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Tribunal Administrativo de Cundinamarca Providencia

Tribunal Administrativo: el artículo 24 de la Ley 80 de 1993 señala que las autoridades no pueden actuar con desviación o abuso

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Fecha
2025-04-02
Radicado
11001333603520180005201
Ponente
JOSE ELVER MUÑOZ BARRERA
Sección / Sala
SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección C)
Corporación
Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
GRUPO P&T
Demandado
CLUB MILITAR

Síntesis de la providencia

Tribunal Administrativo: el artículo 24 de la Ley 80 de 1993 señala que las autoridades no pueden actuar con desviación o abuso

Regla de decisión

El artículo 24 de la Ley 80 de 1993 señala que las autoridades no pueden actuar con desviación o abuso de poder y deben ejercer sus competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede obtener el pago de bienes suministrados antes de la celebración del contrato, ya que el juez de primera instancia realizó una indebida valoración probatoria y desconoció la violación de los principios de la contratación estatal, lo que implica la nulidad absoluta del contrato según los artículos 44 y 45 de la Ley 80 de 1993. La entidad estatal celebró el contrato No. 500 de 2016 con un objeto ilícito, desviando el poder y contraviniendo el principio de transparencia y la selección objetiva, por lo que la Sala revoca la sentencia de primera instancia y declara de oficio la nulidad del contrato, negando las pretensiones del contratista. Esto implica que los bienes cuyo pago se reclama no están sujetos a la obligación de pago por parte de la entidad estatal, y que el juez de segunda instancia debe limitarse a resolver sobre el incumplimiento del contrato y no sobre la controversia que no se ajusta a la naturaleza del medio de control.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

- ¿Debe revocarse la sentencia de primera instancia, en tanto (i) el presente asunto no corresponde a una controversia contractual sino a una actio in rem verso, (ii) el juez de primera instancia realizó una indebida valoración probatoria; (iii) desconoció que la violación de las normas y principios de la contracción estatal tienen como consecuencia la nulidad absoluta del contrato No. 500 de 2016, conforme los artículos 44 y 45 de la Ley 80 de 1993; y (iv) desconoció los principios de la contratación estatal (transparencia, responsabilidad, economía, selección objetiva, buena fe, libre concurrencia, igualdad, planeación), en tanto los bienes cuyo pago se reclama se suministraron con anterioridad a la celebración del contrato No. 500 de 2016?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1150 de 2007, art. 5
  • Ley 80 de 1993, arts. 24, 44 y 45

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Lo que dijo la Sala

… En criterio de la Sala debe revocarse la sentencia de primera instancia proferida por el juzgado 35 administrativo de Bogotá, para en su lugar, declarar de oficio la nulidad del contrato de suministro No. 500 de 2016 suscrito entre las partes demandante y demandada y negar las demás pretensiones de la demanda. La Sala considera que el medio de control procedente es el de controversias contractuales, en tanto lo que se discute es el incumplimiento de un contrato estatal. Ahora, deben negarse las pretensiones, pues está acreditado en el expediente que los bienes objeto del contrato no se suministraron en vigencia del mismo, por lo que la entidad no estaba en la obligación de pagar el valor de los mismos.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Descriptores temáticos

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Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del tribunal.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / IMPROCEDENCIA DE LA ACTIO IN REM VERSO / COMPETENCIA DEL JUEZ / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / BUENA FE CONTRACTUAL / CONTRATO DE SUMINISTRO / NULIDAD DEL CONTRATO / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / ADECUADA VALORACIÓN DE LA PRUEBA / DECLARATORIA DE NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO ILÍCITO DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO ILÍCITO / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: - ¿Debe revocarse la sentencia de primera instancia, en tanto (i) el presente asunto no corresponde a una controversia contractual sino a una actio in rem verso, (ii) el juez de primera instancia realizó una indebida valoración probatoria; (iii) desconoció que la violación de las normas y principios de la contracción estatal tienen como consecuencia la nulidad absoluta del contrato No. 500 de 2016, conforme los artículos 44 y 45 de la Ley 80 de 1993; y (iv) desconoció los principios de la contratación estatal (transparencia, responsabilidad, economía, selección objetiva, buena fe, libre concurrencia, igualdad, planeación), en tanto los bienes cuyo pago se reclama se suministraron con anterioridad a la celebración del contrato No. 500 de 2016? Respuesta al problema jurídico: Si "(...) En criterio de la Sala debe revocarse la sentencia de primera instancia proferida por el juzgado 35 administrativo de Bogotá, para en su lugar, declarar de oficio la nulidad del contrato de suministro No. 500 de 2016 suscrito entre las partes demandante y demandada y negar las demás pretensiones de la demanda. La Sala considera que el medio de control procedente es el de controversias contractuales, en tanto lo que se discute es el incumplimiento de un contrato estatal. Ahora, deben negarse las pretensiones, pues está acreditado en el expediente que los bienes objeto del contrato no se suministraron en vigencia del mismo, por lo que la entidad no estaba en la obligación de pagar el valor de los mismos. Finalmente, evidenciando que el contrato No. 500 de 2016 se celebró contra expresa prohibición legal, la Sala declarará de oficio su nulidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 80 de 1993. (...) está acreditado en el proceso que la demandante suministró y entregó purificadores de agua en el club militar el 12 y 13 de julio y el 8 de agosto de 2016, pues obran actas de entrega suscritas por personal de la sociedad demandante y personal del club militar demandado (1.1 – 1.3). También se evidenció que un mes después, el 14 de septiembre de 2016, la entidad demandada elaboró el acto administrativo mediante el cual justificaba la contratación directa con la sociedad demandante para el suministro e instalación de los purificadores que ya se habían instalado (1.4). Finalmente, se observa el contrato de suministro celebrado el 27 de septiembre de 2016 (1.5), con acta de inicio del mismo día (1.6), respecto de unos bienes que ya se habían suministrado con antelación. Esto es, en el proceso está acreditado que el contrato de suministro No. 500 de 2016 que ahora estudia la Sala se celebró con un objeto ilícito consistente en entregar recursos públicos por hechos ocurridos con antelación al mismo. El contrato de suministro se celebró con desviación de poder y contrariando normas imperativas como el principio de transparencia y el deber de selección objetiva. Así, el artículo 24 de la Ley 80 de 1993 señala que, en virtud del principio de transparencia, las autoridades no pueden actuar con desviación o abuso de poder y deben ejercer sus competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley. Igualmente, les está prohibido eludir los procedimientos de selección objetiva y los demás requisitos previstos en el estatuto de contratación estatal. Asimismo, el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 indica que es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. Al respecto, el artículo 44 de la Ley 80 de 1993 establece que los contratos del Estado son absolutamente nulos, entre otras, cuando se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal y se celebren con abuso o desviación de poder. En línea con lo anterior, el artículo 45 de la Ley 80 de 1993 habilita al juez para declarar la nulidad de oficio cuando así lo encuentre acreditado. De acuerdo con lo expuesto, la Sala declarará de oficio la nulidad absoluta del contrato de suministro No. 500 de 2016, en tanto está acreditado que se celebró contra expresa prohibición legal y con desviación de poder. (...)" FUENTE FORMAL: LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 5, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24, 44, 45

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110013336035201800052012500023