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Consejo de Estado Concepto

Consejo de Estado: el Gobierno Nacional está formado por el Presidente de la República

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Fecha
2023-09-25
Radicado
11001030600020190005200
Ponente
ALVARO NAMEN VARGAS
Sección / Sala
Sala Consulta y Servicio Civil
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
CONCEPTOS PARA PRECAVER LITIGIOS
Actor
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Demandado
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

Síntesis del concepto

Consejo de Estado: el Gobierno Nacional está formado por el Presidente de la República

Lo que dijo la Sala

Estando aún en trámite el presente asunto, se promulgó la Ley 2080 de 2021, publicada en el Diario Oficial el 25 de enero del mismo año, cuyo artículo 19 modificó el inciso primero y el numeral 7° del artículo 112 del CPACA… . Esta disposición incorpora cambios importantes a lo previsto originalmente en el numeral 7° del artículo 112 del CPACA, con el claro propósito de fortalecer esta función preventiva, asignada a la Sala de Consulta y Servicio Civil por la Ley 1437 de 2011.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Problema jurídico

¿La Sala de Consulta y Servicio Civil se encuentra limitada por el hecho de que la controversia contractual surgida entre las partes, y sobre la cual se formuló la consulta, se encuentre sometida a decisión judicial?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, art. 112 núm. 7
  • Ley 153 de 1887, art. 40
  • Ley 2080 de 2021, arts. 19 y 86

También resuelve

  • ¿La obligación de supervisión contractual a cargo de Fontic incluía la de verificar que los recursos públicos entregados por dicha entidad a Fonade se destinaran única y efectivamente a la ejecución…
  • ¿Fonade tendría derecho al monto total de la cuota de gerencia estipulada en el contrato interadministrativo en forma proporcional al cumplimiento de las obligaciones contractuales a su cargo
  • ¿Puede elaborarse directamente un proyecto de liquidación del contrato en forma bilateral, dentro del plazo establecido en la ley…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Liquidación del contrato Supervisión e interventoría Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Anticipo y pago anticipado Contratos y convenios interadministrativos

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Titulación de la relatoría 46.469 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

CONCEPTO PARA PRECAVER LITIGIOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS / CLASES DE CONCEPTOS DE LA SALA DE CONSULTA DEL CONSEJO DE ESTADO / EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL / FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LAS INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Problema jurídico: ¿La Sala de Consulta y Servicio Civil se encuentra limitada por el hecho de que la controversia contractual surgida entre las partes, y sobre la cual se formuló la consulta, se encuentre sometida a decisión judicial? Respuesta al problema jurídico: No Estando aún en trámite el presente asunto, se promulgó la Ley 2080 de 2021, publicada en el Diario Oficial el 25 de enero del mismo año, cuyo artículo 19 modificó el inciso primero y el numeral 7° del artículo 112 del CPACA (…). [E]sta disposición incorpora cambios importantes a lo previsto originalmente en el numeral 7° del artículo 112 del CPACA, con el claro propósito de fortalecer esta función preventiva, asignada a la Sala de Consulta y Servicio Civil por la Ley 1437 de 2011. Tales modificaciones pueden sintetizarse así: - En primer lugar, la Ley 2080 introduce unas reglas básicas de procedimiento, para el ejercicio de esta atribución, entre las cuales se destaca: i) la carga de precisar, en la solicitud, los asuntos de puro derecho involucrados en la controversia, sobre los cuales se pide el concepto; ii) la necesidad de efectuar una audiencia (al menos), con las entidades involucradas (el solicitante y las partes), el Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), para que se pronuncien sobre la controversia jurídica sometida a consulta y aporten las pruebas documentales que estimen procedentes; iii) la posibilidad de decretar pruebas, conforme a lo dispuesto en el CPACA, y iv) el señalamiento de un plazo para la emisión del concepto por parte de la Sala (noventa días), que puede ser prorrogado, hasta por treinta días más, de oficio o a solicitud de la ANDJE, cuando se presenten hechos sobrevinientes o desconocidos, durante el trámite del conflicto. - Con respecto a la legitimidad para formular este tipo de consultas, la citada ley permite que ahora lo haga la ANDJE, además del Gobierno Nacional. A este respecto, cabe recordar que, según lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 115 de la Constitución Política, «[e]l Gobierno Nacional está formado por el Presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos». (…) - En todo caso, el mismo precepto permite que dicha Agencia pueda intervenir en el trámite de la consulta, aunque esta no haya sido formulada por esa entidad. - Por otro lado, la Ley 2080 aclara que el objetivo buscado con esta función es el de «precaver un eventual litigio o poner fin a uno existente» (se resalta). De esta manera, se supera cualquier duda que pudiera existir, al amparo del texto original del numeral 7° del artículo 112 del CPACA, sobre la posibilidad de emitir un concepto para solucionar un litigio que se encuentre sub judice, es decir, que hubiera sido sometido ya al conocimiento y la decisión de cualquier autoridad judicial, en cualquier jurisdicción o tribunal de arbitraje. - Asimismo, la reforma introduce un cambio que resulta sustancial, al disponer que la solicitud de concepto suspende todos los términos legales, incluidos el de caducidad del respectivo medio de control y el de prescripción, hasta el día siguiente a la fecha de comunicación del concepto. (…) - En armonía con lo anterior, el inciso cuarto del numeral que se comenta establece el deber de suspender el proceso o los procesos judiciales que se tramiten, relacionados con la controversia objeto de la consulta, previa comunicación que le formulen las partes o la ANDJE a la autoridad judicial que conozca del proceso. (...) [E]n lo que interesa al presente asunto, debe resaltarse que la Sala de Consulta y Servicio Civil no se encuentra limitada ya por el hecho de que la controversia contractual surgida entre las partes, y sobre la cual se formuló la consulta, se encuentre sometida a decisión judicial, pues la modificación introducida por la Ley 2080 al citado numeral 7° está dirigida a permitir que esta función se ejerza tanto para precaver (prevenir) un litigio eventual como para poner fin a un litigio existente. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 112 NUMERAL 7, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 19, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 86 CONTRATO ATÍPICO / CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO ATÍPICO / EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN OBITER DICTUM Sobre la naturaleza jurídica y el régimen legal aplicable a este tipo de contratos, celebrados por ENTerritorio (antes Fonade) con otras entidades públicas, la Sala de Consulta y Servicio Civil se ha pronunciado en varias ocasiones. En particular, vale la pena mencionar que tales aspectos fueron estudiados ampliamente en el concepto n.° 00002 del 16 de diciembre de 2019, que la Sala emitió para resolver una consulta formulada por el Gobierno Nacional, en desarrollo del numeral 7° del artículo 112 del CPACA, relacionada también con un contrato de gerencia integral de proyectos celebrado entre Fonade y Fontic, para el programa PVD. De dicho concepto, al cual remite la Sala, es pertinente extraer las siguientes conclusiones, que resultan aplicables al caso que nos ocupa: - Estos acuerdos constituyen verdaderos contratos interadministrativos y están sujetos a las normas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y las demás que las han modificado o adicionado), siempre que la entidad contratante esté sometida a dicho régimen. - Con relación a su objeto, se trata de contratos atípicos, pues no se encuentran descritos y regulados específicamente en la ley, sino que toman obligaciones y elementos de varios contratos típicos, entre ellos, el de consultoría, definido en el artículo 32, numeral 2°, de la Ley 80 de 1993. - Dado lo anterior, no puede definirse, a priori y de manera general, si las obligaciones de las partes son de medio o de resultado, ni, en general, el alcance de dichas obligaciones y la responsabilidad que correspondería por su incumplimiento. Para ello, es necesario analizar, en concreto, el texto del contrato, sus anexos, sus antecedentes y otros elementos relevantes. En el caso específico de esta consulta, la Sala encuentra que se trata igualmente de un contrato interadministrativo de gerencia integral de proyectos, que comparte las características y consideraciones mencionadas. Dado que se trata un contrato estatal, y que la entidad contratante (Fontic) se rige por la Ley 80 de 1993, en todo lo relacionado con su actividad contractual, el citado acto jurídico se encuentra sometido, en su integridad, al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. (…) [L]as estipulaciones relacionadas con el alcance del objeto, con las obligaciones de Fonade y con la forma de pago para el reconocimiento de honorarios, según la gestión sobre la ejecución de la prestación pactada, permiten afirmar que el contrato involucraba obligaciones de medio por parte de Fonade, mediante la administración de recursos, para que Fontic pudiera cumplir con los objetivos del servicio público a su cargo. Lo anterior, con excepción de las obligaciones relacionadas con el inicio y culminación de la contratación derivada. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la naturaleza jurídica y el régimen legal aplicable a este tipo de contratos, celebrados por ENTerritorio, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 16 de diciembre de 2019, expediente 11001-03-06-000-2019-00126-00 (rad. Interna: 00002). FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 NUMERAL 2 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / FINALIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL OBITER DICTUM [L]a Sala entiende que la supervisión de los contratos estatales (suscritos con particulares o con otras entidades públicas), más que una obligación contractual, que pueda ser exigida por la parte contraria, es un deber legal de las entidades contratantes, que implica principalmente vigilar el cumplimiento oportuno y adecuado de las obligaciones del contratista y, en general, la debida ejecución del contrato, con el objeto de advertir a la entidad contratante sobre cualquier situación que pueda implicar un incumplimiento, la comisión de actos de corrupción u otras conductas ilícitas, la pérdida o el desvío de los recursos públicos involucrados en el contrato, desequilibrios económicos, u otras circunstancias que impidan o amenacen, de cualquier forma, el logro de los fines de interés general que se persiguen con el contrato. FUENTE FORMAL: LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 83, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 84, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 26, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Problema jurídico: ¿La obligación de supervisión contractual a cargo de Fontic incluía la de verificar que los recursos públicos entregados por dicha entidad a Fonade se destinaran única y efectivamente a la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales que estaban en cabeza de esta última entidad? Respuesta al problema jurídico: Si En el caso concreto de la consulta, la Sala observa que las mismas normas y las cláusulas contractuales citadas permiten inferir claramente que la obligación de supervisión contractual a cargo de Fontic incluía la de verificar que los recursos públicos entregados por dicha entidad a Fonade se destinaran única y efectivamente a