque la queja se haya presentado en vigencia de esta última, conforme lo dispuesto en el precitado artículo 263 de la Ley 1952 de 2019. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la vigencia de la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, y su aplicación al conflicto planteado, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 3 de mayo de 2023, radicación 11001-03-06-000-2023-00025-00, decisión del 14 de junio de 2022, radicación 11001-03-06-000-2022-00070-00. FUENTE FORMAL: LEY 1952 DE 2019 - ARTÍCULO 263, 265, LEY 1955 DE 2019 - ARTÍCULO 140, LEY 2094 DE 2021 - ARTÍCULO 71, 73, LEY 734 DE 2002 CONFLICTO DE COMPETENCIA EN MATERIA DISCIPLINARIA / COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DISCIPLINARIA / AUTORIDAD DISCIPLINARIA / SERVIDOR PÚBLICO / CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / FUNCIÓN PÚBLICA / PARTICULARES QUE EJERCEN LA FUNCIÓN PÚBLICA OBITER DICTUM En materia disciplinaria, la competencia es entendida como la atribución legítima conferida a una autoridad para el conocimiento y decisión de un asunto. Esta se asigna, según el artículo 91 de la Ley 1952 de 2019, con fundamento en los factores o criterios siguientes: la calidad del sujeto disciplinable (factor personal o subjetivo), la naturaleza del hecho (factor objetivo o material), el territorio o lugar donde ocurrió la presunta falta (factor territorial), la instancia en la cual actúa el operador disciplinario (factor funcional) y el factor de conexidad. La aplicación de los mencionados criterios debe estar a cargo de la autoridad disciplinaria que conozca de la actuación, para definir la continuidad o no de su competencia frente a una investigación disciplinaria, que proseguirá si los resultados de la indagación así lo determinan. Para los efectos de este conflicto, la Sala considera necesario referirse a dos de los factores a los que alude el artículo 91 ibidem, el subjetivo y el territorial. En relación con el sujeto disciplinable, y en consecuencia, al factor subjetivo, el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021. (…) [L]os criterios que tiene en cuenta el Código General Disciplinario para atribuir la competencia, por el factor subjetivo, son: i) la calidad de servidor público o el particular en ejercicio de funciones públicas que tenga el presunto infractor; ii) el cargo que ocupa u ocupó el servidor público, o la función que cumple o cumplió el particular investido de funciones públicas, y iii) la rama, el órgano, la entidad o el organismo para la cual trabaja o trabajó el servidor, o para el cual presta o prestó sus servicios el particular. (…) En general, es necesario recordar, además, lo indicado por la Sala en anteriores oportunidades, en el sentido de que las normas disciplinarias no hacen distinción alguna por el hecho de que el servidor público que haya cometido la falta disciplinaria ya no esté vinculado a la entidad, se desvincule durante el trámite del proceso, o esté ejerciendo otro cargo. En ese sentido, a los exservidores públicos de una entidad, órgano u organismo del Estado los debe investigar disciplinariamente, por regla general, en principio, la misma entidad, órgano u organismo al que pertenecen o pertenecieron. Así puede apreciarse en el artículo 89 de la citada Ley 1952. (…) Se concluye, en ese orden, que la calidad de los sujetos disciplinables, sumada a la ubicación territorial y consecuente proximidad o cercanía entre la autoridad competente para adelantar una actuación y el lugar de ocurrencia de la conducta reprochable, resultan determinantes, como factores para establecer la competencia en materia disciplinaria. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los factores que determinan la competencia en el campo disciplinario. El factor subjetivo o personal y el factor territorial, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 5 de marzo de 2025 radicación 11001-03-06-000-2024-000704-00, decisión de 14 de junio de 2024, radicación núm. 11001-03-06-000-2024-00157-00, decisión de 14 de junio de 2022, radicación núm. 11001-03-06-000-2022-00070-00, decisión de 14 de junio de 2024, radicación núm. 11001-03-06-000-2021-00049-00; Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión de 14 de junio de 2022, radicación núm. 11001-03-06-000-2022-00022-00. