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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la inconformidad del demandado respecto de la indebida acreditación del pago de la condena no es de recibo

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Fecha
2022-07-18
Radicado
68001233300020130013301
Número interno
53397
Ponente
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL
Demandado
ALVARO VILLALBA LANDINEZ

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la inconformidad del demandado respecto de la indebida acreditación del pago de la condena no es de recibo

Lo que dijo la Sala

El Tribunal Administrativo de Santander, por medio de sentencia expedida el 16 de junio de 2011, al decidir la demanda presentada en el marco de una acción de reparación directa, condena a la Nación Ministerio de Defensa, Policía Nacional, al pago de perjuicios materiales y morales derivados de la muerte del patrullero Juan José Blandón Muñoz, ocurrida el 3 de diciembre de 2002 a manos de subversivos de las AUC.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El pago de la condena que sustenta la pretensión de repetición se acredita con documentos públicos que reflejen la voluntad de la administración de cumplir la sentencia y permitan identificar al beneficiario, la fuente de la obligación, la entidad bancaria y la cuenta, la suma pagada y la fecha del pago. La regla hace parte del segundo presupuesto de procedibilidad de la acción y se cumple cuando esos documentos existen en el expediente. La Sala la sostiene en dos razones. La primera es que los documentos aportados, entre ellos una resolución que dio cumplimiento a una conciliación, un comprobante de egreso, una certificación del tesorero y una orden de pago presupuestal, son documentos públicos que contienen la decisión de la entidad de cumplir la condena. La segunda es que se presumen auténticos, pues existe certeza sobre los servidores públicos que los expidieron y el cargo que ejercían. Con base en esos documentos, la Sala examina la inconformidad del demandado sobre la acreditación del pago, y la providencia modifica la decisión de primera instancia. El texto disponible no permite precisar el alcance de esa modificación ni si la sentencia cambia un criterio anterior.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El pago de la condena que sustentó la pretensión de reembolso se encuentra debidamente acreditado?

Respuesta: Si

También resuelve

  • ¿Está probado que el proceder doloso o gravemente culposo del demandado vino determinante para que el órgano demandante haya estado obligado al pago cuya repetición pretende en este proceso?
  • ¿Está acreditado el cargo y las funciones que ejercía el demandado en repetición al momento de los hechos que dieron inicio al proceso penal y, por lo tanto, se acreditó la culpa grave del demandando?
  • ¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad del medio de control de repeticón?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Descriptores temáticos

Guías del tema

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Caducidad de la acción contractual Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Acción de repetición contra el agente Condena en costas y agencias en derecho

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Titulación de la relatoría 26.024 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO DE CONDENA JUDICIAL / PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿El pago de la condena que sustentó la pretensión de reembolso se encuentra debidamente acreditado? Respuesta al problema jurídico: Si El Tribunal Administrativo de Santander, por medio de sentencia expedida el 16 de junio de 2011, al decidir la demanda presentada en el marco de una acción de reparación directa, condena a la Nación Ministerio de Defensa, Policía Nacional, al pago de perjuicios materiales y morales derivados de la muerte del patrullero Juan José Blandón Muñoz, ocurrida el 3 de diciembre de 2002 a manos de subversivos de las AUC. El órgano demandante aduce que la suma de condena debe ser reembolsada por Álvaro Villalba Landinez, porque en su condición de comandante encargado de la estación de policía de Capitanejo, Santander, no tomó las medidas de seguridad necesarias para evitar la materialización de las amenazas de muerte en contra de los policías asesinados. (...) En lo que tiene que ver con el pago efectivo de la condena, cuestionado por el apelante, el órgano demandante allegó al expediente los siguientes documentos: (i) resolución nro. 1001 de 24 de agosto de 2012, por medio de la cual la directora administrativa y financiera de la Policía Nacional resolvió dar cumplimiento a la conciliación en el sentido de pagar la suma