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SILENCIO

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Consejo de Estado Providencia

En esta última fecha se configuró el silencio administrativo positivo en los términos del artículo 84 del CPACA

Sentencia — Sentencia 2026-10-05 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000233600020190053101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Para que opere el silencio administrativo positivo respecto de la renuncia del contrato de concesión minera, se deben cumplir los siguientes requisitos: presentar por parte del concesionario de la manifestación unilateral de renuncia al contrato de concesión minera; y que la autoridad minera omita emitir pronunciamiento sobre dicha solicitud dentro del término perentorio de treinta (30) días contados a partir de su radicación.? Sí
Para que el silencio administrativo positivo opere en el contexto de la renuncia al contrato de concesión minera, es necesario que el concesionario presente una manifestación unilateral de renuncia y que la autoridad minera omita emitir pronunciamiento sobre dicha solicitud dentro del término perentorio de treinta días hábiles. En este caso, la Sala ha confirmado que la configuración del silencio administrativo positivo se da cuando la Administración no responde a la solicitud de renuncia dentro del plazo establecido, lo que implica la aceptación tácita de la renuncia.síntesis automática
También resuelve: ¿Configura el silencio administrativo positivo el vencimiento del término legal otorgado a la Administración para resolver una petición… ¿Opera el silencio administrativo positivo frente a la renuncia al contrato de concesión minera cuando el concesionario presenta la solicitud de renuncia y la autoridad minera deja vencer el término… ¿Conservaba la Agencia Nacional de Minería competencia para proferir actos administrativos sobre la renuncia al contrato de concesión minera después de configurarse el silencio administrativo…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida

Sentencia — Sentencia 2024-07-24 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 05001233100020020444301 ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un tribunal administrativo en primera instancia, en virtud de la cuantía? Sí
En vigencia del Código Contencioso Administrativo, la segunda instancia procede por razón de la cuantía cuando la pretensión dineraria supera los quinientos salarios mínimos mensuales vigentes a la fecha de presentación de la demanda. Esta regla se apoya en el artículo 129 del CCA, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, que fija el factor objetivo para la doble instancia. Por ello la competencia del Consejo de Estado en apelación depende del monto reclamado en la demanda, y no del resultado de la sentencia de primera instancia. En el caso concreto la pretensión dineraria excedía ese umbral en la fecha de la demanda, por lo que la corporación conoció de la apelación. La sentencia fue modificada en el recurso, y la decisión de fondo quedó sujeta a la valoración de las pruebas del expediente. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la cuantía se fija al momento de presentar la demanda y determina la competencia de la segunda instancia.síntesis automática
También resuelve: ¿La acción de controversias contractuales fue presentada dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirven de fundamento? ¿La existencia del contrato de estabilidad tributaria está supeditada al cumplimiento de la solemnidad consistente en que el acuerdo conste por escrito? ¿El silencio administrativo positivo en el régimen de estabilidad tributaria tiene el alcance de hacer surgir una relación contractual entre el particular y la DIAN?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

No se desconocieron los efectos del silencio positivo con la expedición de las resoluciones que negaron la solicitud

Sentencia — Sentencia 2024-07-31 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 05001233300020160055301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se desconocieron los efectos del silencio positivo con la expedición de las resoluciones que negaron la solicitud de renuncia al contrato de concesión minera? No
El contratista no puede invocar el silencio administrativo positivo para renunciar a un contrato de concesión minera si no se encuentra al día con sus obligaciones, según establece la Sala. La entidad estatal no pierde competencia para resolver la solicitud de renuncia cuando el concesionario no cumple con los requisitos legales y contractuales, como estar a paz y salvo en el cumplimiento de las obligaciones económicas. La Sala concluye que la expedición de resoluciones que negaron la renuncia no desconoce los efectos del silencio positivo, ya que este no se configura en ausencia de los requisitos materiales del derecho pretendido. Esta decisión modifica precedentes, estableciendo que el silencio administrativo positivo no opera si el concesionario incumple sus obligaciones, lo que implica que las resoluciones que negaron la renuncia fueron expedidas con competencia y legalidad.síntesis automática
También resuelve: ¿La controversia planteada es un asunto de índole contractual, pues lo que se discute es la terminación de una concesión para la exploración y explotación de un yacimiento de minerales… ¿El derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal solo puede constituirse, declararse y probarse mediante el contrato de concesión minera… ¿El concesionario tiene la prerrogativa de renunciar libremente a la concesión?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