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión de 13 de abril de 2021, radicación núm. 11001-03-06-000-2021-0015-00. FUENTE FORMAL: LEY 1952 DE 2019 - ARTÍCULO 91, 92, 97 , LEY 2094 DE 2021 - ARTÍCULO 13 DISCIPLINADO / COMPETENCIA POR CONEXIDAD / PROCESO DISCIPLINARIO / FALTA DISCIPLINARIA / SERVIDOR PÚBLICO / PRINCIPIO DE CONEXIDAD DE LA CONDUCTA DISCIPLINARIA / PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN OBITER DICTUM La conexidad se refiere a la relación entre varias faltas o conductas que justifica que sean investigadas y juzgadas en un mismo proceso, a pesar de que podrían corresponder a diferentes autoridades competentes, si se analizaran de forma individual. Este concepto es un factor importante en la determinación de la competencia para adelantar un proceso disciplinario y según la Sección Segunda del Consejo de Estado se trata de un concepto que da cuenta de la existencia de vínculos subjetivos o materiales, que permiten ligar varias faltas disciplinarias entre sí, con el fin de encausarlas dentro de un mismo trámite procesal. En ese orden, ha afirmado que la conexidad «es uno de los factores que determinan la competencia de las autoridades disciplinarias para resolver los asuntos que lleguen a su conocimiento». Para el caso particular, es importante destacar, que de conformidad con el ya citado artículo 92 del Código General Disciplinario, cuando en la comisión de una o varias faltas conexas intervengan tanto servidores públicos como particulares disciplinables, la competencia será exclusiva de la Procuraduría General de la Nación. (…) Ahora bien, la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado ha acudido a su vez, a la jurisprudencia penal como criterio auxiliar de interpretación, con el fin de analizar el principio de conexidad entre distintas faltas disciplinarias. Lo anterior, en virtud de los principios de integración normativa, en su momento previstos en el artículo 21 de la Ley 734 de 2002, y que fueron reproducidos en el artículo 22 de la Ley 1952 de 2019. (…) En ese orden de ideas, la conexidad procesal se advierte cuando se presentan vínculos determinantes entre las faltas investigadas, como puede ser la unidad de denuncia y la comunidad de medios probatorios, que hacen necesario y conveniente la investigación y decisión conjunta por parte de las autoridades disciplinarias correspondientes. (…) Así las cosas, la Sala evidencia, tal y como lo han mencionado las partes y los intervinientes, y como lo ha descrito la Sección Tercera del Consejo de Estado, una relación estrecha entre las presuntas faltas disciplinarias investigadas, derivadas de un contrato de obra y aquellas propias del contrato interventoría correspondiente. Lo anterior, puesto que se trata de presuntas conductas ejecutadas en la supervisión e interventoría de un contrato de obra, supervisión a cargo de un funcionario público del orden municipal e interventoría a cargo de un particular que ejercía funciones públicas, sobre un mismo contrato de obra, por lo que resulta necesario o conveniente adelantar investigaciones conjuntas por las autoridades autorizadas, ya que la conexidad procesal que se destaca, podría ser incluso sustancial. En consideración a lo expuesto, resulta aplicable lo, en principio, lo previsto en el inciso 4.° del artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021, según el cual, «Cuando en la comisión de una o varias faltas disciplinarias conexas intervengan servidores públicos y particulares disciplinables, la competencia será exclusivamente: de la Procuraduría General de la Nación». NOTA DE RELATORÍA: Sobre los factores que determinan la competencia de las autoridades disciplinarias, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 12 de septiembre de 2019, rad. 11001-03-25-000-2011-00314-00 (1194-11). // Sobre el factor de conexidad en materia disciplinaria, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión de 3 de agosto de 2020, radicación núm. 11001-03-06-000-2020-00048-00, decisión de 1° de agosto de 2017, radicación núm. 11001-03-06-000-2017-00086-00, decisión de 6 de diciembre de 2016, radicación núm. 11001-03-06-000-2016-00064-00. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, decisión de 28 de febrero de 2013, radicación núm. 25000-23-26-000-2000-00732-01. FUENTE FORMAL: LEY 1952 DE 2019 - ARTÍCULO 22, LEY 734 DE 2002 - ARTÍCULO 21 RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA / RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL SERVIDOR PÚBLICO / FUNCIÓN PÚBLICA POR PARTICULARES / INTERVENTORÍA / PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN / PERSONERÍA MUNICIPAL / CLASES DE FALTA DISCIPLINARIA / FALTA DISCIPLINARIA OBITER DICTUM La Ley 1952 de 2019 establece el régimen disciplinario de los particulares. (…) [L]os particulares que cumplen labores de interventoría o supervisión en los contratos estatales, de acuerdo con la Ley 1952 de 2019, son particulares que ejercen la función administrativa, por lo que son particulares disciplinables, y la competencia para adelantar actuaciones administrativas en contra de ellos se encuentra a cargo de la Procuraduría General de la Nación y de las personerías municipales, mientras que, cuando en la comisión de una o varias faltas disciplinarias que sean conexas intervengan servidores públicos y particulares disciplinables, la competencia es exclusivamente de la Procuraduría General de la Nación. