Radicado: 76001-23-31-000-2005-05527-02 (63331)
Demandantes: Sanambiente Ltda. y otro
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Radicado: 76001-23-31-000-2005-05527-02 (63331)
Demandantes: Sanambiente Ltda. y otro
Convocado: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
Tema: Certificación de estados financieros de una sociedad
extranjera por contador nacional y requisito de apoderado
extranjero de una sociedad extranjera que hace parte de un
consorcio
Salvamento de voto del magistrado Martín Bermúdez Muñoz
No c omparto la decisión adoptada en la sentencia de la referencia que negó la
nulidad de un acto administrativo de adjudicación . La sentencia erróneamente (i)
plantea que era necesario que un contador nacional certificara los estados
financieros de una sociedad extranjera e (ii) inaplica el artículo 22.4 de la Ley 80 de
1993.
A.- No era necesario que un contador colombiano certificara los estados
financieros de una sociedad extranjera
1.- La sentencia indica que el pliego de condiciones exigía que la información
financiera de una sociedad extranjera fuera certificada por un contador nacional. No
comparto esa postura porque (i) no era una exigencia del pliego y (ii) de serlo, sería
un requisito de imposible cumplimiento.
2.- Por un lado, la sentencia interpretó indebidamente el pliego de condiciones, en
que señalaba lo siguiente:
<<Los proponentes, sean personas naturales o jurídicas, deben presentar los
documentos que informan sobre su situación financiera, los cuales como mínimo
serán: balances generales e informes de auditoría correspondientes a los últimos
dos (2) años, balance general a diciembre 31 de 2004, certificados por contador
público titulado y/o revisor fiscal de ser de obligatoriedad, además el estado de
pérdidas y ganancias correspondientes a ese mismo periodo de tiempo, el
proponente debe adjuntar obligatoriamente l a fotocopia de la matricula profesional
del contador público y/o revisor fiscal. En los casos de consorcios y uniones
temporales, cada uno de los miembros debe presentar los citados documentos.” (fl.
17 anexo 5 - negrillas adicionales)>>.
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2.1.- La disposi ción del pliego indica que la exigencia procede << de ser de
obligatoriedad>>. Esta expresión puede referirse a dos cosas: por un lado, que la
obligatoriedad se predica frente al revisor fiscal o, por el otro, que el requisito puede
no ser obligatorio para todos los proponentes, sino sólo para los nacionales. Esta
segunda lectura, además, se ve fortalecida porque hay un acápite específico para
sociedades extranjeras y allí no se exigen esos estados certificados.
2.2.- Ante esta duda interpretativa, hay dos normas que permiten saber cuál debe
ser la lectura correcta de los pliegos: (i) la primera es el ordinal 2º del artículo 25 de
la Ley 80 de 1993 que establece que <<Las normas de los procedimientos
contractuales se interpretarán de tal manera que no den ocasión a seguir trámites
distintos y adicionales a los expresamente previstos o que permitan valerse de
los defectos de forma o de la inobservancia de requisitos para no decidir o proferir
providencias inhibitorias>>. Conforme a esta, es claro que la exigencia de aportar
la certificación de estados de una sociedad extranjera no procede porque ese
trámite no está previsto en la ley para dichas sociedades. (ii) La segunda es el
artículo 38 de la misma ley que indica que < <En la interpretación de las normas
sobre contratos estatales, relativas a procedimientos de selección y escogencia de
contratistas y en la de las cláusulas y estipulaciones de los contratos, se tendrá (n)
en consideración los fines y los principios de que trata esta ley, los mandatos de la
buena fe y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a
los contratos conmutativos >>. En este caso, exigir un certificado de estados
financieros es violatorio de la selección objetiva: se trata de un formalismo que no
cumple ninguna finalidad y, sobre todo, que no puede cumplirse. Además, es un
asunto que no afecta la oferta del proponente.
2.3.- En todo caso, no hay que olvidar que el ordinal tercero del artículo 26 indica
que << Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren
abierto licitaciones (…) cuando los pliegos de condiciones (…) hayan sido
elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a
interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de aquellos>>. Y si se
admite que es ambigua la estipulación del pliego de condiciones, esa no puede ser
el fundamento para eximir de responsabilidad a la entidad.
