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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: las resoluciones demandadas están viciadas de nulidad

PDF oficial ↗ Ver y descargar en SAMAI ↗
Fecha
2022-10-10
Radicado
11001333603420130046001
Número interno
57154
Ponente
MARIA ADRIANA MARIN
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
LUIS FRANCISCO RUBIANO QUIROGA
Demandado
AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: las resoluciones demandadas están viciadas de nulidad

Lo que dijo la Sala

Tal y como lo aceptó el mismo INGEOMINAS en el informe… , la administración se equivocó al rechazar la propuesta del actor, ya que algunas de las superposiciones invocadas no existían, siendo posible que se continuara el trámite con el área libre… . Por ello, dicho acto se encuentra viciado de nulidad, en consideración a que estuvo falsamente motivado, siendo necesario que se declare su ilegalidad. Ahora bien, la Resolución 000251 de 2012, que resuelve el recurso de reposición en contra de la Resolución STC 3031, estimó que la administración erró al rechazar la propuesta del actor, pero que, para ese momento, ya no era posible continuar con el trámite administrativo, porque se encontraba vigente el título HFS-081, que se presentó el 28 de junio de 2006 -es decir, con posterioridad a la propuesta GCU141-.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

Las resoluciones demandadas están viciadas de nulidad por haber sido expedidas con falsa motivación y por desconocer el principio de preferencia, consagrado en el artículo 16 de la Ley 685 de 2001. La Sala ha determinado que la administración se equivocó al rechazar la propuesta del actor, ya que algunas de las superposiciones invocadas no existían, lo que implica que el acto se encuentra viciado de nulidad. Además, la violación del principio de preferencia, aunque no es absoluta, fue aceptada por la autoridad minera en casi la totalidad de los documentos enunciados en los hechos probados, lo que da lugar a que este acto también se vicie de nulidad. La Sala ha anulado la Resolución 000081 de 2015, dada la relación inescindible que existe entre este acto y los estudiados en el título anterior, lo cual obliga a que se elimine el manto de legalidad de todos en su conjunto.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Las resoluciones demandadas están viciadas de nulidad, por haber sido expedidas con falsa motivación, y por haber desconocido el principio de preferencia, consagrado en el artículo 16 de la Ley 685 de 2001?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, art. 163

También resuelve

  • ¿El Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de las acciones que se promuevan sobre asuntos mineros…
  • ¿El fenómeno de la caducidad opera frente a los actos administrativos que son producto del silencio administrativo negativo?
  • ¿Procede el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios al declararse la nulidad de las resoluciones acusadas?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Guías del tema

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Caducidad de la acción contractual Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal Condena en costas y agencias en derecho

