Titulación de la relatoría 13.434 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
CONFLICTO DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA / PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN / PROCURADURÍA REGIONAL / SENA / OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO / ACCIÓN DISCIPLINARIA / CONTROL DISCIPLINARIO / SERVIDOR PÚBLICO / CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO / FACULTAD DISCIPLINARIA
OBITER DICTUM
[E]l control disciplinario sobre los servidores públicos se ejerce en dos niveles: i) El control interno, a cargo de las oficinas, grupos o unidades de control disciplinario de las ramas, entidades, órganos y organismos del Estado, y ii) El control externo, en cabeza de la Procuraduría General de la Nación y de las personerías municipales y distritales, ya sea en virtud del poder disciplinario preferente que la Constitución y la ley conceden a dichos órganos, o bien de la cláusula general de competencia en materia disciplinaria, que la misma Carta reconoce a la Procuraduría En lo atinente al control disciplinario interno, el inciso cuarto del artículo 2° de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 1° de la Ley 2094 de 2021, señala que corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado conocer de los asuntos disciplinarios en contra de los servidores públicos de sus dependencias. (…) De conformidad con estas disposiciones, las unidades u oficinas de control disciplinario interno tienen, en principio, la facultad para investigar y declarar responsables disciplinariamente (o para exonerar, según el caso) a cualquier servidor público de la rama, órgano, organismo o entidad de la cual formen parte, sin perjuicio del poder preferente de la Procuraduría y de las personerías, o de la competencia atribuida por la ley a otras autoridades.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las funciones de las oficinas de control interno disciplinario, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 17 de abril de 2024, radicación 11001-03-06-000-2024-00068-00.
FUENTE FORMAL:
LEY 1952 DE 2019 - ARTÍCULO 92, 93, 2 INCISO 4, LEY 2094 DE 2021 - ARTÍCULO 1, 13, 14
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL SERVIDOR PÚBLICO / RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL EMPLEADO DEL SENA / FUNCIÓN PÚBLICA POR PARTICULARES / COMPETENCIA DE LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA / CONEXIDAD DE LA CONDUCTA DISCIPLINARIA / PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OBITER DICTUM
La Ley 1952 de 20198 establece el régimen disciplinario de los particulares artículo 69. (…) Por su parte, el artículo 92 de la citada ley establece la competencia para conocer del asunto, según la calidad del sujeto disciplinable. (…) En cuanto a la relación de conexidad en materia disciplinaria, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha manifestado que se trata de un concepto que da cuenta de la existencia de vínculos subjetivos o materiales u otro tipo de conexión que permiten ligar varias faltas disciplinarias entre sí, con el fin de encausarlas dentro de un mismo trámite procesal. De igual forma ha afirmado que la conexidad «es uno de los factores que determinan la competencia de las autoridades disciplinarias para resolver los asuntos que lleguen a su conocimiento». Para el caso particular, es importante señalar que, de conformidad con el ya citado artículo 92 del Código General Disciplinario, cuando en la comisión de una o varias faltas conexas intervengan tanto servidores públicos como particulares disciplinables, la competencia será exclusiva de la Procuraduría General de la Nación. (…) Ahora bien, la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado ha acudido a su vez a la jurisprudencia penal como criterio auxiliar de interpretación, con el fin de analizar el principio de conexidad entre distintas faltas disciplinarias. Lo anterior, en virtud de los principios de integración normativa en su momento previstos en el artículo 21 de la Ley 734 de 2002, y que fueron reproducidos en el artículo 22 de la Ley 1952 de 2019. (…) Así las cosas, se extrae que solamente una relación estrecha entre las distintas faltas disciplinarias hace obligatoria la investigación y decisión conjunta sobre las mismas. (…) El procedimiento administrativo sancionatorio contractual se encuentra contenido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. (…) Así, resulta claro que el procedimiento administrativo sancionatorio se deriva de situaciones de incumplimiento contractual, ante las cuales la entidad contratante puede declararlo, cuantificar los perjuicios, imponer multas y hacer efectiva la cláusula penal. Lo anterior, siempre en atención al debido proceso y el respeto del procedimiento contenido en el citado artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el régimen disciplinario de los particulares disciplinables, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 21 de febrero de 2024, radicación 11001-03-06-000-2023-00743-00. // Sobre la competencia por razón de conexidad en materia disciplinaria, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 12 de septiembre de 2019, rad. 11001-03-25-000-2011-00314-00(1194-11) // Sobre el principio de conexidad entre distintas faltas disciplinarias, ver: CSJ, Cas. Penal, Auto ago. 29/2012, Rad. 39105. «La jurisprudencia de la Sala acogió esta clasificación a partir de la sentencia del 4 de junio de 1982, Rad. No. 26836» // Sore el procedimiento administrativo sancionatorio contractual que se encuentra contenido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 10 de octubre de 2013, rad. 11001-03-06-000-2013-00384-00 (2157).