de condena conciliada por medio de consignación en la cuenta de ahorros 22397 del Banco Popular, a nombre de Jaime Reátegui Martínez; (ii) comprobante de egreso fechado el 31 de agosto de 2012, suscrito por el tesorero pagador de la Policía Nacional, en el que consta el pago de cuatrocientos sesenta y cuatro millones seiscientos setenta y seis mil trecientos ochenta y nueve pesos ($464.676.389.03) a favor de Jaime Reátegui Martínez; (iii) certificación expedida por el tesorero general de la Policía Nacional, fechada el 19 de abril de 2013, en la 'que consta que ese organismo consignó la suma de cuatrocientos sesenta y cuatro millones seiscientos setenta y seis mil trecientos ochenta y nueve pesos ($464.676.389.03), el 28 de agosto de 2012, en la cuenta de ahorros 22397 del Banco Popular, a nombre de Jaime Reátegui Martínez, por concepto del pago de la conciliación judicial ordenada por medio de la resolución nro. 1001 de 24 de agosto de 2012 y, por último, (iv) orden de pago presupuestal de 19 de abril de 2013 en la que consta el pago realizado el 28 de agosto de 2012 en la cuenta de ahorros 22397 del Banco Popular, a nombre de Jaime Reátegui, por la suma de cuatrocientos sesenta y cuatro millones seiscientos setenta y seis mil trecientos ochenta y nueve pesos ($464.676.389.03)". Los documentos referidos demuestran el cumplimiento del segundo presupuesto de procedibilidad de la acción de repetición, porque se trata de documentos públicos que contienen y reflejan la voluntad de la administración de dar cumplimiento a la condena judicial impuesta en su contra, acreditan el nombre del beneficiario, la fuente de la obligación, la entidad bancaria y el número de cuenta de quien recibió, la suma de dinero pagada y la fecha en que se realizó el pago. Además, se presumen auténticos, pues existe certeza de los servidores públicos que los expidieron y el cargo que ejercían31. En ese orden, la inconformidad del demandado respecto de la indebida acreditación del pago de la condena no es de recibo porque, al no existir tarifa legal en esta materia, el hecho puede acreditarse por cualquier medio de prueba, no solo con la constancia de recibo de dinero a satisfacción o paz y salvo expedido por el acreedor, como lo sugirió el apelante, más aún si se tiene en cuenta que la norma procesal que prevé el medio de control de repetición establece que el certificado del pagador o tesorero del órgano estatal donde conste el pago es "prueba suficiente" para el ejercicio de la acción (artículo 142 del CPACA). Por lo expuesto, la respuesta al primer problema jurídico planteado es afirmativa, porque los documentos aportados al expediente acreditan el pago efectivo de la condena judicial objeto de la conciliación que sustentó la pretensión de reembolso de la suma pagada por el organismo demandante. MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / DOLO / PRESUNCIÓN DE DOLO / PRUEBA DEL DOLO / CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / VALOR PROBATORIO DE LA SENTENCIA / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO / SENTENCIA PENAL / EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA PENAL / EJECUTORIA DE LA SENTENCIA / EFECTOS DE LA SENTENCIA EJECUTORIADA Problema jurídico: ¿Está probado que el proceder doloso o gravemente culposo del demandado vino determinante para que el órgano demandante haya estado obligado al pago cuya repetición pretende en este proceso? Respuesta al problema jurídico: Si En relación con el presupuesto subjetivo de procedibilidad de la acción, el apelante expuso como primer argumento de inconformidad que la calificación de la conducta a título de dolo realizada en la providencia.de primera instancia carece de sustento, porque la sentencia penal citada por el A quo no ha cobrado ejecutoria debido a que "se encuentra en curso el análisis de un recurso de apelación en el Tribunal Superior de Bucaramanga", por ende, "está todavía entre dicho (sic) el análisis de la conducta que sirvió como base para condenado". En punto al valor probatorio de la sentencia a la que hace referencia el apelante, la Sala precisa que será estimada como un documento público que se presume auténtico, bajo la consideración de que fue expedida en el proceso penal seguido en contra del hoy demandado, por lo que las pruebas practicadas en ese procedimiento, citadas en la providencia judicial, contaron con su audiencia y, por ende, le resultan oponibles. (...) el tribunal de primera instancia no se pronunció sobre la falta de ejecutoria de la sentencia penal. (...) De lo expuesto, la Sala observa que, de acuerdo con el régimen legal que rige el presente caso, no es posible sustentar la calificación de la conducta del demandado en la presunción legal de dolo prevista en