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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: no procede la nulidad absoluta del contrato de concesión minera AIT-147 de 2002

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Fecha
2022-06-01
Radicado
25000233600020130071601
Número interno
56007
Ponente
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
Demandado
LADRILLERA SANTAFE S.A. (SOCIEDAD ABSORBENTE DE LA SOCIEDAD MINERA DE LOS ANDES S.A.), AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: no procede la nulidad absoluta del contrato de concesión minera AIT-147 de 2002

Lo que dijo la Sala

La Sala concluye que el Acuerdo 022 de 2009, por medio del cual la CAR declaró como Reserva Forestal y Distrito de Manejo Integrado el Páramo de Guargua y Laguna Verde, constituye una disposición ambiental aplicable al contrato de concesión AIT-147 de 2002, aun cuando fue expedido con posterioridad al perfeccionamiento del negocio jurídico y a la inscripción del título en el Registro Minero Nacional.… La Sala concluye que en el presente caso no se configura la causal de nulidad absoluta por objeto ilícito alegada en la demanda, porque la previsión legal que impone la aplicación general e inmediata de disposiciones ambientales a contratos que se encuentran en ejecución al momento de su expedición, no afecta los elementos de existencia y validez vigentes al momento de su celebración.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede obtener la nulidad absoluta del contrato de concesión minera por ilicitud del objeto frente a la declaratoria posterior de un Distrito de Manejo Integrado que excluye áreas para la minería, ya que la ley ambiental permite la aplicación retrospectiva de disposiciones que prohíben la actividad minera en áreas específicas, lo que no invalida el contrato en su totalidad sino que limita su ejecución en las áreas afectadas, dejando a las partes la responsabilidad de determinar la viabilidad técnica, administrativa y financiera de la concesión en las áreas no excluidas. La Sala revoca la sentencia que declaró la nulidad parcial del contrato y niega las pretensiones de la demanda, reiterando que los contratos de concesión que involucran bienes públicos como el subsuelo o recursos naturales no renovables son imprescriptibles e inenajenables, permitiendo que la acción de controversias contractuales se presente en cualquier tiempo.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Procede la nulidad absoluta del contrato de concesión minera AIT-147 de 2002, por ilicitud del objeto frente a la declaratoria de Distrito de Manejo Integrado -DMI- del Páramo de Guargua y Laguna Verde dispuesta por la CAR a través del Acuerdo 022 de agosto de 2009, por configurar un área excluible de la minería?

Respuesta: No

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Guías del tema

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Caducidad de la acción contractual Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal

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Titulación de la relatoría 22.142 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / ASUNTOS DE NATURALEZA MINERA / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / OBJETO ILÍCITO DEL CONTRATO ESTATAL / LEY AMBIENTAL / ZONA RESTRINGIDA PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA MINA / APLICACIÓN DE LA RETROSPECTIVIDAD DE LA LEY / EFECTOS DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / REVOCATORIA DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Procede la nulidad absoluta del contrato de concesión minera AIT-147 de 2002, por ilicitud del objeto frente a la declaratoria de Distrito de Manejo Integrado -DMI- del Páramo de Guargua y Laguna Verde dispuesta por la CAR a través del Acuerdo 022 de agosto de 2009, por configurar un área excluible de la minería? Respuesta al problema jurídico: No [L]a Sala concluye que el Acuerdo 022 de 2009, por medio del cual la CAR declaró como Reserva Forestal y Distrito de Manejo Integrado el Páramo de Guargua y Laguna Verde, constituye una disposición ambiental aplicable al contrato de concesión AIT-147 de 2002, aun cuando fue expedido con posterioridad al perfeccionamiento del negocio jurídico y a la inscripción del título en el Registro Minero Nacional. […] [L]a Sala concluye que en el presente caso no se configura la causal de nulidad absoluta por objeto ilícito alegada en la demanda, porque la previsión legal que impone la aplicación general e inmediata de disposiciones ambientales a contratos que se encuentran en ejecución al momento de su expedición, no afecta los elementos de existencia y validez vigentes al momento de su celebración. La consecuencia jurídica de la aplicación retrospectiva de las normas ambientales, que por disposición expresa de la ley tienen la virtualidad excepcional de prohibir la actividad minera aún “durante la vigencia del contrato mismo”, torna el objeto de la obligación en “moralmente imposible” por estar “prohibido por las leyes”. En ese orden, el efecto de la aplicación de la prohibición ambiental