la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales que estaban en cabeza de esta última entidad, algunas de las cuales debía cumplir Fonade directamente y otras, la mayoría, por intermedio de los contratistas derivados. A juicio de la Sala, lo anterior involucraba, a su vez, verificar que los recursos entregados por Fontic a Fonade para la ejecución del proyecto (es decir, sin incluir la cuota de gerencia) y que luego eran entregados por este a los contratistas derivados, a título de anticipo, fueran efectivamente amortizados, es decir, quedaran representados en bienes o servicios entregados por dichos contratistas a Fonade, dentro del objeto y en las condiciones previstas en el contrato interadministrativo y en sus anexos. No de otra forma podía el supervisor constatar que tales sumas de dinero habían sido destinadas y utilizadas efectivamente en las actividades y obligaciones pactadas en el contrato interadministrativo, así como autorizar los nuevos pagos que Fontic debía hacer a Fonade. No escapa a la Sala que la obligación de verificar la debida amortización de los anticipos pagados por Fonade a sus contratistas derivados era una actividad que correspondía, en primera instancia, a dicha entidad, en desarrollo de la supervisión y de la interventoría que debía realizar (en este último caso, por conducto del interventor) sobre la ejecución de los respectivos contratos. Pero tampoco puede desconocerse que, si para el supervisor del contrato interadministrativo (Fontic), los informes presentados por Fonade o por la interventoría no permitían constatar dicha amortización, mostraban inconsistencias o no ofrecían certeza al respecto, el supervisor, en ejercicio de sus facultades legales y contractuales, debía solicitar los informes, documentos, inspecciones y pruebas adicionales que considerara pertinentes, en el marco de la colaboración debida entre las partes. EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO / CONTRATO BILATERAL / PAGO PARCIAL DE LA OBLIGACIÓN / CONTRATO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS / OBLIGACIÓN DE MEDIO OBITER DICTUM Determinar la forma como cada parte ejecutó sus obligaciones contractuales, desde el punto de vista técnico, administrativo y financiero, si bien genera importantes efectos jurídicos (especialmente, en materia de incumplimiento y responsabilidad patrimonial), se trata de un asunto fáctico, que supone establecer cuál fue la conducta que desplegó cada parte, en la realidad, con relación a sus principales obligaciones, frente a las exigencias de modo (calidad), tiempo (oportunidad) y cantidad estipuladas en el contrato y en sus documentos anexos y complementarios. Cuando nos referimos a la ejecución de un contrato (cualquiera que sea su objeto), aludimos principalmente al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones que componen dicho objeto. Por lo tanto, antes de asignar un valor económico a la ejecución del contrato, es necesario establecer cuáles de sus obligaciones fueron efectivamente cumplidas y cuáles fueron incumplidas, ya sea por no haber sido ejecutadas total o parcialmente, por haberse cumplido de manera tardía, o por haberse ejecutado de una manera distinta a la pactada. De esta forma, para esclarecer el cumplimiento de obligaciones bilaterales, podría determinarse el valor de las sumas que Fonade utilizó y comprometió para sus contratos derivados, o directamente (como en el caso del GMF). No debe olvidarse, para efectos de determinar el cumplimiento de obligaciones, que Fonade y Mintic celebraron un contrato de gerencia de proyectos, y que la obligación de Fonade era de medio y no de resultado. Ello implica determinar si esta entidad realizó los mejores esfuerzos y la debida diligencia en el proceso de celebración de estos contratos, y en la supervisión de los mismos. De otra parte, establecer si los dineros fueron invertidos por Fonade en cada uno de estos contratos, en la forma legal prevista. El mismo análisis podría identificar los dineros que Fonade usó en la ejecución de las obligaciones contractuales a su cargo y que, fueron aceptadas o recibidas por Fontic. Para efectos de la revisión del cumplimiento de las obligaciones de las partes, en este caso de Fonade, resulta de especial importancia los documentos y actas suscritas por los representantes de las dos entidades, que determinaron el grado de cumplimiento de las mismas. Los documentos suscritos, como regla general, incorporan declaraciones de voluntad que tienen efectos jurídicos, que deben ser tenidos en cuenta en el eventual acuerdo entre las partes. En especial, el contenido de las actas de los comités operativos. (…) [E]l deudor de una obligación, para exonerarse o liberarse efectivamente de esta, debe ejecutar su objeto (dar, hacer o no hacer) cumpliendo, lo acordado con su acreedor, o lo dispuesto por la ley, según el caso, en cuanto a la cantidad, el lugar, los sujetos, el tiempo u oportunidad y el modo (que incluye, entre otros puntos, la calidad) con los que dicha prestación deba ser ejecutada. Ahora bien, es importante destacar, para los efectos de esta consulta, que la regla anterior prohíbe obligar al acreedor a recibir una cosa diferente (o en condiciones distintas) de lo estipulado, pero no prohíbe que voluntariamente la reciba, ni impide que las partes –acreedor y deudor- acuerden modificaciones sobre cualquier elemento o requisito de la prestación (lo que puede incorporarse en distintos tipos de actos jurídicos, como una transacción, una novación, una dación en pago, etc.). Conforme a lo anterior, el estudio que se realice, con el apoyo de un comité técnico y financiero, conformado por representantes de las dos partes, para analizar la ejecución del contrato interadministrativo y establecer, en particular, el valor de los recursos efectivamente ejecutados por Fonade, en desarrollo de aquel, debería identificar, como base para efectuar dicha cuantificación: i) cuáles de las obligaciones contractuales de Fonade fueron cumplidas conforme a lo estipulado en el contrato, en su modificación y en sus documentos