el artículo 5 de la ley 678 de 2001, vigente para la época de los hechos4°, porque la declaración de responsabilidad penal no deriva de una decisión judicial en firme, por ende, el supuesto de hecho a que hace referencia la presunción prevista en el numeral 2, esto es, "haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado", no se encuentra debidamente acreditado, dado que no existe certeza sobre la atribución de la responsabilidad penal. (...) Si bien en este caso la presunción de dolo aplicada en la sentencia de primera instancia para sustentar la orden de reembolso en contra del ex servidor demandado no se encuentra debidamente acreditada al no estar en firme la decisión judicial condenatoria, tal circunstancia no releva al juez contencioso de calificar la conducta del agente conforme a las definiciones de dolo y culpa grave que establece la Ley 678 de 2001, sin necesidad de acudir a las presunciones legales establecidas en los artículos 5 y 6 ejusdem. Más aún cuando la pretensión de reembolso presentada por la entidad demandante fue sustentada en el hecho de que la conducta de Villalba Landinez encaja en la definición de culpa grave prevista en el artículo 6 de la Ley 678 de 2001, que hace referencia a la "violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho". Las presunciones legales suplementan las definiciones de dolo y culpa grave de que tratan los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001 en el ámbito de la responsabilidad personal del servidor o ex servidor contra quien el órgano público ejercita la pretensión de repetición, porque, aun cuando no esté acreditado el supuesto de hecho que establecen, la calificación de la conducta del agente debe evaluarse frente a la definición llana de esas figuras. En ese orden, el órgano estatal no está supeditado a demostrar la ocurrencia de una de las presunciones previstas en la Ley 678 de 2001 para presentar la pretensión de reembolso, basta con acreditar que la conducta del agente se subsume en el supuesto de hecho descrito en las normas que definen el dolo o la culpa grave, máxime si se tiene en cuenta que, en los eventos en que se encuentra debidamente acreditado el hecho que configura la presunción, tal circunstancia, por sí misma, no demuestra la conducta doloso o gravemente culposa atribuida al servidor o ex servidor. Distinto es que, al encontrarse probado el supuesto de hecho descrito en la presunción relacionada con "haber sido penal o disciplinadamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado", la calificación de la conducta del servidor o ex servidor también pueda considerarse dolosa en el ámbito de responsabilidad patrimonial del agente". Lo anterior, porque la consecuencia de la acreditación del hecho descrito en las presunciones legales de dolo o culpa grave previstas en,los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001, es que se invierte la carga de la prueba, "correspondiéndole al demandado la carga de desvirtuar el hecho deducido a fin de eximirse de responsabilidad, con lo cual no sólo se garantiza su derecho de defensa sino que se logra un equilibrio en el debate probatorio que debe surtirse en esta clase de actuaciones, sin que pueda pensarse que por esta circunstancia se vulnera el debido proceso (...) Míos hechos en los que se fundamentan las presunciones de dolo y de culpa grave consagradas en las normas que se impugnan, se refieren a probabilidades fundadas en la experiencia que por ser razonables o verosímiles permiten deducir la existencia del hecho presumido?". Así, la demostración del supuesto de hecho que describen las presunciones legales de que trata la Ley 678 de 2001 no genera, per se, una consecuencia jurídica inmediata y directa frente a la calificación de la conducta del agente, porque, en todo caso, el juez contencioso debe analizar y calificar, en forma independiente, el comportamiento del servidor o ex servidor para establecer: (i) si la actuación está directamente relacionada con el daño antijurídico que 'motivó la condena judicial objeto de la pretensión de reembolso; (ii) si esta fue determinante en la ocurrencia de esa afectación y, (iii) cuál fue el grado de participación del agente. (...) En ese orden, la procedibilidad de la pretensión de reembolso presentada por organismos estatales con el propósito de recuperar la suma de condena pagada por causa de la conducta irregular de los agentes y garantizar los principios de moralidad y eficiencia de la función pública, no está condicionada a la acreditación de una de las presunciones previstas en los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001, pues solo se requiere la demostración de que la conducta del servidor o ex servidor demandado encaje en la definición de