Lo que dijo la Sala
Durante la vigencia de la restricción prevista en el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, las entidades territoriales no pueden suscribir convenios interadministrativos con las Empresas Sociales del Estado para la prestación de los servicios de salud a la población no asegurada, así como tampoco para el desarrollo y ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas, de conformidad por lo expuesto en este concepto. Se exceptúa de la anterior prohibición la prestación de los servicios de salud en aquellos eventos en que ocurran emergencias sanitarias o de salubridad que requieran la atención o prestación inmediata y oportuna de los mismos. Debe precisarse que el artículo 20 de la Ley 1122 de 2007 no habilita a las entidades territoriales para inobservar las prohibiciones que en materia de contratación establece la Ley de Garantías Electorales.
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Titulación de la relatoría 9.702 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
CONCEPTOS DE LA SALA DE CONSULTA DEL CONSEJO DE ESTADO / LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES / CONTRATACIÓN ESTATAL / REGLAS DE CONTRATACIÓN ESTATAL
OBITER DICTUM
La Ley de Garantías Electorales, aplicable a las elecciones presidenciales y a las de los demás cargos de elección popular, busca garantizar la igualdad de condiciones para los candidatos que participan en dichos procesos electorales. En desarrollo de dicha finalidad se consagraron una serie de prohibiciones, y entre ellas la restricción a la contratación pública. (…) Sobre el alcance de las anteriores disposiciones esta Sala ha emitido pronunciamientos en los que ha definido varias premisas, a saber: a) La prohibición contenida en las normas antes señaladas es de carácter temporal (4 meses anteriores a la elección). b) Los límites para efectuar la contratación directa se extienden a todos los organismos y entidades estatales, sin que resulten determinantes la naturaleza jurídica, la forma de organización o la pertenencia a una u otra rama del poder público. c) También se determinó que debía entenderse por contratación directa cualquier mecanismo de escogencia del contratista en el que se prescinde de la licitación o concurso, sin que se tenga en cuenta el régimen de contratación aplicable. (…) Debe aclararse entonces que las restricciones impuestas en las normas antes referidas se circunscriben a: - La prohibición a todos los entes estatales de realizar contratación directa, incluidos los contratos interadministrativos - La imposibilidad de que los Gobernadores, Alcaldes Municipales y/o Distritales, Secretarios, Gerentes y Directores de Entidades descentralizadas del orden Municipal, Departamental o Distrital, puedan celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, dentro de los 4 meses anteriores a las elecciones.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las prohibiciones a la contratación estatal contenidas en la Ley de Garantías, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1727 de 20 de febrero de 2006.
FUENTE FORMAL:
LEY 996 DE 2005 - ARTÍCULO 33, LEY 996 DE 2005 - ARTÍCULO 38
LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES / CONTRATO DE SERVICIO DE SALUD / CONTRATO SERVICIO PUBLICO DE SALUD / EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO / SALUD PÚBLICA / SERVICIO DE SALUBRIDAD PÚBLICA / EMERGENCIA SANITARIA
OBITER DICTUM
[D]ebe destacarse que la Sala ha puntualizado que las excepciones que contiene el inciso segundo del artículo 33 son taxativas y su interpretación debe ser de carácter restrictivo. Dentro de la excepción que consagra el inciso 2º del artículo 33, se encuentran los contratos que “deban realizar las entidades sanitarias y hospitalarias.” (…). (…) [E]s indudable que las entidades que presten servicios tendientes a preservar la salud pública o humana deben ser consideradas como entidades sanitarias y en principio estarían exceptuadas de la prohibición de contratación directa. la posibilidad de contratación directa por excepción por parte de las entidades hospitalarias de carácter público, debe ser entendida solo en aquellos eventos en que ocurran emergencias sanitarias o de salubridad que requieran la atención o prestación inmediata y oportuna de los servicios de salud; en otros términos, las excepciones a la limitación de contratación propugnan porque el Estado a través de su red hospitalaria no vea limitado su actuar en la prestación de los servicios de salud en eventos catastróficos o de urgencia que se presenten. Por tanto, las anteriores salvedades no pueden extenderse a los contratos que habitual y ordinariamente celebran las entidades territoriales con las entidades hospitalarias, ya que dichos órganos deben planear y desarrollar su gestión contractual con suficiente antelación para que no sea cobijada por la prohibición de contratación que establece la ley de garantías.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las excepciones a las prohibiciones en materia contractual contenidas en la Ley de Garantías, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Conceptos No. 1974 del 26 de noviembre de 2009 y No. 1839 del 26 de julio de 2007.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 780 DE 2015 - ARTÍCULO 2.8.8.1.1.3, LEY 996 DE 2005 - ARTÍCULO 33
