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Consejo de Estado
Providencia
Hay lugar o no al pago de los rendimientos financieros aducidos por la parte y se debe dejar de lado el examen de las pretensiones de incumplimiento y el análisis del balance puesto de presente por el Tribunal en torno al logro o no del objeto convenido.
Sentencia — Sentencia
2023-04-24
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020170107901
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Hay lugar o no al pago de los rendimientos financieros aducidos por la parte y se debe dejar de lado el examen de las pretensiones de incumplimiento y el análisis del balance puesto de presente por el Tribunal en torno al logro o no del objeto convenido? Sí
El juez de segunda instancia define su competencia material mediante el contraste entre los argumentos del apelante y los aspectos atacados de la providencia de primer grado, pues la finalidad del recurso de apelación consiste en que el superior jerárquico revise la decisión del a quo acusada de ser errática o de lesionar el ordenamiento jurídico. En consecuencia, al ad quem le está vedado volver sobre temas no discutidos del fallo impugnado, salvo las excepciones establecidas por el legislador, debiendo limitar su examen a los puntos objeto de inconformidad. Así, en la liquidación judicial de un convenio interadministrativo con recursos del Presupuesto General de la Nación, cuando la entidad territorial ejecutora omite pagar oportunamente los rendimientos financieros certificados generados por los desembolsos convenidos, procede condenarla a su restitución actualizada mediante los índices de precios al consumidor certificados por el DANE desde la fecha de exigibilidad hasta la sentencia.síntesis automática
También resuelve:
¿La finalidad del recurso de apelación es que superior jerárquico revise la decisión del a quo, acusada de ser errática o de romper o lesionar el ordenamiento jurídico?
¿Qué son los rendimientos financieros y cómo es su asignación en las finanzas del Estado?
¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia y la fijación de agencias en derecho?
MODIFICA
Colombia Compra Eficiente
Concepto
La cofinanciación puede ser entendida como la financiación de una actividad que llevan a cabo por varias personas o entidades o como financiación conjunta de una actividad.
C-074 de 2021
2021-03-17
¿Qué se entiende por “contratos y convenios administrativos” a los que se refiere el parágrafo del artículo 56 de la Ley 2063 de 2020?
Para responder la primera pregunta, con base en la línea conceptual de esta Agencia y por la jurisprudencia constitucional, es posible afirmar que no existe distinción sustancial entre contratos o convenios. Por tanto, de forma indistinta, contrato o convenio administrativo es el acuerdo donde concurre la voluntad de dos o más personas jurídicas con la finalidad de cumplir, en el marco de sus objetivos misionales y sus competencias, con los fines del Estado. Esta conclusión encuentra soporte en el Código Civil colombiano, toda vez que en su artículo 1495 equipará las instituciones de convenio y contrato, al disponer que «contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa… ».
También resuelve:
Ley anual de presupuesto: generalidades, generalidades / presupuesto general de la nación / parafiscales, naturaleza jurídica / cofinanciación, definición / contratos o convenios
Presupuesto general de la nación: finalidad
Parafiscales: naturaleza jurídica
Consejo de Estado
Providencia
Se probó el cumplimiento de la concesionaria y el reiterado incumplimiento del municipio demandado
Sentencia — Sentencia
2024-09-11
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 05001233300020140102301
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se probó el cumplimiento de la concesionaria y el reiterado incumplimiento del municipio demandado? Sí
Cuando la sentencia reconoce sumas líquidas a título de condena, los intereses moratorios sobre esas sumas se causan desde la ejecutoria de la providencia que las liquide, y no desde una fecha anterior. Esta regla se apoya en que solo a partir de esa liquidación las sumas adquieren carácter líquido y exigible para efectos de intereses. Por ello, cuando el contrato termina por el incumplimiento de la entidad, la declaración de incumplimiento se confirma y la condena pecuniaria se ajusta solo en el momento en que se causan los intereses. En el caso concreto se probó el cumplimiento de la concesionaria y el reiterado incumplimiento de la entidad territorial, por lo que se confirmó la declaración de incumplimiento y de terminación del negocio jurídico. Solo se modificó la sentencia en la precisión sobre el inicio de los intereses. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la fecha de causación de intereses debe ligarse a la providencia de liquidación de la condena.síntesis automática
También resuelve:
¿El municipio tampoco se comprometió o allanó al cumplimiento de las obligaciones, por lo cual en el presente asunto no tiene vocación de prosperidad la excepción de contrato no cumplido pretendida?