anexos; ii) cuáles fueron cumplidas en forma incompleta, defectuosa (desde el punto de vista técnico) o tardía (frente al plazo estipulado para su cumplimiento, o el tiempo en que debían ser ejecutadas), pero que, aun así, fueron aceptadas y recibidas por Fontic, y iii) cuáles obligaciones no fueron cumplidas ni han sido recibidas por Fontic. Asimismo, para facilitar un arreglo entre las partes, el referido análisis también podría establecer cuáles obligaciones fueron cumplidas por Fonade por fuera del plazo de ejecución del contrato, o dentro de dicho plazo, pero en forma incompleta, y que Fontic podría aceptar y recibir actualmente, por considerarse que los bienes y servicios correspondientes resultan, en todo caso, útiles para la finalidad perseguida con el contrato interadministrativo. FUENTE FORMAL: LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1603, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1627, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1649 PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR VENCIMIENTO DEL PLAZO / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO / ACUERDO DE VOLUNTADES OBITER DICTUM [A]unque el acreedor no puede ser obligado a recibir la prestación por fuera del tiempo acordado, voluntariamente puede hacerlo. Aunque Fontic y Fonade no pueden ser forzados a recibir de su contraparte, bienes (incluido dinero), servicios u otras prestaciones que dicha parte debió ejecutar durante la vigencia del contrato, esto no impide que voluntariamente las reciban, ni que las dos partes lleguen a un acuerdo sobre este punto, que podría ser incorporado en el mecanismo de solución que las partes escojan para resolver su controversia. Lo anterior resultaría especialmente viable antes de que los procesos judiciales que enfrentan a dichas entidades sean resueltos, en última instancia, y especialmente, antes de que se haga o se apruebe la liquidación judicial del contrato, en el proceso iniciado en ejercicio del medio de control de controversias contractuales. Para estos efectos, resulta importante recordar cual es el fin de la contratación estatal según el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, para que los eventuales acuerdos a los que lleguen las partes, tengan en cuenta que los bienes y servicios contratados y eventualmente recibidos, deben atender la satisfacción de la necesidad de servicio público que motivó el contrato. De manera concreta, en las preguntas 2, 4, 6, 7 y 8 del alcance a la consulta inicial, el Gobierno Nacional inquiere sobre la posibilidad de que tanto Fonade (actualmente, ENTerritorio) como Fontic (actualmente, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) paguen, total o parcialmente, y reciban de su contraparte obligaciones dinerarias y de otra clase (de hacer, por ejemplo) que debieron cumplirse durante la vigencia del contrato, pero que, por diferentes circunstancias y consideraciones, no ejecutaron en ese momento, o no lo hicieron de forma completa y adecuada. (…) [L]as partes tendrían las siguientes opciones, que nacerían de la evaluación que efectúe el comité técnico y financiero que se sugiere conformar, en relación con el valor que para Fontic podrían tener tales sistemas, en el estado en que se encuentren: i) Asignar un valor al producto que ENTerritorio ofrezca entregar, y computarlo en el conjunto del acuerdo que ponga fin a la controversia. ii) Permitir que ENTerritorio ponga a punto los sistemas a cuya entrega está obligado, con base en las observaciones técnicas que Fontic considere necesario formular, con base en el análisis y las conclusiones del comité técnico y financiero que se sugiere conformar. Estos arreglos podrían resultar factibles, en el evento de que el sistema pueda ser utilizado por las entidades territoriales y las demás entidades públicas que actualmente administran los PVD y son propietarias de la infraestructura física y lógica utilizada en dichos espacios, pues no debe olvidarse que tanto el proyecto Puntos Vive Digital como el contrato interadministrativo que nos ocupa preveían la entrega de tales puntos y de los bienes asociados a dichas entidades, para que los siguieran administrando y operando (cláusulas cuarta, numeral 29, y décima primera). FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 3 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO / PAGO PARCIAL DE LA OBLIGACIÓN / CONTRATO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Fonade tendría derecho al monto total de la cuota de gerencia estipulada en el contrato interadministrativo en forma proporcional al cumplimiento de las obligaciones contractuales a su cargo Respuesta al problema jurídico: Si [A] juicio de la Sala, que las partes, al acordar la «cuota de gerencia», partieron de cierta proporcionalidad entre la ejecución de las actividades y obligaciones a cargo de Fonade, en desarrollo del contrato interadministrativo, y el valor de la referida «cuota de gerencia», aunque es necesario reconocer que en el contrato no se pactó expresamente un porcentaje o proporción exacta entre dicha remuneración y el valor total del contrato, o el monto de los recursos que Fonade debía destinar exclusivamente a la ejecución del proyecto. Esta proporcionalidad genérica se evidencia, verbigracia, al observar los requisitos estipulados en la cláusula sexta para que Fonade pudiera reclamar los pagos (…). [L]a Sala entiende que, más allá de la periodicidad y la forma de pago de la «cuota de gerencia» pactadas en las cláusulas quinta y sexta del contrato, dichas estipulaciones reflejan claramente la voluntad de las partes en el sentido de que la «cuota de gerencia» a favor de Fonade fuera progresiva y proporcional al cumplimiento de las obligaciones asumidas por dicha entidad, en virtud del contrato interadministrativo. (…) Este conjunto de elementos jurídicos permite concluir que Fonade tendría derecho al monto total de la cuota de gerencia estipulada en el contrato interadministrativo ($12.731.792.805), en forma proporcional al cumplimiento de las obligaciones contractuales a su cargo. Al