Titulación de la relatoría 18.595 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
CONCEPTOS DE LA SALA DE CONSULTA DEL CONSEJO DE ESTADO / MINISTERIO DE SALUD / EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO / JURISDICCIÓN COACTIVA / SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD / NATURALEZA DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD / NORMATIVA DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD / PRINCIPIOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD / RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD / SUJETOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD / CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD / IPS / NATURALEZA JURÍDICA DE LA IPS / OBLIGACIONES DE LA IPS / EPS / FUNCIONES DE LA EPS / NATURALEZA JURÍDICA DE LA EPS / OBLIGACIONES DE LA EPS
OBITER DICTUM
La regulación en el SGSSS parte del presupuesto de la existencia de un «mercado» competitivo, en el cual participan varios actores que ofrecen la administración y prestación de los servicios de salud, y los usuarios que demandan los servicios de las EPS y de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), bajo el principio de la libertad de escogencia, so pena de las sanciones administrativas previstas en la ley. (…) Dentro de la estructura del Sistema General de Seguridad Social en Salud, la ley contempla un diseño institucional dentro del cual están, por un lado, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y las Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS), que son responsables de la afiliación de los usuarios, bien sea en el régimen contributivo o en el subsidiado. Por otro lado, se encuentran las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), que son entidades oficiales, privadas, mixtas, comunitarias o solidarias, organizadas para la prestación de los servicios de salud, dentro de las EPS o fuera de ellas, como clínicas, centros de salud, hospitales, consultorios profesionales, entre otros. (…) Las IPS tienen personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. (…) [L]as E.P.S son las entidades que i) administran el SGSSS, ii) en su calidad de intermediarias entre los recursos financieros y las instituciones que prestan el servicio de salud y los usuarios, iii) a través de un «contrato de aseguramiento», en el que el prestador asume el riesgo y la administración de los recursos. Para el efecto, deben promover la afiliación y están en la obligación de aceptar las solicitudes de afiliación de los usuarios y organizar la forma y mecanismos a través de los cuales los afiliados y sus familias puedan acceder a los servicios de salud en todo el territorio nacional, bajo el principio del libre acceso. (…) [E]l Estado garantiza para las E.P.S la obtención de una «legítima ganancia», lo que implica que su actividad tiene ánimo de lucro.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el objeto de las EPS, ver: Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Conceptos 2235 y 2235 AD del 7 de diciembre de 2015.
FUENTE FORMAL:
LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 152, LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 156, LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 177, LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 185
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO / COMPETENCIA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO / ESTRUCTURA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / FUNCIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CLÁUSULA EXCEPCIONAL
OBITER DICTUM
[T]odas las Empresas Sociales del Estado, son instituciones prestadoras de servicios de Salud que en el Sistema General de Seguridad Social en Salud o SGSSS, tienen la función de prestar servicios en el respectivo nivel de atención a los afiliados y beneficiarios de los distintos regímenes en los que se divide este sistema. De esta forma, constituyen una categoría especial de entidad pública, ya que son descentralizadas, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas o reorganizadas por ley o por las asambleas o concejos. La Ley 100 de 1.993, mediante la cual se creó el Sistema de Seguridad Social Integral, dispuso que la prestación de los servicios de salud en forma directa por la Nación o por las entidades territoriales se hará, de manera principal, por las empresas sociales del Estado, que constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la ley o por las asambleas o concejos, según el caso y otorgó un plazo de seis meses, contado a partir de la vigencia de dicha ley, para que las entidades territoriales dispusieran la reestructuración de las entes descentralizadas cuyo objeto principal fuera la prestación de servicios de salud, con el fin de adecuarlas al nuevo régimen legal (…) El régimen jurídico de esta