¿De los riesgos asumidos en cabeza del concesionario no hay ningún evento que releve al municipio de su compromiso de asignar los cuatro mil cupos estudiantiles durante el plazo de ejecución del…
¿El presente asunto se trata de una discusión en relación con el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el municipio de Bello con la suscripción del contrato de concesión?
MODIFICA
Consejo de Estado
Concepto
Contratación estatal: Concepto sin reserva
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva
2022-06-17
Sala Consulta y Servicio Civil
ANA MARIA CHARRY GAITAN
Rad. 11001030600020210008400
CONCEPTOS PARA PRECAVER LITIGIOS
¿Un aeropuerto de uso público y a cargo de una entidad con carácter de Unidad Administrativa Especial es objeto pasivo del impuesto predial y contribución por valorización? No
Conforme a lo explicado en este concepto, los aeropuertos públicos que son propiedad de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, o son administrados directamente por ella, en ejercicio de sus funciones legales, no pueden ser gravados, en principio, con el impuesto predial ni con la contribución de valorización, salvo algunas áreas, en cualquiera de los siguientes dos casos: i) Las construcciones, edificaciones o cualquier tipo de mejora sobre estos bienes, que estén en manos de particulares, pueden ser gravadas con el impuesto predial unificado, por parte de los distritos, tal como lo establecen el artículo 6, numeral 3°, de la Ley 768 de 2012 y el artículo 26, numeral 3°, de la Ley 1617 de 2013.
También resuelve:
¿La existencia de operadores de prestación de servicio de transporte aéreo de pasajeros y de carga, en un aeropuerto de uso público a cargo de una entidad con carácter de Unidad Administrativa…
¿La existencia de operadores de prestación de servicio de transporte aéreo de pasajeros y de carga, en un aeropuerto de uso público a cargo de una entidad con carácter de Unidad Administrativa…
¿La existencia de locales comerciales y la explotación económica de estos por parte de particulares, dentro de los aeropuertos a cargo de una entidad con carácter de Unidad Administrativa Especial…
Consejo de Estado
Providencia
Contratación estatal: Concepto sin reserva
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva
2023-01-31
Sala Consulta y Servicio Civil
MARIA DEL PILAR BAHAMON FALLA
Rad. 11001030600020220025000
CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
En el marco de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la sentencia C-153 de 2022, ¿Existe un procedimiento que se debe seguir en aquellos convenios interadministrativos que se encuentran en plena ejecución, y en las siguientes circunstancias: 1. Con cabal cumplimiento del objeto y de las obligaciones contractuales. 2. Con presunto incumplimiento del objeto y/o de las obligaciones contractuales? Sí
El contratista no puede ser sancionado con multas unilateralmente por la entidad estatal en un contrato interadministrativo en ejecución, salvo que dicha facultad esté prevista en la ley, debido a que la imposición de multas es una prerrogativa que debe estar legalmente establecida para evitar la violación del principio de legalidad en la contratación estatal. La Sala de Consulta del Consejo de Estado reitera que la prohibición de contratación directa durante el período previo a las elecciones presidenciales, conforme a la Ley 996 de 2005, abarca cualquier sistema que no implique convocatoria pública y pluralidad de oferentes, excluyendo así modalidades como la licitación pública. Además, la Corte Constitucional declaró inexequible con efectos retroactivos la modificación al artículo 38 de la Ley 996 de 2005, que permitía a la Nación celebrar convenios interadministrativos con entidades territoriales para ejecutar programas y proyectos del Presupuesto General de la Nación, por violar la reserva de ley estatutaria y el principio de unidad de materia. Esto implica que los convenios interadministrativos celebrados en el marco de dicha modificación están sujetos a la anulación y a la revisión de su legalidad por parte de la Contraloría General de la República.síntesis automática
También resuelve:
¿Procede la aplicación de las cláusulas de multa y penal pecuniaria a los entes territoriales que no han cumplido con el objeto y/o las obligaciones pactadas en los convenios interadministrativos de…
¿Deben ser objeto de terminación y liquidación, todos los convenios interadministrativos suscritos a partir del 13 de noviembre de 2021 y hasta la terminación de la restricción de ley de garantías…
Consejo de Estado
Concepto
Contratación estatal: Concepto sin reserva
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva
2023-01-31
Sala Consulta y Servicio Civil
MARIA DEL PILAR BAHAMON FALLA
Rad. 11001030600020220025000
CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
En el marco de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la sentencia C-153 de 2022, ¿Existe un procedimiento que se debe seguir en aquellos convenios interadministrativos que se encuentran en plena ejecución, y en las siguientes circunstancias: 1. Con cabal cumplimiento del objeto y de las obligaciones contractuales. 2. Con presunto incumplimiento del objeto y/o de las obligaciones contractuales? Sí
