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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 10 de junio de 2022
Radicación: 73001-23-33-000-2013-00508-01 (54043)
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Demandado: William Aramburo Londoño
Referencia: Acción de repetición –Ley 1437 de 2011-
Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN – Caducidad.
Síntesis del caso: Se demandó a un soldado conscripto, quien, según la demandante, con su
obrar negligente, le causó lesiones a un compañero que posteriormente a través de sentencia
judicial fue indemnizado por el daño ocasionado. Se pretende que el demandado le reintegre
a la parte actora el valor que tuvo que pagar.
Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la Sentencia de 10 de marzo de 2015, proferida por el Tribunal
Administrativo de Tolima, en la que se declaró probada la excepción de
caducidad del medio de control.
La Sala tiene competencia para estudiar este asunto por tratarse de un recurso
de apelación interpuesto contra una Sentencia proferida por un Tribunal
Administrativo, de conformidad con el artículo 150 y 152.6 del CPACA.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.
Sentencia de primera instancia; 1.5. Recurso de apelación y trámite relevante en segunda
instancia
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 18 de septiembre de 2013, la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional presentó demanda, en ejercicio de la acción de repetición, contra
el soldado regular William Aramburo Londoño. Sus pretensiones fueron (se
trascribe):
“PRIMERA. Que se declare responsable al señor WILLIAM ARAMBURO LONDOÑO por
los perjuicios ocasionados a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO
NACIONAL, como consecuencia de la indemnización que se tuvo que cancelar a
favor del señor JUAN CARLOS CAICEDO ÁLVAREZ Y OTROS, por las lesiones que
padeció en su humanidad. De acuerdo el fallo del 21 de febrero de 2011, proferido el
Consejo de Estado, quedando debidamente ejecutoriada el 10 de marzo de 2011.
Radicación: 730012333000-2013-00508-01 (54043)
Demandante: Nación – Min Defensa - Ejército
Demandado: William Aramburo Londoño
Referencia: Repetición (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma
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SEGUNDA: Que se condene al señor WILLIAM ARAMBURO LONDOÑO, a cancelar la
suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES ($391.900.114,59), suma que pagó
esta entidad a favor de Yeison Javier Lemus Velandia, mediante la Resolución No.
4445 del 8 de septiembre de 2011 y que corresponde al capital efectivamente
reconocido
(…)”.
2. Como fundamentos de hecho de esas pretensiones, la parte
demandante afirmó:
3. 1) El 10 de agosto de 2007, el soldado Juan Carlos Caicedo Álvarez resultó
lesionado (herida en su miembro inferior izquierdo a la altura de la rodilla
izquierda) con arma de dotación oficial accionada por el soldado regular
William Aramburo Londoño, quien prestaba el servicio militar obligatorio. El
señor Juan Carlos Caicedo perdió el 95.65% de su capacidad laboral.
4. 2) Por los anteriores hechos, el señor Juan Carlos Caicedo demandó en
reparación directa al Ejército Nacional y, mediante sentencia de 21 de febrero
de 2011, el Consejo de Estado lo declaró patrimonialmente responsable y le
ordenó el pago de perjuicios materiales, morales y fisiológicos en su favor.
5. 3) El Ministerio de Defensa expidió la Resolución No. 4445 de 8 de
septiembre de 2011, por medio del cual se ordenó el pago de $ 441.276.628
en favor del señor Juan Carlos Caicedo.
6. Aseguró que el comportamiento del demandado era gravemente
culposo porque “la lesión padecida por el soldado regular Juan Carlos
Caicedo Álvarez fue consecuencia del actuar imprudente y el desacato a las
normas de seguridad con las armas de fuego imputable a soldado regular
William Aramburo Londoño”.
1.2. Posición de la parte demandada
7. El señor William Aramburo Londoño contestó a través de curador ad
litem. Solo indicó que se atenía a lo que se probara en el proceso.
1.3 Trámite relevante en primera instancia
8. Mediante Auto de 25 de septiembre de 20131 se inadmitió porque no
aportó el certificado del pagador y el poder no reunía los requisitos del artículo
65 del CGP. El 10 de octubre de 2013 se subsanó y allegó el poder corregido2
y, en cd, la certificación suscrita por la Tesorera del Ministerio de D efensa
según la cual el pago de la condena se realizó el 16 de septiembre de 20113.