respecto, debe tenerse en cuenta el contenido y la naturaleza del contrato suscrito entre las partes, y analizar si las prestaciones que no fueron entregadas en el tiempo pactado o no pudieron ejecutarse sobre los contratos derivados, obedeció a razones ajenas a Fonade, en los términos expuestos. (…) Por lo tanto, en la actualidad, y con miras a un arreglo que facilite, a su vez, la liquidación judicial del contrato, lo que se debería establecer, a juicio de la Sala, es: i) cuál es el valor de la «cuota de gerencia» a la que tendría derecho Fonade, de acuerdo con lo pactado en el contrato 667/215085 de 2015, en virtud del grado, porcentaje o nivel de ejecución o cumplimiento de sus obligaciones contractuales, según lo explicado, y ii) cuáles sumas han sido pagadas por Fontic a Fonade, por este concepto. Lo anterior permitiría establecer, mediante una operación aritmética, el saldo que Fontic le adeude a Fonade, a título de «cuota de gerencia» o, por el contrario, la suma que Fonade deba reintegrar a Fontic, por el mismo concepto. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la excepción de contrato no cumplido, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 9 de julio de 2018, expediente 25000-23-26-000-2005-10969-01 (42171). FUENTE FORMAL: LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1498, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1609 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / COMPETENCIA PARA LIQUIDAR EL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / COMPETENCIA EN EL TIEMPO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ACUERDO DE VOLUNTADES / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿Puede elaborarse directamente un proyecto de liquidación del contrato en forma bilateral, dentro del plazo establecido en la ley, condicionando su validez al desistimiento que las partes presenten de sus respectivas demandas judiciales, incluyendo la pretensión de liquidación judicial del contrato? Respuesta al problema jurídico: Si [C]uando una de las partes, o las dos, acuden a la Jurisdicción, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, para solicitar al juez que haga y apruebe la liquidación del contrato (liquidación judicial), las partes pierden competencia para liquidarlo, de común acuerdo o de manera unilateral (cuando ello sea posible). (…) Dado que, en el presente asunto, tanto Fontic como Fonade, en sus respectivas demandas ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, solicitaron que la autoridad judicial efectuara la liquidación del contrato interadministrativo, es claro, según lo indicado, que dichas entidades no tienen actualmente competencia para liquidar ese acto jurídico, total o parcialmente, ya sea de consuno o bien unilateralmente, en el supuesto de que alguna de ellas pudiese liquidarlo de esta forma. Ahora bien, lo anterior no impide que las partes puedan llegar a acuerdos y arreglos, en virtud de los cuales convengan cifras o circunstancias relacionadas con la ejecución del contrato; solucionen las discrepancias o controversias que puedan tener, e, incluso, acuerden pagar y recibir, en determinadas condiciones, obligaciones insolutas surgidas de la celebración y ejecución del contrato, como ya se explicó. Más aún, la Sala estima procedente el acuerdo de las partes sobre la forma de liquidación del contrato y el resultado de tal operación en los términos señalados. (…) En ese orden, la Sala reitera lo ya expuesto, en el sentido que puede elaborarse directamente el proyecto de liquidación del contrato en forma bilateral, dentro del plazo establecido en la ley, como contenido de la transacción, pero condicionando su validez al desistimiento que las partes presenten de sus respectivas demandas judiciales, incluyendo la pretensión de liquidación judicial del contrato, y a la aceptación de dicho desistimiento por parte de la autoridad judicial que conoce el proceso. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes consideren pertinente poner el proyecto de liquidación al trámite de liquidación del juez. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la pérdida de competencia de las partes para liquidar un contrato estatal cuando ya se solicitó su liquidación judicial, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 2253 del 28 de junio de 2016 y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de junio de 2000, radicación número 12723. PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIO DE LA BUENA FE / PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO OBITER DICTUM La Sala estima que la actuación de las partes para solucionar las controversias planteadas debe estar basada, entre otros, en los principios de buena fe y responsabilidad. (…) De conformidad con estos principios constitucionales y legales, y con los demás que rigen la actividad contractual del Estado y la función administrativa, la Sala está convencida de que las partes podrían solucionar sus controversias judiciales, si tienen la voluntad real para hacerlo, siguiendo los lineamientos, las consideraciones y las recomendaciones contenidas en este concepto. Asimismo, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha reiterado los efectos jurídicos de la buena fe objetiva, la cual no corresponde a calificaciones subjetivas de ninguna de las partes. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el principio de la buena fe en la contratación estatal, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 2260 de 2015 // Sobre el principio de responsabilidad en la contratación estatal, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 2260 de 2015 y Corte Constitucional, sentencia C-004 de 1996 CONTRATO DE TRANSACCIÓN / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO / CONTRATO BILATERAL / PAGO PARCIAL DE LA OBLIGACIÓN / CONTRATO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / COMPETENCIA PARA LIQUIDAR EL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / COMPETENCIA EN EL TIEMPO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ACUERDO DE VOLUNTADES / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Resulta procedente que las partes lleguen directamente a un acuerdo que incorpore, entre otros aspectos, el proyecto de liquidación del contrato interadministrativo y una vez alcanzado este arreglo, incluirlo en un contrato de transacción, para presentar, luego, el desistimiento de sus respectivas demandas, en forma total o parcial? Respuesta al problema jurídico: Si El mecanismo de solución que la Sala sugiere, en este caso concreto, consiste en que las partes lleguen directamente a un acuerdo que incorpore, entre otros aspectos, el proyecto de liquidación del contrato interadministrativo. Una vez alcanzado este arreglo, podrían incluirlo en un contrato de transacción, que no tendrían que someter a la aprobación judicial, para presentar, luego, el desistimiento de sus respectivas demandas, en forma total o parcial. En consecuencia, las partes podrían suscribir el proyecto acta de liquidación bilateral del contrato, dentro del plazo establecido en la ley, y sujetarla expresamente a una condición suspensiva, consistente en que ambas partes desistan de sus demandas, total o parcialmente, incluida la pretensión de liquidación judicial, y el juez acepte dicho desistimiento. De todas maneras, aunque implique unos mayores términos para que los acuerdos surtan efectos, dado el trámite que sería requerido, la Sala considera importante también advertir que las partes podrían tener la opción de someter el acuerdo a la revisión y aprobación del juez que conoce del proceso judicial iniciado a través del medio de control de controversias contractuales. No puede desconocerse una posible mayor dificultad en este caso, teniendo en cuenta, que uno de los procesos se encuentra sometido a la jurisdicción ordinaria. En el evento en que las partes no lleguen a un acuerdo total con fundamento en los lineamientos y recomendaciones expuestos, por tratarse de discrepancias sobre aspectos técnicos, administrativos y financieros relacionados con la ejecución del contrato, las partes estatales en controversia podrán conformar un comité técnico y financiero integrado por sus representantes, para que analicen las eventuales diferencias y propongan soluciones sobre estos temas. Mientras las partes analizan, discuten e implementan la solución expuesta en este concepto, la Sala recomienda que soliciten, de común acuerdo, la suspensión de los procesos judiciales que cursan entre ellos o, al menos, el iniciado en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, por el término que se estime necesario. Si las entidades estatales o la ANDJE lo consideran pertinente, la Sala se encuentra en la mejor disposición de continuar colaborando en los aspectos pendientes, en especial, los señalados en el literal e), para formular recomendaciones y directrices desde el punto de vista jurídico, que puedan orientar la búsqueda de una solución definitiva. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 113, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 209, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 267, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 83, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 3 NUMERAL 10, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 3 NUMERAL 12, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 3, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 6, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 26 CONTRATO DE TRANSACCIÓN / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO / RESOLUCIÓN DEL CONTRATO BILATERAL / CONTRATO BILATERAL / PAGO PARCIAL DE LA OBLIGACIÓN / CONTRATO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / COMPETENCIA PARA LIQUIDAR EL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / COMPETENCIA EN EL TIEMPO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ACUERDO DE VOLUNTADES / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Un acuerdo sobre la liquidación del contrato interadministrativo sería la solución definitiva a las diferencias surgidas entre las partes sobre el cumplimiento del contrato? Respuesta al problema jurídico: Si Conforme a lo expuesto en este concepto, la Sala considera que la solución definitiva a las diferencias surgidas entre las partes sobre el cumplimiento del contrato interadministrativo consistiría en que Fontic y ENTerritorio hagan todos los esfuerzos necesarios para llegar a un acuerdo sobre la liquidación del contrato interadministrativo, para lo cual les recomienda guiarse por las consideraciones, parámetros y lineamientos jurídicos desarrollados en este concepto y, en particular, por los siguientes: a) Tener en cuenta el valor de los recursos entregados por Fontic a Fonade para la ejecución del contrato interadministrativo y que no han sido reintegrados. b) Precisar el valor de los recursos efectivamente ejecutados por Fonade. c) Al analizar el cumplimiento de las obligaciones de las partes, considerar la naturaleza del contrato de gerencia de proyectos, suscrito entre las dos entidades estatales, y el alcance de las obligaciones de Fonade pactadas en el contrato. De conformidad con lo anterior, sería necesario determinar los valores por cuota de gerencia causados por concepto de honorarios a favor de Fonade, según lo convenido en el contrato interadministrativo, en proporción al nivel de ejecución efectiva de las obligaciones contractuales a cargo de Fonade, como gerente de proyecto, como se explica en este concepto. d) En caso de persistir discrepancias entre las partes sobre las situaciones de hecho y condiciones necesarias para la liquidación del contrato, o sobre los aspectos técnicos, administrativos, contables y financieros, se recomienda conformar un comité técnico y financiero, con representantes de las dos partes, que puedan plantear soluciones sobre los temas pendientes. e) Ahora bien, para implementar esta solución, la Sala recomienda: Celebrar un contrato de transacción, que incorpore los acuerdos logrados en el proyecto de liquidación, y desistir, a continuación, total o parcialmente de las demandas contractuales que cada