No es posible tener por acreditado el cabal cumplimiento de las obligaciones que adquirió el consorcio

Sentencia — Sentencia 2024-08-02 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 44001234000020140000101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Hubo incumplimiento reiterado del consorcio contratista respecto de las obligaciones adquiridas en el contrato de obra? Sí
El contratista incumple reiteradamente las obligaciones del contrato de obra pública, específicamente en la remoción y retiro de biomasa del vaso del embalse del río Ranchería, lo que lleva a la revocación de la decisión que ordenaba la liquidación del contrato. La Sala establece que no se acredita el cumplimiento de las obligaciones contractuales ni la entrega y recepción de las obras a satisfacción de la interventoría, y que no se presentaron pruebas que respalden la ejecución de una mayor cantidad de obra. Además, el Incoder determinó que el consorcio incumplió al solo alcanzar un avance del 9% en la remoción de biomasa, lo que confirma la falta de cumplimiento contractual. La regla reitera la importancia de acreditar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la necesidad de presentar pruebas documentales para evitar la terminación del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿Es posible establecer efectivamente que el consorcio cumplió con las obligaciones adquiridas con la suscripción del contrato de obra? ¿El Incoder determinó que el consorcio había incurrido en un incumplimiento contractual, dado que solo se había comprobado un avance total de un 9% de la remoción de biomasa? ¿El pliego de condiciones impone que una orden de ejecución requería de aprobación por parte del supervisor del INCODER y de la disponibilidad presupuestal en forma previa?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La noción de silencio administrativo está concebida como una presunción fijada en la ley, que surge de la falta de pronunciamiento de la entidad pública frente a una solicitud elevada por el particular, a partir de la cual se entiende que se ha producido una respuesta tácita o ficta, que puede ser negativa o positiva.

Sentencia — Sentencia 2023-06-02 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020140033201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las peticiones cumplen las condiciones sustanciales para tenerlas como constitutivas de silencio positivo de la Administración? No
La noción de silencio administrativo es una presunción legal que surge de la falta de pronunciamiento de la entidad, y el silencio opera en sentido negativo como regla general, de modo que el silencio positivo solo se configura en los casos expresamente previstos en la ley o el reglamento. La regla se apoya en el artículo 83 del CPACA, que fija el sentido negativo del silencio como regla general, y en el artículo 84 del mismo código, que exige el transcurso de tres meses desde la presentación de la petición para que se configure. Por ello, la sola falta de respuesta no genera el silencio positivo si la petición no reúne las condiciones sustanciales que la norma exige. En el asunto, la Sala confirmó la sentencia y concluyó que las peticiones no constituían silencio positivo. En la práctica, el particular que pretende un acto favorable por silencio debe verificar que su caso esté expresamente previsto en la ley.síntesis automática
También resuelve: ¿Los actos enjuiciados fueron proferidos en respeto del derecho al debido proceso, atendiendo las garantías que lo integran? ¿El consorcio CG cumplió a cabalidad con las funciones que le competían en calidad de interventor? ¿El consorcio interventor demostró la desviación de poder alegada?
CONFIRMA
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Silencio administrativo: la configuración de un silencio administrativo positivo solo procede en los casos expresamente

