Ir al contenido
EN CONSTRUCCIÓN · EDICIÓN ANTICIPADA

Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.

Avísame al estrenar →
⚠ Atención: tienes 1 filtro marcado (ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES) que seguirá activo al buscar hasta que lo quites. Ver en buscador Quitar todos
← Volver a sentencias
Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: l a Procuraduría Segunda Distrital de Bogotá es la autoridad competente para asumir el conocimiento

PDF oficial ↗ Ver y descargar en SAMAI ↗
Fecha
2022-05-04
Radicado
11001030600020210016400
Número interno
164
Ponente
ANA MARIA CHARRY GAITAN
Sección / Sala
Sala Consulta y Servicio Civil
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
CONFLICTOS DE COMPETENCIA
Actor
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL - MADR
Demandado
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: l a Procuraduría Segunda Distrital de Bogotá es la autoridad competente para asumir el conocimiento

Lo que dijo la Sala

Los particulares contratados para «apoyar» la labor de supervisión del Convenio Interadministrativo núm. 20150915, presuntamente involucrados en los hechos materia de indagación preliminar abierta por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, no ejercieron funciones públicas de manera permanente ni transitoria, tomando en cuenta que no desarrollaron ni realizaron funciones exclusivas de los órganos del Estado, en este caso, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por la naturaleza misma del contrato de prestación de servicios suscrito, que fue de «apoyo» a la supervisión y no para ejercer la supervisión. Por lo mismo, dichos particulares en ningún momento sustituyeron o remplazaron al ministerio en esa labor y, por tanto, no son sujetos disciplinables, según lo dispuesto en el artículo 70 del Código General Disciplinario.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Problema jurídico

¿ L a Procuraduría Segunda Distrital de Bogotá es la autoridad competente para asumir el conocimiento de la actuación disciplinaria radicada con los números 023-2018 (MADR) y IUS-E-2020-677795/IUC-D-2021-1715925 (PGN) y derivada de presuntas irregularidades en la función de supervisión del Convenio Interadministrativo núm. 20150915, suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Cabildo Indígena del Resguardo Caño Mochuelo, labor que desempeñó un comité conformado por tres funcionarios del ministerio y un particular contratista de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva, con la colaboración de otros contratistas que prestaron servicios de «apoyo» a la referida supervisión y que fueron designados para tal efecto a través de memorando?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1952 de 2019, art. 70

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Supervisión e interventoría Prestación de servicios y contrato realidad

Documentos relacionados

Comparten descriptores temáticos con esta providencia.

Consejo de Estado 2022-04-26 Sala Consulta y Servicio Civil
Debe señalarse que la solicitud se ha formulado con el objetivo de obtener una decisión dentro del marco del ejercicio de funciones jurisdiccionales, y no de funciones administrativas.
Consejo de Estado 2025-04-30 Sala Consulta y Servicio Civil
Conflicto de competencia administrativa: Auto interlocutorio
Consejo de Estado 2025-11-26 Sala Consulta y Servicio Civil
La Procuraduría General de la Nación investiga a los particulares que ejercen funciones públicas, mientras que las Comisiones de Disciplina conocen de abogados.
Consejo de Estado 2025-11-19 Sala Consulta y Servicio Civil
La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda es la autoridad competente
Consejo de Estado 2025-07-02 Sala Consulta y Servicio Civil
La Procuraduría General de la Nación a través de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Facatativá es la autoridad competente
Consejo de Estado 2026-05-28 Sala Consulta y Servicio Civil
Procede la declaratoria de inexistencia de conflicto de competencias administrativas cuando existen investigaciones disciplinarias independientes sobre conductas distintas.
Titulación de la relatoría 19.119 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

