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clave: "consejo_estado:concepto:11001030600020190005200-concepto-sin-reserva"
titulo: "Consejo de Estado: el Gobierno Nacional está formado por el Presidente de la República"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Concepto"
fecha: "2023-09-25"
radicado: "11001030600020190005200"
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ponente: "ALVARO NAMEN VARGAS"
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# Consejo de Estado: el Gobierno Nacional está formado por el Presidente de la República

- **Título oficial / radicado:** Concepto sin reserva — Concepto sin reserva
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Concepto
- **Fecha:** 2023-09-25
- **Radicado:** 11001030600020190005200
- **Ponente:** ALVARO NAMEN VARGAS
- **Sección / Sala:** Sala Consulta y Servicio Civil
- **Clase de proceso:** CONCEPTOS PARA PRECAVER LITIGIOS
- **Actor:** MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
- **Demandado:** FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:concepto:11001030600020190005200-concepto-sin-reserva
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/11001030600020190005200/A215A01412418CEFCB60D83A9263E595B93DF7CE7549B4A2E073927E5683A756/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010306000201900052001100103

## Problema jurídico

¿La Sala de Consulta y Servicio Civil se encuentra limitada por el hecho de que la controversia contractual surgida entre las partes, y sobre la cual se formuló la consulta, se encuentre sometida a decisión judicial?

## Respuesta doctrinal / Tesis

No

## Puntos clave

- ¿La obligación de supervisión contractual a cargo de Fontic incluía la de verificar que los recursos públicos entregados por dicha entidad a Fonade se destinaran única y efectivamente a la ejecución…
- ¿Fonade tendría derecho al monto total de la cuota de gerencia estipulada en el contrato interadministrativo en forma proporcional al cumplimiento de las obligaciones contractuales a su cargo
- ¿Puede elaborarse directamente un proyecto de liquidación del contrato en forma bilateral, dentro del plazo establecido en la ley…

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1437 de 2011, art. 112 núm. 7
- Ley 153 de 1887, art. 40
- Ley 2080 de 2021, arts. 19 y 86

## Extracto

Estando aún en trámite el presente asunto, se promulgó la Ley 2080 de 2021, publicada en el Diario Oficial el 25 de enero del mismo año, cuyo artículo 19 modificó el inciso primero y el numeral 7° del artículo 112 del CPACA… . Esta disposición incorpora cambios importantes a lo previsto originalmente en el numeral 7° del artículo 112 del CPACA, con el claro propósito de fortalecer esta función preventiva, asignada a la Sala de Consulta y Servicio Civil por la Ley 1437 de 2011.

## Descriptores temáticos

CONCEPTO PARA PRECAVER LITIGIOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS, CLASES DE CONCEPTOS DE LA SALA DE CONSULTA DEL CONSEJO DE ESTADO, EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL, FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LAS INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, CONTRATO ATÍPICO, CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO ATÍPICO, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, FINALIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL, RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, OBLIGACIÓN CONTRACTUAL, INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO, CONTRATO BILATERAL, PAGO PARCIAL DE LA OBLIGACIÓN, CONTRATO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS, OBLIGACIÓN DE MEDIO, PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR VENCIMIENTO DEL PLAZO, CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACUERDO DE VOLUNTADES, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, COMPETENCIA PARA LIQUIDAR EL CONTRATO, LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL, COMPETENCIA EN EL TIEMPO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL, PRINCIPIO DE LA BUENA FE, PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, CONTRATO DE TRANSACCIÓN, DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA, RESOLUCIÓN DEL CONTRATO BILATERAL, PRECIO DE MERCADO, AJUSTE DE PRECIO, PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL, AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO

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- [Consejo de Estado — Contratación estatal: Concepto sin reserva](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:concepto:11001030600020210008400-84-concepto-sin-reserva.md)