15001233300020180025201 de 2026 2026-03-06 Rad. 15001233300020180025201
El contratista debe cumplir con los requisitos específicos para configurar el silencio administrativo positivo en contratación estatal, conforme a la Ley 80 de 1993 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Estos requisitos incluyen presentar una solicitud durante la ejecución del contrato, dentro del plazo de tres meses, y que la entidad no responda dentro de este término. La solicitud debe estar respaldada por un interés directo y subjetivo del contratista, y no puede ser una petición propia del curso de la ejecución del contrato. La configuración del silencio administrativo positivo implica que la entidad estatal se entiende como habiendo emitido una respuesta favorable a las pretensiones del contratista, lo que reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado y permite al contratista obtener certeza sobre su situación jurídica.síntesis automática
También resuelve: Silencio administrativo: ficción por falta de pronunciamiento de la entidad pública sobre solicitud elevada por particular, regla general, respuesta desfavorable Silencio administrativo positivo: procede en casos expresamente señalados en la ley, cpaca artículo 84, procedimiento para invocar silencio administrativo positivo, capca artículo 85 Configuración del silencio administrativo positivo: Ley 80 de 1993 artículo 25 numeral 16, término de 3 meses, aplicación del capca artículo 85, remisión expresa de la Ley 80 de 1993 artículo 77
Consejo de Estado Providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-05-31 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 08001233100020110131401 ACCION CONTRACTUAL
¿El recurso de apelación determina el marco de competencia del juez de segunda instancia cuando hay apelante único? Sí
El juez de segunda instancia debe limitar su competencia al marco establecido por el recurso de apelación presentado por el apelante único, conforme al artículo 328 del Código General del Proceso, que reitera la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado. En el caso de controversias contractuales, la jurisdicción contenciosa administrativa es competente para resolver disputas sobre la legalidad de actos administrativos contractuales que imponen multas en contratos de concesión, según el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 75 de la Ley 80 de 1993. El cómputo del término de caducidad para acciones de controversias contractuales se inicia desde la fecha en que el acto administrativo demandado cobró firmeza, como lo establece el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998. Para contratos de concesión celebrados por entidades del Estado, la normativa aplicable es la del Estatuto General de Contratación y la normatividad específica del servicio público de transporte masivo de pasajeros, según la naturaleza y composición accionaria de la entidad concesionaria.síntesis automática
También resuelve: ¿Es competente la jurisdicción contenciosa administrativa para resolver la controversia por la declaración de nulidad del acto administrativo contractual que impone multa en el marco de un contrato… ¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando en la demanda se solicita la declaración de nulidad del acto administrativo contractual que… ¿Cuál es el régimen jurídico aplicable al contrato de concesión suscrito por una Empresa Industrial y Comercial del Estado (“EICE”) que tiene por objeto el transporte público masivo de pasajeros?
Consejo de Estado Providencia

La solicitud presentada en curso de un contrato estatal se entiende favorable por silencio administrativo positivo si la entidad no se pronuncia en tres meses conforme al artículo 25.16 de la Ley 80 de 1993.

Sentencia — Sentencia 2025-11-25 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 25000233600020170045901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El consorcio protocolizó tres solicitudes que efectuó ante el IDU, y adujo la configuración de un acto ficto a su favor, ante la omisión de la entidad de responder dentro de los 3 meses siguientes? Sí
La entidad estatal que omite pronunciarse dentro del término legal frente a las solicitudes presentadas en el curso de un contrato genera la configuración del silencio administrativo positivo favorable a las pretensiones del solicitante. En aplicación del artículo 25.16 de la Ley 80 de 1993, si la entidad estatal no se pronuncia dentro del término de tres meses siguientes, se entiende que la decisión es favorable al peticionario, debiendo acudirse a la complementariedad con el artículo 77 de la misma ley y al artículo 85 del CPACA para su respectiva protocolización. En el litigio sometido a estudio, el consorcio protocolizó tres solicitudes formuladas ante el IDU aduciendo la operancia del silencio administrativo positivo ante la ausencia de respuesta oportuna de la entidad.síntesis automática
También resuelve: ¿La mera formulación de una petición de contenido económico y su falta de respuesta por parte de la Administración no da lugar a la consolidación de un derecho a favor del solicitante? ¿Constituirá acto administrativo sólo aquella comunicación cuyo contenido atañe al despliegue de una prerrogativa de poder público, que se origina por voluntad de la Administración, y que además… ¿El acta de terminación del contrato, al igual que el acta de recibo de la obra, son instrumentos que dan cuenta de los hitos en que aconteció la culminación del negocio…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-12-16 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 08001233300020130030001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La reclamación del reajuste de precios, como salvedad consignada en el acta de liquidación por el consorcio demandante, conlleva la reclamación de sobrecostos por inactividad de maquinaria y personal? No
Una salvedad en el acta de liquidación que solo se refiere a la reclamación de reajustes de precios no comprende la reclamación de sobrecostos por inactividad de maquinaria y personal, ni por mayor permanencia en obra. La regla se apoya en tres razones. Primera, la única observación del acta se refería a la reclamación de los reajustes de precios previstos en la cláusula del contrato, y no a otras pretensiones. Segunda, la salvedad no encaja con el desequilibrio económico por mayor permanencia en obra causado por suspensiones y prórrogas, que es lo debatido en el proceso. Tercera, el silencio administrativo positivo no se configuró porque la petición de sobrecostos no fue entregada a la entidad contratante, sino al interventor, y el contratista no protocolizó documentos que acreditaran su derecho. En consecuencia, se confirma la sentencia de primera instancia. Por ello, la salvedad del acta no se extiende a reclamaciones distintas de los reajustes de precios. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve: ¿Con la omisión de dar respuesta a la solicitud del reconocimiento de sobrecostos por inactividad de maquinaria y personal presentada a la interventoría operó el silencio administrativo positivo… ¿Con la suscripción de convenios modificatorios del contrato de obra celebrados, sin efectuar salvedad alguna, el contratista renunció a la reclamación del restablecimiento del equilibrio financiero? ¿Cuando se pacta una fórmula de reajuste de precios se está ante una situación imprevista?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto

Sentencia — Sentencia 2025-12-09 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020190078801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe conocer la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y en segunda instancia el Consejo de Estado, del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso promovido contra las Resoluciones 004409 de 2016 y 001318 de 2017, expedidas por la Agencia Nacional de Minería en ejecución del contrato de concesión minera? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de las controversias derivadas de las resoluciones que expide una agencia estatal de naturaleza especial en la ejecución de un contrato de concesión minera, conforme al artículo 104 del CPACA. La regla se sostiene en tres razones: las resoluciones impugnadas se dictaron en el marco de la ejecución del contrato de concesión, lo que las sujeta al derecho administrativo; el artículo 150 del CPACA atribuye al Consejo de Estado la resolución de la apelación contra las sentencias de los tribunales administrativos; y el artículo 293 de la Ley 685 de 2001, Código de Minas, asigna en primera instancia a los tribunales administrativos el conocimiento de los asuntos derivados de estos contratos, de modo que la segunda instancia corresponde a esta Corporación. Por ello, la vocación de doble instancia del proceso determina la competencia del superior. La providencia de primera instancia se confirma en lo relativo a la competencia.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede el medio de control de controversias contractuales para cuestionar las Resoluciones 004409 de 2016 y 001318 de 2017… ¿Debe imponerse condena en costas y fijarse agencias en derecho en segunda instancia a cargo de la parte apelante, conforme a los artículos 365 y 366 del CGP y a las tarifas del Acuerdo PSAA16‑10554…
CONFIRMA
Colombia Compra Eficiente Concepto

Derecho de petición: la aprobación de las garantías es un requisito de ejecución del contrato

C-034 de 2020 2020-03-02
¿Cuál es el término legal que debe observar la entidad contratante para efectos de aprobar una póliza en la plataforma SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos formales y materiales para su publicación y con miras que el contratista/proveedor obtenga una respuesta, clara y oportuna al proceso»; y ii) «¿La aprobación de una póliza por la plataforma SECOP II previo cumplimiento de los requisitos formales y materiales…
Conforme a las anteriores consideraciones, ni en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, ni el Decreto 1082 de 2015, se establece un plazo para la aprobación de las garantías constituidas por los contratistas en cumplimiento del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007. Sin embargo, dado que según el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, la aprobación de las garantías es un requisito de ejecución del contrato, la inexistencia de un término legal para la aprobación de las garantías no hace que esta quede al libre arbitrio de la entidad contratante, quien una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de la garantía, conforme a lo pactado en el contrato y las normas citadas, debe aprobarla, sin lo cual no podrá iniciarse la ejecución del contrato.
También resuelve: Ejecución del contrato: requisitos, garantía única de cumplimiento, aprobación Garantía única de cumplimiento: aprobación, término, derecho de petición, silencio administrativo Derecho de petición: noción, respuesta, término
Consejo de Estado Providencia