clase de empresas lo establece el artículo 195 con las siguientes características: i) Su objeto debe ser la prestación de los servicios de salud, como servicio público a cargo del Estado o como parte del servicio público de seguridad social; ii) en materia contractual se rige por el derecho privado, pero discrecionalmente pueden pactarse las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación; iii) El régimen de personal lo fijó el numeral 5° así: «las personas vinculadas a la empresa tendrán el carácter de empleados públicos y trabajadores oficiales, conforme a las reglas del capítulo IV de la ley 10 de 1.990» la cual, en su artículo 26, consagra la misma clasificación, especificando que son trabajadores oficiales, quienes desempeñen cargos destinados al mantenimiento de la planta física hospitalaria, o de servicios generales; iv) A su vez, la Ley 489 de 1998 ¬ art. 83- dispone que las empresas sociales del Estado, creadas por la Nación o por las entidades territoriales para la prestación directa de servicios de salud, se sujetan al régimen previsto en ella en los aspectos no regulados por las leyes 100 de 1993 y 344 de 1996. (…) El carácter excepcional de la regulación se refleja inequívocamente en la locución discrecionalmente que utiliza la norma, ya que mientras los demás contratos estatales deben, de manera general, contener tales cláusulas exorbitantes o excepcionales al derecho privado, en los sometidos al régimen de las empresas sociales sólo se pactarán cuando así estas lo dispongan. Además, si con dicha expresión al Estado se le otorga la facultad para pactar o imponer las referidas cláusulas, sin distinguir su razón, es porque a él se reserva el privilegio de incluirlas cuando lo estime conveniente, esto es, cuando las reglas de derecho privado no le otorguen la garantía para la prestación del servicio público correspondiente. (…) [E]l régimen de contratación de estas empresas es de derecho privado, con aplicación excepcional de las cláusulas mencionadas, como lo ha señalado la Sala en oportunidades anteriores al considerar que por regla general, en materia de contratación las Empresas Sociales del Estado se rigen por las normas ordinarias de derecho comercial o civil y en el caso de que discrecionalmente, dichas empresas hayan incluido en el contrato cláusulas excepcionales, éstas se regirán por las disposiciones de la Ley 80 de 1993. Salvo en este aspecto, los contratos seguirán regulados por el derecho privado (…) [L]as mencionadas entidades estatales se regirán, al celebrar sus contratos, por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en dicha ley (artículo 13), o dicho en otros términos, las estipulaciones de los contratos estatales serán las previstas en la ley 80 de 1993 y las que de acuerdo con las normas civiles y comerciales, correspondan a su esencia y naturaleza (artículo 40). (…) Con todo, como se ha dicho, esa regla general no implica una completa desvinculación del estatuto general de contratación administrativa. En primer lugar, porque a dicha regla se incorporan, por especial disposición de la Ley 100, las cláusulas excepcionales, siempre que las E.S.E resuelvan incluirlas en el texto del respectivo contrato. Y en segundo lugar porque, al no existir para ellas una legislación paralela, de carácter específico, cuando celebran determinados contratos estatales que regula la Ley 80, a esta regulación deberán atenerse. Estos contratos son precisamente los que define su artículo 32, y que ya han sido mencionados, o sea el de obra, el de consultoría, el de prestación de servicios para desarrollar actividades relacionadas con la administración y funcionamiento de la entidad, el de concesión, el encargo fiduciario y la fiducia pública, en cuya celebración el deber de selección objetiva lleva consigo la escogencia del ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el régimen de contratación de las Empresas Sociales del Estado (ESE), ver: Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto 1127 de agosto de 1998.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1876 DE 1994, LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 195 NUMERAL 6, LEY 344 DE 1996, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 2, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 68, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 83
CARTERA DE CRÉDITO / NORMALIZACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO / RECUPERACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO / TESORO PÚBLICO / RECAUDO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD / EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO / COMPETENCIA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO / COBRO COACTIVO / COBRO COACTIVO ADMINISTRATIVO / JURISDICCIÓN COACTIVA / DISTRITO CAPITAL / DECRETO LEY 1421 DE 1993
