Titulación de la relatoría 14.961 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
CONFLICTO DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA / FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL / DERECHO DISCIPLINARIO / FINALIDAD DEL DERECHO DISCIPLINARIO / CONTROL DISCIPLINARIO / FINALIDAD DEL CONTROL DISCIPLINARIO / CONTROL DISCIPLINARIO DEL SERVIDOR PÚBLICO / CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
OBITER DICTUM
[S]e concibe, entonces, el control disciplinario como un presupuesto imperioso de la Administración Pública, no solo para garantizar el buen nombre y la eficiencia de esta, sino también para lograr que la función pública se ejecute en beneficio de la comunidad, y se protejan los derechos y libertades de los asociados. Como lo ha manifestado esta Sala en varias ocasiones, dentro del marco constitucional que actualmente nos rige, el control disciplinario sobre los servidores públicos se ejerce en dos niveles, a saber: (i) El control interno, a cargo de las oficinas, grupos o unidades de control disciplinario de las ramas, entidades, órganos y organismos del Estado, y (ii) El control externo, en cabeza de la Procuraduría General de la Nación y de las personerías municipales y distritales, ya sea en virtud del poder disciplinario preferente que la Constitución Política y la ley conceden a dichos órganos, o de la cláusula general de competencia en materia disciplinaria que la misma Carta reconoce a la Procuraduría General. En lo atinente al control disciplinario interno, el inciso cuarto del artículo 2° de la Ley 1952 de 2019, señala que corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado conocer de los asuntos disciplinarios en contra de los servidores públicos de sus dependencias (…) Por su parte, el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, al regular la competencia en razón del sujeto disciplinable, establece que la competencia para adelantar un proceso disciplinario en contra de un servidor público se encuentra en principio a cargo de las oficinas de control interno disciplinario de las entidades a las que los disciplinables pertenecen o, en su defecto a los nominadores de estos. Lo anterior, sin perjuicio del poder preferente que ostentan las personerías municipales y la Procuraduría General de la Nación. En consecuencia, actualmente, las oficinas de control disciplinario interno no tienen, en principio, limitación o impedimento alguno para investigar y declarar responsables disciplinariamente (o para exonerar, según el caso) a cualquier servidor público de la rama, órgano, organismo o entidad de la cual formen parte. Esto sin perjuicio de aquellos casos en los que la Constitución Política o la ley hubieren asignado competencia en materia disciplinaria de manera exclusiva a las personerías, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial o a la Procuraduría General de la Nación, o de aquellos eventos en los que esta última hubiere hecho ejercicio de su poder preferente. Lo anterior, se debe a que la normativa vigente se basa, de manera preponderante, en un criterio orgánico referente a la vinculación o subordinación del empleado con la correspondiente entidad. Situación excepcional, por encontrarse regulado de esa manera, es la de los servidores públicos de elección popular y los particulares disciplinables, cuya investigación y juzgamiento son privativas de la Procuraduría General de la Nación.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la potestad disciplinaria de la administración, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 30 de junio de 2022, rad. 11001 03 06 000 2022 00080 00. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 14 de junio de 2022, rad. 11001-03-06-000-2022-00069-00. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 2 de junio de 2022, rad. 11001-03-06-000-2022-00055-00
FUENTE FORMAL:
LEY 1952 DE 2019 - ARTÍCULO 2, LEY 1952 DE 2019 - ARTÍCULO 23, LEY 1952 DE 2019 - ARTÍCULO 92, LEY 1952 DE 2019 - ARTÍCULO 93
COMPETENCIA DE LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA / DISCIPLINADO / FACTOR DE COMPETENCIA / COMPETENCIA SUBJETIVA
OBITER DICTUM
En materia disciplinaria, la competencia es entendida como la atribución legítima conferida a una autoridad para el conocimiento y decisión de un asunto. Esta se asigna, según el artículo 91 de la Ley 1952 de 2019, con fundamento en los factores o criterios siguientes: la calidad del sujeto disciplinable (factor personal o subjetivo), la naturaleza del hecho (factor objetivo o material), el territorio o lugar donde ocurrió la presunta falta (factor territorial), la instancia en la cual actúa el operador disciplinario (factor funcional) y el factor de conexidad. En relación con el sujeto disciplinable, el inciso 6° del artículo 2° de la citada Ley 1952 de 2019, prevé que «[a] la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial les corresponde ejercer la acción disciplinaria contra los funcionarios y empleados judiciales, incluidos los de la Fiscalía General de la Nación, así como contra los particulares disciplinables conforme a esta ley y demás autoridades que administran justicia de manera temporal permanente». (…) [L]os criterios que tiene en cuenta el Código General Disciplinario para atribuir competencia, por el factor subjetivo, son: i) la calidad de servidor público o el particular en ejercicio de funciones públicas que tenga el presunto infractor; ii) el cargo que ocupa u ocupó el servidor público o el particular investido de funciones públicas; y iii) la rama, el órgano, la entidad o el organismo para la cual trabaja o trabajó el servidor o el particular.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los factores que determinan la competencia en el campo disciplinario, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 7 de diciembre de 2022, rad. 11001 03 06 000 2022 00233 00.