dolo o culpa grave previstas en esa normativa. Por lo expuesto, la respuesta al segundo problema jurídico planteado es afirmativa, porque la calificación de la conducta del agente demandado en repetición fue soportada en una sentencia penal que no ha cobrado ejecutoria, motivo por el cual no es posible aseverar que fue declarado penalmente responsable, a título de dolo, por los daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado, supuesto de hecho que permite la aplicación de la presunción legal prevista en el artículo 5 de la Ley 678 de 2001. En consecuencia, el análisis del presupuesto subjetivo se hará conforme a las definiciones de dolo y culpa grave previstas en la normativa citada, sin acudir a las presunciones legales. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, cita Corte Constitucional, sentencia C-455 de 12 de junio de 2002; Corte Constitucional, sentencia C-374 de 14 de mayo de 2002 y Corte Constitucional, sentencia C-512 de 31 de julio de 2013. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / FUNCIONES DEL SERVIDOR PÚBLICO / FUNCIONES DEL FUNCIONARIO PÚBLICO / DEBER DE PROTECCIÓN DEL ESTADO / DEBER DE PROTECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA PAREJA Problema jurídico: ¿Está acreditado el cargo y las funciones que ejercía el demandado en repetición al momento de los hechos que dieron inicio al proceso penal y, por lo tanto, se acreditó la culpa grave del demandando? Respuesta al problema jurídico: Si [H]a afirmado el apelante que a este proceso no se trajo prueba oportuna que demuestre el cargo que el demandado ejercía cuando ocurrió la muerte de sus compañeros policías, ni de las funciones que desempeñaba, por lo que no es posible afirmar que incurrió en la violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho, como lo expuso el apoderado del Ministerio de Defensa, Policía Nacional, en la demanda. (...) En el caso concreto, está acreditado, con la copia del' expediente administrativo laboral que Alvaro Villalba Landinez tenía el grado de subintendente de la Policía Nacional, asignado al área operativa, grupo de vigilancia, de la estación de policía de Capitanejo, Santander, para la época en que ocurrió el hecho dañoso que sustentó la condena objeto de la pretensión de reembolso. Asimismo, se encuentra demostrado con las anotaciones correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2002, que el comandante de la estación, teniente Andrés Ricardo Bello, cerró el folio de vida del demandado el 30 de noviembre de esa anualidad por cambio de autoridad y que el nuevo comandante, subteniente Carlos Alberto Medina, abrió el folio el 4 de diciembre de 2002 (...) Las pruebas documentales referidas demuestran que Alvaro Villalba Landinez ejerció el cargo de comandante encargado de la estación de policía de Capitanejo, Santander, entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre de 2002, por lo que, para el 3 de diciembre de 2002, fecha en que ocurrió el hecho dañoso que dio lugar al pago de la condena impuesta en contra del órgano demandante, ejercía las funciones relacionadas con la comandancia de esa unidad de policía. En relación con las funciones del comandante de estación de policía municipal, el reglamento que fija la estructura orgánica de la Policía Nacional y que estaba vigente para la época de los hechos, prevé las de resolver los asuntos que competen a la Policía dentro de su jurisdicción y las demás que determinen la ley y los reglamentos52. Al respecto, el comandante del Departamento de Policía de Santander, por medio de oficio fechado el 29 de mayo de 2014, afirmó que, en los casos en que el personal policial debe cumplir una citación en otro municipio, es necesario que el policía informe la salida al comandante de la estación donde presta servicios, quien tiene el deber de "dar amplia instrucción acerca del cuidado que se debe tener durante el desplazamiento, las medidas de seguridad que se deben adoptar y a su vez hacer coordinaciones con otras unidades policiales por donde se va a realizar el desplazamiento del policial para que estén atentos ante cualquier eventualidad que se pueda presentar" (...) La apreciación en conjunto de los documentos referidos demuestra que el demandado Alvaro Villalba Landinez, en condición de comandante encargado de la estación de policía de Capitanejo entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre de 2002, tuvo conocimiento de la citación enviada a esa unidad el 29 de noviembre por el fiscal comisionado del Municipio de Málaga, para que los policías que participaron en la captura de dos presuntos subversivos de las AUC el 19 de noviembre de ese año rindieran declaración sobre las circunstancias en que ocurrió la operación. El demandado también