La entidad estatal acata rigurosamente la prohibición en materia de contratación directa consagrada expresamente en el artículo 33 de la Ley 996 de 2005 durante los cuatro meses anteriores a la elección del Presidente de la República y hasta la realización de la respectiva segunda vuelta electoral, absteniéndose formalmente de celebrar contratos sin que exista un proceso de selección pública o pluralidad de oferentes con absoluta independencia de la participación de los mandatarios como candidatos, rigiéndose dicha restricción temporal imperativa para todos los entes del Estado con el propósito fundamental de garantizar la absoluta transparencia y la igualdad efectiva en los procesos electorales democráticos de carácter nacional, obligatorio, general, permanente, específico, especial, fundamental y estricto.síntesis automática
También resuelve:
¿Procede la aplicación de las cláusulas de multa y penal pecuniaria a los entes territoriales que no han cumplido con el objeto y/o las obligaciones pactadas en los convenios interadministrativos de…
¿Deben ser objeto de terminación y liquidación, todos los convenios interadministrativos suscritos a partir del 13 de noviembre de 2021 y hasta la terminación de la restricción de ley de garantías…
Consejo de Estado
Providencia
Procede aplicar las disposiciones procesales de la Ley 2080 de 2021 al proceso judicial iniciado bajo la vigencia de la Ley 1437 de 2011, cuando la decisión a adoptar no se encuentra dentro de las excepciones previstas en el artículo 86 de la Ley 2080 de 2021.
Auto interlocutorio — Auto que dispone trámite de sentencia anticipada
2025-10-28
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 11001032600020180004500
LEY 1437 REPETICION
¿Procede aplicar las disposiciones procesales de la Ley 2080 de 2021 al proceso judicial iniciado bajo la vigencia de la Ley 1437 de 2011, cuando la decisión a adoptar no se encuentra dentro de las excepciones previstas en el artículo 86 de la Ley 2080 de 2021? Sí
El juez puede aplicar las disposiciones procesales de la Ley 2080 de 2021 a un proceso iniciado bajo la vigencia de la Ley 1437 de 2011, siempre que la decisión no se encuentre dentro de las excepciones previstas en el artículo 86 de la Ley 2080, y que las disposiciones del Código General del Proceso sean aplicables en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del Código Procesal Administrativo y Contencioso Administrativo. Además, el juez puede dictar sentencia anticipada antes de la audiencia inicial si se configuran las causales establecidas en el artículo 182A del CPACA, lo que incluye asuntos de puro derecho, ausencia de necesidad de practicar pruebas y solicitud de pruebas documentales sin tacha o desconocimiento, siempre que las pruebas solicitadas sean impertinentes, inconducentes o inútiles. Esta regla facilita la aplicación de principios de economía y celeridad procesal, pero garantiza el debido proceso.síntesis automática
También resuelve:
¿Procede prescindir de las etapas procesales ordinarias y dictar sentencia anticipada antes de la audiencia inicial, en virtud del artículo 182A del CPACA…
¿Procede dictar sentencia anticipada cuando las pruebas solicitadas por las partes, distintas de las documentales, no cumplen con los requisitos legales para su decreto por ser impertinentes…
¿El objeto del proceso se circunscribe a determinar si el Director General del Instituto Colombiano de Geología y Minería –INGEOMINAS–…
DISPONE TRAMITE SENTENCIA ANTICIPADA
Consejo de Estado
Providencia
Debe negarse la solicitud de nulidad absoluta del contrato
Sentencia — Sentencia
2024-10-25
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 44001334000020140010501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe negarse la solicitud de nulidad absoluta del contrato, toda vez que el desconocimiento de las normas presupuestales que disciplinan el pago de las obligaciones dinerarias que surgen del contrato estatal no constituye una de dichas causales de nulidad? Sí
El contratista no puede solicitar la nulidad absoluta del contrato por el desconocimiento de las normas presupuestales que regulan el pago de las obligaciones dinerarias, ya que la Ley 80 de 1993 y las normas orgánicas del presupuesto no establecen esta causal de nulidad, aunque la transgresión de estas normas pueda implicar reproches disciplinarios para los responsables y efectos presupuestales adversos para el ente territorial. La entidad estatal no delegó al contratista funciones administrativas tributarias ni obran en el expediente pruebas que acrediten el registro presupuestal necesario para iniciar la ejecución del contrato, ni autorizaciones del concejo municipal para comprometer vigencias futuras ordinarias, lo que implica que la solicitud de nulidad absoluta es improcedente.síntesis automática
También resuelve:
¿El municipio, a través del concejo, puede determinar los sujetos pasivos y las tarifas de la obligación tributaria sustancial…
¿El municipio, en ejercicio de sus funciones administrativas, está facultado para ejecutar la liquidación y cobro del impuesto predial?
