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Consejo de Estado
Providencia
La sentencia de primera instancia será confirmada
Sentencia — Sentencia
2024-02-19
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 25000233600020130158301
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se probó la supuesta afectación a los intereses de la demandante como consecuencia de la mayor permanencia en obra? No
La contestación extemporánea de la demanda produce un indicio grave en contra del demandado, pero ese indicio no suple la prueba de los sobrecostos por mayor permanencia en obra, que debe acreditarse con precisión por quien los alega. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el indicio es una prueba indirecta que no permite establecer la dimensión real de la afectación alegada. Segunda, el dictamen pericial practicado en segunda instancia carece de respaldo técnico o científico, pues sus conclusiones son apreciaciones subjetivas que no resultan de un método propio de la profesión del perito. Tercera, el perito no cumplió la labor para la cual fue llamado, lo que impide tener el dictamen como prueba idónea. La providencia confirma la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones. La consecuencia práctica es que la parte que reclama sobrecostos por mayor permanencia debe aportar prueba técnica idónea de su magnitud, pues la extemporaneidad de la contestación no la releva de esa carga.síntesis automática
También resuelve:
¿La contestación extemporánea de la demanda por la demandada tiene por efecto la presunción de veracidad de sus fundamentos de hecho?
¿Es indispensable acreditar específicamente cuáles fueron los mayores costos y que estos hayan sido empleados realmente en el sitio de la construcción?
¿Tanto la falta de licencias como la modificación de estudios y diseños ocasionaron las múltiples suspensiones del contrato?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Deben desestimarse las pretensiones de la demanda, en relación con los señores.
Sentencia — Sentencia
2024-04-08
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 11001032600020160010600
ACCION DE REPETICION
¿Se acreditó la calidad de agentes estatales de los demandados en repetición? No
Las presunciones de dolo o de culpa grave del agente estatal en la acción de repetición no operan por el solo hecho de que la firma del servidor aparezca en el acto que originó la condena, pues es necesario probar quién lo elaboró y atribuir a cada demandado una conducta personal revestida de culpa grave o dolo que haya sido determinante en la condena. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, la mera rúbrica no acredita la autoría del acto cuando no hay prueba de quién lo estudió, preparó y elaboró. Segundo, la imputación general y concomitante de las presunciones a todos los demandados desconoce el derecho de defensa y el debido proceso, pues cada agente debe conocer la conducta que se le reprocha. Tercero, cuando no se demuestran los supuestos de hecho de las presunciones alegadas, no puede declararse la responsabilidad del agente, y la calidad de agente estatal debe acreditarse respecto de cada demandado. La providencia niega las pretensiones; en la práctica, la entidad que repite debe individualizar la conducta de cada servidor y probar su calidad de agente estatal antes de invocar las presunciones de dolo o culpa grave.síntesis automática
También resuelve:
¿Respecto de cada uno de los demandados, se estableció y determinó la conducta concreta que se les reprochaba de manera individual?
¿El hecho que en el proceso se acreditó que la ministra fue la persona que firmó la resolución, esto es suficiente para endilgarle responsabilidad?
¿La falta de prueba sobre la participación de dos de los demandados en la expedición de la resolución conlleva a que las pretensiones de la demanda sean negadas?
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para decidir las controversias y litigios originados en la actividad
Sentencia — Sentencia
2022-10-10
Sección Tercera (Subsección A)
MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
Rad. 08001233100020010054601
ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para decidir las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para decidir las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas, como lo establece el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998. En este caso, el Ministerio de Transporte, como entidad pública, ostenta competencia para conocer del asunto. La Sala también tiene competencia para conocer de esta controversia en segunda instancia, ya que las pretensiones de contenido económico superan los 500 S.M.L.M.V., lo que implica un proceso de doble instancia.síntesis automática
También resuelve:
¿Es procedente la acción de controversias contractuales para controvertir la legalidad de la declaración de caducidad del contrato, su liquidación unilateral y la declaración del siniestro?
¿La sentencia de primer grado desconoció lo consignado en el artículo 302 del Código de Procedimiento Civil por cuanto resultó desfavorable para ambos extremos procesales?
¿La falta de contestación de la corrección de la demanda releva a la parte de su carga de probar los hechos en los cuales funda sus pretensiones ?
Consejo de Estado
Providencia
La legitimación que ostentan las partes para formular o contradecir las pretensiones de una demanda, surge en virtud de una relación jurídica sustancial derivada de la participación en una circunstancia fáctica o en una situación jurídica que puede ser de índole contractual, legal o reglamentaria.
Sentencia — Sentencia
2022-11-21
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 76001233300020130003401
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La legitimación en la causa por activa y por pasiva está determinada por el interés legítimo frente a un derecho discutido entre las partes que acuden como demandante y demandado, y la relación sustancial que nace de dicha controversia? Sí
El contratista y la entidad estatal están legitimados en la causa para intervenir en un proceso contractual cuando tienen un interés legítimo en el derecho discutido y una relación sustancial con la controversia, lo que implica que la legitimación en la causa por activa y por pasiva se determina en función de la relación jurídica sustancial derivada de la participación en la circunstancia fáctica o situación jurídica que origina la disputa. En el caso concreto, la entidad estatal que celebró el contrato y que incumplió sus obligaciones es la única legitimada en la causa por pasiva, mientras que la otra parte que reclama el incumplimiento tiene legitimación en la causa por activa, ya que ambos tienen un interés legítimo en la controversia contractual y están vinculados funcional o materialmente a los hechos que dan origen a la reclamación. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre la legitimación en la causa en controversias contractuales, estableciendo que la relación contractual es el fundamento esencial para determinar la legitimación de las partes en el proceso.síntesis automática
También resuelve:
¿La legitimación en la causa por pasiva recayó sobre el Hospital contratante en los negocios jurídicos que originaron la controversia…
¿En qué consiste la capacidad jurídica y en qué se diferencia de la capacidad procesal?
¿Los establecimiento de comercio tienen capacidad jurídica para ser parte de un contrato y para comparecer a un proceso judicial iniciado en virtud de controversias surgidas de dicho contrato?
SIN DECISION
Consejo de Estado
Providencia
¿Debió tenerse en cuenta el testimonio rendido por el soldado que declaró en el proceso de reparación directa?
Aclaración voto — Aclaración de voto
2022-11-23
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 54001233100020110042501
ACCION DE REPETICION
¿Debió tenerse en cuenta el testimonio rendido por el soldado que declaró en el proceso de reparación directa? No
No debió tenerse en cuenta el testimonio rendido por el soldado [que declaró] en el proceso de reparación directa. Pese a que la declaración de ese soldado beneficia al aquí demandado, se trató de una prueba aportada por el ente demandante para aducirla en contra del accionado, luego, no se podría valorar porque fue rendida en un proceso del cual no fue parte el servidor público demandado y no fue ratificada en este proceso según lo exige el artículo 229 del CPC.
También resuelve:
¿El testimonio del soldado debió ser ratificado, para cuya valoración se debía acudir a las normas probatorias del Código de Procedimiento Civil que exigen su ratificación?
¿El Código General del Proceso ya no exige la ratificación de los testimonios a no ser que la contraparte lo solicite?