sobrevenida al contrato de concesión en ejecución, que opera de pleno derecho, debe ser revisado por las partes, porque son ellas las que tienen el interés de determinar la viabilidad técnica, administrativa y financiera de la concesión para la exploración y explotación del yacimiento minero sobre el área que no resultó afectada con la exclusión de la actividad minera, cuya ejecución, en todo caso, requiere de licencia ambiental. […] Por lo expuesto, la Sala revocará la sentencia venida en apelación que declaró la nulidad absoluta parcial del contrato de explotación minera AIT-147 de 22 de agosto de 2002, por ilicitud del objeto frente al 63.97% del área que se superpone con el Acuerdo 022 de agosto de 2009. En su lugar, negará las pretensiones de la demanda por las razones expuestas. CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / BIEN DE USO PÚBLICO / IMPRESCRIPTIBILIDAD DEL BIEN DE USO PÚBLICO / PROPIEDAD DEL ESTADO / SUBSUELO / RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL Problema jurídico: ¡ Cuando la acción de controversias contractuales se dirige contra un contrato de concesión que involucra bienes públicos como el subsuelo o recursos naturales no renovables de exclusiva propiedad del Estado, la demanda podrá ser presentada en cualquier tiempo? Respuesta al problema jurídico: Si La jurisprudencia de esta Sección ha considerado que en los eventos en que la acción de controversias contractuales se dirige contra un contrato de concesión que involucra bienes públicos como el subsuelo o recursos naturales no renovables de exclusiva propiedad del Estado, la demanda podrá ser presentada en cualquier tiempo por tratarse de bienes estatales imprescriptibles e inenajenables. […] En ese orden, como la CAR ejerció el medio de control de controversias contractuales con la pretensión de que se declare la nulidad absoluta del contrato de concesión minera AIT-147 de 2002 por objeto ilícito, con fundamento en que el área concesionada para la exploración y explotación de arcilla se superpone con la zona de reserva forestal del Páramo de Guargua y Laguna Verde y el Distrito de Manejo Integrado, declarada por la autoridad ambiental por medio del Acuerdo 022 de 18 de agosto de 2009, la Sala considera que se trata de un litigio sobre actos o derechos cuyo objeto es un bien imprescriptible o inajenable del Estado de acuerdo con lo previsto en el artículo 6 del Código de Minas y el parágrafo 1 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, disposiciones aplicables a esta controversia de conformidad con la jurisprudencia de la Corporación, por lo que entiende que la demanda fue presentada en tiempo. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la caducidad del medio de control de controversias contractuales que versen sobre bienes de uso público y que como tal tienen el carácter de imprescriptibles, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de enero de 2016, rad. 28210, C. P. Hernán Andrade Rincón; auto de 20 de septiembre de 2017, rad. 58570, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 3 de agosto de 2020, rad. 58710, C. P. Alberto Montaña Plata; sentencia de 7 de noviembre de 2019, rad. 60686, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico. MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / INTERÉS PARA DEMANDAR LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / TERCERO CON INTERÉS LEGÍTIMO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / INTERÉS DIRECTO EN EL PROCESO OBITER DICTUM En relación con la legitimación para la causa por activa resulta aplicable al caso la previsión del artículo 289 de la Ley 685 de 2001 (Código de Minas), según el cual la administración, el concesionario, los terceros que acrediten interés directo y el Ministerio Publico, pueden pedir que se declare la inexistencia o nulidad del contrato de concesión minera. Tal normativa guarda armonía con lo dispuesto en el artículo artículo141 del CPACA, que habilita al Ministerio Público y a los terceros con interés directo para solicitar la nulidad absoluta del contrato. En ese orden, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR-, en condición de autoridad ambiental encargada de reservar, alinderar, administrar o sustraer las áreas de reserva forestal y distrito de manejo integrado, en los términos previstos en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, tiene legitimación para la causa por activa, dado el interés directo que tiene frente a la explotación de los recursos naturales que son objeto de contratos de concesión en los que, además, tiene la función de tramitar la solicitud de licencia ambiental durante la etapa de explotación. En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva, si bien el contrato de concesión objeto de la pretensión de nulidad absoluta fue suscito por la Empresa Nacional Minera Ltda. -Minerco Ltda.