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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: por tal razón esta autoridad declarará que no es competente para conocer de la solicitud

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Fecha
2022-04-26
Radicado
11001030600020220001700
Número interno
18
Ponente
EDGAR GONZÁLEZ LÓPEZ
Sección / Sala
Sala Consulta y Servicio Civil
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
CONFLICTOS DE COMPETENCIA
Actor
WILBER GONZALEZ GARCIA
Demandado
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: por tal razón esta autoridad declarará que no es competente para conocer de la solicitud

Regla de decisión

Debe señalarse que la solicitud se ha formulado con el objetivo de obtener una decisión dentro del marco del ejercicio de funciones jurisdiccionales, y no de funciones administrativas.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Problema jurídico

¿La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es competente para resolver un conflicto de competencias administrativas cuando la solicitud sobre la cual recae el conflicto se refiere al ejercicio de funciones jurisdiccionales?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, arts. 112 núm. 10, 39 y 84
  • Ley 1564 de 2012, arts. 139 y 278

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Lo que dijo la Sala

De esta manera, debe señalarse que la solicitud se ha formulado con el objetivo de obtener una decisión dentro del marco del ejercicio de funciones jurisdiccionales, y no de funciones administrativas. En ese orden, la solicitud sobre la cual recae el conflicto de competencias no es administrativa sino jurisdiccional, lo que determina la falta de competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil para definir el asunto que se pone a su consideración.… Teniendo en cuenta que la Superintendencia de Transporte manifiesta que no cuenta con facultades jurisdiccionales, será el Tribunal Superior de Bogotá el que deberá determinar si es la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Transporte u otra que tenga a cargo funciones judiciales la que deba conocer del asunto.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

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Titulación de la relatoría 9.979 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