3.- Por el otro, aun si se considera que el pliego exigía la certificación del contador
nacional, no sería posible cumplir este requisito . La sentencia aprobada por la
mayoría de la Sala indica que es posible a exigirles a las <<empresas foráneas (…)
el cumplimiento de alguna disposición que en principio no les resulta aplicable, como
ocurrió en este caso, donde para un asunto específico –proceso de selección– se
le exigió al participante la entrega de sus estados financieros con el lleno de unos
requisitos propios del ordenamiento colombiano, lo cual no s ignifica que sus
documentos contables pierdan valor o que en lo sucesivo deba elaborarlos con
fundamento en otras reglas>>.
3.1.- Ello no es cierto. La posición planteada implica hacer extensivos los requisitos
contables de la sucursal a una sociedad extranjera que aún no tiene negocios
permanentes en Colombia. Según el artículo 488 del Código de Comercio, solo las
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sucursales deben llevar contabilidad conforme las normas colombianas1. Y extender
esa obligación a las sociedades que no tengan sucursales podría ser violatorio del
principio de reciprocidad, dependiendo el país de origen de la sociedad (artículo 20
de la Ley 802).
3.2.- Además, la sentencia objeto de este salvamento de voto no indica la manera
como la sociedad extranjera podía cumplir ese requisito. Todo lo contrario, señala
que la exigencia del pliego se basó en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995 que
prevé lo siguiente:
<<Estados financieros certificados. El representante legal y el contador público bajo
cuya responsabilidad se hubiesen preparado los estados financieros deberán
certificar aquellos que se pongan a disposición de los asociados o de terceros. La
certificación consiste en declarar que se han verificado previamente las afirmaciones
contenidas en ell os, conforme al reglamento, y que las mismas se han tomado
fielmente de los libros>>.
3.3.- Esa norma produce más dudas en cuanto a la posibilidad de cumplimiento del
requisito3: ¿Qué libros verifica el contador que va a certificar los estados financieros
de una sociedad extrajera? ¿Estas sociedades deben tener “libros de comercio” si
sus propias normas locales no las obligan a ello? ¿Puede el contador dar fe pública
de una situación que se refiere a normas contables extranjeras? ¿El sistema de
contabilidad de esa época era concordante con el que aplicaba la sociedad
extranjera?
3.4.- Todas estas preguntas son relevantes porque esa certificación se emite en el
marco de la Ley 43 de 1990. Y el parágrafo del artículo 10 de esa norma establece
lo siguiente:
<<Los Contadores Públicos, cuando otorguen fe pública en materia contable, se
asimilarán a funcionarios públicos para efectos de las sanciones penales por los
delitos que cometieren en el ejercicio de las actividades propias de su profesión, sin
perjuicio de las responsabilidades de orden civil que hubiere lugar conforme a las
leyes>>.
3.5.- De hecho, el Consejo Técnico de Contaduría Pública se pronunció sobre una
exigencia similar en otro proceso de selección que tenía un requerimiento menor:
esos pliegos decían que los contadores hicieran una revisión conforme a <<normas
internacionales de contabilidad>>. En esa ocasión, concluyó lo siguiente:
1<<ARTÍCULO 488. Estas sociedades llevarán, en libros registrados en la misma cámara de comercio de su
domicilio y en idioma español, la contabilidad de los negocios que celebren en el país, con sujeción a las leyes
nacionales. Asimismo enviarán a la correspondiente Superintendencia y a la misma cámara de comercio copia
de un balance general, por lo menos al final de cada año>>.
2<<Se entiende por principio de reciprocidad, el compromiso adquirido por otro país, mediante acuerdo, tratado
o convenio celebrado con Colombia, en el sentido de que a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les
concederá en ese país el mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en cuanto a las condiciones, requisitos,
procedimientos y criterios para la adjudicación de los contratos celebrados con el sector público>>.
3En el concepto CTCP Nº 138 del 23 de octubre de 2007, el Consejo Técnico de Contaduría Pública señaló que
<<Esta disposición fija la responsabilidad del representante legal con respecto a la certificación y señala el
alcance de la firma del contador público que hubiere preparado los estados financieros . Además,
determina el alcance del concepto de certificación de estados financieros, al indicarnos que consiste en declarar
que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento y que
las mismas se han tomado fielmente de los libros de contabilidad>>.
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