Problema jurídico:
¿Cuál es el alcance e interpretación de la norma prevista en el artículo 5º y su parágrafo de la Ley 1066 de 2006 en materia de cobro coactivo por parte de las entidades públicas, así como la aplicación que, en la misma materia, debe darse a los artículos 98 y 100 de la Ley 1437 de 2011, al artículo 169 del Decreto- Ley 1421 de 1993 y al artículo 112 de la Ley 6ª de 1992, para los efectos del cobro coactivo de facturas cambiarias de venta generadas por la prestación de servicios de salud por parte de Empresas Sociales del Estado E.S.E?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]i bien es cierto las E.S.E., no son entes vinculados en los términos del artículo 112 de la Ley 6ª de 1992, respecto de los cuales la Corte declaró la constitucionalidad condicionada, sino de carácter descentralizado, la primera de las disposiciones regula una situación de exclusión para las entidades públicas que desarrollan una actividad de gestión de cobranza similar o igual a los particulares, en desarrollo del régimen privado que se aplica al giro principal de sus negocios, cuando dicho régimen esté consagrado en la ley o en los estatutos sociales de la sociedad, como en efecto sucede respecto de las E.S.E. De esta manera, las E.S.E carecen de facultades de cobro coactivo, al tenor de la gestión que realizan, en tanto cumplen actividades en la misma condición con los particulares, dentro del marco de un mercado competitivo en el sector salud, y ello se materializa cuando realizan gestiones de cobranza de obligaciones derivadas o contenidas en facturas cambiarias por la venta de servicios de salud de igual manera que lo hacen los demás particulares, razón por la cual estas entidades se encuentran cubiertas por la excepción a que alude el parágrafo primero del artículo 5º de la Ley 1066 de 2006. La facultad de cobro coactivo como privilegio «exorbitante» excluye a las E.S.E, ya que, al enmarcarse sus actividades de gestión de cobranza dentro del giro ordinario de sus negocios, sujeto por ministerio de la ley al derecho privado, dicha situación impide el uso de tal prerrogativa. En consecuencia, para la Sala, las E.S.E., carecen de las prerrogativas de cobro coactivo respecto de las facturas cambiarias derivadas de la contratación de servicios de salud y por tanto, igualmente, de la posibilidad de decretar medidas cautelares para ese efecto, en tanto, se reitera, tales entidades se encuentran en competencia con los particulares, por lo que un trato diferencial, rompe el equilibrio previsto en la ley y los reglamentos en un escenario de libre competencia del sector. (…) [L]as normas del artículo 98 de la Ley 1437 de 2011 que faculta a las entidades públicas a efectuar el cobro de obligaciones exigibles mediante cobro coactivo, así como las previstas en el artículo 169 del Decreto Ley 1421 de 1993 para el Distrito Capital y el artículo 112 de la Ley 6º de 1992, deben ser interpretadas sistemáticamente, con aplicación de la exclusión contenida en el parágrafo 1 del artículo 5º de la Ley 1066 de 2006. Esta última disposición, se reitera, excluye a las E.S.E., en atención a que como prestadores de servicios de salud, en el marco de un régimen de competencia en igualdad de condiciones con los particulares, desarrollan una actividad de cobranza similar o igual a los particulares, conforme al régimen privado que se aplica al giro principal de sus negocios, razón por la que, para la Sala, las E.S.E no pueden hacer uso de la facultad de cobro coactivo dada la situación de exclusión en las que se encuentran. (…) Conclusiones i) Las Empresas Sociales del Estado- E.S.E., desde un punto de vista orgánico son entidades públicas sometidas al régimen de derecho privado que compiten en igualdad de condiciones con otros actores en la prestación de servicios de salud y hacen gestión o actividades de cobro de manera similar o igual con los particulares que también prestan servicios de salud, por lo que se encuentran en el supuesto de exclusión del parágrafo 1 del artículo 5º de la Ley 1066 de 2006 para el ejercicio de la potestad de cobro coactivo; iii) Los artículos 98 de la Ley 1437, 169 del Decreto Ley 1421 de 1993 para el Distrito Capital y 112 de la Ley 6ª de 1992, deben ser interpretados sistemáticamente, de acuerdo con lo previsto en el parágrafo 1 del artículo 5º de la Ley 1066 de 2006 en el sentido de que la exclusión que contiene la última disposición es aplicable a las E.S.E. iv) Por todo lo anterior, las E.S.E no pueden hacer uso de esta prerrogativa de cobro coactivo so pena de quebrantar el equilibrio con los particulares que prestan servicios de salud en iguales condiciones. v) No existe otra prerrogativa de cobro coactivo especial para las Empresas Sociales del Estado-E.S.E., que se aplique sin consideración de la regla prevista en el.
