Síntesis de la providencia
Salvamento parcial de voto: Salvamento voto
Lo que dijo la Sala
La posición mayoritaria de la Subsección optó por separarse del criterio fijado por esta Corporación en providencia del 12 de febrero de 2014 (expediente 48.117), según el cual el régimen jurídico aplicable al Contrato n° 002 de 2008 es el del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Aun cuando ese aserto no ostenta la entidad de alterar la conclusión frente a la ilegalidad de la multa impuesta a través de la Resolución n° 152 de 2011 -aspecto con el que este Despacho coincide-, no comparto que dicho negocio hubiese estado gobernado por el derecho privado, lo cual sí incide en la parte resolutiva.
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Problema jurídico
¿En virtud del principio de seguridad jurídica, la Sala debió reconocer el precedente fijado por la Corporación en el asunto litigioso del que hicieron parte los extremos de este proceso, según el cual el régimen jurídico aplicable al Contrato era el Estatuto General de Contratación, por cuanto casos semejantes son fallados de igual manera?
Respuesta: Si
También resuelve
- ¿La multa al ser impuesta mediante acto administrativo, era pasible de nulidad, por virtud del sometimiento del contrato al estatuto general de contratación pública?
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Titulación de la relatoría 4.999 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO / RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / PRECEDENTE JUDICIAL / RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS / IDENTIDAD DE PARTES / IDENTIDAD DE CAUSA / SENTENCIA QUE RESUELVE EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / VALOR VINCULANTE DE LA SENTENCIA / FUERZA VINCULANTE DEL PRECEDENTE JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL / SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS / UNIÓN TEMPORAL
Problema jurídico:
¿En virtud del principio de seguridad jurídica, la Sala debió reconocer el precedente fijado por la Corporación en el asunto litigioso del que hicieron parte los extremos de este proceso, según el cual el régimen jurídico aplicable al Contrato era el Estatuto General de Contratación, por cuanto casos semejantes son fallados de igual manera?
Respuesta al problema jurídico: Si
La posición mayoritaria de la Subsección optó por separarse del criterio fijado por esta Corporación en providencia del 12 de febrero de 2014 (expediente 48.117), según el cual el régimen jurídico aplicable al Contrato n° 002 de 2008 es el del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Aun cuando ese aserto no ostenta la entidad de alterar la conclusión frente a la ilegalidad de la multa impuesta a través de la Resolución n° 152 de 2011 -aspecto con el que este Despacho coincide-, no comparto que dicho negocio hubiese estado gobernado por el derecho privado, lo cual sí incide en la parte resolutiva. El citado fallo del 12 de febrero de 2014, al resolver en sede de anulación de laudo arbitral una controversia suscitada entre Metrolínea S.A. y la Unión Temporal Puentes I, en el marco del mismo contrato que aquí se discute; dirimió expresamente que el régimen jurídico aplicable es el del EGCAP, aspecto que constituyó justamente uno de los cargos del recurso de anulación incoado. Así, dicha circunstancia fue un elemento central de la cuestión ligitiosa, integró la ratio decidendi de la sentencia -de donde emana su fuerza vinculante- y, por lo tanto, su observancia resultaba ineludible en el sub examine, tratándose - insisto- del mismo negocio jurídico. La postura de la Subsección, entonces, se separa del precedente fijado por esta Corporación y de que las partes actuaron bajo la convicción de que el contrato se rigió por normas de derecho público y que, con base en ello, por ejemplo, construyeron sus argumentos de demanda y oposición.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el régimen jurídico aplicable al contrato, ver: Corte Constitucional, sentencia SU 047 de 1999; sentencia SU 1300 de 2001; sentencia T 489 de 2013. Sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia de los órganos de cierre, ver: Corte Constitucional, sentencia C 355 de 2008; sentencia C 816 de 2011; sentencia SU 053 de 2015.
DEMANDA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO / MULTA AL CONTRATISTA / CONTRATACIÓN ESTATAL / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / CONTROL DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DE LA SANCIÓN / MORA DEL CONTRATISTA / CLÁUSULA PENAL CON FUNCIÓN DE APREMIO
Problema jurídico:
¿La multa al ser impuesta mediante acto administrativo, era pasible de nulidad, por virtud del sometimiento del contrato al estatuto general de contratación pública?
Respuesta al problema jurídico: Si
[C]omo directa consecuencia de que el régimen del contrato en cuestión es de derecho público, resulta forzoso concluir que la Resolución demandada sí corresponde a un acto administrativo, sujeta a control de legalidad por esta jurisdicción y, comprobada -como se encontró su contradicción al orden jurídico- la decisión que correspondía adoptar era la de declarar su nulidad, como fue acertadamente dispuesto por el a quo, de manera que no había lugar a modificar el fallo impugnado, sino a confirmarlo. En efecto, en tanto el EGCAP gobernó el acuerdo de voluntades analizado, la naturaleza conminatoria con que las partes pactaron las penalidades deviene del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, a la luz del cual el efecto apremiante supone que la multa “procede solo mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista”. Ello revela que existe ciertamente una diferencia, en el tratamiento normativo que se otorga al tal efecto, entre el artículo 1594 del Código Civil y el aludido 17 de la Ley 1150 de 2007, respecto de la posibilidad de que el cumplimiento purgue la mora, pues al margen de su causación y del acrecimiento de su monto, si el negocio está regido por normas de derecho público, la multa no se podrá imponer si el contratista se ha puesto al día.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la facultad de proferir un acto administrativo, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 9 de mayo de 2024, rad. 53962, C. P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 17, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1594