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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la caducidad es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica

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Fecha
2024-09-23
Radicado
05001233100020110179702
Número interno
55728
Ponente
NICOLAS YEPES CORRALES
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION DE REPETICION
Actor
-EJÉRCITO NACIONAL, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Demandado
WILDER CALAMBAS PECHENE, CIRO ANTONIO DUARTE SANDOVAL, NESTOR RAUL VARGAS MORALES Y OTROS, JOSE JOAQUIN HERRERA SUAREZ, JOSE MIGUEL VELANDIA MORA, JUAN MANUEL ARANA ROJAS, LUIS EDUARDO GARCIA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la caducidad es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica

Relevancia Reitera la jurisprudencia.

Lo que dijo la Sala

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal. Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultanser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista puede ejercer la acción de repetición en tiempo, cumpliendo con los plazos establecidos en el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 y el inciso 4° del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, lo que garantiza la oportunidad del medio de control y evita la caducidad de la acción. La Sala determina que la acción se ejerció dentro del plazo legal, otorgando seguridad jurídica y estabilidad a las relaciones contractuales, al tiempo que se protege el interés general y se racionaliza el uso del aparato judicial. Este fallo reitera la jurisprudencia existente sobre el cómputo del término de caducidad de la acción de repetición, consolidando así la interpretación sobre la necesidad de cumplir con los plazos procesales para el ejercicio efectivo de este derecho.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿En este caso, el derecho de accionar en repetición se ejerció en tiempo, esto es, dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total de la condena o conciliación efectuado por la entidad o a más tardar desde el vencimiento del plazo de 18 meses de que trata el inciso 4° del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto Ley 01 de 1984, art. 177
  • Ley 678 de 2001, art. 11

También resuelve

  • ¿En el caso sub examine su cumplieron los primeros tres requisitos para la procedencia la acción de repetición, esto es, i) la obligación reparatoria a cargo del Estado…
  • ¿El daño por el cual fue condenada la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, fue causado por algunos de los demandados a título de dolo…
  • ¿El monto de la condena se cuantifica conforme el grado de participación del agente en la producción del daño, por lo que…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE REPETICIÓN CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN OPORTUNIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN PRESUPUESTO PROCESAL INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA MIEMBRO DEL EJÉRCITO ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO CONDENA A LA NACIÓN PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO DOLO CONFIGURACIÓN DEL DOLO DEMOSTRACIÓN DEL DOLO VIOLACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA VIDA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL FALTA DE PRUEBA DE MUERTE EN COMBATE USO DE LA FUERZA USO DE LA FUERZA PÚBLICA USO DE ARMAS DE FUEGO PRINCIPIO DE NECESIDAD PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD PROPORCIONALIDAD DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD RAZONABILIDAD FALSO POSITIVO CASO FALSO POSITIVO PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA REPETICIÓN ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LA CONDENA JUDICIAL AGENTE AGENTE DEL ESTADO MIEMBROS DE LAS FUERZAS MILITARES ORDEN MILITAR OFICIAL DE LAS FUERZAS MILITARES VIOLACIÓN DE LA NORMA LEGAL POR MIEMBROS DE LAS FUERZAS MILITARES LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN ABSTRACTO PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN ABSTRACTO CONDENA EN ABSTRACTO PARTICIPACIÓN EN EL HECHO PUNIBLE DAÑO CAUSADO A PERSONA PROTEGIDA DAÑO CAUSADO A CIVIL CON ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL DAÑO CAUSADO A CIVIL DURANTE CONFLICTO ARMADO CAUSACIÓN DEL DAÑO CONDENA VALOR DE LA CONDENA

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Titulación de la relatoría 24.198 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE REPETICIÓN / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / OPORTUNIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTO PROCESAL / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN Problema jurídico: ¿En este caso, el derecho de accionar en repetición se ejerció en tiempo, esto es, dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total de la condena o conciliación efectuado por la entidad o a más tardar desde el vencimiento del plazo de 18 meses de que trata el inciso 4° del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo? Respuesta al problema jurídico: Si Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal. Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultanser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad. oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. El artículo 11 de la Ley 678 de 2001 señala que la acción de repetición caducará dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total de la condena o conciliación efectuado por la entidad o a más tardar desde el vencimiento del plazo de 18 meses de que trata el inciso 4° del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo (...) NOTA DE RELATORÍA: Sobre la caducidad de la acción, ver: Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020, exp. 51252, Corte Constitucional, Sentencia C-394 de 2002; sentencia C-832 de 2001 FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 11 ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA MIEMBRO DEL EJÉRCITO / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / CONDENA A LA NACIÓN Problema jurídico: ¿En el caso sub examine su cumplieron los primeros tres requisitos para la procedencia la acción de repetición, esto es, i) la obligación reparatoria a cargo del Estado; ii) que el demandando tenga la calidad de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas; iii) el pago de la obligación reparatoria? Respuesta al problema jurídico: Si [C]omo en el sub examine el hecho que produjo la condena en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, ocurrió el 22 de septiembre de 1993, el régimen vigente aplicable a la acción de repetición es el previsto en los artículos 90 de la Constitución Política de 1991 y 77 y 78 del C.C.A. (...) Según copiosa jurisprudencia de esta Corporación, para la procedencia del medio de control de repetición se deben acreditar los siguientes requisitos: i) la obligación reparatoria a cargo del Estado; ii) que el demandando tenga la calidad de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas; iii) el pago de la obligación reparatoria; y iv) que la conducta dolosa y/o gravemente culposa del agente haya determinado el daño antijurídico por el cual se condenó al Estado. (...) El primer presupuesto para la prosperidad de las pretensiones de repetición que formula el Estado es la prueba de la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una condena judicial impuesta en su contra en sentencia debidamente ejecutoriada, o resultado de un acuerdo conciliatorio de naturaleza judicial o extrajudicial, o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto, tal y como lo prevé el artículo 2°de la Ley 678 de 2001. En el sub examine se cumple este requisito (...) El segundo presupuesto para que proceda la acción de repetición es que el demandado, frente a quien se atribuye la acción u omisión determinante de la responsabilidad del Estado, tenga la calidad de servidor o exservidor público o de particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas. (...) Según lo expuesto, si bien no se allegaron certificaciones por parte del jefe de personal -o quien haga sus veces- del Ejército Nacional, en las que se especificara el cargo desempeñado por cada uno de los demandados para la época de los hechos, para la Sala, con las pruebas antes referidas, está suficientemente demostrado que (...) tenían la calidad de servidores públicos al servicio de esa institución para el 22 de septiembre de 1993, fecha en que ocurrieron los hechos por los cuales la entidad demandante resultó condenada en un proceso reparación directa. (...) Como tercer presupuesto para que proceda la repetición, la entidad pública debe acreditar el pago efectivo de la suma de dinero que le hubiere sido impuesta por una condena judicial o que hubiere asumido en virtud de una conciliación o cualquier otra forma de terminación de conflictos. (...) Así, de conformidad con los medios de prueba allegados y en tanto la parte demandada no los controvirtió en la oportunidad procesal correspondiente y no logró desestimar su validez, se evidencia que la entidad demandante acreditó un pago de la sentencia del 16 de noviembre de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, confirmada mediante providencia del 26 de marzo de 2009 por la Sección Tercera del Consejo de Estado, por un valor de $918’395.792,64, lo que la habilita para demandar en repetición, incluso aunque llegase a tratarse de un pago parcial, como ya lo ha señalado la jurisprudencia de esta Sección. (...) NOTA DE RELATORÍA: Sobre el régimen jurídico aplicable en casos de repetición, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias del 31 de agosto de 2006, exp. 28448 y 23 de noviembre de 2016, exp. 46108, entre muchas otras. Sobre los requisitos de procedencia de la acción de repetición, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de noviembre de 2006, exp. 22099; sentencia del 6 de diciembre de 2006, exp. 22056; sentencia del 12 de diciembre del 2007, exp. 27006; Subsección B, sentencia del 29 de mayo del 2014, exp. 42183; Subsección A, sentencia del 10 de diciembre de 2018, exp. 60423. Sobre el pago de la condena, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 10 de agosto de 2016, exp. 23001233100020060063701(37265), CP: Hernán Andrade Rincón. Sobre la conducta del agente del Estado, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 12 de septiembre de 2016, exp. 56284. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 30 de agosto de 2018, exp. 55661. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2006, exp. 16887. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 251, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 252, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 77, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 78 ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA MIEMBRO DEL EJÉRCITO / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / DOLO / CONFIGURACIÓN DEL DOLO / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / VIOLACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO / VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA VIDA / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / FALTA DE PRUEBA DE MUERTE EN COMBATE / USO DE LA FUERZA / USO DE LA FUERZA PÚBLICA / USO DE ARMAS DE FUEGO / PRINCIPIO DE NECESIDAD / PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD / PROPORCIONALIDAD DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD / RAZONABILIDAD / FALSO POSITIVO / CASO FALSO POSITIVO / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿El daño por el cual fue condenada la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, fue causado por algunos de los demandados a título de dolo, cuarto y último presupuesto de la acción de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si Como cuarto y último presupuesto de la acción de repetición, la entidad demandante debe probar que, conforme a las normas vigentes para la época de los hechos, la conducta del agente o exagente del Estado o del particular investido de funciones públicas, determinante de la obligación reparatoria a cargo de la Administración, fue dolosa o gravemente culposa. (...) Frente al entonces capitán (...) y al entonces teniente (...), existe certeza de que participaron del homicidio agravado de (...), ocurrido el 22 de septiembre de 1993 en el corregimiento de Blanquicet del municipio de Turbo, durante una operación militar en la que hicieron pasar a las víctimas por bajas en combate, como dan cuenta las sentencias condenatorias proferidas por la justicia penal en su contra, el informe de patrullaje sobre la operación en la que participaron los hoy accionados y la providencia de la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares que los halló disciplinariamente responsables por estos hechos (...) Al efecto, se tiene que el juez penal comprobó que (...) tuvo a su disposición a las víctimas, capturadas en estado de indefensión, quienes se identificaron como voceros de una organización en un proceso de paz y solicitaron hablar con su comandante; sin embargo, el teniente hizo caso omiso de estas circunstancias y ordenó a sus subalternos ejecutar a los capturados sin justificación alguna, conducta que desconoció la inviolabilidad del derecho a la vida. Igualmente, allí quedó probado que quien realizó el operativo tuvo la intención de hacer pasar las muertes como bajas en combate. Asimismo, el entonces capitán (...), quien estaba al mando de la tropa y al tanto de lo que estaba sucediendo con los capturados, a pesar de que era el primer responsable de proteger sus vidas, no hizo nada para evitar su ejecución, ordenó la alteración de la escena de los crímenes y del material incautado y mintió en su informe de patrullaje respecto de la ocurrencia de un combate, conducta que, al igual que la de su compañero, desconoció la inviolabilidad del derecho a la vida. Ahora bien, pese a que las conclusiones a las que se arriba en las sentencias penal y disciplinaria no son vinculantes para esta Corporación, dado que cada operador judicial debe efectuar un análisis propio del caso, de cara a las pruebas que reposan en el expediente, ello no es óbice para que se les dé valor a estos documentos públicos y a los hechos objetivos de los que ellos dan cuenta, al amparo de lo dispuesto en los artículos 251 y 252 del C.P.C. Así, estos documentos no son prueba para acreditar el dolo o la culpa grave de los demandados, sino que dan fe de una situación objetiva, esto es, de la condena penal que recibieron por unos hechos determinados que cometieron, en una “aparente operación militar”. En el sub judice, las providencias penales aludidas dan cuenta de unos hechos objetivos: i) que (...) tuvo a su disposición a las víctimas y ordenó a sus subalternos ejecutar a los capturados sin justificación alguna y ii) que (...), quien estaba al mando de la tropa, no hizo nada para evitar su ejecución y ordenó la alteración de la escena del crimen. Ahora bien, junto con lo anterior, se tiene que el informe de patrullaje sobre la operación en la que los demandados participaron da cuenta que habría existido un combate, pues en dicho documento se afirmó que hubo contacto armado en el que “se logró dar de baja a dos bandoleros”. No obstante, analizadas en conjunto las pruebas del expediente, se evidencia que tal enfrentamiento no ocurrió (...). Justamente, de ello dieron cuenta las demás sentencias penales en contra de miembros del Ejército Nacional, quienes