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Titulación de la relatoría 12.751 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA / ASUNTOS DE NATURALEZA MINERA / CONCESIÓN DE MINA / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / RECHAZO DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRELACIÓN DE PROPUESTAS PARA CONTRATOS DE CONCESIÓN MINERA / PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS / DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Las resoluciones demandadas están viciadas de nulidad, por haber sido expedidas con falsa motivación, y por haber desconocido el principio de preferencia, consagrado en el artículo 16 de la Ley 685 de 2001? Respuesta al problema jurídico: Si [T]al y como lo aceptó el mismo INGEOMINAS en el informe […], la administración se equivocó al rechazar la propuesta del actor, ya que algunas de las superposiciones invocadas no existían, siendo posible que se continuara el trámite con el área libre […]. Por ello, dicho acto se encuentra viciado de nulidad, en consideración a que estuvo falsamente motivado, siendo necesario que se declare su ilegalidad. Ahora bien, la Resolución 000251 de 2012, que resuelve el recurso de reposición en contra de la Resolución STC 3031, estimó que la administración erró al rechazar la propuesta del actor, pero que, para ese momento, ya no era posible continuar con el trámite administrativo, porque se encontraba vigente el título HFS-081, que se presentó el 28 de junio de 2006 -es decir, con posterioridad a la propuesta GCU141-. Esta situación, en principio, constituye una trasgresión del ya referido principio de preferencia […]. La violación de este principio fue aceptada por la autoridad minera en casi la totalidad de documentos enunciados en los hechos probados […], y si bien el mismo no es absoluto, es claro que, por lo menos en este caso, el rechazo de la propuesta GCU-141 se perpetuó con fundamento en un desconocimiento de este criterio de selección, lo cual da lugar a que este acto se vicie de nulidad, siendo necesaria su declaratoria. […] Así, la Sala accederá a esta primera pretensión, pues estima que los actos demandados, esto es, la Resolución STC 3031 de 2005 y la Resolución 000251 de 2012 están viciadas de nulidad. […] [A] pesar de que la actuación administrativa objeto de debate se rigió por el C.C.A., este proceso se rige por el C.P.A.C.A., el cual prevé, en el artículo 163, lo siguiente: “Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo este se debe individualizar con toda precisión. Si el acto fue objeto de recursos ante la administración se entenderán demandados los actos que los resolvieron”. Por ello, se entiende que la Resolución 000081 de 2015 puede ser objeto de pronunciamiento, ya que fue la que le otorgó firmeza a la Resolución STC 3031, que es objeto de debate. Bajo estos términos, la Sala anulará la Resolución 000081 de 2015, dada la relación inescindible que existe entre este acto y los estudiados en el título anterior, lo cual obliga a que se elimine el manto de legalidad de todos en su conjunto. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el derecho de prelación o preferencia para la selección de la propuesta minera, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de febrero de 2010, rad. 33187, C. P. Enrique Gil Botero; sentencia de 13 de abril de 2016, rad. 35750, C. P. Hernán Andrade Rincón. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 163 MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA / ASUNTOS DE NATURALEZA MINERA / CONCESIÓN DE MINA / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / RECHAZO DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA Problema jurídico: ¿El Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de las acciones que se promuevan sobre asuntos mineros, distintas de las contractuales y en las que la Nación o una entidad estatal nacional es parte? Respuesta al problema jurídico: Si La jurisprudencia de esta Subsección ya ha precisado que, cuando se controvierta la legalidad de un acto por medio del cual se negó la celebración de un contrato de concesión minera, la competencia será de esta Corporación en única instancia, pues no aplica el artículo 293 de la Ley 685 de 2001, sino la regla general prevista en el artículo 295 ibídem, que dispone: “De las acciones que se promuevan sobre asuntos mineros, distintas de las contractuales y en los que la Nación o una entidad estatal nacional sea parte, conocerá el Consejo de Estado en única instancia”. […] Bajo estos términos, se reitera, es claro que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no podía conocer de este proceso en primera instancia, ya que la competencia funcional fue asignada por el legislador al Consejo de Estado, en única instancia. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la competencia del Consejo de Estado en única instancia para conocer asuntos de naturaleza minera a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sin que exista contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de noviembre de 2021, rad. 53038, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; auto de 13 de febrero de 2014, rad. 48521, C. P. Enrique Gil Botero. FUENTE FORMAL: LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 293, 295 CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO Problema jurídico: ¿El fenómeno de la caducidad opera frente a los actos administrativos que son producto del silencio administrativo negativo? Respuesta al problema jurídico: No La caducidad es la consecuencia jurídica prevista en la ley por el ejercicio tardío del derecho de acción, esto es, la desatención de los plazos y términos definidos en el ordenamiento jurídico para la presentación oportuna de la correspondiente demanda, pudiendo ser declarada, incluso, de oficio. En este caso, se persigue la declaratoria de nulidad de unos actos administrativos que rechazaron la propuesta de un contrato de concesión minera, por lo que son actos previos a la celebración de un contrato o precontractuales. El artículo 141 del C.P.A.C.A. prescribe que los actos precontractuales podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y 138 de dicho código, esto es, en ejercicio de los medios de control de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho. Ahora bien, la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho -empleado por el actor-, cuando se pretende la nulidad de este tipo de actos previos a la celebración del contrato, es de 4 meses, según el artículo 164, numeral 2, literal c), de la Ley 1437 de 2011. No obstante, en el proceso se ha discutido sobre si, en esta controversia, operó el silencio administrativo negativo, que daría lugar a que la demanda se presentara en cualquier tiempo, según el literal d) del numeral 1 del artículo 164 del C.P.A.C.A. […] Debe aclararse que, si bien el recurso en contra de la Resolución 000251 fue presentado en vigencia del C.P.A.C.A., en virtud del artículo 308 de este código, “[…] las actuaciones administrativas […] en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”. Así, para efectos de verificar la oportunidad de los recursos, y si operó o no el silencio administrativo negativo, deberán analizarse las disposiciones del C.C.A., pues este era el código vigente al momento de iniciar el trámite administrativo objeto de la controversia. El artículo 51 del C.C.A. señalaba que el recurso de reposición podía interponerse en los 5 días siguientes a la notificación personal del acto, a la desfijación del edicto, o a la publicación, según el caso. Aunque el señor […] se notificó de la Resolución 000251 el 4 de septiembre de 2012, el otro integrante de la propuesta, esto es, el señor […] se notificó por edicto, desfijado el 21 de septiembre siguiente. Por tal razón, el término para que este último integrante del proponente plural presentara el recurso, se extendió hasta el 28 de septiembre de 2012. Ese día ambos integrantes presentaron el recurso […], por lo que, con base en lo expuesto, se considera que este fue oportuno. Ahora, para determinar si operó o no el silencio administrativo negativo, es necesario recurrir al artículo 60 del Código Contencioso Administrativo […]. [S]e tiene que el 29 de noviembre de 2012 […], la ANM no había resuelto la reposición presentada en contra de la Resolución […]. Por ello, se colige que, a partir de ese momento, el silencio de la administración ofrecía al accionante dos alternativas: esperar indefinidamente a que la administración resolviera el recurso o acudir ante el juez de lo contencioso administrativo. Como la demanda se presentó el 21 de octubre de 2013, y para esa fecha tampoco se había resuelto el recurso -que solo se resolvió en el año 2015-, se colige que la demanda podía presentarse en cualquier tiempo, ya que, se reitera, el fenómeno de la caducidad no opera frente a actos que son el resultado del silencio administrativo negativo. Por tanto, para efectos de este proceso, se entenderá que el libelo introductorio se presentó de manera oportuna. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el término para presentar los recursos contra la decisión que afecta a varios sujetos de manera inescindible, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de noviembre de 2021, rad. 53038, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. Respecto del término para que se configure el silencio administrativo negativo y sus consecuencias, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de marzo de 2007, rad. 14850, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 51, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, 308 INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / IMPROCEDENCIA DEL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / NEGACIÓN DEL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / NEGACIÓN DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / FALTA DE PRUEBA / RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MATERIAL EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE Problema jurídico: ¿Procede el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios al declararse la nulidad de las resoluciones acusadas? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala no accederá a la pretensión del restablecimiento del derecho, por lo siguiente: si bien es cierto que el rechazo de la propuesta se sustentó en situaciones contrarias a la realidad o con desconocimiento del derecho de preferencia, lo cual daría lugar a que se ordenara la continuación del trámite minero, el actor no elevó pretensiones en contra del contrato HFS-081, que, según lo indicado en el plenario, ocupa el área objeto de la propuesta, lo cual hace que sea imposible continuar con esta actuación. […] En cuanto a la pretensión indemnizatoria, es necesario aclarar que la Sala no puede acceder al pago del lucro cesante, pues no se probaron los supuestos ingresos que el demandante habría obtenido de haber celebrado el contrato en desarrollo de la actividad minera. Tampoco es viable ordenar el pago de un porcentaje de la utilidad obtenida