FUENTE FORMAL:
LEY 1952 DE 2019 - ARTÍCULO 2, LEY 1952 DE 2019 - ARTÍCULO 91, LEY 1952 DE 2019 - ARTÍCULO 92
COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL / COMPETENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL / PROCESO DISCIPLINARIO CONTRA EMPLEADO JUDICIAL / SUPERIOR JERÁRQUICO DEL EMPLEADO JUDICIAL / FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
OBITER DICTUM
[E]n consideración a lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 270 de 1996 y a que, en la Rama Judicial, por regla general, no existe oficinas de control interno, se podría afirmar que, tratándose de empleados judiciales la regla es que estos sean disciplinados por su superior jerárquico. Esto, sin perjuicio de la competencia especial atribuida a las oficinas de control interno disciplinario de determinadas entidades pertenecientes a la Rama, como sucede en el caso de la Dirección de Control Disciplinario Interno de la Fiscalía General de la Nación, en la Unidad de Control Interno Disciplinario de la Dirección Ejecutiva de Administración judicial del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras entidades. Ahora bien, posteriormente, el artículo 19 del Acto Legislativo 02 de 2015 introdujo una modificación importante en la materia (…). Ante la derogatoria tácita del citado artículo 115 de la Ley 270 de 1996, en la Sentencia C-373 de 2016, la Corte Constitucional sostuvo lo siguiente: […] las competencias en materia disciplinaria respecto de los empleados judiciales se encontrarán a cargo de las autoridades que las han ejercido hasta el momento y que dicha competencia se mantendrá hasta tanto la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial se encuentren debidamente conformadas. […]. (…) Así las cosas, resulta claro que las faltas disciplinarias cometidas por empleados judiciales, antes del 13 de enero de 2021, son conocidas por la autoridad que, para la época de los hechos, ostentara la calidad de superior jerárquico, salvo que la respectiva entidad contara con una unidad u oficina de control interno disciplinario. Por otra parte, la potestad disciplinaria sobre empleados judiciales por las faltas cometidas a partir del 13 de enero de 2021 es de la Comisión de Disciplina Judicial.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la autoridad competente para investigar a un empleado judicial antes y después de la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 2 de agosto de 2023, rad. 11001- 03-06-000-2023-00198-00 y Corte Constitucional, sentencias C-373 de 2016 y C-120 de 2021.
FUENTE FORMAL:
ACTO LEGISLATIVO 2 DE 2015 - ARTÍCULO 19, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 257A, LEY 200 DE 1995 - ARTÍCULO 48, LEY 200 DE 1995 - ARTÍCULO 57, LEY 200 DE 1995 - ARTÍCULO 61, LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 115, LEY 734 DE 2002 - ARTÍCULO 2, LEY 734 DE 2002 - ARTÍCULO 76
CONTROL DISCIPLINARIO / CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO / FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / EMPLEADO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / FISCAL / FUNCIÓN JURISDICCIONAL
OBITER DICTUM
[L]a competencia para el ejercicio de la función disciplinaria respecto de los empleados de la Fiscalía General de la Nación, esto es, aquellas personas que cumplen funciones en la entidad, pero no tienen la calidad de fiscales, estaba radicada en la Dirección de Control Disciplinario de la entidad, para la primera instancia, mientras que la segunda instancia estaba asignada al fiscal general de la Nación. Ahora bien, el Acto Legislativo 02 de 2015 asignó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial la función jurisdiccional disciplinaria frente a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, lo que comprende tanto a los funcionarios judiciales de la Fiscalía General de la Nación, esto es, los fiscales, como a los empleados de dicha entidad. Sin embargo, como ya se explicó, en virtud de la regla de intangibilidad de la competencia, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y sus seccionales, solo tienen competencia para ejercer la función disciplinaria frente a los empleados de la Fiscalía, en relación con los hechos ocurridos con posterioridad a su entrada en funcionamiento, el 13 de enero de 2021, lo que implica que la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación mantiene la competencia para ejercer el control disciplinario sobre tales empleados, por actos ocurridos antes de la señalada fecha.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la competencia disciplinaria de la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, radicación 11001030600020220003300 del 6 de julio de 2022.