confesaron el ocultamiento de información que daba cuenta de las ejecuciones extrajudiciales, el propio proceso penal que se siguió contra los aquí enjuiciados y la providencia de la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares que sancionó con destitución al capitán (...) y al teniente (...), al advertir que las víctimas “fallecieron secundariamente a lesiones producidas por proyectil de arma de fuego fuera de combate o enfrentamiento armado” (...) Con todo, lamentablemente, en este tipo de situaciones se realiza una verdadera mise en scène, encaminada a aparentar que la muerte de una persona ajena al conflicto armado se produjo porque representaba una amenaza contra la sociedad o contra la vida e integridad de la población o de los integrantes de las fuerzas del orden, cuando en realidad su deceso ocurre por actuaciones arbitrarias, injustificadas y/o desproporcionadas de los agentes públicos que se ocultan bajo apariencia de legalidad, conducta en la que incurrieron los accionados y que con base en los hechos objetivos acreditados, de cara al análisis que de estos se hace con las demás pruebas que reposan en el expediente y a la normativa nacional e internacional de protección a la vida y a los derechos humanos, permite dar cuenta de suficientes elementos de convicción que advierten que la actuación de los demandados fue deliberada y abiertamente malintencionada. De hecho, para la Sala, las pruebas recaudadas ofrecen plena certeza de las conductas cometidas por (...) y (...) que colaboraron en ocasionar las muertes violentas de (...) y (...), comportamientos con los que incumplieron los mandatos contenidos en los artículos 2 y 11 de la Constitución Política, que como miembros de la fuerza pública les correspondían, consistentes en proteger la vida y honra de los residentes de Colombia. Igualmente, debe recordarse que los derechos a la vida y a la integridad física de las personas, además de encontrase expresamente consagrados en el ordenamiento interno, tienen plena protección por virtud de los tratados internacionales de derechos humanos de los que Colombia hace parte y conforman el bloque de constitucionalidad . Por ello, adicionalmente, cabe advertir que en cualquier despliegue militar se deben observar los principios y reglas del Derecho Internacional Humanitario - D.I.H.-, en este caso, específicamente los contenidos en el IV Convenio de Ginebra de 1949, en el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra y en su Protocolo Adicional II de 1977, relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, que exigen distinguir entre combatientes - entendiendo por tales a las personas que participan directamente en las hostilidades - y no combatientes – que comprende todos aquellos que no participan de tales hostilidades, bien porque se trata de personas civiles o porque siendo combatientes, por cualquier causa, han depuesto sus armas. Así, dicho artículo 3, establece que se debe tratar con humanidad a todas las personas que no participan en las hostilidades o que caigan en poder del adversario, sin distinción alguna de índole desfavorable y prohíbe específicamente los atentados contra la vida, entre otras acciones de ejercicio de la fuerza. Igualmente, el artículo 4 ibidem establece la prohibición de ordenar que no haya supervivientes en el enfrentamiento armado y prohíbe los atentados contra el aludido derecho ius fundamental. Sumado a ello, no puede desconocerse que el empleo de la fuerza y las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe conciliarse con el debido respeto de los derechos humanos, en cuyo efecto se hallan establecidos los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, cuyo contenido limita la actuación oficial. Así: i) el criterio de necesidad implica que el uso de la fuerza y de armas de fuego únicamente resulta legítimo cuando se dirige a cumplir un fin superior y no exista una forma menos lesiva para proteger los bienes jurídicos tutelados; ii) el criterio de proporcionalidad demanda que el uso de la fuerza y de armas de fuego debe atender criterios de moderación; y iii) el criterio de razonabilidad implica que solo se puede aplicar la fuerza o utilizar armas de fuego cuando se encuentre verdadera justificación para legitimar la reacción armada. En el caso de marras se advierte que los militares referidos no solo desconocieron la normativa nacional e internacional reseñada, sino los principios de necesidad, proporcionalidad, y razonabilidad en el uso de armas, porque, como quedo establecido, las víctimas habían sido capturadas, se identificaron como voceros de una organización en un proceso de paz y solicitaron hablar con el comandante de la patrulla militar respectiva, esto es, con el capitán (...); sin embargo, el teniente (...) ordenó su ejecución y su comandante nada hizo para evitarlo, pues, por el contrario, mintió en el informe de patrullaje sobre la ocurrencia de un supuesto combate. Así pues, la conducta de los demandados es reprochable a título de dolo, con base en los elementos materiales allegados al proceso que permiten advertir que no hubo enfrentamiento armado y que los accionados causaron