-, en la actualidad la Agencia Nacional de Minería es la autoridad competente para asumir el presente proceso judicial en virtud de las atribuciones establecidas en el Decreto 4134 de 2011, entre las que se incluyen las de “celebrar, administrar y hacer seguimiento” a los contratos de concesión y demás títulos mineros que le fueron asignados y atender los procesos judiciales. A su turno, la empresa Ladrillera Santafé S.A. cuenta con interés directo dada su condición de concesionaria del contrato AIT-147 para la exploración y explotación de un yacimiento de arcilla objeto de la presente acción, motivo por el que fue vinculada al proceso como tercera interesada. FUENTE FORMAL: DECRETO 4134 DE 2011, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 289, LEY 99 DE 1993 - ARTÍCULO 31 RECURSOS NATURALES RENOVABLES / ÁREA PROTEGIDA / ÁREA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE / ZONA RESTRINGIDA PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA MINA / EXCLUSIÓN DE LA ZONA DE RESERVA FORESTAL / ÁREA DE MANEJO ESPECIAL DE AGUA OBITER DICTUM [E]l Consejo de Estado ha precisado -en relación con las zonas excluibles de la minera previstas en el artículo 34 del Código de Minas-, que se trata de todas las áreas protegidas que conforman las “reservas de recursos naturales renovables” , clasificadas en el Código de Recursos Naturales Renovables, como: (i) reservas forestales destinadas al aprovechamiento racional permanente de los bosques que en ella existan o se establezcan y, (ii) áreas de manejo especial, entre las que se encuentra el Distrito de Manejo Integrado -DMI-, entre otros. […] Por otra parte, de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 del Código de Minas, las zonas que se entienden excluidas de la minería en las distintas categorías previstas en el Código de Recurso Naturales Renovables, por declaraciones de la autoridad ambiental que existen o que se declaren en el futuro, entre las que se entienden incluidos los Distritos de Manejo Integrado, no se requiere de exclusión expresa por autoridad alguna, “ni de mención en los actos y contratos, ni de renuncia del proponente o concesionario”. Así, en caso de que se continúe la exploración o explotación, la autoridad minera debe ordenar su inmediato retiro y desalojo, sin pago, compensación o indemnización alguna. Ahora, es del caso precisar que, si bien el último inciso del artículo 34 del Código de Minas prevé que la autoridad minera puede autorizar que en las zonas excluibles de minería se adelanten actividades de esa naturaleza, con excepción de los parques, “sólo por determinados métodos y sistemas de extracción que no afecten los objetivos de la zona de exclusión mineras”, tal autorización está condicionada a la expedición de un acto administrativo previo por parte de la autoridad ambiental que decrete la sustracción del área requerida de la zona de protección o del área de manejo especial, situación que no fue acreditada en este contencioso. Lo expuesto le permite a la Sala concluir que, la declaración como Distrito de Manejo Integrado del Páramo de Guargua y Laguna Verde, organizado en las categorías de preservación, protección, producción y zonas de recuperación, forma parte de las zonas declaradas y delimitadas como de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables o del ambiente, motivo por el cual se entiende incluida en las zonas excluibles de la minería previstas en el artículo 34 del Código de Minas, sin que sea presupuesto para la aplicación de tal prohibición la existencia del Plan de Manejo Integrado del DMI, ni la declaración expresa de que constituye una zona excluible. NOTA DE RELATORÍA: En relación con las zonas excluibles de la minería, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de julio de 2021, rad. 56001, C. P. Martín Bermúdez Muñoz; sentencia de 3 de agosto de 2020, rad. 58710, C. P. Alberto Montaña Plata; Sección Primera, sentencia de 12 de febrero de 2015, rad. 85001-23-31-001-2012-00044-00(AP), C. P. María Claudia Rojas Lasso FUENTE FORMAL: LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 34, 36 ZONA RESTRINGIDA PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA MINA / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / LEY AMBIENTAL / PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES / IMPROCEDENCIA DEL DERECHO ADQUIRIDO / PRINCIPIO DE PRIMACÍA DEL INTERÉS GENERAL / APLICACIÓN DE LA RETROSPECTIVIDAD DE LA LEY OBITER DICTUM [E]l Código Minero establece como elemento imprescindible para la aprobación y autorización de las obras y trabajos de minería sustentados en un contrato de concesión, la inclusión de la gestión ambiental y sus costos en el estudio, diseño, preparación y ejecución de la actividad. También prevé que “las disposiciones legales y reglamentarias de orden ambiental son de aplicación general e inmediata para todas las obras y labores mineras a las que les sean aplicables”. La importancia que la Constitución Política le confiere a la protección de los recursos naturales y a la preservación de un medio ambiente sano como intereses generales, armoniza con la previsión legal que exige la aplicación inmediata de la reglamentación que las autoridades ambientales profieran en asuntos mineros en atención al propósito que persiguen, lo que lleva a inferir que las relaciones