¿Se acreditó la delegación de las funciones administrativas de liquidación, cobro y recaudación del impuesto predial, en la ejecución del contrato de prestación de servicios suscrito para fortalecer…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
No está demostrada la configuración de la presunción de culpa grave del numeral 1° del artículo 6 de la Ley 678 de 2001
Sentencia — Sentencia
2024-03-13
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 73001233300020190016501
LEY 1437 REPETICION
¿Se reúnen los requisitos para la procedencia del medio de control de repetición y si la conducta de los demandados fue gravemente culposa por violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho, al no pagar al proveedor las facturas por el suministro de insumos médicos, lo que dio lugar al cobro del capital e intereses de mora mediante proceso ejecutivo? No
La culpa grave del agente no se presume por el solo hecho de que la entidad haya debido pagar una obligación, sino que debe demostrarse que el servidor omitió con negligencia la gestión de recursos disponibles o desconoció de manera manifiesta normas de derecho presupuestal. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la entidad debe acreditar que el presupuesto estaba disponible para pagar la deuda y que, pese a ello, los agentes omitieron su pago. Segunda, no se probó negligencia en la gestión de las obligaciones ni una utilización deficiente de los recursos financieros, ni una falta de organización del sistema contable o de costos. Tercera, sin esos supuestos no se configura la presunción de culpa grave del numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001. La providencia confirma la negativa de la repetición. La consecuencia práctica es que el retraso en el pago de facturas que dio lugar a una ejecución judicial no basta para repetir contra los gerentes, si no se prueba la disponibilidad presupuestal y la conducta gravemente negligente.síntesis automática
También resuelve:
¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia del medio de control repetición interpuesto por condenas contra el Estado en virtud de actuaciones dolosas o gravemente culposas…
¿El término de caducidad del medio de control de repetición empezó a contar desde el pago efectivo de la condena?
¿La legitimación en la causa por activa en los procesos de repetición, recae sobre la entidad pública que asumió el pago de la condena judicial impuesta por el actuar doloso o gravemente culposo de…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El juez de la acción de repetición puede estudiar la conducta del agente
Sentencia — Sentencia
2021-09-23
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 85001233300020170014501
LEY 1437 REPETICION
¿El secretario de obras y transporte del Departamento de Casanare desvirtuó la presunción de culpa grave del numeral 1° del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, por violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho por la falta de gestión en la ejecución del contrato por el no pago de los valores correspondientes al reajuste de precios del contrato y el contrato adicional? Sí
El contratista no desvirtúa la presunción de culpa grave del numeral 1º del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, al no realizar las gestiones necesarias para la consecución de las partidas presupuestales que permitan el pago oportuno de los reajustes de precios del contrato, violando manifiestamente e inexcusablemente el artículo 71 del Decreto Orgánico del Presupuesto, los artículos 25 y 41 de la Ley 80 de 1993 y el manual de funciones del departamento, lo que implica que la entidad estatal debe garantizar la gestión contractual y adelantar las gestiones necesarias para conseguir los recursos para el pago de las obligaciones contractuales. Esta decisión modifica un precedente anterior, reforzando la importancia de la gestión contractual y la responsabilidad de los funcionarios en la administración de recursos presupuestales para cumplir con los compromisos contractuales, lo que implica un mayor control y seguimiento en la ejecución de contratos por parte de la administración pública.síntesis automática
También resuelve:
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para resolver el recurso de apelación en el medio de control de repetición?