por los contratistas del título HFS-081, porque no existe la certeza de que el actor habría obtenido algún ingreso. Es más, no es claro que hubiese podido iniciar con la etapa de explotación. […] Sin embargo, la Sala condenará a la ANM por el daño emergente causado a los proponentes, consistente en el valor actual que implicó la presentación de la propuesta -que fue injustamente rechazada-. Lo anterior, en consideración a que la imposibilidad de continuar con el trámite de la oferta GCU-141 no puede servir de excusa para negar la indemnización de los daños que sí le fueron causados al actor. CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿De acuerdo con la normatividad vigente, procede la condena en costas a quien resulta vencido en el proceso o se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 188 del C.P.A.C.A. consagra que “[…] la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”. De esta manera, con independencia de la buena fe con que las partes hubiesen obrado en el presente proceso, por regla general, debe ser condenado en costas el extremo vencido o al que se le resuelve desfavorablemente el recurso, con apego a los dictados del artículo 365 del Código General del Proceso. Como consecuencia, en la medida en que la demanda prosperó parcialmente a favor del extremo demandante, la Sala se abstendrá de condenar en costas. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365
Texto extraído del PDF oficial 104.547 caracteres
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN Bogotá, D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 11001-33-36-034-2013-00460-01 (57.154) Actor: LUIS FRANCISCO RUBIANO QUIROGA Demandado: AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA -ANM- Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Temas: El Consejo de Estado conoce, en única instancia, de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho en los que se pretenda la nulidad de un acto que rechazó una propuesta de concesión minera / El fenómeno de la caducidad no opera frente a los actos administrativos que son producto del silencio administrativo negativo / Si un acto que ni ega una propuesta de concesión minera se basa en un hecho contrario a la realidad, estará viciado con falsa motivación, por lo que deberá declararse nulo. La Sala decide, en única instancia, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentado por el señor Luis Francisco Rubiano Quiroga, en contra de las Resoluciones STC 3031 del 16 de diciembre de 2005, proferida por el Instituto Nacional de Geología y Minería -INGEOMINAS-, hoy Servicio Geológico Colombiano, y 000251 del 21 de agosto de 2012, expedida por la Agencia Nacional de Minería. I. SÍNTESIS DEL CASO El 21 de octubre de 2013, el señor Luis Francisco Rubiano Quiroga presentó demanda (fls. 1 – 13, c1), en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra del Servicio Geológico Colombiano y de la Radicación número: 11001-33-36-034-2013-00460-01 (57.154). Actor: Luis Francisco Rubiano Quiroga. Demandado: Agencia Nacional de Minería. Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. 2 Agencia Nacional de Minería, con la pretensión de que se declarara la nulidad de las Resoluciones STC 3031 de 2005 y 000251 de 2012, por medio de las cuales se rechazó y archivó la propuesta de concesión minera No. GCU-141, por haber sido expedidas con falsa motivación. Adicionalmente, solicitó que se le ordenara a la autoridad minera continuar con el trámite de la propuesta referida, y que se le indemnizaran los perjuicios causados. II. ANTECEDENTES: 1. La demanda: Mediante demanda radicada ante los Juzgados Administrativos de Bogotá, el 21 de octubre de 2013 (fls. 1 – 13, c1), y a través de apoderado judicial (fl. 14, c1), el señor Luis Francisco Rubiano Quiroga, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del C.P.A.C.A., se dirigió en contra del Instituto Nacional de Geología y Minería -INGEOMINAS-, hoy Servicio Geológico Colombiano, y de la Agencia Nacional de Minería, con el propósito de obtener las siguientes declaraciones y condenas: Primero. Declarar la Nulidad de la resolución número STC No 3031 del 16 de Diciembre de 2005 expedida por INGEOMINAS, hoy SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO, así como la Nulidad de la Resolución número 000251 del 21 de Agosto de 2012 expedida por la AGENCIA NAC IONAL DE MINERÍA en la cual se desató desfavorable (sic) el recurso interpuesto en contra de la primera resolución mencionada, en tanto que las mismas se encuentran sustentadas con falsa motivación. Segundo. Que como consecuencia de lo anterior, y para ef ectos de la reparación del daño se ordene continuar con el trámite de la propuesta solicitada GCU-141 con el fin de llevar a cabo el proceso de contratación con mi poderdante y el Estado, sobre el terreno peticionado para la explotación de minería. Tercero. Que como consecuencia de lo anterior, y para efectos de la reparación del daño ocasionado se ordene a la NACIÓN, a la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA y al SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO al pago en (sic) las indemnizaciones causadas a título de daño emergente que ha tenido que soportar mi poderdante a causa de los actos atacados. Cuarto. Que como consecuencia de lo anterior, y para efectos de la reparación del daño ocasionado se ordene a la NACIÓN, a la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA y al SERVICIO GEOLÓGICO COL OMBIANO al pago en (sic) las indemnizaciones causadas a título de lucro cesante. Quinto. Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término establecido en el Código Administrativo. Radicación número: 11001-33-36-034-2013-00460-01 (57.154). Actor: Luis Francisco Rubiano Quiroga. Demandado: Agencia Nacional de Minería. Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. 3 Sexto. Si no se efectúa el pago en forma oportuna, la ent idad liquidará los intereses comerciales y moratorios como lo ordena el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011. Séptimo. La condena respectiva será actualizada de conformidad con el código contencioso administrativo aplicando los ajustes de valor (indexación) desde la fecha en que se causó el daño hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que le ponga fin al proceso (fl. 1, c1)1. 1.1 Los fundamentos de hecho: El actor sustentó sus pretensiones en los fundamentos fácticos, que, en síntesis, se expresan a continuación: El 30 de marzo de 2005, el señor Luis Francisco Rubiano Quiroga presentó la propuesta GCU-141, con el fin de celebrar un contrato de concesión de exploración y explotación minera de carbón, en el municipio de Guachetá -Cundinamarca-. El Instituto Colombiano de Geología y Minería -INGEOMINAS-, hoy Servicio Geológico Colombiano, expidió la Resolución STC No. 3031 del 16 de diciembre de 2005, que rechazó y ordenó el archivo de la propuesta GCU -141. En dicho acto administrativo, se indicó que el área de interés de la propuesta presentaba superposición parcial con los títulos 13830, 051-93 y 02-033-96. El último título mencionado fue desanotado el 16 de marzo de 2005, esto es, antes de la presentación de la propuesta, por lo que sí existía áre a libre para contratar, comprendida en 11 hectáreas y 8844.55 metros cuadrados, distribuidos en una zona. La parte actora presentó el recurso de reposición en contra de la anterior decisión el 13 de julio de 2006, bajo el radicado 09226. El 27 de noviembre de 2007, el INGEOMINAS realizó una reevaluación técnica, en la que concluyó que sí existía área libre para concesionar. En dicho estudio, se precisó que era viable continuar con el trámite de la propuesta GCU-141. 1 Al definir la cuantía, se estimó en $30’000.000, a título de daño emergente. El lucro cesante sería igual al que se probara en el proceso. Radicación número: 11001-33-36-034-2013-00460-01 (57.154). Actor: Luis Francisco Rubiano Quiroga. Demandado: Agencia Nacional de Minería. Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. 4 El 11 de marzo de 2008, el INGEOMINAS realizó una evaluación jurídica, en la que afirmó que la propuesta GCU -141 se superponía con el título HFS -081, que fue presentado el 30 de junio de 2006, esto es, con posterioridad a la propuesta del actor. En este documento, se reconoció que se cometió un error al celebrar el contrato HFS-081, pese a la existencia de una propuesta previa. Por ello, se les solicitó a los titulares de esta concesión que se pronunciaran respecto a la renuncia voluntaria del área otorgada. La anterior determinación fue plas mada en el Auto GCTM No. 348 del 11 de abril de 2008, que le pedía a los contratistas del título HFS-081 la renuncia voluntaria del área concesionada, en atención a la violación del derecho de prelación del demandante. En este acto también se coligió que era técnicamente viable continuar con el trámite de la solicitud GCU-141. Mediante Memorando GCTM -1527, el Coordinador del Grupo de Contratación y Titulación Minera aceptó que el título HFS-081 afectó el derecho de prelación de la propuesta GCU-141, previsto en el artículo 16 de la Ley 685 de 2001. La Agencia Nacional de Minería profirió la Resolución 000251 del 21 de agosto de 2012, que confirmó la resolución STC No. 3031 del 16 de diciembre de 2005. Contra aquel acto se interpuso el recurso de reposición, dado que su artículo tercero previó los recursos que eran procedentes, entre ellos, el de reposición. El recurso de reposición en mención no fue resuelto, por lo que se configuró el silencio administrativo negativo. 1.2 Los fundamentos de derecho: El accionante planteó como fundamentos de sus pretensiones, los siguientes argumentos: -Los actos demandados se encuentran viciados por falsa motivación, dado que los supuestos de hecho expuestos en ellos no concuerdan con la realidad fáctica. Aunque las resoluciones cuestionadas fundamentan el rechazo de la propuesta en unas supuestas super posiciones, que hacían que no existiera área libre para Radicación número: 11001-33-36-034-2013-00460-01 (57.154). Actor: Luis Francisco Rubiano Quiroga. Demandado: Agencia Nacional de Minería. Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. 5 contratar, al momento de radicar la propuesta GCU -141, uno de los títulos ya se encontraba desanotado, por lo que era procedente continuar con el estudio de la propuesta. Incluso, en la Resolución 000251 se acepta que, en principio, la decisión de rechazo no fue acertada. -Las actuaciones de la autoridad minera trasgredieron, además, el derecho al debido proceso, previsto en el artículo 29 de la Constitución, y el derecho de prelación o preferencia, regulado en el artículo 16 de la Ley 685 de 2001. -Con la celebración del contrato HFS -081 se cometieron varias irregularidades, entre ellas, la ya mencionada violación del derecho de prelación, y la celeridad con la que se suscribió dicho contrato -menos de 4 meses2-, en especial, si se tiene en cuenta la congestión administrativa de la autoridad minera. -La autoridad mi

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110013336034201300460011100103