## Texto del documento

CONCEPTO PARA PRECAVER LITIGIOS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS / CLASES DE CONCEPTOS DE LA SALA DE CONSULTA DEL CONSEJO DE ESTADO / EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL / FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LAS INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Problema jurídico:
¿La Sala de Consulta y Servicio Civil se encuentra limitada por el hecho de que la controversia contractual surgida entre las partes, y sobre la cual se formuló la consulta, se encuentre sometida a decisión judicial?
Respuesta al problema jurídico: No
Estando aún en trámite el presente asunto, se promulgó la Ley 2080 de 2021, publicada en el Diario Oficial el 25 de enero del mismo año, cuyo artículo 19 modificó el inciso primero y el numeral 7° del artículo 112 del CPACA (…). [E]sta disposición incorpora cambios importantes a lo previsto originalmente en el numeral 7° del artículo 112 del CPACA, con el claro propósito de fortalecer esta función preventiva, asignada a la Sala de Consulta y Servicio Civil por la Ley 1437 de 2011. Tales modificaciones pueden sintetizarse así: - En primer lugar, la Ley 2080 introduce unas reglas básicas de procedimiento, para el ejercicio de esta atribución, entre las cuales se destaca: i) la carga de precisar, en la solicitud, los asuntos de puro derecho involucrados en la controversia, sobre los cuales se pide el concepto; ii) la necesidad de efectuar una audiencia (al menos), con las entidades involucradas (el solicitante y las partes), el Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), para que se pronuncien sobre la controversia jurídica sometida a consulta y aporten las pruebas documentales que estimen procedentes; iii) la posibilidad de decretar pruebas, conforme a lo dispuesto en el CPACA, y iv) el señalamiento de un plazo para la emisión del concepto por parte de la Sala (noventa días), que puede ser prorrogado, hasta por treinta días más, de oficio o a solicitud de la ANDJE, cuando se presenten hechos sobrevinientes o desconocidos, durante el trámite del conflicto. - Con respecto a la legitimidad para formular este tipo de consultas, la citada ley permite que ahora lo haga la ANDJE, además del Gobierno Nacional. A este respecto, cabe recordar que, según lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 115 de la Constitución Política, «[e]l Gobierno Nacional está formado por el Presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos». (…) - En todo caso, el mismo precepto permite que dicha Agencia pueda intervenir en el trámite de la consulta, aunque esta no haya sido formulada por esa entidad. - Por otro lado, la Ley 2080 aclara que el objetivo buscado con esta función es el de «precaver un eventual litigio o poner fin a uno existente» (se resalta). De esta manera, se supera cualquier duda que pudiera existir, al amparo del texto original del numeral 7° del artículo 112 del CPACA, sobre la posibilidad de emitir un concepto para solucionar un litigio que se encuentre sub judice, es decir, que hubiera sido sometido ya al conocimiento y la decisión de cualquier autoridad judicial, en cualquier jurisdicción o tribunal de arbitraje. - Asimismo, la reforma introduce un cambio que resulta sustancial, al disponer que la solicitud de concepto suspende todos los términos legales, incluidos el de caducidad del respectivo medio de control y el de prescripción, hasta el día siguiente a la fecha de comunicación del concepto. (…) - En armonía con lo anterior, el inciso cuarto del numeral que se comenta establece el deber de suspender el proceso o los procesos judiciales que se tramiten, relacionados con la controversia objeto de la consulta, previa comunicación que le formulen las partes o la ANDJE a la autoridad judicial que conozca del proceso. (...) [E]n lo que interesa al presente asunto, debe resaltarse que la Sala de Consulta y Servicio Civil no se encuentra limitada ya por el hecho de que la controversia contractual surgida entre las partes, y sobre la cual se formuló la consulta, se encuentre sometida a decisión judicial, pues la modificación introducida por la Ley 2080 al citado numeral 7° está dirigida a permitir que esta función se ejerza tanto para precaver (prevenir) un litigio eventual como para poner fin a un litigio existente.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 112 NUMERAL 7, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 19, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 86