una de ellas presentó (incluyendo la pretensión de liquidación judicial del contrato). La validez del proyecto de acta de liquidación del contrato que las partes suscriban, dentro del plazo legal establecido para ello, quedaría sometida a la condición suspensiva de que las partes desistan de sus demandas judiciales o, al menos, de las pretensiones de liquidación judicial incorporadas en aquellas, y que dicho desistimiento sea aceptado por el juez. Para materializar esta solución, la Sala recomienda a las partes suspender, de común acuerdo, los procesos judiciales que se tramitan actualmente, tal como lo permite el Código General del Proceso (artículo 161, numeral 2°). Esta suspensión debería ser por un tiempo determinado que permita obtener los acuerdos bajo las directrices jurídicas señaladas en este concepto. Aunque implique unos mayores términos para que los acuerdos surtan efectos, dado el trámite que sería requerido, la Sala considera importante también advertir que las partes podrían tener la opción de someter el acuerdo a la revisión y aprobación del juez que conoce del proceso judicial iniciado a través del medio de control de controversias contractuales. Es importante anotar que uno de los procesos se encuentra sometido a la jurisdicción ordinaria. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO / PAGO PARCIAL DE LA OBLIGACIÓN / PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: Considerando la naturaleza y la forma de pago del contrato, y habida cuenta de la diferencia surgida entre las partes sobre su cumplimiento, ¿Es posible conciliar pagos parciales en la liquidación del contrato, en proporción al avance efectivo de cumplimiento de las obligaciones? Respuesta al problema jurídico: Si De acuerdo con lo explicado en las consideraciones de este concepto y en la respuesta anterior, es posible acordar y efectuar pagos parciales, correspondientes a obligaciones efectivamente ejecutadas por Fonade en desarrollo del contrato interadministrativo, inclusive si su entrega a Fontic se hizo o se hace después de vencido el plazo de ejecución de dicho contrato, con el consentimiento de esta entidad. En este sentido, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con el contenido y la naturaleza del contrato, Fonade actuaba como un administrador de recursos, del cual se demandaba, por regla general, su mejor esfuerzo y diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones y en la ejecución de sus actividades. Por consiguiente, se entiende que sus obligaciones resultaban ser de medio, con excepción de las previstas para llevar a cabo la contratación derivada. Asimismo, que la forma de pago, en la que estaba incorporada la cuota de gerencia, fue definida en atención al grado de ejecución del contrato. ACUERDO DE VOLUNTADES / PAGO PARCIAL DE LA OBLIGACIÓN / PRECIO DE MERCADO / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / AJUSTE DE PRECIO / PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Cómo solucionar las diferencias entre las partes sobre los precios de los bienes y servicios objeto del contrato interadministrativo No. 215085/667 de 2015, y sobre la información que deben contener los documentos que sirven de soporte para verificar el cumplimiento de las obligaciones, incluida la inversión y la amortización de los anticipos de los contratistas integradores de servicios? ¿Qué mecanismos pueden utilizar las partes? Respuesta al problema jurídico: Si En relación con la controversia relacionada con el precio de algunos de los bienes y servicios contratados por Fonade en desarrollo del contrato interadministrativo, y que Fontic considera excesivos frente a los referentes del mercado, la Sala estima que Fontic podría pagar, en forma provisional y parcial, el valor de tales bienes y servicios, con los precios que se consideren «de mercado» para la época en la que dichos bienes o servicios debían ser adquiridos, según el contrato interadministrativo y sus anexos. Tales precios o «referentes de mercado» podrían ser establecidos por el comité técnico y financiero mencionado en la respuesta a la primera pregunta, que se conforme, con la participación de representantes de las dos partes; o también podrían ser estimados por Fontic y aceptados por Fonade, de buena fe, con base en la información que tenga en su poder. Lo anterior sin perjuicio de que las partes establezcan precios totales o definitivos, dentro de las opciones planteadas en este concepto. Sobre la controversia relacionada con la forma como debe acreditarse la debida ejecución de las obligaciones por parte de Fonade, incluyendo la amortización de los anticipos pagados por esta entidad a los contratistas derivados, con el fin de realizar los pagos que Fontic no ha efectuado, conforme a lo pactado en las cláusulas quinta y sexta del contrato interadministrativo, principalmente, la Sala considera que, dado que el citado contrato no se encuentra vigente y, por lo tanto, no rige actualmente lo pactado en la cláusula sexta, en cuanto a la periodicidad, las fechas estimadas, los requisitos formales y el procedimiento para hacer los pagos convenidos, lo que debería establecerse técnicamente, con miras a un eventual arreglo que incorpore la liquidación del contrato, es el valor total de las obligaciones efectivamente cumplidas por Fonade, en desarrollo del contrato interadministrativo, junto con el monto de aquellas obligaciones que hayan sido ejecutadas por Fonade y recibidas por Fontic después del plazo señalado, o que esta última entidad esté dispuesta a recibir. Una vez establecida dicha suma, podría determinarse, a su vez, la cifra adicional que Fontic debería pagar a Fonade, por este concepto; o, por el contrario, la suma que Fonade debería reintegrar a Fontic, partiendo de los recursos que este le entregó efectivamente a su contraparte para la ejecución del proyecto, durante la vigencia del contrato interadministrativo de gerencia de proyectos. EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO / PAGO PARCIAL DE LA OBLIGACIÓN Problema jurídico: ¿Es posible realizar el pago de los bienes y servicios sobre los cuales no existe diferencia entre las partes en cuanto al monto del valor de los bienes y servicios objeto del contrato interadministrativo No. 215085 /667 de 2015? Respuesta al problema jurídico: Si Es posible que Fontic efectúe el pago de tales bienes y servicios en los términos y las consideraciones señaladas en este concepto. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / FINALIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Problema jurídico: ¿De acuerdo con la naturaleza del contrato y plexo obligacional del mismo, cuál sería el alcance de las obligaciones de supervisión del FonTIC, en cuanto a la amortización e inversión de los recursos entregados por FONADE en calidad de anticipo a su contratación derivada? Respuesta al problema jurídico: Si De acuerdo con lo expuesto en este concepto, la supervisión de la ejecución de las actividades y obligaciones surgidas de dicho acuerdo debía realizarse en dos niveles, con los siguientes componentes: a. La supervisión de la ejecución del contrato interadministrativo, en sí mismo, estaba a cargo de Fontic, por intermedio del funcionario designado para tal fin (adscrito a la Dirección de Conectividad de dicha entidad). b. La supervisión o vigilancia de la ejecución de los contratos derivados (incluyendo el de interventoría) y de los contratos con otras entidades públicas, que Fonade suscribió o debía suscribir, estaba a cargo de dicha entidad, y debía ejercerse: i) directamente, a través del funcionario (o contratista) que decidiera asignar para tal fin, y ii) por intermedio de la persona jurídica que fuera contratada por Fonade como interventor, quien tenía la obligación de efectuar la interventoría de todos los contratos mencionados, en sus aspectos técnicos, administrativos, jurídicos, sociales, financieros, ambientales y de apropiación. Ahora bien, en cuanto al alcance de la supervisión que Fontic debía hacer sobre la ejecución del contrato interadministrativo con Fonade, esta función se regía, de un lado, por lo estipulado expresamente en el contrato y en los documentos que forman parte del mismo, especialmente el de «lineamientos generales» (Marco general del proyecto Puntos Vive Digital Fase 3, de octubre 2015), y de otro lado, por lo dispuesto en la ley. Conforme a dichas cláusulas y normas legales, la obligación de supervisión contractual a cargo de Fontic incluía la de verificar que los recursos entregados por dicha entidad a Fonade se destinaran efectiva y exclusivamente a la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales que estaban en cabeza de esta última entidad, teniendo en cuenta en todo caso el contenido y la naturaleza de las obligaciones de Fonade pactadas en el contrato de gerencia de proyectos. A juicio de la Sala, lo anterior involucraba, a su vez, verificar que los recursos dados por Fontic a Fonade para la ejecución del proyecto (es decir, sin incluir la cuota de gerencia) y que luego eran entregados por este a los contratistas derivados, a título de anticipo, se hubieran amortizado efectivamente, es decir, quedaran representados en bienes o servicios entregados por dichos contratistas a Fonade, dentro del objeto y en las condiciones previstas en el contrato interadministrativo y en sus documentos anexos. La obligación de verificar la debida amortización de los anticipos pagados por Fonade a los contratistas derivados era una actividad que correspondía, en primera instancia, a dicha entidad, en desarrollo de la supervisión y de la interventoría que debía realizar (en este último caso, por conducto del interventor) sobre la ejecución de los respectivos contratos. No obstante, el supervisor del contrato interadministrativo (Fontic), en ejercicio de sus facultades legales y contractuales, podía solicitar informes, documentos, inspecciones y pruebas adicionales que permitieran determinar la debida ejecución del contrato. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO / PAGO PARCIAL DE LA OBLIGACIÓN / CONTRATO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿Es jurídicamente viable que el FonTIC proceda a realizar al pago total o parcial de la cuota de Gerencia pactada en el contrato, habida cuenta de la diferencia surgida entre las partes sobre su cumplimiento? Respuesta al problema jurídico: Si Es jurídicamente viable que Fontic pague a Fonade la «cuota de gerencia» estipulada en el contrato, total o parcialmente, en proporción al nivel, grado o porcentaje de cumplimiento efectivo de las obligaciones contractuales que estaban a cargo de Fonade, por las razones que se explican en este concepto. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO / ACUERDO DE VOLUNTADES Problema jurídico: ¿Considerando las obligaciones respecto del Sistema de Administración y Control, adquiridas por FONADE, sería viable jurídicamente que el FonTIC proceda a recibir el Sistema de Administración y Control, habida cuenta de la diferencia surgida entre las partes sobre el cumplimiento de dichas obligaciones? ¿Considerando las obligaciones respecto del Sistema de Información de la Interventoría, resultaría jurídicamente viable que el FonTIC proceda a recibir, en el estado actual, el sistema de información de la Interventoría, habida cuenta de la diferencia surgida entre las partes sobre el cumplimiento de dichas obligaciones? Respuesta al problema jurídico: Si En relación con estas dos preguntas, la Sala recomienda que Fontic podría recibir tanto el Sistema de Administración y Control (SAC) como el sistema de información utilizado por la interventoría, ya sea para sí mismo o bien para las entidades territoriales y demás entidades públicas beneficiarias de los PVD. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta que los bienes y servicios realmente atiendan al fin del contrato, esto es, la satisfacción de las necesidades de servicio público requeridas, y que las partes determinen el valor razonable, adecuado y proporcional de estos sistemas, según el estado en el que se encuentren.

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010306000201900052001100103