jurídicas consolidadas bajo reglamentaciones anteriores no configuran derechos adquiridos, porque pueden sufrir modificaciones en virtud de disposiciones ambientales “que se declaren en el futuro por la autoridad ambiental”. En relación con el concepto de derechos adquiridos, el artículo 58 de la Constitución Política prevé que, cuando la aplicación de una ley expedida por interés social o utilidad pública genera conflicto con derechos de los particulares, “el interés privado deberá ceder al interés público o social”. […] En punto a la prevalencia del interés general sobre el particular en contratos de concesión minera y la potestad del legislador y de las autoridades ambientales de restringir la explotación de los recursos en zonas de protección, la Corte Constitucional consideró que, “la sola existencia de un contrato de concesión no impide al Estado limitar, condicionar o prohibir la actividad objeto de la concesión, cuando con ello se pretenda proteger un bien jurídico de mayor importancia constitucional (…) Aceptar una posición contraria, limitando la actividad del Legislador y del gobierno a la inexistencia de contratos de concesión equivaldría sujetar la actividad legislativa a intereses particulares, estancar la capacidad del ordenamiento de responder a los cambios sociales, e invertir la regla constitucional de prevalencia del interés general. Siendo ello así, en virtud de la prevalencia del interés general sobre el particular es perfectamente posible desde el punto de vista constitucional que el Legislador prohíba una actividad que estaba desarrollando en conjunto con un particular, cuando con ello se pretenda evitar un riesgo para un bien jurídicamente protegido. Por lo tanto, el hecho de que en la primera hipótesis el Estado haya suscrito un contrato de concesión con el particular no le impide al Legislador prohibir la actividad respectiva, incluso durante la vigencia del contrato mismo”. Conforme a las normas especiales referidas, la regla de la irretroactividad de la legislación que lleva implícita la imposibilidad genérica de afectar situaciones jurídicas consolidadas o afectar hechos o consecuencias jurídicas que se han formado válidamente al amparo de una ley anterior, como garantía de seguridad jurídica, cuenta con reglas de excepción de aplicación retroactiva por expresa disposición de legal, como son el principio de favorabilidad penal previsto en el artículo 28 de la Constitución Política y la aplicación general e inmediata de las disposiciones legales y reglamentarias de orden ambiental “para todas las obras y labores mineras a las que les sean aplicables”, entre las que se cuentan las disposiciones sobre zonas de exclusión de la minería declaradas “o que se declaren en el futuro por la autoridad ambiental”. La aplicación de las leyes ambientales en forma general e inmediata, aún a contratos de concesión vigentes al momento de su expedición, remite a la figura de la retrospectividad de la ley que “se presenta cuando las normas se aplican a situaciones que si bien surgieron con anterioridad a su entrada en vigencia, sus efectos jurídicos no se han consolidado al momento en que cobra vigor la nueva ley (…) De este modo, ‘aquello que dispone una norma jurídica debe cumplirse de inmediato, hacia el futuro y con la posibilidad de afectar situaciones que se han originado en el pasado (retrospectividad), es decir, situaciones jurídicas en curso al momento de entrada en vigencia de la norma”. Lo anterior permite concluir que las disposiciones expedidas por la autoridad ambiental con posterioridad al perfeccionamiento del contrato de concesión para la exploración y explotación minera tienen la virtualidad de modificar las condiciones contractuales debido a que el objeto recae sobre bienes públicos relacionados con la explotación de recursos naturales, circunstancia que impone la primacía del interés general. En ese orden, procede afirmar que los contratos de concesión de esa naturaleza pueden verse afectados por la prohibición de la actividad respectiva, incluso durante la vigencia del contrato. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 58, LEY 685 DE 2001 NEGOCIO JURÍDICO / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES / IMPROCEDENCIA DEL DERECHO ADQUIRIDO / PRINCIPIO DE PRIMACÍA DEL INTERÉS GENERAL / APLICACIÓN DE LA LEY / ZONA RESTRINGIDA PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA MINA OBITER DICTUM En relación con la eficacia del negocio jurídico, la jurisprudencia de esta Sección ha admitido que los contratos celebrados conforme a la ley pueden verse afectados cuando ingresan al ordenamiento jurídico “principios y/o reglas que pueden eventualmente llegan a modificar significativa y sustancialmente el acuerdo contractual al que habían llegado las partes, máxime si, se insiste, las normas proferidas son catalogadas como de orden público”, (…) [S]erá posible ajustar el contenido del acuerdo cuyo régimen ha sido modificado por normas de orden público superior o, en su defecto, estudiar la validez del mismo para verificar si se acompasa o no con las disposiciones