FUENTE FORMAL:
ACTO LEGISLATIVO 2 DE 2015, DECRETO LEY 016 DE 2014 - ARTÍCULO 14 NUMERAL 10, DECRETO LEY 016 DE 2014 - ARTÍCULO 4 NUMERAL 24, DECRETO LEY 261 DE 2000 - ARTÍCULO 11, DECRETO LEY 261 DE 2000 - ARTÍCULO 27, DECRETO LEY 261 DE 2000 - ARTÍCULO 29, DECRETO LEY 2699 DE 1991 - ARTÍCULO 107, LEY 1952 DE 2019 - ARTÍCULO 93, LEY 2094 DE 2021 - ARTÍCULO 14, LEY 734 DE 2002 - ARTÍCULO 76 PARÁGRAFO 1, LEY 938 DE 2004 - ARTÍCULO 20
COMPETENCIA DE LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA / OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO / FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / EMPLEADO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / COMPETENCIA PARA LIQUIDAR EL CONTRATO
Problema jurídico:
¿La Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación es la autoridad competente para adelantar las actuaciones disciplinarias a que haya lugar por no haberse liquidado los contratos CN034-2016, CN036-2016, CN037-2016, CN038-2016, Comisión 01-201-16 y CN04-2018, dentro del término establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y por la consecuente pérdida de competencia de esta misma entidad para realizar esta liquidación?
Respuesta al problema jurídico: Si
[C]on fundamento en la Sentencia C-373 de 2016 de la Corte Constitucional y en la decisión de la Sala del 14 de junio de 202248, la competencia para adelantar una investigación disciplinaria en contra de un empleado judicial, entre la Comisión de Disciplina Judicial y las autoridades facultadas para investigar a estos sujetos antes de la entrada en funcionamiento de esta entidad, la determina la fecha de ocurrencia de los hechos. En efecto, si los hechos generadores de la presunta falta disciplinaria tuvieron lugar antes de la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (13 de enero de 2021), será la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación la competente para adelantar la investigación disciplinaria, en ejercicio de sus funciones administrativas. De lo contrario, será la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (o la seccional que corresponda), a la que le compete adelantar el proceso disciplinario en ejercicio de su función jurisdiccional disciplinaria. Ahora bien, en el caso concreto se puede observar que las presuntas faltas disciplinarias se materializaron o configuraron el 30 de mayo de 2021, cuando venció el plazo legal para que la Fiscalía General de la Nación liquidara los contratos CN034-2016, CN036-2016, CN037-2016, CN038-2016, Comisión 01-201-16 y CN04-2018, de conformidad con los términos establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Este hecho resultaría ser el más gravoso, en cuanto la entidad habría perdido para esa fecha la competencia para liquidar unilateralmente el contrato. Sin embargo, el presente asunto no puede ser analizado únicamente a partir del momento en el cual la autoridad administrativa perdió la competencia para liquidar los contratos, sino desde antes. (…) [L]a Sala puede concluir que, los hechos generadores de las presuntas faltas disciplinarias, en el caso concreto, se presentaron, presuntamente, antes de la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, esto es, con anterioridad al 13 de enero de 2021. Esto, en razón a que los empleados de la Fiscalía General de la Nación encargados de liquidar los contratos CN034-2016, CN036-2016, CN037-2016, CN038-2016, Comisión 01-201-16 y CN04-2018, tenían el deber funcional de liquidarlos desde el 30 de noviembre de 2018 hasta el 30 de mayo de 2021. En consecuencia, de conformidad con la Sentencia C-373 de 2016, el competente para iniciar la investigación disciplinaria y fallar lo que en derecho corresponda es la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación, en ejercicio de funciones administrativas.
NOTA DE RELATORÍA:
En esta decisión la Sala de Consulta realizó un recuento normativo y jurisprudencial sobre el deber de liquidar los contratos estatales y los plazos para la liquidación bilateral y unilateral del contrato con base en el concepto del 16 de diciembre de 2019, rad. 11001-03-06-000-2019-00126-00(00002 PL) // Sobre la falta disciplinaria relacionada con el hecho de la pérdida de competencia para liquidar un contrato estatal, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 29 de marzo de 2023, rad. 11001- 03-06-000-2022-00271 00.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11