y/o colaboraron en ocasionar las muertes sin justificación alguna (...) En efecto, sus conductas fueron dolosas, pues se cometieron con la intención de causar dichas muertes y asegurarse de que fueran reportadas como bajas en combate, desconociendo intencionalmente la normativa nacional e internacional de protección a la vida y de uso de armas de fuego, lo cual se acompasa con los términos del artículo 63 del Código Civil, que dispone que una conducta se califica de esta manera cuando se realiza con “la intención positiva de inferir injuria a la persona o a la propiedad de otro”. De ahí que, no existe duda que los demandados son patrimonialmente responsables del homicidio agravado de (...) y (...), muertes por las cuales la hoy demandante resultó condenada en el proceso de reparación directa; lo que hace viable que se repita en su contra por el dinero que la accionante pagó a las víctimas de estos atroces hechos. Por todo lo anterior, la Sala revocará la sentencia recurrida, para, en su lugar, condenar a (...) y a (...) a reembolsar el dinero que la entidad demandada pagó en virtud de la condena judicial confirmada por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en providencia del 26 de marzo de 2009. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio de las sentencias penal y disciplinaria, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 16 de diciembre de 2020, exp. 57904 y del 9 de abril de 2021, exp. 55583. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 5 de febrero de 2020, exp. 55955 FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 11, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 2, PROTOCOLO II ADICIONAL, CONVENIO DE GINEBRA DE 1977 - ARTÍCULO 3 COMÚN REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA MIEMBRO DEL EJÉRCITO / ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LA CONDENA JUDICIAL / AGENTE / AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / MIEMBROS DE LAS FUERZAS MILITARES / ORDEN MILITAR / OFICIAL DE LAS FUERZAS MILITARES / VIOLACIÓN DE LA NORMA LEGAL POR MIEMBROS DE LAS FUERZAS MILITARES / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN ABSTRACTO / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN ABSTRACTO / CONDENA EN ABSTRACTO / PARTICIPACIÓN EN EL HECHO PUNIBLE / DAÑO CAUSADO A PERSONA PROTEGIDA / DAÑO CAUSADO A CIVIL CON ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / DAÑO CAUSADO A CIVIL DURANTE CONFLICTO ARMADO / CAUSACIÓN DEL DAÑO / CONDENA / VALOR DE LA CONDENA Problema jurídico: ¿El monto de la condena se cuantifica conforme el grado de participación del agente en la producción del daño, por lo que, el capitán tenía mayor grado de participación causal por tener a cargo el opertativo, la obligación de proteger la vida de las víctimas y ordenar a sus subalternos hacerlo también, el teniente le sigue en grado de participación porque dió la orden a los soldados para disparar sus armas en contra de los capturados, la condena será en abstracto pues no se determinó si la suma pagada fue solo capital o incluyó intereses? Respuesta al problema jurídico: Si Liquidación de la condena De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 678 de 2001, el monto de la condena se cuantificará “atendiendo al grado de participación del agente en la producción del daño”. Por otra parte, como lo ha señalado la Sala en otros asuntos en los cuales varios funcionarios concurrieron en la causación del daño, se estima que el grado de participación causal es mayor para [el capitán demandado], pues era quien estaba a cargo del operativo y tenía la obligación de proteger la vida de las víctimas y ordenar a sus subalternos hacerlo también, de ahí que deba responder por el 60% del valor total a repetir. En cuanto a [Teniente demandado], dado que era el segundo al mando y fue quien dio la orden directa a otros soldados para que dispararan sus armas contra los capturados sin ninguna justificación para ello, deberá responder en razón de un 40% del total de la condena. No obstante, dado que a este proceso no se allegó la Resolución No. 4601 del 27 de octubre de 2009, por la cual el secretario general del Ministerio de Defensa liquidó la condena tantas veces referida (...), no es posible determinar si la suma pagada por la condena ($918’395.792,64) corresponde a capital o a capital más intereses. Por tanto, la Sala impartirá una condena en abstracto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 del C.C.A. modificado por el artículo 56 de la Ley 446 de 1998, para que, mediante trámite incidental, la demandante acredite el monto de capital que fue liquidado en dicho acto administrativo. De este monto, traído a valor presente, (...)[capitán] deberá reembolsar el 60% a la entidad demandante y [teniente] el 40%. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la concurrencia de servidores públicos en la causación del daño, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 9 de septiembre de 2016, exp. 55641 y sentencia del 19 de diciembre de 2017, exp. 55617. FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 56

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012331000201101797021100103