CONTRATO ATÍPICO / CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO ATÍPICO / EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN
OBITER DICTUM
Sobre la naturaleza jurídica y el régimen legal aplicable a este tipo de contratos, celebrados por ENTerritorio (antes Fonade) con otras entidades públicas, la Sala de Consulta y Servicio Civil se ha pronunciado en varias ocasiones. En particular, vale la pena mencionar que tales aspectos fueron estudiados ampliamente en el concepto n.° 00002 del 16 de diciembre de 2019, que la Sala emitió para resolver una consulta formulada por el Gobierno Nacional, en desarrollo del numeral 7° del artículo 112 del CPACA, relacionada también con un contrato de gerencia integral de proyectos celebrado entre Fonade y Fontic, para el programa PVD. De dicho concepto, al cual remite la Sala, es pertinente extraer las siguientes conclusiones, que resultan aplicables al caso que nos ocupa: - Estos acuerdos constituyen verdaderos contratos interadministrativos y están sujetos a las normas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y las demás que las han modificado o adicionado), siempre que la entidad contratante esté sometida a dicho régimen. - Con relación a su objeto, se trata de contratos atípicos, pues no se encuentran descritos y regulados específicamente en la ley, sino que toman obligaciones y elementos de varios contratos típicos, entre ellos, el de consultoría, definido en el artículo 32, numeral 2°, de la Ley 80 de 1993. - Dado lo anterior, no puede definirse, a priori y de manera general, si las obligaciones de las partes son de medio o de resultado, ni, en general, el alcance de dichas obligaciones y la responsabilidad que correspondería por su incumplimiento. Para ello, es necesario analizar, en concreto, el texto del contrato, sus anexos, sus antecedentes y otros elementos relevantes. En el caso específico de esta consulta, la Sala encuentra que se trata igualmente de un contrato interadministrativo de gerencia integral de proyectos, que comparte las características y consideraciones mencionadas. Dado que se trata un contrato estatal, y que la entidad contratante (Fontic) se rige por la Ley 80 de 1993, en todo lo relacionado con su actividad contractual, el citado acto jurídico se encuentra sometido, en su integridad, al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. (…) [L]as estipulaciones relacionadas con el alcance del objeto, con las obligaciones de Fonade y con la forma de pago para el reconocimiento de honorarios, según la gestión sobre la ejecución de la prestación pactada, permiten afirmar que el contrato involucraba obligaciones de medio por parte de Fonade, mediante la administración de recursos, para que Fontic pudiera cumplir con los objetivos del servicio público a su cargo. Lo anterior, con excepción de las obligaciones relacionadas con el inicio y culminación de la contratación derivada.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la naturaleza jurídica y el régimen legal aplicable a este tipo de contratos, celebrados por ENTerritorio, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 16 de diciembre de 2019, expediente 11001-03-06-000-2019-00126-00 (rad. Interna: 00002).
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 NUMERAL 2
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / FINALIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL
OBITER DICTUM
[L]a Sala entiende que la supervisión de los contratos estatales (suscritos con particulares o con otras entidades públicas), más que una obligación contractual, que pueda ser exigida por la parte contraria, es un deber legal de las entidades contratantes, que implica principalmente vigilar el cumplimiento oportuno y adecuado de las obligaciones del contratista y, en general, la debida ejecución del contrato, con el objeto de advertir a la entidad contratante sobre cualquier situación que pueda implicar un incumplimiento, la comisión de actos de corrupción u otras conductas ilícitas, la pérdida o el desvío de los recursos públicos involucrados en el contrato, desequilibrios económicos, u otras circunstancias que impidan o amenacen, de cualquier forma, el logro de los fines de interés general que se persiguen con el contrato.