CONFLICTO DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA / PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN / MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL / COMPETENCIA DE LA SALA DE CONSULTA DEL CONSEJO DE ESTADO / FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / FUNCIÓN JURISDICCIONAL OBITER DICTUM [L]a Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado ha emitido distintos pronunciamientos, que permiten concluir que cuando se presentan conflictos de competencias sobre un mismo y determinado asunto o actuación, cuya naturaleza es administrativa para una de las partes y judicial para otra, la Sala se encuentra facultada para resolver de fondo el respectivo conflicto, en ejercicio de su función legal de dirimir los conflictos de competencias administrativas, y declarar competente a cualquiera de las autoridades enfrentadas. Esto, sin perjuicio de reconocer que la misma Sala ha adoptado decisiones en el sentido contrario. (…) En todo caso, es importante resaltar que, en ninguno de los precedentes citados de la Sala, esta condicionó su propia competencia para resolver de fondo el conflicto planteado a la consideración previa sobre cuál de las autoridades enfrentadas era o podría ser la competente para iniciar o continuar la actuación respectiva. Por el contrario, en dichos casos, definió primero su competencia para resolver de fondo el conflicto y, a partir de esta determinación, procedió a analizar cuál de las autoridades en conflicto era la competente para conocer del asunto planteado, con fundamento en las normas aplicables. (…) En el presente caso el conflicto negativo de competencias administrativas planteado se origina en el ejercicio de una función administrativa, pues se trata un trámite disciplinario, en etapa de indagación preliminar, en contra de algunos servidores públicos y unos particulares contratados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para la prestación de sus servicios de apoyo en la supervisión del Convenio Interadministrativo núm. 20150915, suscrito con el Cabildo Indígena del Resguardo Caño Mochuelo, en atención a lo que preveían los artículo 53 y 75 de la Ley 734 de 2002. Ahora bien, la Sala no desconoce que, conforme a lo dispuesto en la Ley 2094 de 2021, a la función disciplinaria a cargo de la Procuraduría General de la Nación se le dio el carácter de «jurisdiccional», y que dicho cambio entró a regir el 30 de junio del mismo año, esto es, el día siguiente a la promulgación de la citada ley, tal como se deriva de una interpretación sistemática de sus artículos 1, 73 y 74. Lo anterior, sin embargo, no afecta la competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil para resolver de fondo el conflicto negativo de competencias que se ha planteado (…). NOTA DE RELATORÍA: Sobre los antecedentes acerca de la competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para resolver conflictos de competencias administrativas entre autoridades que cumplen función administrativa y función jurisdiccional, ver las decisiones del 22 de junio de 2006 (radicación 2006-00059); decisión del 18 de septiembre de 2014 (radicación 2014-00168); decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación 2017-00200); decisión del 18 de junio de 2019 (radicación 2019-00063); decisión del 20 de mayo de 2021 (radicación 2021-00024), entre otras. FUENTE FORMAL: LEY 2094 DE 2021 - ARTÍCULO 1, LEY 2094 DE 2021 - ARTÍCULO 73, LEY 2094 DE 2021 - ARTÍCULO 74 CONTROL DISCIPLINARIO / FINALIDAD DEL CONTROL DISCIPLINARIO / CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO / CONTROL DISCIPLINARIO EXTERNO OBITER DICTUM [L]a Sala ha expresado que la potestad disciplinaria del Estado sobre los servidores públicos está justificada en la necesidad de garantizar que, en el ejercicio de sus funciones, tales personas actúen con observancia de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, que guían la función administrativa. En este contexto, el control disciplinario es un instrumento jurídico que no solo sirve para proteger el buen nombre, la transparencia y la eficiencia de la Administración Pública, sino también para lograr que la función pública se ejecute en beneficio de la comunidad (bien común o interés general) y se amparen los derechos y libertades de los asociados. El ejercicio de la potestad disciplinaria está regulado en el Código General Disciplinario, que parte del reconocimiento del Estado como titular de la potestad disciplinaria y radica la titularidad para el ejercicio de dicha potestad, en cada caso concreto (acción disciplinaria), en la Procuraduría General de la Nación, las personerías distritales y municipales, las oficinas de control disciplinario interno y los funcionarios dotados de potestad disciplinaria, en todas las ramas, órganos y entidades del Estado. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la potestad disciplinaria del Estado, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión de 13 de diciembre de 2019, radicación 11001-03-06-000-2019-00120-00, Concepto del 27 de octubre de 2006, radicación 11001030600020060011200 (1787) y Concepto del 3 de marzo de 2011, radicación 11001030600020110000200 (2046). COMPETENCIA DE LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA / FUNCIÓN DISCIPLINARIA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN / PODER DISCIPLINARIO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN / PERSONERÍA MUNICIPAL / CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO / FUNCIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO OBITER DICTUM En materia disciplinaria, la competencia, esto es, la atribución legítima conferida a una autoridad para el conocimiento y decisión de un asunto de dicha naturaleza, se asigna con fundamento en los siguientes factores o criterios: la calidad del sujeto disciplinable (factor personal o subjetivo), la naturaleza del hecho (factor objetivo), el territorio o lugar donde ocurrió la presunta falta (factor territorial), la instancia en la cual actúa el operador disciplinario (factor funcional) y el factor de conexidad. (…) Ahora bien, de acuerdo con las competencias de que trata el artículo 2 del Código General Disciplinario, modificado por el artículo 1 de la Ley 2094 de 2021, el control disciplinario se ejerce tanto en un nivel interno, a cargo de las oficinas o unidades de control disciplinario interno de las entidades, órganos y organismos del Estado, como en un nivel externo, a cargo de la Procuraduría General de la Nación y de las personerías municipales y distritales, principalmente. (...) [P]ara determinar si una actuación disciplinaria debe ser conocida por cierto funcionario o dependencia de la Procuraduría General de la Nación, es necesario determinar, primero, si el asunto es competencia de dicho órgano de control, ya sea porque la Procuraduría haya decidido ejercer su poder disciplinario preferente, previsto en el artículo 277, numeral 6, de la Constitución, o bien porque así lo establezca, de forma directa, alguna otra norma constitucional o legal. Solo en el evento de concluirse que el asunto compete a la Procuraduría General de la Nación, puede establecerse, a continuación, qué dependencia o servidor público de dicho órgano tiene la competencia interna para conocerlo, con base en lo dispuesto en los Decretos Leyes 262 de 2000 y 1851 de 2021 y en las resoluciones y demás actos administrativos que haya dictado el procurador general de la Nación, para delegar, asignar o distribuir las funciones que constitucional o legalmente le corresponden a dicho funcionario, o a la Procuraduría. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los factores de competencia en los procesos disciplinarios, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 10 de octubre de 2016, expediente 11001 03 06 000 2015 00213 00. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 277 NUMERAL 6, DECRETO LEY 262 DE 2000, LEY 1952 DE 2019 - ARTÍCULO 2, LEY 1952 DE 2019 - ARTÍCULO 92, LEY 2094 DE 2021 - ARTÍCULO 1, LEY 2094 DE 2021 - ARTÍCULO 13 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL / CONTROL DISCIPLINARIO / CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO / OFICINA DE CONTROL INTERNO OBITER DICTUM El numeral 22 del artículo 21 de Decreto 1985 de 2013, «[p]or el cual se modifica la estructura del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y se determinan las funciones de sus dependencias», establece que la Secretaría General de ese organismo tiene, entre sus funciones, la de «[c]oordinar las investigaciones de carácter disciplinario que se adelanten contra los servidores del Ministerio y resolverlos en primera instancia». La segunda instancia está en cabeza del ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, conforme al artículo 6, numeral 31, del mismo decreto, que establece, como una de las atribuciones de dicho funcionario, la de «[e]jercer la función de control disciplinario interno en los términos de la Ley 734 de 2002 o en las normas que lo modifiquen». Vale la pena reiterar que esta ley fue derogada por la Ley 1952 de 2019, que entró en vigencia plena el 29 de marzo de 2022, como antes se expuso. Ahora bien, mediante la Resolución 490 de 2014 expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se creó el Grupo de Control Interno Disciplinario de dicho organismo, dirigido por un coordinador y adscrito a la Secretaría General. Por esta razón, no es equivocado manifestar que la citada dependencia y sus empleados son subalternos del secretario general, en materia disciplinaria. (…) [S]alvo las excepciones previstas en la Constitución y en la ley, el conocimiento, en la primera instancia, de los procesos disciplinarios que se adelanten contra los servidores o ex servidores públicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural le corresponde al secretario general de esa cartera, con la sustanciación y el apoyo técnico-jurídico y operativo del Grupo de Control Interno Disciplinario. La segunda instancia le compete al respectivo ministro. FUENTE FORMAL: DECRETO 1985 DE 2013 - ARTÍCULO 21 NUMERAL 22, DECRETO 1985 DE 2013 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 31 CONTROL DISCIPLINARIO / PARTICULARES QUE EJERCEN LA FUNCIÓN PÚBLICA / RECURSOS PÚBLICOS / ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS / INTERVENTORÍA / AUXILIAR DE LA JUSTICIA OBITER DICTUM [E]n lo que atañe a los particulares disciplinables, el Código General Disciplinario no efectuó modificaciones radicales. En efecto, el artículo 70 se limitó a incluir a los auxiliares de la justicia, y a incorporar una definición más simple y general de lo que debe entenderse por el ejercicio de la función pública. A este respecto, suprimió las referencias al cumplimiento de «funciones administrativas» y al ejercicio de la «facultad sancionadora del Estado», que traía la norma anterior. Después de este recuento, la Sala concluye que las normas del nuevo Código General Disciplinario se aplican a los particulares, cuando: i) ejerzan funciones públicas, de manera permanente o transitoria, en el entendido que desarrollen o realicen prerrogativas o funciones exclusivas de los órganos del Estado, ya sea por disposición legal, acto administrativo, convenio o contrato; ii) administren recursos públicos; iii) cumplan labores de interventoria o supervisión en los contratos estatales, y iv) actúen como auxiliares de la justicia. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el ejercicio de funciones públicas por particulares y su capacidad para ser sujetos disciplinables, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 13 de mayo de 2019, rad. 11001-03-06-000-2019-00008-00 y Corte Constitucional, sentencia C-037 de 2003. FUENTE FORMAL: LEY 1952 DE 2019 - ARTÍCULO 70 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / CONTRATISTA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / PARTICULAR EN EJERCICIO DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / PARTICULARES QUE EJERCEN LA FUNCIÓN PÚBLICA / CONTROL DISCIPLINARIO OBITER DICTUM [L]a Sala ha precisado que el contrato de prestación de servicios tiene como finalidad colaborar con las entidades estatales en el cumplimiento de tareas relacionadas con la administración o funcionamiento de las mismas, sin que ello implique necesariamente el ejercicio de funciones públicas por parte de los particulares contratados, pues, de lo que se trata, es de suplir las necesidades de personal, bien porque no sea suficiente o bien porque se requieran especiales conocimientos, con los cuales no cuente la entidad. En el mismo sentido, la Sala resaltó que cuando las actividades de las entidades no puedan realizarse por el personal de planta o se requiera de conocimientos especializados, «ambas exigencias suponen que la contratación de este tipo de servicios busca complementar y apoyar la actividad de una dependencia y de los servidores públicos a ella adscritos, en aras de la realización de los fines estatales y de los principios que rigen la función pública». Y concluyó que se trataba de particulares que se vinculaban a la Administración Pública para apoyarla en el ejercicio de sus funciones y no para asumir la prestación de estas. (…) [C]abe señalar que, al estudiar una demanda de inconstitucionalidad contra algunos artículos de la derogada Ley 734 de 2002, por la cual se expidió el Código Disciplinario Único, la Corte Constitucional hizo un juicioso análisis de la responsabilidad disciplinaria de los particulares contratistas y declaró exequible la expresión «particulares [...] que ejerzan funciones públicas, en lo que tienen que ver con estas [...]», siempre que se entienda «[...] que el particular que preste un servicio público, solo es disciplinable cuando ejerza una función pública que implique la manifestación de las potestades inherentes al Estado, y éstas sean asignadas explícitamente por el Legislador.» Tales consideraciones pueden aplicarse a lo que dispone el ahora Código General Disciplinario, pues, como ya se señaló, en lo que tiene que ver con los particulares objeto del régimen previsto en dicha normativa, no se introdujeron cambios sustanciales. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la naturaleza de las actividades de interventoría y supervisión, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 4 de noviembre de 2004. Rad. núm 2004-01592-01, Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 19 de noviembre de 2015. Rad. núm. 2014-00011-00, Consejo de Estado, Sección Tercera, en sentencia del 12 de diciembre de 2014, Radicación núm. 25-000-23-26-000-1996-13019-01 (27.426) y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia rad. núm 11001-03-26-000-2011-00039-00(41719) del 2 de diciembre de 2013. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 NUMERAL 3 COMPETENCIA DE LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA / CONFLICTO DE COMPETENCIA EN MATERIA DISCIPLINARIA / FUNCIÓN DISCIPLINARIA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN / PODER DISCIPLINARIO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Problema jurídico: ¿ L a Procuraduría Segunda Distrital de Bogotá es la autoridad competente para asumir el conocimiento de la actuación disciplinaria radicada con los números 023-2018 (MADR) y IUS-E-2020-677795/IUC-D-2021-1715925 (PGN) y derivada de presuntas irregularidades en la función de supervisión del Convenio Interadministrativo núm. 20150915, suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Cabildo Indígena del Resguardo Caño Mochuelo, labor que desempeñó un comité conformado por tres funcionarios del ministerio y un particular contratista de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva, con la colaboración de otros contratistas que prestaron servicios de «apoyo» a la referida supervisión y que fueron designados para tal efecto a través de memorando? Respuesta al problema jurídico: Si [L]os particulares contratados para «apoyar» la labor de supervisión del Convenio Interadministrativo núm. 20150915, presuntamente involucrados en los hechos materia de indagación preliminar abierta por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, no ejercieron funciones públicas de manera permanente ni transitoria, tomando en cuenta que no desarrollaron ni realizaron funciones exclusivas de los órganos del Estado, en este caso, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por la naturaleza misma del contrato de prestación de servicios suscrito, que fue de «apoyo» a la supervisión y no para ejercer la supervisión. Por lo mismo, dichos particulares en ningún momento sustituyeron o remplazaron al ministerio en esa labor y, por tanto, no son sujetos disciplinables, según lo dispuesto en el artículo 70 del Código General Disciplinario. En consecuencia, la Sala encuentra que no hay autoridad competente para investigar disciplinariamente a los particulares que apoyaron la labor de supervisión, cuyos contratos se allegaron al expediente, por cuanto no son sujetos disciplinables, ya que no desempeñaron funciones públicas. Sin embargo, teniendo en cuenta que, entre los objetivos de la contratación estatal, se encuentra el cumplimiento de los fines estatales, la efectividad de los derechos de los ciudadanos y la protección del patrimonio público, la Sala remitirá copias de la presente actuación al representante legal del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para que evalúe si ejerce alguna facultad contractual frene a los contratos de apoyo a la labor de supervisión de esa cartera, en la ejecución del Convenio Interadministrativo núm. 20150915, y adopte las medidas pertinentes a que hubiera lugar, según lo establecido en la Ley 80 de 1993. (…) [L]a Sala evidencia una situación adicional que involucra a otro particular contratista, cuya participación presenta características diferentes a la de los anteriores contratistas, como se explica a continuación. La cláusula octava del convenio interadministrativo que ocupa a la Sala estableció, puntualmente, un comité para su supervisión, el cual estaba compuesto por tres funcionarios públicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y un contratista de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva. Entonces, dicho particular que hizo parte del comité de supervisión, en principio, tendría las mismas obligaciones y responsabilidades de los servidores públicos que ejercieron dicha labor, de acuerdo con la ley y el manual de supervisión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, aparte de lo estipulado en su contrato de prestación de servicios. En consecuencia, el contratista cumplió labores de supervisión y, por tal razón, se convierte en sujeto disciplinable, según el artículo 70 del Código General Disciplinario, y, bajo ese entendido, la entidad competente para conocer la indagación preliminar a la cual se encuentra vinculado es la Procuraduría General de la Nación. (…) [E]n la supervisión del convenio interadministrativo ya mencionado también intervinieron tres funcionarios públicos adscritos al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como integrantes del comité. (…) [L]a labor de supervisión fue realizada por tres funcionarios públicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y un particular disciplinable, por lo tanto, por el factor de conexidad, la competencia para continuar con el trámite de la actuación disciplinaria número IUS-E-2020-677795/IUC-D-2021-1715925 radica en la Procuraduría General de la Nación, a donde se remitirá. FUENTE FORMAL: LEY 1952 DE 2019 - ARTÍCULO 70

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010306000202100164001100103