FUENTE FORMAL:
LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86, LEY 1952 DE 2019 - ARTÍCULO 22, 69, 70, 92, LEY 734 DE 2002 - ARTÍCULO 21
SENA / OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / INTERVENTORÍA / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / AUTORIDAD COMPETENTE
Problema jurídico:
¿La Oficina de Control Interno Disciplinario del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), es la autoridad competente que continuar adelantando las actuaciones disciplinarias correspondientes, en contra de funcionarios de esa entidad, por posibles conductas disciplinables evidenciadas en el manejo y gestión de la plataforma SECOP II frente a trámites del contrato C01.PCCNTR.1973525?
Respuesta al problema jurídico: Si
El antiguo subdirector del Centro de Industria y Servicios del Meta del Servicio Nacional de Aprendizaje (en adelante SENA), señor [Y.A.B.N.], en su informe del 9 de junio de 2022, mediante el cual indicó la existencia de presuntas irregularidades respecto del contrato de interventoría C01.PCCNTR.1973525, se centró en señalar la existencia de presuntas faltas en la gestión de la información de este contrato en la plataforma SECOP II, las cuales podrían ser atribuibles a quienes ostentaban el rol de ordenador del gasto. Ahora bien, en el marco de las actuaciones disciplinarias adelantadas por la Oficina de Control Interno Disciplinario del SENA respecto del mencionado informe, esta advirtió que el antiguo subdirector del Centro de Industria y Servicios del Meta también mencionaba en su informe la existencia de un proceso administrativo sancionatorio adelantado por la entidad en contra del contratista interventor, en el marco del contrato C01.PCCNTR.1973525. Aunque el referido informe no incluye información sobre el estado del procedimiento administrativo sancionatorio adelantado en contra del contratista interventor, ni las causas del mismo, la Oficina de Control Interno Disciplinario consideró que la sola existencia de dicho procedimiento administrativo sancionatorio permite inferir la posible responsabilidad disciplinaria por parte del contratista interventor. Por esta razón, la Oficina del Control Interno Disciplinario del SENA estima que todas las actuaciones disciplinarias que se adelanten en virtud del informe, esto es, por las presuntas irregularidades en la información reportada en el SECOP, y con ocasión de las conductas que se investigan en el proceso sancionatorio adelantado contra el interventor, deben ser adelantados por una misma autoridad, en este caso, la Procuraduría General de la Nación, toda vez que está involucrado un particular disciplinable. Frente a lo anterior, es importante reiterar que el procedimiento administrativo sancionatorio y el proceso disciplinario en contra de un contratista interventor, tienen naturaleza y propósitos distintos. El primero busca la imposición de sanciones de naturaleza contractual frente al posible incumplimiento del contratista, mientras que el proceso disciplinario busca establecer sanciones por la comisión de faltas de tal naturaleza y la afectación a la buena marcha de la administración pública. Si bien el incumplimiento del contratista puede dar lugar a ambos tipos de actuaciones, cada una supone un procedimiento y efectos diferentes, con la precisión que el proceso sancionatorio contractual es competencia de la entidad contratante y el proceso disciplinario contra los interventores es competencia de la Procuraduría General de la Nación. Así las cosas, la Sala advierte que en este asunto se está ante dos tipos de hechos con posible relevancia disciplinaria: La existencia de las presuntas irregularidades en la gestión de información del contrato de interventoría C01.PCCNTR.1973525 en la plataforma SECOP II, las cuales solo pueden ser atribuibles a funcionarios del SENA de conformidad con lo previsto en los artículos 2, 92 y 93 de la Ley 1952 de 2019; y Las conductas disciplinarias que podrían derivarse en contra del contratista interventor del contrato de interventoría C01.PCCNTR.1973525, con ocasión del presunto proceso sancionatorio contractual adelantado en su contra, cuya competencia sería de la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta, de acuerdo con lo previsto en el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las conductas constitutivas de falta disciplinaria, ver: Corte constitucional. Sentencia C-155 de 2002