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el Régimen disciplinario de los particulares disciplinables, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión de 5 de febrero de 2025, radicación núm. 11001-03-06-000-2024-00613-00, decisión de 21 de febrero de 2024, radicación núm. 11001-03-06-000-2023-00743-00 // sobre los sujetos disciplinables, ver: Corte Constitucional, sentencia C-037 de 2003 FUENTE FORMAL: LEY 1952 DE 2019 - ARTÍCULO 70, 92, 265 DISCIPLINADO / PERSONA JURÍDICA / INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA / RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA / CONFLICTO DE COMPETENCIA EN MATERIA DISCIPLINARIA OBITER DICTUM El citado artículo 70 de la Ley 1952 de 2019, que define a los particulares como sujetos disciplinables, entre ellos, quienes cumplen labores de interventoría o supervisión de contratos estatales, establece que, cuando se trate de personas jurídicas, la responsabilidad disciplinaria será exigible tanto al representante legal como a los miembros de la Junta Directiva, según el caso. Esta disposición se encontraba prevista, de igual manera, en el inciso final del artículo 44 de la Ley 1474 de 2011, la cual fue declarada condicionalmente exequible por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-084 del 20 de febrero de 2013. Dijo la Corte que el sentido normativo referente a la responsabilidad de las personas jurídicas en materia disciplinaria previsto en el artículo 44 de la Ley 1474 de 2011 era idéntico a la norma original del artículo 53 de la Ley 734 de 2002, la cual también había sido objeto de declaratoria de exequibilidad condicionada, mediante la Sentencia C-1076 de 2002, «bajo el entendido que la falta le fuere imputable por el incumplimiento de los deberes funcionales». NOTA DE RELATORÍA: Sobre el artículo 44 de la Ley 1474 de 2011, ver: Corte Constitucional Sentencia C-084 FUENTE FORMAL: LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 44, LEY 1952 DE 2019 - ARTÍCULO 70 CONTROL DISCIPLINARIO / CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO / COMPETENCIA DEL CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO / FUNCIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO / OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO / FUNCIÓN DISCIPLINARIA / SERVIDOR PÚBLICO / PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN / PERSONERÍA MUNICIPAL / PODER DISCIPLINARIO OBITER DICTUM Por control interno disciplinario debe entenderse la oficina o dependencia de una entidad administrativa que, conforme a la ley, tiene a su cargo el ejercicio de la función disciplinaria. Como lo ha manifestado la Sala en varias ocasiones, dentro del marco constitucional que actualmente nos rige, el control disciplinario sobre los servidores públicos se ejerce en dos niveles: i) El control interno, a cargo de las oficinas, grupos o unidades de control disciplinario de las ramas, entidades, órganos y organismos del Estado, y ii) El control externo, en cabeza de la Procuraduría General de la Nación y de las personerías municipales y distritales, ya sea en virtud del poder disciplinario preferente que la Constitución y la ley conceden a dichos órganos, o bien de la cláusula general de competencia en materia disciplinaria, que la misma Carta reconoce a la Procuraduría. En lo atinente al control disciplinario interno, el inciso 4.° del artículo 2.° de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 1.° de la Ley 2094 de 2021, señala que corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios en contra de los servidores públicos de sus dependencias. (…) De conformidad con estas disposiciones, las unidades u oficinas de control disciplinario interno tienen, en principio, la facultad para investigar y declarar responsables disciplinariamente (o para exonerar, según el caso) a cualquier servidor público de la rama, órgano, organismo o entidad de la cual formen parte tales oficinas. Lo anterior, sin embargo, sin perjuicio del poder preferente de la Procuraduría y de las personerías, o, de la competencia específicamente atribuida por la ley a estas u otras autoridades, como ocurre, por ejemplo, con la comisión de una falta disciplinaria en la que intervienen al mismo tiempo particulares y funcionarios de una entidad; caso en el cual la investigación corresponde en su integridad a la Procuraduría General de la Nación, conforme a lo mencionado en los artículos 92 y 98 de la Ley 1952 de 2019. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la función de las oficinas de control disciplinario interno, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil decisión del 5 de marzo de 2025, rad. núm. 11001-03-06-000-2024-00709-00; decisión del 5 de febrero de 2025, rad núm. 11001-03-06-000-2024-00613-00, decisión del 17 de abril de 2024, rad núm. 11001-03-06-000-2024-00068-00, decisión del 29 de junio de 2022, rad núm. 11001-03-06-000-2022-00070-00. FUENTE FORMAL: LEY 1952 DE 2019 - ARTÍCULO 2, 92, 93 PERSONERÍA MUNICIPAL / FUNCIONES DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL / FUNCIÓN PÚBLICA / PODER DISCIPLINARIO OBITER DICTUM Como ya se mencionó previamente, en cuanto a la calidad del sujeto disciplinable, el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019 señala que «El particular disciplinable conforme a este código lo será por la Procuraduría General de la Nación y las personerías», con algunas excepciones. (…) [C]on el fin de determinar el ámbito de competencia de las personerías para adelantar actuaciones disciplinarias en contra de particulares disciplinables, es necesario interpretar el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021, a la luz de las demás funciones que le asigna la Ley 136 de 1994. (…) [L]as competencias de las personerías municipales están encaminadas a la vigilancia y control de quienes cumplen funciones públicas dentro del municipio o distrito, incluidos, los particulares cuando ocasionalmente lo hacen, en los términos descritos. Una interpretación armónica entre los anteriores postulados y los contenidos en el Código General Disciplinario no permite concluir, sin embargo, que las personerías tienen competencia para investigar a cualquier particular que ejerza funciones públicas dentro del respectivo municipio o distrito. El poder disciplinario de las personerías contra particulares requiere, necesariamente, que las conductas del mencionado sujeto tengan una relación estrecha con el cumplimiento de la función pública que desempeña un municipio o distrito. (…) De esta manera una interpretación armónica de los artículos 70 y 92 de la Ley 1952 de 2019 y las funciones atribuidas por el artículo 178 de la Ley 136 de 1994, a las personerías, permite concluir que estas son competentes para el control disciplinario de particulares cuando sus actuaciones se relacionan con el cumplimiento de funciones públicas por parte de la administración municipal o territorial, y en esa medida tienen competencia disciplinaria frente a los particulares que ejercen funciones de interventoría a través de la ejecución de contratos suscritos con los respectivos municipios. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la competencia de las personerías municipales para adelantar actuaciones disciplinarias en contra de particulares disciplinables, ver: Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 23 de octubre de 2024. Radicación número 11001-03- 06-000-2024-00181-00. Decisión del 27 de abril de 2023. Radicación número 11001-03- 06-000-2023-00062-00. FUENTE FORMAL: LEY 136 DE 1994 - ARTÍCULO 178, LEY 1952 DE 2019 - ARTÍCULO 70, 92, LEY 2094 DE 2021 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN / PROCURADURÍA PROVINCIAL / ACCIÓN DISCIPLINARIA / INTERVENTOR / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / PODER DISCIPLINARIO / COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DISCIPLINARIA / COMPETENCIA DE LA SALA DE CONSULTA DEL CONSEJO DE ESTADO / OFICINA DE CONTROL INTERNO / COLIGACIÓN NEGOCIAL Problema jurídico: ¿La Procuraduría General de la Nación a través de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Facatativá, es la autoridad competente para continuar la investigación disciplinaria en contra del exsecretario de Planeación, Obras y Servicios Públicos del municipio de Anolaima y supervisor de un contrato, y en contra del interventor del mismo contrato? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Sala de Consulta y Servicio Civil declarará competente a la Procuraduría General de la Nación a través de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Facatativá, para continuar con las actuaciones disciplinarias que correspondan, en contra de los señores [D.A.R.R.], en su condición de exsecretario de Planeación, Obras y Servicios Públicos del municipio de Anolaima y [S.W.C.T.], representante legal de la Cooperativa Nacional de Municipios Ltda. COOPNAL, en su calidad de interventor, por presuntas anomalías en la ejecución del contrato de obra núm. 125-2019 y del correspondiente contrato de interventoría. (...) [L]a competencia para conocer de los asuntos disciplinarios relacionados con la ejecución de los mencionados contratos no puede entenderse radicada en la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Gobernación de Cundinamarca, como en su momento lo manifestó la Procuraduría Provincial, pues, según lo enunciado previamente, en lo que respecta a la competencia territorial, la competencia sobre los asuntos disciplinarios ligados con servidores públicos de ese ámbito territorial municipal, corresponde en principio, a la oficina de control interno de la Alcaldía Municipal o a la Personería Municipal de Anolaima. En el caso de esa personería, incluso podría investigar al particular que actúa como representante legal de la empresa de interventoría, que en virtud del contrato de consultoría núm. 124 de 2019 ejerció funciones públicas en dicho municipio. En efecto, al analizar la calidad de los sujetos disciplinables como factor determinante para establecer la competencia disciplinaria, se tiene que, de un lado, frente al señor [D.A.R.R.], por su calidad de ex secretario de Planeación, Obras y Servicios Públicos del municipio de Anolaima, y de servidor público del orden municipal, que actúo como supervisor de los contratos de obra núm. 125 de 2019 y de consultoría núm. 124 de 2019, la competencia disciplinaria debería estar, o en cabeza de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Alcaldía Municipal de Anolaima, de acuerdo con lo previsto en los artículos 2, 92 y 93 de la Ley 1952 de 2019, o de la personería municipal de Anolaima, en caso de que ella quisiera ejercer su poder preferente en el asunto, acorde con lo establecido en los artículos 3 y 86 de la Ley 1952 de 2019. Con todo, frente al señor [S.W.C.T.], en su calidad de representante legal de la Cooperativa Nacional de Municipios Ltda. COOPNAL LTDA.55, que fungió como empresa interventora del contrato de obra núm.125-2019, la situación podría ser diferente, pues se trata de una entidad particular que ejerció funciones públicas. (…) Frente al régimen disciplinario aplicable a Sandro Wvalter Carrillo Torres, en su calidad de representante legal de la Cooperativa Nacional de Municipios Ltda. COOPNAL LTDA., se tiene que en virtud del artículo 70 de la Ley 1952 de 2019, se indica que serán sujetos disciplinables, los particulares que cumplan labores de interventoría o supervisión en los contratos estatales, y cuando se trate de personas jurídicas, la responsabilidad disciplinaria será exigible tanto al representante legal como a los miembros de la Junta Directiva, teniendo en cuenta que para el caso concreto de las Administraciones Públicas Cooperativas, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 222 de 199561 y el literal c del numeral 1.° del capítulo VII del Título IV de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de la Economía Solidaria, tienen el carácter de administradores entre otros, los miembros de los consejos de administración, de la junta directiva o del órgano equivalente en las demás organizaciones solidarias. De lo que se desprende que, acorde con el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, la competencia para disciplinar a los particulares, en tales términos, le corresponde a la Procuraduría General de la Nación y a las personerías municipales. vi) En ese orden de ideas, en consideración al factor subjetivo y territorial antes descritos en materia de competencia, se recuerda que el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019 dispone que el particular disciplinable conforme a dicha ley, lo será por la Procuraduría General de la Nación y las personerías, salvo lo dispuesto en el artículo 76 de la misma ley, cualquiera que sea la forma de vinculación y la naturaleza de la acción u omisión. Sin embargo, el poder disciplinario de las personerías contra particulares requiere, necesariamente, que las conductas del mencionado sujeto tengan relación estrecha con el cumplimiento de la función pública que desempeña un municipio o distrito. Dicho esto, en el caso del señor [S.W.C.T.], representante legal de la