SALUD PÚBLICA / PLAN NACIONAL DE SALUD PÚBLICA / POBLACIÓN VULNERABLE / CONTRATO PARA ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE / EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO / SERVICIO DE SALUD / PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD POR PARTE DEL MUNICIPIO / ENTIDAD TERRITORIAL / COMPETENCIA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL / ENTIDAD TERRITORIAL PRESTADORA DEL SERVICIO DE SALUD / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS
OBITER DICTUM
Con la expedición de la Ley 715 de 2001 (…) se trasladaron competencias específicas a las entidades territoriales, entre ellas algunas relativas al sector salud, así como también la asignación de los correspondientes recursos a través del Sistema General de Participaciones para la atención de aquellas. (…) [U]na de las facultades otorgadas a los Departamentos consiste en gestionar la prestación de los servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, la cual se debe garantizar a través de las instituciones prestadoras de servicios de salud, ya sean públicas o privadas, y debe cubrir a dicha población tanto del sector urbano como rural que no esté afiliada al régimen contributivo, ni financiada con recursos del régimen subsidiado. (…) [S]e concluye que el legislador estableció el mecanismo o la forma de contratación que debían observar las entidades territoriales para la prestación de los servicios de salud a la población pobre, es decir, aquella que no esté afiliada al régimen contributivo, ni financiada con recursos del régimen subsidiado, habilitando para ello la celebración de convenios, en primer término, con las Empresas Sociales del Estado y ante la ausencia o insuficiencia de los mismos, celebrar contratos con particulares. Además, si bien la norma determina la entidad con la cual se puede celebrar el contrato – Empresa Social del Estado- para la prestación de los servicios enunciados, no lo es menos que la misma no obliga ni impone un imperativo para la celebración del convenio correspondiente con esta entidad, toda vez que el ente territorial deberá verificar y establecer que esté habilitada la ESE para la prestación de los mismos, pero, además, que los servicios que se requieran existan y sean suficientes. Aunado a lo anterior, la entidad territorial podrá celebrar el convenio correspondiente con fundamento en los servicios que requiera contratar para lograr su debida prestación, lo cual implica que deberá escoger entre las Empresas Sociales del Estado, ya sea de nivel municipal, distrital, departamental o nacional, que garanticen la prestación de los mismos.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la prestación de servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto por subsidios a la demanda, ver: Corte Constitucional, sentencia C-1042 de 2007.
FUENTE FORMAL:
LEY 1122 DE 2007 - ARTÍCULO 20, LEY 715 DE 2001 - ARTÍCULO 43, LEY 715 DE 2001 - ARTÍCULO 49
LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES / CONTRATACIÓN ESTATAL / REGLAS DE CONTRATACIÓN ESTATAL / CONTRATO DE SERVICIO DE SALUD / CONTRATO SERVICIO PUBLICO DE SALUD / EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO / ENTIDAD TERRITORIAL / POBLACIÓN VULNERABLE / CONTRATO PARA ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE / COMPETENCIA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / PROHIBICIÓN DE CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS
Problema jurídico:
¿Al entrar en vigencia la restricción prevista en el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, pueden los entes territoriales suscribir convenios interadministrativos con las Empresas Sociales del Estado, para prestar servicios de salud a la población no asegurada y las acciones de salud que se brindan a la colectividad a través del Plan de Intervenciones Colectivas –PIC, teniendo en cuenta que es el legislador quien ha ordenado esa contratación y que por ende la misma no emana de la autonomía de la voluntad de los contratantes?
Respuesta al problema jurídico: No
Durante la vigencia de la restricción prevista en el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, las entidades territoriales no pueden suscribir convenios interadministrativos con las Empresas Sociales del Estado para la prestación de los servicios de salud a la población no asegurada, así como tampoco para el desarrollo y ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas, de conformidad por lo expuesto en este concepto. Se exceptúa de la anterior prohibición la prestación de los servicios de salud en aquellos eventos en que ocurran emergencias sanitarias o de salubridad que requieran la atención o prestación inmediata y oportuna de los mismos. Debe precisarse que el artículo 20 de la Ley 1122 de 2007 no habilita a las entidades territoriales para inobservar las prohibiciones que en materia de contratación establece la Ley de Garantías Electorales. Esta norma solamente dispone que las entidades territoriales pueden contratar con un sujeto calificado –Empresas Sociales del Estado o en su defecto con instituciones prestadoras de salud habilitadas- la prestación de los servicios de salud para la población pobre en lo no cubierto por subsidios a la demanda, con lo cual se garantice su prestación. Además, toda vez que las entidades territoriales no son entidades sanitarias, no pueden suscribir convenios interadministrativos con las Empresas Sociales del Estado para la prestación de los servicios de salud. Por lo tanto, no les es aplicable la excepción prevista en el artículo 33 de la Ley 909 de 2005.
FUENTE FORMAL:
LEY 996 DE 2005 - ARTÍCULO 33, LEY 996 DE 2005 - ARTÍCULO 38