El 25 de noviembre de 2014 se celebró la audiencia inicial en la que se
1 Folio 43 del Cuaderno principal
2 Folio 45 y ss del Cuaderno principal
3 Folio 44 del Cuaderno principal
Radicación: 730012333000-2013-00508-01 (54043)
Demandante: Nación – Min Defensa - Ejército
Demandado: William Aramburo Londoño
Referencia: Repetición (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma
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agotaron las etapas previstas en el artículo 180 del CPACA. Se destaca que se
decretó como prueba de oficio requerir a la entidad para que certificara y
adjuntara la prueba del pago efectivo de la condena. El 27 de noviembre de
2014 se allegó nuevamente la prueba y el 21 de enero de 2015 se celebró la
audiencia de pruebas en la que se incorporó la documental decretada.
1.4 Sentencia de primera instancia
9. Mediante sentencia de 10 de marzo de 2015, el Tribunal Administrativo de
Tolima declaró probada la excepción de caducidad del medio de control.
Citó el artículo 164.2 literal l) del CPACA4 y concluyó que: a) la sentencia que
condenó a la Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional quedó
ejecutoriada el 10 de marzo de 2011. En consecuencia, los 18 meses corrieron
hasta el 11 de septiembre de 2012. b) el pago se realizó, de acuerdo con el
certificado del tesorero, el 16 de septiembre de 2011. En consecuencia, como
lo primero que ocurrió fue el pago, concluyó que debía contarse la
caducidad desde el día siguiente al pago, esto es, desde el 17 de septiembre
de 2011. En consecuencia, el plazo para interponer la demanda vencía el 17
de septiembre de 2013. Dado que esta se instauró el 18 de septiembre de 2013
la acción se encontraba caducada.
10. Adicionalmente, por encontrarse frente al manejo de recursos públicos,
se ordenó compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación con el
objeto de establecer la responsabilidad disciplinaria por la presentación
extemporánea del medio de control. Finalmente, se condenó en costas a la
demandante; respecto de gastos y expensas se ordenó que se fijaran las que
se encontraran causadas y respecto de las agencias en derecho se fijaron en
1 salario mínimo mensual legal vigente.
1.5 Recurso de apelación y trámite relevante de segunda instancia
11. En el recurso de apelación5, la parte demandante aceptó que la
demanda se interpuso por fuera del término, pero se opuso a la orden de
compulsar copias y a la condena en costas.
12. Respecto a la caducidad indicó que “si bien es cierto el medio de control
se incoó de manera extemporánea (…) el Despacho previó la admisión”.
Indicó que, cuando se inadmitió la demanda porque no reposaba el
certificado del tesorero pagador el mismo fue allegado con la subsanación,
4 La demanda deberá ser presentada:
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
(…)
l) Cuando se pretenda repetir para recuperar lo pagado como consecuencia de una condena, conciliación u otra
forma de terminación de un conflicto, el término será de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha
del pago, o, a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de
condenas de conformidad con lo previsto en este Código.
5 Folios 143 a 149 del cuaderno del Consejo de Estado
Radicación: 730012333000-2013-00508-01 (54043)
Demandante: Nación – Min Defensa - Ejército
Demandado: William Aramburo Londoño
Referencia: Repetición (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma
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sin embargo, no comprendía porque esos documentos no estuvieron en el
expediente para ser valorados a tiempo y por qué se admitió la demanda.
Aseguró que “las razones y los motivos por los cuales no fueron valorados tales
documentos previó a la admisión, obedece a que no aparecen los escritos de
subsanación allegados”, sin embargo, “al momento de tomar decisión de
fondo, [el despacho] los evidencia porque, se decreta una prueba de oficio
dentro de la audiencia inicial; luego en este orden, si los documentos de
subsanación hubiesen existido dentro del expediente, seguramente no se
hubiese admitido tal demanda.”
13. Respecto a la orden de compulsar copias alegó que no se compartía esa
decisión porque se había actuado dentro de las formas y las posibilidades de
radicar la demanda, subsanarla, asistir a todas las diligencias y, en general,
desarrollar todas las actuaciones “en pro” del organi smo representado.
Agregó “se actuó en cumplimiento de un deber legal, sin omiti r detalle y
allegando las piezas procesales o el material probatorio requerido en tiempo”.
De igual forma se opuso a la condena en costas; adujo que antes de
condenar, el operador judicial debió hacer un análisis acerca de la conducta
asumida por el demandante para determinar si ésta había incurrido en
dilaciones
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