¿Cuáles son los presupuestos que determinan la legitimación en la causa en el medio de control de repetición?
¿Cómo se determina el régimen jurídico aplicable al medio de control de repetición y cómo se aplican la presunción de culpa grave y presunción de dolo?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El acta de recibo final de la obra constituye un instrumento formal por medio del cual se verifica y deja constancia de la cantidad
Sentencia — Sentencia
2025-07-01
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 25000233600020210061701
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El acta de recibo final de obra es un elemento excluyente de responsabilidad contractual del contratista en aquellos eventos en los que posteriormente se adviertan vicios ocultos o defectos constructivos? No
El acta de recibo final de obra no exime al contratista de su responsabilidad por vicios ocultos o defectos constructivos que puedan surgir posteriormente, ya que esta acta solo certifica la conformidad externa de la obra con el plan acordado y las normas técnicas aplicables, conforme al artículo 2060 numeral 4 del Código Civil y la remisión normativa del artículo 13 de la Ley 80 de 1993. La liquidación del contrato, que sigue posteriormente, es un acto jurídico complejo que permite una revisión exhaustiva de todos los aspectos del contrato, incluyendo la calidad de los materiales y el cumplimiento de plazos, lo que puede revelar incumplimientos no detectados en el acta de recibo. En el caso concreto, la acta de recibo final dejó constancia explícita de que no eximía al contratista ni a la interventoría de sus obligaciones y responsabilidades contractuales, reiterando que la entrega formal de la obra no implica una declaración definitiva sobre el cumplimiento total de las obligaciones del contratista.síntesis automática
También resuelve:
¿Pueden surgir en la liquidación situaciones de incumplimiento no detectadas en el acta de recibo?
¿El acta de recibo final de obra exime al contratista o a la interventoría de sus obligaciones y responsabilidades?
¿El principio de buena fe contractual impone a las partes de una relación negocial el deber de actuar con rectitud, honradez, lealtad y coherencia con sus actos previos…
REVOCA
Consejo de Estado
Concepto
FONTUR es un fondo del Estado constituido como patrimonio autónomo conformado por recursos fiscales y parafiscales
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva
2026-06-19
Sala Consulta y Servicio Civil
MARÍA DEL PILAR BAHAMON FALLA
Rad. 11001030600020250045300
CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿El Fondo Nacional de Turismo - FONTUR, es un fondo del Estado? Sí
El Presupuesto General de la Nación constituye el instrumento de manejo financiero más importante, central y relevante de la política fiscal para programar y registrar oportunamente el gasto público y su forma de financiación, comprendiendo tres componentes fundamentales y específicos conforme al artículo 11 del Decreto Ley 111 de 1996, tales como ingresos o rentas, gastos o apropiaciones, y disposiciones generales; asimismo, los fondos especiales se configuran como una categoría propia en la clasificación de las rentas estatales y una excepción al principio de unidad de caja con soporte jurídico otorgado por el legislador orgánico.síntesis automática
También resuelve:
¿El servicio que presta Fiducoldex, o que ha prestado en el pasado, en virtud de los contratos de fiducia mercantil suscritos con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo…
¿Los bienes inmuebles de propiedad del Ministerio de Comercio, Industria у
¿Los bienes inmuebles transferidos al FRISCO en virtud de sentencias o medidas cautelares de extinción de dominio, y administrados por FONTUR, hacen parte del tesoro de la Nación?