FUENTE FORMAL:
LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 83, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 84, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 26, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
Problema jurídico:
¿La obligación de supervisión contractual a cargo de Fontic incluía la de verificar que los recursos públicos entregados por dicha entidad a Fonade se destinaran única y efectivamente a la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales que estaban en cabeza de esta última entidad?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el caso concreto de la consulta, la Sala observa que las mismas normas y las cláusulas contractuales citadas permiten inferir claramente que la obligación de supervisión contractual a cargo de Fontic incluía la de verificar que los recursos públicos entregados por dicha entidad a Fonade se destinaran única y efectivamente a la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales que estaban en cabeza de esta última entidad, algunas de las cuales debía cumplir Fonade directamente y otras, la mayoría, por intermedio de los contratistas derivados. A juicio de la Sala, lo anterior involucraba, a su vez, verificar que los recursos entregados por Fontic a Fonade para la ejecución del proyecto (es decir, sin incluir la cuota de gerencia) y que luego eran entregados por este a los contratistas derivados, a título de anticipo, fueran efectivamente amortizados, es decir, quedaran representados en bienes o servicios entregados por dichos contratistas a Fonade, dentro del objeto y en las condiciones previstas en el contrato interadministrativo y en sus anexos. No de otra forma podía el supervisor constatar que tales sumas de dinero habían sido destinadas y utilizadas efectivamente en las actividades y obligaciones pactadas en el contrato interadministrativo, así como autorizar los nuevos pagos que Fontic debía hacer a Fonade. No escapa a la Sala que la obligación de verificar la debida amortización de los anticipos pagados por Fonade a sus contratistas derivados era una actividad que correspondía, en primera instancia, a dicha entidad, en desarrollo de la supervisión y de la interventoría que debía realizar (en este último caso, por conducto del interventor) sobre la ejecución de los respectivos contratos. Pero tampoco puede desconocerse que, si para el supervisor del contrato interadministrativo (Fontic), los informes presentados por Fonade o por la interventoría no permitían constatar dicha amortización, mostraban inconsistencias o no ofrecían certeza al respecto, el supervisor, en ejercicio de sus facultades legales y contractuales, debía solicitar los informes, documentos, inspecciones y pruebas adicionales que considerara pertinentes, en el marco de la colaboración debida entre las partes.
EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO / CONTRATO BILATERAL / PAGO PARCIAL DE LA OBLIGACIÓN / CONTRATO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS / OBLIGACIÓN DE MEDIO
OBITER DICTUM
Determinar la forma como cada parte ejecutó sus obligaciones contractuales, desde el punto de vista técnico, administrativo y financiero, si bien genera importantes efectos jurídicos (especialmente, en materia de incumplimiento y responsabilidad patrimonial), se trata de un asunto fáctico, que supone establecer cuál fue la conducta que desplegó cada parte, en la realidad, con relación a sus principales obligaciones, frente a las exigencias de modo (calidad), tiempo (oportunidad) y cantidad estipuladas en el contrato y en sus documentos anexos y complementarios. Cuando nos referimos a la ejecución de un contrato (cualquiera que sea su objeto), aludimos principalmente al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones que componen dicho objeto. Por lo tanto, antes de asignar un valor económico a la ejecución del contrato, es necesario establecer cuáles de sus obligaciones fueron efectivamente cumplidas y cuáles fueron incumplidas, ya sea por no haber sido ejecutadas total o parcialmente, por haberse cumplido de manera tardía, o por haberse ejecutado de una manera distinta a la pactada. De esta forma, para esclarecer el cumplimiento de obliga