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 86, LEY 1952 DE 2019 - ARTÍCULO 2, 92, 93
AUTORIDAD COMPETENTE / PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / INTERVENTORÍA / CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Problema jurídico:
¿La Procuraduría General de la Nación, por intermedio de la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta, es la autoridad competente para adelantar la actuación disciplinaria a que haya lugar, ante posibles conductas disciplinables en que haya incurrido el contratista interventor en el marco de contrato C01.PCCNTR.1973525 celebrado con el SENA?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Procuraduría sería competente para investigar a funcionarios del SENA, en el evento en el que las conductas que se llegasen a endilgar a estos y al contratista interventor, resultaren ser conexas. Esto de conformidad con los dispuesto en el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019. No obstante, la Sala no encuentra en el presente caso la referida relación de conexidad, por las razones que pasa a explicar: a) Las conductas de servidores públicos del SENA, denunciadas en el informe del señor señor [Y.A.B.N.], se relacionan con presuntas irregularidades en el manejo de la plataforma SECOP II. b) Frente a estas irregularidades, la indagación previa adelantada por la Oficina de Control Interno Disciplinario da cuenta que, estarían involucrados, exclusivamente, funcionarios del SENA, particularmente aquellos que fungieron en su momento como ordenadores del gasto. c) Así, se trataría en principio de dos sujetos disciplinables diferentes, por hechos también diferentes: por un lado, los funcionarios del SENA por las presuntas irregularidades en el manejo de la plataforma SECOP II, y por otro, el contratista interventor por posibles irregularidades en la ejecución de sus obligaciones contractuales que eventualmente se deriven del proceso sancionatorio contractual. d) En todo caso, las presuntas irregularidades en el manejo de la plataforma SECOP II, solo pueden atribuirse a la entidad contratante. e) Así mismo, el eventual incumplimiento contractual que pudiera ser materia del proceso administrativo sancionatorio, y que eventualmente también, pudiera tener relevancia disciplinaria, no tiene relación con el manejo de la plataforma SECOP II. f) De allí que, en lo referente a la conexidad sustancial, del expediente no se advierte que las conductas a investigar hagan parte de una misma cadena finalística, ni que una haya sido cometida para asegurar el resultado de la otra, o para su ocultamiento. g) Por lo anterior se descarta la relación de conexidad entre las presuntas faltas disciplinarias que se atribuyen a funcionarios del SENA y aquellas que se endilgarían al contratista interventor, en el marco del contrato C01.PCCNTR.1973525 En atención a lo expuesto, la autoridad que debe continuar las actuaciones disciplinarias en contra de los mencionados funcionarios por las presuntas irregularidades evidenciadas en la gestión de la plataforma SECOP II, es la Oficina de Control Interno Disciplinario del SENA. Esto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 92 y 93 de Ley 1952 de 2019. Y la autoridad competente para conocer de las presuntas conductas disciplinables del contratista interventor, que puedan identificarse en el marco del proceso sancionatorio que se adelanta en su contra, es la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta.
FUENTE FORMAL:
LEY 1952 DE 2019 - ARTÍCULO 92