Consejo de Estado
Providencia
No se configura la caducidad de la acción de controversias contractuales en el evento
Sentencia — Sentencia
2023-07-12
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 08001233100220110089301
ACCION CONTRACTUAL
¿Se configura la caducidad de la acción de controversias contractuales en el evento en que la parte demandante presenta la demanda durante la vigencia del contrato? No
Cuando el contrato está sometido a liquidación, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales se cuenta desde su terminación, de modo que la demanda presentada mientras el contrato sigue vigente no está caducada. La regla parte del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, que fija un plazo de dos años desde el día siguiente al acontecimiento que fundamenta las pretensiones, pero lo cuenta de forma distinta en los casos sometidos a liquidación. Se apoya además en el artículo 60 original de la Ley 80 de 1993, que ordenaba liquidar los contratos cuya ejecución se prolongara en el tiempo, y en que la liquidación debe emprenderse desde que el contrato termina por cualquier motivo. En el asunto, el contrato era de ejecución diferida y estaba obligado a liquidarse, pero su vigencia no había expirado cuando se presentó la demanda. La Sala revocó la decisión de primera instancia, que había descartado la demanda por caducidad sin estudiar el fondo. En la práctica, la demanda no puede rechazarse por caducidad mientras el contrato siga vigente.síntesis automática
También resuelve:
¿Debe declararse la nulidad absoluta del contrato celebrado por la UTDUC y el Municipio por violar los principios de planeación y transparencia ?
¿Las irregularidades referentes al registro o el certificado de disponibilidad presupuestal generan la nulidad del contrato?
¿Debe declararse la nulidad absoluta del contrato celebrado por la UTDUC y el Municipio por comprometer vigencias futuras sin autorización?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
La legitimación que ostentan las partes para formular o contradecir las pretensiones de una demanda, surge en virtud de una relación jurídica sustancial derivada de la participación en una circunstancia fáctica o en una situación jurídica que puede ser de índole contractual, legal o reglamentaria.
Sentencia — Sentencia
2022-11-21
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 76001233300020130003401
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La legitimación en la causa por activa y por pasiva está determinada por el interés legítimo frente a un derecho discutido entre las partes que acuden como demandante y demandado, y la relación sustancial que nace de dicha controversia? Sí
El contratista y la entidad estatal están legitimados en la causa para intervenir en un proceso contractual cuando tienen un interés legítimo en el derecho discutido y una relación sustancial con la controversia, lo que implica que la legitimación en la causa por activa y por pasiva se determina en función de la relación jurídica sustancial derivada de la participación en la circunstancia fáctica o situación jurídica que origina la disputa. En el caso concreto, la entidad estatal que celebró el contrato y que incumplió sus obligaciones es la única legitimada en la causa por pasiva, mientras que la otra parte que reclama el incumplimiento tiene legitimación en la causa por activa, ya que ambos tienen un interés legítimo en la controversia contractual y están vinculados funcional o materialmente a los hechos que dan origen a la reclamación. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre la legitimación en la causa en controversias contractuales, estableciendo que la relación contractual es el fundamento esencial para determinar la legitimación de las partes en el proceso.síntesis automática
También resuelve:
¿La legitimación en la causa por pasiva recayó sobre el Hospital contratante en los negocios jurídicos que originaron la controversia…
¿En qué consiste la capacidad jurídica y en qué se diferencia de la capacidad procesal?
¿Los establecimiento de comercio tienen capacidad jurídica para ser parte de un contrato y para comparecer a un proceso judicial iniciado en virtud de controversias surgidas de dicho contrato?
SIN DECISION
Consejo de Estado
Providencia
¿Los actos precontractuales y contractuales de las Empresas de Servicios Públicos ESP tienen la naturaleza de actos administrativos en tanto afectan el presupuesto público?
Salvamento voto — Salvamento de voto
2024-05-27
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 76001233100020060332003
ACCION CONTRACTUAL
¿Los actos precontractuales y contractuales de las Empresas de Servicios Públicos ESP tienen la naturaleza de actos administrativos en tanto afectan el presupuesto público? Sí
Las empresas de servicios públicos domiciliarios de carácter oficial -tal como ocurre con EMSIRVA ESP para el caso concreto- hacen parte del sector descentralizado por servicios de conformidad con lo prescrito en el literal d) del numeral 2 del artículo 38 de la Ley 489 de 1998 –por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política-.
También resuelve:
¿El hecho de que la Ley 80 de 1993 estableciera como principio y eje la autonomía de la voluntad significa que, el régimen general de los contratos estatales sea el privado y la normativa pública…
¿Los regímenes exceptuados de la contratación pública, conforme con la Ley 80 de 1993, deben aplicar los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal…
¿El artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 debe aplicarse a los contratos de régimen exceptuado, dentro de los que se encuentran los celebrados por las Empresas de Servicios Públicos?