Cooperativa Nacional de Municipios Ltda. COOPNAL LTDA., la competencia de manera preliminar le correspondería a la Personería municipal de Anolaima, pues se trata de conductas que tienen relación estrecha con el cumplimiento de la función pública, bajo el entendido que de acuerdo con lo establecido en el artículo 70 de la Ley 1952 de 2019, el régimen disciplinario le resulta aplicable a los particulares que ejercen funciones públicas de manera permanente o transitoria; entre ellos, quienes cumplen labores de interventoría o supervisión en los contratos estatales. En este caso, como la interventoría tenía que ver la verificación de las obligaciones de un contrato de obra, signado con el objetivo de propender por la rehabilitación de redes de acueducto y alcantarillado que incluían el casco urbano del municipio de Anolaima, Cundinamarca, evidentemente se trató de actuaciones relacionadas con el cumplimiento de funciones públicas, por parte de la administración municipal. (…) [A]dvierte esta corporación que debe predicarse que existe conexidad procesal entre las presuntas faltas disciplinarias que se le atribuyen al ex secretario de Planeación, Obras y Servicios Públicos del municipio de Anolaima, como supervisor de los contratos descritos, y al representante legal de la Cooperativa Nacional de Municipios Ltda., como interventor del contrato de obra, por cuanto: a. Existe unidad de denuncia frente a las posibles irregularidades en la ejecución de los contratos de obra núm. 125 de 2019, y de consultoría núm. 124 de 2019, suscritos por el municipio de Anolaima (Cundinamarca). b. Existe una relación o nexo estrecho entre la labor de supervisión contractual y la de interventoría, orientadas al mismo contrato de obra, por lo que cada una de las presuntas faltas disciplinarias ocurridas bajo la égida de esos contratos o en uno u otro caso, requiere de una investigación conjunta. De hecho, tanto el contrato de obra como el de interventoría, comparten una relación de medio a fin orientada al cumplimiento de la misma obra, por lo que al existir una clara interdependencia entre ambos contratos, en una especie de coligación negocial conforme a lo mencionado por el Consejo de Estado, existe en su caso, conexidad. c. Finalmente, a su vez, comparten una comunidad de medios probatorios vinculados a la firma, ejecución y terminación del mismo contrato de obra enunciado, lo que hace necesaria la investigación y decisión conjunta de las actuaciones realizadas y de las presuntas irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones contractuales En consideración a estos parámetros, estima la Sala que en consideración a lo mencionado, existe entre estos asuntos conexidad procesal, criterio, que en cualquier caso, debe ser verificado o desvirtuado por parte de la autoridad disciplinaria competente, en el desarrollo de la investigación que le corresponde. viii) En atención a lo expuesto, y al existir norma expresa sobre el particular, encuentra la Sala que la autoridad que debe continuar con las actuaciones disciplinarias en contra del mencionado ex funcionario público municipal y del contratista interventor, es la Procuraduría General de la Nación a través de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Facatativá, de acuerdo con lo previsto en el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021, en concordancia con el artículo 76 del Decreto Ley 262 del 2000, modificado por el artículo 22 del Decreto Ley 1851 de 2021; normativa que le asigna a las Procuradurías provinciales y distritales de instrucción, la competencia para conocer de las actuaciones disciplinarias, hasta la notificación del pliego de cargos o la decisión de archivo, en aquellos asuntos en donde se cometan una o varias faltas disciplinarias conexas, en las que intervengan servidores públicos y particulares disciplinables, incluso si se trata del nivel distrital o municipal. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la coligación negocial, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, decisión de 28 de febrero de 2013, radicación núm. 25000-23-26-000-2000-00732-01 // Sobre la naturaleza jurídica de las Administradoras Públicas Cooperativas, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, decisión del 31 de marzo de 2023, rad. núm. 76001-23-31-000-2006-03284-01 (58.623). FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 1951 DE 2021 - ARTÍCULO 22, LEY 1952 DE 2019 - ARTÍCULO 2, 3, 86, 92 Y 93 , LEY 1952 DE 2019 - ARTÍCULO 70

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010306000202500088001100103