Se debe desestimar el argumento esgrimido para atacar la legalidad del acto administrativo

Sentencia — Sentencia 2024-04-08 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000233600020130068001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se debe desestimar el argumento esgrimido para atacar la legalidad del acto administrativo, dado que el actor cuestionó en este punto que la entidad no había probado la mala calidad de los materiales, asunto que no fue discutido ni motivó la declaratoria de siniestro? Sí
El 28 de mayo de 2013, la Unión Temporal Boyacá en el 2500 presentó demanda, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales3, en contra del Instituto Nacional de Vías – INVÍAS, con la pretensión de que se declarara la nulidad de las Resoluciones 05877 del 22 de octubre de 2012 y 06050 del 29 de octubre del mismo año, mediante las cuales se declaró la ocurrencia del siniestro por estabilidad de la obra en el marco del contrato No. 1613 de 2005 y se hizo efectiva la garantía de cumplimiento. Asimismo, solicitó que se restableciera el derecho al buen nombre de los integrantes de la Unión Temporal y que se condenara al INVÍAS a pagar los perjuicios causados a favor del demandante.… La parte actora manifestó en la demanda y en el recurso de apelación que la entidad no probó la mala calidad de los materiales utilizados por la Unión Temporal en la ejecución del contrato.
También resuelve: ¿Existe un deber de pericia y probidad que le corresponde al contratista como experto en el desarrollo de la obra ante las instrucciones brindadas por la entidad o la interventoría? ¿Las pruebas aportadas por el demandante no logran acreditar, desde un punto de vista técnico, que la falta de mantenimiento de la vía causara los daños presentados en la obra? ¿Las fallas en la obra no se dieron por causas no imputables al contratista, como la ola invernal y la ocurrencia de sismos en la zona, sino a la presencia de vicios en el suelo que el
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La configuración de un silencio administrativo positivo solo procede en los casos expresamente previstos en disposiciones especiales, conforme al artículo 84 del CPACA.

Sentencia — Sentencia 2026-01-30 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 15001233300020180025201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La solicitud de autorización para la cesión de la participación de CONSTRUCTEC S.A.S. en la unión temporal generó silencio administrativo positivo que habilitó la sustitución del integrante sin el consentimiento previo de la entidad estatal contratante y, en consecuencia, excluyó a dicha sociedad de la responsabilidad solidaria derivada de la ejecución contractual? No
El integrante de una unión temporal no se exime de la responsabilidad solidaria derivada de la ejecución contractual mediante una solicitud de cesión de su participación que no logre configurar silencio administrativo positivo por la inobservancia de las condiciones legales sustanciales. En este litigio de controversias contractuales, la Sala modifica la sentencia de primera instancia para declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, determinando que la ficción jurídica del silencio administrativo exige un pronunciamiento insatisfecho de la entidad contratante frente a una petición formal.síntesis automática
También resuelve: ¿La entrega de 2.166 losas de concreto rígido con defectos clasificados con severidad media y baja por parte de la UTTB genera la obligación de indemnizar a INVÍAS por el menoscabo patrimonial… ¿INVÍAS acreditó un daño patrimonial imputado al incumplimiento en la entrega de los planos as built, de manera que resulte procedente imponer una condena indemnizatoria en la liquidación del… ¿Debe imputarse a la aseguradora obligación indemnizatoria a favor de INVÍAS con fundamento en el amparo de cumplimiento de la póliza n.º 43069273…
MODIFICA
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Administración

2016_08001-23-31-000-2009-00655-01_55135 2016-05-16 Sección Tercera
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN,ADMINISTRACIÓN,PRESUPUESTOS PROCESALES,SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO PROCESAL,SILENCIO ADMINISTRATIVO,Providencia – Normativa,Acto administrativo,Ficto,Presunto,Término,Finalidad,Principios,Principio de legalidad,Presunción de legalidad,Definición,Fallo inhibitorio,Ineptitud de la demanda,Contrato Estatal,Positivo,Negativo,Diferencias – Mes: mayo – Año: 2016…
También resuelve: Caducidad de la acción: acto administrativo, ficto, presunto, término Administración: finalidad, principios, principio de legalidad, presunción de legalidad Presupuestos procesales: definición
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Cláusula penal: en reciente oportunidad esta Sala puntualizó que el riesgo previsible se refiere a circunstancias externas a las partes del contrato