que regulan la materia, solución que es acorde con los lineamientos de los artículos 1602 y 1603 del Código Civil”. En asuntos mineros, las disposiciones que se dicten con posterioridad al perfeccionamiento del contrato tienen la virtualidad de modificarlo en atención a que el objeto contractual recae sobre bienes públicos “de propiedad estatal” frente a los que prevalece el interés general, lo que le permite al Estado, por mandato legal, intervenir en la explotación de los recursos naturales y uso del suelo, así como en la planificación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, con el propósito de cumplir los deberes y lograr los fines impuestos por la Constitución Política en esa materia. Acorde con lo anterior, el Código de Minas prevé, en forma expresa, que las disposiciones legales y reglamentarias de orden ambiental son de aplicación general e inmediata para todas las obras y labores mineras a las que les sean aplicables, regla que implica la eventual afectación de las obligaciones del contrato de concesión minera celebrado válidamente. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la eficacia del negocio jurídico, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de mayo de 2011, rad. 17863, C. P. Enrique Gil Botero; sentencia de 24 de julio de 2013, rad. 25642, C. P. Enrique Gil Botero. FUENTE FORMAL: LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1602, 1603, LEY 685 DE 2001 NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / OBJETO ILÍCITO DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / LEY AMBIENTAL / APLICACIÓN DE LA RETROSPECTIVIDAD DE LA LEY OBITER DICTUM La causal de nulidad por objeto ilícito se estructura desde la celebración del negocio jurídico por la inobservancia de las partes de la normativa ambiental vigente para ese momento, circunstancia que descarta la imprevisión connatural de un hecho sobreviniente. En ese orden, la jurisprudencia de las Subsecciones de la Sección Tercera ha declarado la nulidad del contrato de concesión por objeto ilícito cuando la declaración de la zona excluible de minería es anterior a la celebración del contrato por desconocer las normas legales que regían el negocio jurídico, con efectos disímiles, pues en algunos se demostró que el área de superposición era parcial o total y, además, se encontró acreditado que se incumplió el régimen de licencia previa (Decreto 2655 de 1988) o que la empresa concesionaria renunció a la ejecución del contrato por recaer la prohibición sobre más del 85% del área que conforma el objeto contractual. En los casos en los que la disposición ambiental prohibitiva es expedida con posterioridad a la celebración del contrato de concesión minera, la validez del contrato no se ve comprometida, dado que esos atributos se califican conforme a las normas vigentes al momento de su nacimiento conforme al artículo 38 de la Ley 153 de 1887, lo que descarta la configuración de una causal de ineficacia en sentido amplio (inexistencia o nulidad absoluta). En tales eventos, la revisión de las estipulaciones contractuales afectadas por disposiciones imperativas sobrevinientes está a cargo de las partes, dado que son estas las que tienen interés para alegar la alteración o posible desmejora de las condiciones contractuales causada por la prohibición ambiental, que opera de pleno derecho, y puede tornar imposible la ejecución del objeto del contrato, más aún si se tiene en cuenta que ese hecho extrínseco no configura un acto frente a los que opere la ineficacia del negocio jurídico. Al respecto, es del caso precisar que, en virtud de lo previsto en el artículo 36 del Código de Minas, las zonas en las que está prohibida la actividad minera o su ejercicio requiera de permisos a autorizaciones especiales, tales áreas se entienden “excluidas o restringidas de pleno derecho”, sin que sea necesaria declaración expresa ni mención en los actos y contratos o renuncia del concesionario, por lo que, en caso de que las zonas hubieren sido ocupadas, “la autoridad minera ordenará su inmediato retiro y desalojo, sin pago, compensación o indemnización alguna por esta causa. Lo anterior, sin perjuicio de las actuaciones que inicien las autoridades competentes en cada caso cuando a ello hubiere lugar”. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la nulidad absoluta del contrato por objeto ilícito, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de abril de 2012, rad. 21699, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 3 de agosto de 2020, rad. 58710, C. P. Alberto Montaña Plata; sentencia de 9 julio de 2021, rad. 57228, C. P. Martín Bermúdez Muñoz; sentencia de 26 de julio de 2021, rad. 56001, C. P. Martín Bermúdez Muñoz; sentencia de 19 de julio de 2018, rad. 55991, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 24 de septiembre de 2021, rad. 55979, C. P. María Adriana Marín. FUENTE FORMAL: DECRETO 2655 DE 1988, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 38, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 36

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201300716011100103