NOTA DE RELATORÍA:
En el presente concepto, la Sala desarrolla los antecedentes legislativos de la Ley 1066 de 2006 // Sobre el concepto y finalidad de la jurisdicción coactiva, ver: Corte Constitucional. Sentencia C – 666 de 2000. // Sobre el procedimiento de cobro coactivo de las autoridades administrativas, ver: Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Conceptos 1835 de 2007 y 1882 de 2008. // Sobre la interpretación sistemática, ver: Corte Constitucional. Sentencia C – 569 de 2000.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 4473 DE 2006 - ARTÍCULO 5, DECRETO LEY 1421 DE 1993 - ARTÍCULO 69, LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 195, LEY 1066 DE 2006 - ARTÍCULO 5 PARÁGRAFO 1, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 98, LEY 6 DE 1992 - ARTÍCULO 112
RECAUDO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD / EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO / COMPETENCIA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO / COBRO COACTIVO / COBRO COACTIVO ADMINISTRATIVO / JURISDICCIÓN COACTIVA / DISTRITO CAPITAL
Problema jurídico:
¿De conformidad con lo previsto en las Leyes 6 de 1992, 1066 de 2006 y 1437 de 2011, principalmente, y teniendo en cuenta la naturaleza y régimen jurídico de las Empresas Sociales del Estado, ¿puede considerarse que dichas entidades están dotadas de la facultad para adelantar cobro coactivo frente a las facturas generadas por la contratación de servicios de salud con Entidades Promotoras de Salud, Entidades Responsables de Pago o contra la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud?
Respuesta al problema jurídico: No
No. El parágrafo 1 del artículo 5º de la Ley 1066 de 2006 excluye a las E.S.E como prestadores de servicios de salud de la facultad de cobro coactivo, en consideración que compiten en igualdad de condiciones con los particulares y demás actores del sistema nacional, distrital y territorial en la prestación de dichos servicios, en especial, en materia de cobranza, en similares o iguales condiciones que los particulares.
FUENTE FORMAL:
LEY 1066 DE 2006 - ARTÍCULO 5 PARÁGRAFO 1
RECAUDO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD / EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO / COMPETENCIA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO / COBRO COACTIVO / COBRO COACTIVO ADMINISTRATIVO / JURISDICCIÓN COACTIVA / DISTRITO CAPITAL / JURISDICCIÓN ORDINARIA / ACCESO A LA JURISDICCIÓN ORDINARIA
Problema jurídico:
¿En caso de no considerarse procedente que las Empresas Sociales del Estado adelanten el cobro coactivo de las facturas generadas por la prestación de servicios de salud ¿qué otras alternativas o funciones podrían considerarse viables para el ejercicio de la prerrogativa de cobro coactivo?
Respuesta al problema jurídico: No
No existe otra prerrogativa de cobro coactivo especial para las Empresas Sociales del Estado que resulte aplicable. Para el cobro de las acreencias derivadas de la prestación de servicios de salud las Empresas Sociales del Estado-E.S.E., pueden acudir a los mecanismos de cobro ante la jurisdicción ordinaria.
RECAUDO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD / EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO / COMPETENCIA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO / COBRO COACTIVO / COBRO COACTIVO ADMINISTRATIVO / JURISDICCIÓN COACTIVA / DISTRITO CAPITAL
Problema jurídico:
Sin perjuicio de la respuesta dada a los Interrogantes anteriores, para el caso expuesto de las Empresas Sociales del Estado que forman parte de las Subredes Integradas de Servicios de Salud en el Distrito Capital, ¿pueden dichas entidades asumir la potestad de cobro coactivo de las facturas generadas por la prestación de servicios de salud, a la luz de lo establecido en el artículo 169 del Decreto Ley 1421 de 1993?
Respuesta al problema jurídico: No
No. La Sala considera que los artículos 98 y 104 de la Ley 1437 de 2011 que facultan a las entidades públicas a efectuar el cobro de obligaciones exigibles mediante cobro coactivo, así como la norma prevista en el artículo 169 del Decreto Ley 1421 de 1993 para el Distrito Capital, deben ser interpretados sistemáticamente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5º de la Ley 1066 de 2006 y la exclusión contenida en su parágrafo 1º aplicable a las E.S.E.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 1421 DE 1993 - ARTÍCULO 169, LEY 1066 DE 2006 - ARTÍCULO 5 PARÁGRAFO 1, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 98