25000233600020170045901 de 2025 2026-02-03 Rad. 25000233600020170045901
No constituyen Actos Administrativos – Acta de recibo y acta de terminación – Carácter probatorio – No exime al constructor de los vicios, defectos o materiales de la obra – Acta de liquidación – Constituye declaración definitiva sobre el cumplimiento de prestaciones a cargo del contratista En reciente oportunidad, esta Sala puntualizó que el riesgo previsible se refiere a circunstancias externas a las partes del contrato, que son identificables y cuantificables, y que pueden alterar los resultados económicos esperados, tanto en los ingresos como en los costos. Esta Sección ha manifestado que cuando la Administración ejerce su potestad sancionatoria en el marco de la actividad contractual –de la cual yace su competencia para la imposición de las multas y la cláusula penal pecuniaria– debe hacerlo en aplicación de los principios de legalidad y de proporcionalidad, como criterios materializadores del debido proceso del sujeto sancionado.
También resuelve: Silencio administrativo positivo: excepción a la regla general, Consejo de Estado, requisitos Procedimiento para invocar el silencio administrativo: Ley 1437 de 2011 artículo 85, protocolización de la constancia de petición radicada ante la autoridad, declaración jurada de no haberse notificado decisión, carácter instrumenta y probatorio Silencio administrativo positivo en materia contractual: Ley 80 de 1993 artículo 26 numeral 16, procedimiento aplicable el contenido en el artículo 85 Ley 1437 de 2011
Consejo de Estado Providencia

No se evidencia algún efecto que se haya producido con ocasión a su expedición que sea susceptible de ser restituido

Sentencia — Sentencia 2021-12-15 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 05001233100020020018801 ACCION CONTRACTUAL
¿Los contratos de estabilidad tributaria se perfeccionaron por no haberlos celebrado dentro de los dos meses siguientes a la solicitud? No
El contratista no puede perfeccionar un contrato de estabilidad tributaria por el silencio administrativo de la DIAN, ya que este no implica un acuerdo tácito entre las partes, y la entidad no aceptó la propuesta inicial del contratista, por lo que no se configuró un contrato válido. Además, la DIAN presentó un proyecto de contrato que no fue aceptado por el contratista, por lo que no se estableció una obligación contractual. La Sala reitera que, en ausencia de un contrato, no procede la nulidad de actos administrativos relacionados con la publicación del contrato y la devolución de tributos pagados, y que el contratista debe demandar la indemnización de perjuicios por la configuración de responsabilidad precontractual, si es que existen. Este precedente reitera la importancia de la voluntad expresa de las partes para la perfección del contrato y la necesidad de reclamar indemnización por perjuicios en caso de configurarse la responsabilidad precontractual.síntesis automática
También resuelve: ¿Por regla general, los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 de ese estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes? ¿Aunque no se perfeccione el contrato, en la etapa preparatoria se originan deberes precontractuales cuya observancia es relevante? ¿La oferta, como acto voluntario y unilateral propio de la formación del contrato, constituye un acto que tiene efectos jurídicos?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Corresponde a la jurisdicción ordinaria civil el conocimiento de las controversias derivadas de un contrato de encargo fiduciario celebrado por una entidad financiera estatal, aun cuando se trate de un contrato estatal y ambas partes sean entidades públicas.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de súplica 2025-12-01 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000233600020170060102 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Corresponde a la jurisdicción ordinaria civil el conocimiento de las controversias derivadas de un contrato de encargo fiduciario celebrado por una entidad financiera estatal, aun cuando se trate de un contrato estatal y ambas partes sean entidades públicas? Sí
El contratista no puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para resolver controversias derivadas de un contrato de encargo fiduciario celebrado por una entidad financiera estatal, ya que este tipo de contratos caen dentro del giro ordinario de los negocios de las entidades financieras, según lo establecido en el artículo 105 numeral 1 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). La entidad financiera, en este caso, realiza actividades en cumplimiento de su objeto social y funciones principales, definidas en el Decreto Ley 663 de 1993, lo que excluye la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa y la remite a la jurisdicción ordinaria civil. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente, estableciendo que la naturaleza estatal del contrato y la calidad de las partes no son determinantes para la competencia, sino que el criterio material y orgánico prevalece en la definición de la jurisdicción competente.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede considerarse prorrogable la jurisdicción en un asunto en el que la ley excluye expresamente el conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa? ¿Existe cosa juzgada sobre la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa cuando una providencia previa se limitó a resolver sobre la inexistencia de una cláusula compromisoria sin…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Se configuró la caducidad de la acción de controversias contractuales