CONFLICTO DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA / SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO / SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE / REQUISITOS DEL CONFLICTO DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA / IMPROCEDENCIA DEL CONFLICTO DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA / FALTA DE COMPETENCIA DE LA SALA DE CONSULTA DEL CONSEJO DE ESTADO / FUNCIÓN JURISDICCIONAL Problema jurídico: ¿La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es competente para resolver un conflicto de competencias administrativas cuando la solicitud sobre la cual recae el conflicto se refiere al ejercicio de funciones jurisdiccionales? Respuesta al problema jurídico: No De manera expresa, el peticionario requirió de la Superintendencia de Industria y Comercio «acceder a mis pretensiones y decretar la configuración del SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO y ordenar a la empresa INTER RAPIDÍSIMO S.A. a pagar la indemnización por daños y perjuicios ocasionada al suscrito». (…) [L]a actuación que dependería de la administración, en caso dado, sería la revocatoria del acto presunto. En el presente caso, hay que señalar que no obra en el expediente evidencia de haberse surtido la actuación de que trata el artículo 85 del CPACA por parte del peticionario, y tampoco se trata de una situación que se enmarque en el citado artículo 84 para considerar que es un asunto de competencia de la administración. (…) Ahora bien, en el supuesto de que se hubiere surtido el procedimiento enunciado en el artículo 85 referido, y la administración revocara dicho acto, en los términos del artículo 84 de la misma normativa, le quedaría al peticionario la posibilidad de acceder a la administración de justicia para demandar dicho acto, hecho que implicaría el ejercicio de las funciones de la jurisdicción contencioso administrativa, funciones de naturaleza jurisdiccional. (…) De acuerdo con el contenido de la solicitud, se puede concluir que lo pretendido por el [peticionario] es obtener un pronunciamiento a través del cual se acceda a sus pretensiones de pago de una indemnización. De esta manera, debe señalarse que la solicitud se ha formulado con el objetivo de obtener una decisión dentro del marco del ejercicio de funciones jurisdiccionales, y no de funciones administrativas. En ese orden, la solicitud sobre la cual recae el conflicto de competencias no es administrativa sino jurisdiccional, lo que determina la falta de competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil para definir el asunto que se pone a su consideración. (…) [T]eniendo en cuenta que la Superintendencia de Transporte manifiesta que no cuenta con facultades jurisdiccionales, será el Tribunal Superior de Bogotá el que deberá determinar si es la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Transporte u otra que tenga a cargo funciones judiciales la que deba conocer del asunto. La Sala, conforme al artículo 39 del CPACA no tiene facultades para definir un conflicto de competencias sobre una actuación de naturaleza judicial, ni para convocar a autoridades judiciales para que se pronuncien sobre el respectivo trámite. Por tal razón, esta autoridad declarará que no es competente para conocer de la solicitud, tal y como se ha decidido en otras oportunidades, bajo la premisa de que sus funciones deben ejercerse en armonía y coordinación con las funciones judiciales asignadas a las autoridades competentes, y que deben ser respetuosas de las competencias atribuidas a la Jurisdicción Ordinaria en la Constitución y en la ley Estatutaria de la Administración de Justicia. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para resolver conflictos de competencia administrativa, ver: Decisiones del 11 de mayo de 2020 (Radicado número 11001-03-06-000-2019-00111-00(C)), del 17 de marzo de 2016 (Radicado número: 11001-03-06-000-2015-00168-00(C)), y del 7 de diciembre de 2015 (Radicado número: 11001-03-06-000-2015-00163-00(C)). FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 112 NUMERAL 10, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 39, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 84, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 85, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 139, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 278 FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA / FUNCIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL / FUNCIÓN JURISDICCIONAL OBITER DICTUM [E]l artículo 24 del Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012, estableció que las autoridades administrativas a que se refiere ese artículo ejercerán funciones jurisdiccionales de acuerdo a lo establecido en el mismo Código. Ahora bien, en los numerales 22, 24 y 26 del artículo 189 de la Constitución se señalan las funciones de inspección y vigilancia del Presidente de la Republica sobre la prestación de los servicios públicos, asimismo, sobre las personas que realicen actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público, así como sobre las instituciones de utilidad común. La Presidencia de la República delegó las funciones de inspección y vigilancia de servicios públicos, entre otras, en las Superintendencias, que de acuerdo con el artículo 66 de la Ley 489 de 1998, son «organismos creados por la ley, con autonomía administrativa y financiera que aquella les señale, sin personería jurídica, que cumplen funciones de inspección y vigilancia atribuidas por la ley o mediante delegación que haga el Presidente de la República previa autorización legal». En ese orden, si bien es cierto las funciones de las Superintendencias son en principio administrativas, también cumplen funciones jurisdiccionales. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 189, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 24, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 66 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO / COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO / FACULTAD ADMINISTRATIVA DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO / FACULTAD JURISDICCIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO / FUNCIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL / PROTECCIÓN AL USUARIO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE / SERVICIO POSTAL OBITER DICTUM Sobre las autoridades de regulación, control y vigilancia de los servicios postales, se indicó que el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones fijaría la política general de los servicios Postales (artículo 18), y, entre otras, tendría a cargo la función de actuar como autoridad de inspección, control y vigilancia frente a todos los Operadores Postales, con excepción de la vigilancia sobre el cumplimiento de las normas relacionadas con la protección de la competencia, la protección del consumidor y el lavado de activos. La Comisión de Regulación de Comunicaciones estaría a cargo de las funciones regulatorias del mercado postal (artículos 19 y 20), y la Superintendencia de Industria y Comercio, a cargo de hacer cumplir las normas sobre libre competencia, competencia desleal, y protección del consumidor en el mercado de los servicios postales, en los términos de la Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de 1992, la Ley 1340 de 2009, las Leyes 256 de 1996 y 510 de 1999 y el Decreto 3666 de 2002. De conformidad con la normativa expuesta, es la Superintendencia de Industria y Comercio la entidad encargada de hacer cumplir las normas en materia de protección al consumidor de los usuarios de los servicios postales. FUENTE FORMAL: DECRETO 2153 DE 1992, DECRETO 3666 DE 2002, LEY 1340 DE 2009, LEY 1369 DE 2009, LEY 155 DE 1959, LEY 256 DE 1996, LEY 510 DE 1999 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE / COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE / FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE / FUNCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE / FUNCIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL / TRANSPORTE DE CARGA / CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA OBITER DICTUM [A]l revisarse el Decreto 2409 de 2018, se advierte que el artículo 4 consagra, a cargo de la Superintendencia de Transporte, las funciones de vigilancia, inspección y control, en materia de transporte e infraestructura, lo que incluye verificar el cumplimiento y aplicación de las normas que rigen dicha actividad (artículo 4, numeral1). El artículo 5 ibidem prevé a cargo de esa autoridad, la función de vigilar, inspeccionar y controlar el cumplimiento de las disposiciones que regulan la debida prestación del servicio público de transporte, puertos, concesiones e infraestructura, servicios conexos, y la protección de los usuarios del sector transporte, salvo norma especial en la materia. (…) Por su parte, el Decreto 1079 de 2015 dispone que la inspección, vigilancia y control de la prestación del servicio público de transporte terrestre de carga corresponde a la Superintendencia de Transporte. FUENTE FORMAL: DECRETO 1079 DE 2015, DECRETO 2409 DE 2018 - ARTÍCULO 4 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE / COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE / FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE / FUNCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE / FUNCIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL / TRANSPORTE DE CARGA / CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA Problema jurídico: ¿La Superintendencia de Transporte es la entidad competente para conocer sobre las presuntas irregularidades e infracciones en las que pudo incurrir una empresa de transporte en el marco de un contrato de transporte de carga? Respuesta al problema jurídico: Si Teniendo en cuenta que el servicio contratado, según la documentación aportada al trámite, correspondería al de un contrato de transporte de carga, expuestas las funciones de inspección, vigilancia y control a cargo de la Superintendencia de Transporte, y del contenido de la solicitud del peticionario sobre posibles irregularidades e infracciones de la empresa INTER RAPIDISIMO, la Sala considera pertinente asignar competencia a dicha autoridad, para que, en ejercicio de sus funciones determine la procedencia de las actuaciones administrativas que considere procedentes.

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010306000202200017001100103