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

efectivamente cumplidas por Fonade, en desarrollo del contrato interadministrativo, junto con el monto de aquellas obligaciones que hayan sido ejecutadas por Fonade y recibidas por Fontic después del plazo señalado, o que esta última entidad esté dispuesta a recibir. Una vez establecida dicha suma, podría determinarse, a su vez, la cifra adicional que Fontic debería pagar a Fonade, por este concepto; o, por el contrario, la suma que Fonade debería reintegrar a Fontic, partiendo de los recursos que este le entregó efectivamente a su contraparte para la ejecución del proyecto, durante la vigencia del contrato interadministrativo de gerencia de proyectos.
EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO / PAGO PARCIAL DE LA OBLIGACIÓN
Problema jurídico:
¿Es posible realizar el pago de los bienes y servicios sobre los cuales no existe diferencia entre las partes en cuanto al monto del valor de los bienes y servicios objeto del contrato interadministrativo No. 215085 /667 de 2015?
Respuesta al problema jurídico: Si
Es posible que Fontic efectúe el pago de tales bienes y servicios en los términos y las consideraciones señaladas en este concepto.
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / FINALIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
Problema jurídico:
¿De acuerdo con la naturaleza del contrato y plexo obligacional del mismo, cuál sería el alcance de las obligaciones de supervisión del FonTIC, en cuanto a la amortización e inversión de los recursos entregados por FONADE en calidad de anticipo a su contratación derivada?
Respuesta al problema jurídico: Si
De acuerdo con lo expuesto en este concepto, la supervisión de la ejecución de las actividades y obligaciones surgidas de dicho acuerdo debía realizarse en dos niveles, con los siguientes componentes: a. La supervisión de la ejecución del contrato interadministrativo, en sí mismo, estaba a cargo de Fontic, por intermedio del funcionario designado para tal fin (adscrito a la Dirección de Conectividad de dicha entidad). b. La supervisión o vigilancia de la ejecución de los contratos derivados (incluyendo el de interventoría) y de los contratos con otras entidades públicas, que Fonade suscribió o debía suscribir, estaba a cargo de dicha entidad, y debía ejercerse: i) directamente, a través del funcionario (o contratista) que decidiera asignar para tal fin, y ii) por intermedio de la persona jurídica que fuera contratada por Fonade como interventor, quien tenía la obligación de efectuar la interventoría de todos los contratos mencionados, en sus aspectos técnicos, administrativos, jurídicos, sociales, financieros, ambientales y de apropiación. Ahora bien, en cuanto al alcance de la supervisión que Fontic debía hacer sobre la ejecución del contrato interadministrativo con Fonade, esta función se regía, de un lado, por lo estipulado expresamente en el contrato y en los documentos que forman parte del mismo, especialmente el de «lineamientos generales» (Marco general del proyecto Puntos Vive Digital Fase 3, de octubre 2015), y de otro lado, por lo dispuesto en la ley. Conforme a dichas cláusulas y normas legales, la obligación de supervisión contractual a cargo de Fontic incluía la de verificar que los recursos entregados por dicha entidad a Fonade se destinaran efectiva y exclusivamente a la ejecución de las actividades y obligaciones contractuales que estaban en cabeza de esta última entidad, teniendo en cuenta en todo caso el contenido y la naturaleza de las obligaciones de Fonade pactadas en el contrato de gerencia de proyectos. A juicio de la Sala, lo anterior involucraba, a su vez, verificar que los recursos dados por Fontic a Fonade para la ejecución del proyecto (es decir, sin incluir la cuota de gerencia) y que luego eran entregados por este a los contratistas derivados, a título de anticipo, se hubieran amortizado efectivamente, es decir, quedaran representados en bienes o servicios entregados por dichos contratistas a Fonade, dentro del objeto y en las condiciones previstas en el contrato interadministrativo y en sus documentos anexos. La obligación de verificar la debida amortización de los anticipos pagados por Fonade a los contratistas derivados era una actividad que correspondía, en primera instancia, a dicha entidad, en desarrollo de la supervisión y de la interventoría que debía realizar (en este último caso, por conducto del interventor) sobre la ejecución de los respectivos contratos. No obstante, el supervisor del contrato interadministrativo (Fontic), en ejercicio de sus facultades legales y contractuales, podía solicitar informes, documentos, inspecciones y pruebas adicionales que permitieran determinar la debida ejecución del contrato.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO / PAGO PARCIAL DE LA OBLIGACIÓN / CONTRATO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Es jurídicamente viable que el FonTIC proceda a realizar al pago total o parcial de la cuota de Gerencia pactada en el contrato, habida cuenta de la diferencia surgida entre las partes sobre su cumplimiento?
Respuesta al problema jurídico: Si
Es jurídicamente viable que Fontic pague a Fonade la «cuota de gerencia» estipulada en el contrato, total o parcialmente, en proporción al nivel, grado o porcentaje de cumplimiento efectivo de las obligaciones contractuales que estaban a cargo de Fonade, por las razones que se explican en este concepto.
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO / ACUERDO DE VOLUNTADES
Problema jurídico:
¿Considerando las obligaciones respecto del Sistema de Administración y Control, adquiridas por FONADE, sería viable jurídicamente que el FonTIC proceda a recibir el Sistema de Administración y Control, habida cuenta de la diferencia surgida entre las partes sobre el cumplimiento de dichas obligaciones? ¿Considerando las obligaciones respecto del Sistema de Información de la Interventoría, resultaría jurídicamente viable que el FonTIC proceda a recibir, en el estado actual, el sistema de información de la Interventoría, habida cuenta de la diferencia surgida entre las partes sobre el cumplimiento de dichas obligaciones?
Respuesta al problema jurídico: Si
En relación con estas dos preguntas, la Sala recomienda que Fontic podría recibir tanto el Sistema de Administración y Control (SAC) como el sistema de información utilizado por la interventoría, ya sea para sí mismo o bien para las entidades territoriales y demás entidades públicas beneficiarias de los PVD. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta que los bienes y servicios realmente atiendan al fin del contrato, esto es, la satisfacción de las necesidades de servicio público requeridas, y que las partes determinen el valor razonable, adecuado y proporcional de estos sistemas, según el estado en el que se encuentren.

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