Sentencia — Sentencia 2024-04-08 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 50001233100020110009801 ACCION CONTRACTUAL
¿Se configuró la caducidad de la acción de controversias contractuales, al haber transcurrido más de dos años desde la liquidación bilateral del contrato y la presentación de la demanda? Sí
En el presente asunto, la Sala observa que el acta de liquidación bilateral fue suscrita entre las partes contratantes el 17 de diciembre de 2008, por lo que el término de caducidad de la acción empezó a correr el día siguiente y, en principio, se extendería hasta el 18 de diciembre de 2010.
También resuelve: ¿En lo contratos que requieren liquidación, la caducidad de la acción contractual empieza a contar desde la suscripción del acta de liquidación, sea bilateral o unilateral? ¿La cuantía es un factor para determinar la competencia en lo contencioso administrativo? ¿En el presente caso operó la renuncia tácita al pacto arbitral, toda vez que la jurisprudencia vigente al momento de iniciar el proceso disponía que el silencio de las partes al presentar la demanda…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Se declara la reconstrucción parcial del expediente

Auto interlocutorio — Auto que declara reconstruido el expediente 2025-06-24 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 05001233300020130145201 ACCION CONTRACTUAL
¿Se declara la reconstrucción parcial del expediente, con prescindencia de lo perdido o destruido? Sí
El juez declara la reconstrucción parcial del expediente, con prescindencia de lo perdido o destruido, cuando las piezas faltantes no impiden la continuación del proceso, conforme al numeral 5 del artículo 126 del Código General del Proceso. La regla se apoya en dos razones. Por un lado, la norma permite prescindir de lo perdido cuando su ausencia no impide continuar el trámite. Por otro, la búsqueda de las piezas en las entidades y tribunales que pudieron conservarlas resultó infructuosa, y el término otorgado transcurrió en silencio. En el caso, un disco compacto con la grabación de un testimonio rendido ante un tribunal administrativo se encontraba deteriorado y no permitía su lectura. Se requirió al tribunal y a otras entidades para remitir el archivo, pero indicaron que no tenían registro de la pieza, y la parte actora guardó silencio. Por eso se declaró la reconstrucción parcial del expediente. La providencia precisa que las piezas faltantes no impedían continuar el proceso.síntesis automática
ACEPTA
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Buena fe: el silencio no puede ser interpretado por el juez del contrato como una declaración dispositiva

15001233300020160071301 de 2024 2024-12-27 Rad. 15001233300020160071301
El silencio no puede ser interpretado por el juez del contrato como una declaración dispositiva. Solo la ley o las partes pueden otorgar consecuencias al silencio. El silencio o la ausencia de salvedades al suscribir contratos adicionales, prórrogas o suspensiones al plazo, no impide que se adelante un estudio de fondo sobre las pretensiones formuladas por cualquiera de las partes de una relación negocial encaminadas a que se le reconozca el derecho al restablecimiento por causa de una alteración económica originada en tales acuerdos y, por el contrario, en esas circunstancias, el juez debe analizar el pacto concreto al que llegaron las partes con miras a determinar su alcance, labor que ha de desplegar de conformidad con las reglas de interpretación de los contratos, con las normas aplicables según el tipo contractual especifico y, por supuesto, con verificación del cumplimiento del principio de buena fe.
También resuelve: Buena fe: fundamento, obligaciones Silencio: ausencia de salvedades, procesos contenciosos administrativos