conoció las amenazas que recibieron los policías que participaron en la captura, pues fueron descritas en el libro de población desde al 28 de noviembre de 2002, por lo que, en ejercicio de sus funciones como comandante encargado de la estación, pudo solicitar al funcionario competente el traslado de unidad de los policías amenazados, pero no lo hizo. En todo caso, en ejercicio de sus atribuciones, tenía el deber de tomar las medidas de seguridad necesarias para el desplazamiento de los policías a su cargo y coordinar los operativos con los comandantes de las unidades policiales por donde pasarían, para garantizar la integridad de los uniformados que asistían a cumplir la citación que les hizo un funcionario judicial, sin embargo, no cumplió ninguna de ellas. La omisión en que incurrió el demandado en el marco fáctico descrito, demuestra que la ausencia de medidas de seguridad para el desplazamiento de los tres policías entre los municipios de Capitanejo y Málaga, y la falta de decisiones urgentes para salvaguardar la vida de sus compañeros, a pesar de que tenía conocimiento de las amenazas en su contra, fue deterrninante en la ocurrencia del daño antijurídico imputado al Estado, porque el homicidio perpetrado por subversivos de las AUC ocurrió por causa de la inexcusable desatención de las funciones a cargo de Alvaro Villalba Landinez, en su condición de comandante encargado de la estación de policía de Capitanejo. Más aún, la omisión inexcusable de funciones en la que incurrió el demandado, prevalido de su cargo, podría revelar la intención de realizar actos personales ajenos a las finalidades del servicio del Estado. Por lo expuesto la Sala concluye que la conducta de Alvaro Villalba Landinez encaja en la definición de culpa grave prevista en el artículo 6 de la Ley 678 de 2001, porque el daño fue consecuencia de "una inexcusable omisión (...) en el ejercicio de sus funciones" como comandante encargado de la estación de policía de Capitanejo, Santander, pues bajo esa condición debía tomar las medidas urgentes de seguridad para salvaguardar la vida de los tres policías a su cargo, asesinados por subversivos de las AUC cuando se desplazaban para cumplir la citación de una autoridad judicial, desplazamiento que el comandante Villalba Landinez no planeó o evitó, a pesar de que tenía conocimiento de las amenazas en contra de la vida de sus compañeros. En ese orden, la respuesta al tercer problema jurídico es afirmativa, porque Alvaro Villalba Landinez incurrió en la conducta gravemente culposa que le atribuyó el órgano demandante al sustentar la pretensión de repetición, pues omitió en forma inexcusable el ejercicio de sus funciones como comandante encargado de la estación de Policía de Capitanejo, Santander, en específico, las relativas a la toma de medidas de seguridad durante el desplazamiento de los policías a su cargo a otros municipios y la coordinación con las unidades policiales de los lugares por los que se desplazarían, omisión que fue determinante en la ocurrencia del hecho dañoso consistente en el homicidio del patrullero Juan José Blandón Muñoz, que sustentó la declaración de responsabilidad del Estado. CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad del medio de control de repeticón? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Sala encuentra acreditado que la acción de repetición fue ejercida dentro del término de caducidad de dos (2) años previsto en el artículo 164 literal I) del CPACA, contados a partir del día siguiente a la fecha de cancelación de la suma de condena o "a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la Administración para el pago de condenas", porque, de acuerdo con el comprobante de egreso, el órgano demandante realizó el pago el 28 de agosto de 2012118) y la demanda fue presentada el 6 de febrero de 2013. Al respecto, la Sala precisa que, en este caso, el término para el pago de la condena se cuenta "desde el vencimiento del plazo de dieciocho (18) meses, previsto en el artículo 177.4 del CCA", porque la sentencia condenatoria objeto de la conciliación judicial, aprobada por auto de 7 de febrero de 2012, que sustentó la pretensión de reembolso cobró ejecutoria el 14 de julio de 2011, lo que indica que el plazo empezó a correr antes de la vigencia del CPACA (2 de julio de 2012)17-18. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cómo se determina el régimen legal aplicable al medio de control de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si En lo relativo a las normas procesales y sustanciales aplicables a este asunto, es del caso reiterar que la acción de repetición prevista en los artículos 90.2 de la Constitución Política y 142 del CPACA, es un mecanismo judicial que tiene por objeto el reintegro de los dineros que los órganos del Estado han debido pagar como consecuencia de una sentencia, conciliación o cualquier otra forma de terminación de un conflicto, por causa de los daños antijurídicos generados por una conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor, ex servidor o particular que ejerce función pública. La Ley 678 de 2001, al reglamentar la pretensión de rePetición, la definió como una acción de carácter patrimonial y, estableció los aspectos sustanciales y procesales que la rigen. En relación con los primeros, la ley citada prevé el objeto de la acción, la noción, las finalidades, el deber de su ejercicio, precisa los conceptos de dolo y culpa grave con los que se califica la conducta del agente que generó el daño, y establece algunas presunciones legales. En lo relativo a los aspectos procesales, la norma citada regula la jurisdicción y competencia, la legitimación, el desistimiento, el procedimiento, el término de caducidad, la oportunidad para la conciliación judicial o extrajudicial, el llamamiento en garantía, y las medidas cautelares, entre otros. En relación con la aplicación en el tiempo de la Ley 678 de 2001, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, tal normativa se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos22. En ese orden, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior23, pero si ocurrieron con posterioridad, será la ley citada la que rija el análisis del dolo o la culpa grave del demandado y no las nociones generales aplicables en el régimen anterior, "sin perjuicio de que, dada la estrecha afinidad y el carácter civil que se le imprime a la acción en el artículo 2° de la misma ley, excepcionalmente se acuda al apoyo del Código Civil y a los elementos que la doctrina y la jurisprudencia han edificado en punto de la responsabilidad patrimonial, siempre y cuando no resulte irreconciliable con aquélla y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (artículos 6, 121, 122, 124 y 90 de la Constitución Política)"24. En atención a que en este caso los hechos que sustentaron la condena en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, ocurrieron el 3 de diciembre de 2002, la normativa aplicable a los aspectos sustanciales y procesales es la Ley 678 de 2001. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, LEY 678 DE 2001 ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA / IPC / REAJUSTE CON BASE AL IPC OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Procede la actualización de la condena? Respuesta al problema jurídico: Si La suma de dinero que el demandado debe reembolsar al Ministerio de Defensa, Policía Nacional, esto es, cuatrocientos sesenta y cuatro millones seiscientos setenta y seis mil trecientos ochenta y nueve pesos ($464.676.389.03), se actualizará en los términos del artículo 187 del CPACA, que ordena ajustar "las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero (..) tomando con base el índice de Precios al Consumidor". FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 187 CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas teniendo en cuenta que procede la condena por culpa grave en el medio de control de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 determina que, "salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil". Sobre el particular, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado de tiempo atrás que la acción de repetición es un mecanismo judicial que tiene una finalidad de interés público como es la protección del patrimonio público60. Por su lado, el Consejo de Estado ha reiterado este criterio al precisar que, el proceso que se adelante en ejercicio de la pretensión de repetición, es uno de aquellos en los que se ventila un interés público ya que pretende proteger el patrimonio público por lo que no es procedente condenar en costas a la entidad pública demandante61. Teniendo en consideración que en el presente asunto se ventila un interés público, materializado en que la acción de repetición pretende la protección del patrimonio público, no hay lugar a condena en costas a la parte demandada que resultó vencida en los términos del artículo 188 del CPACA, razón por la que se modificará la sentencia proferida el 16 de septiembre de 2014 por el Tribunal Administrativo de Santander, en el sentido de no condenar en costas a la parte vencida. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188
Texto extraído del PDF oficial 77.584 caracteres
Radicado: 68001-23-33-000-2013-00133-01 (53397) Actor: La Nación, Ministerio de Defensa - Policía Nacional CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS Bogotá D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veintidós (2022) Radicación número: Actor: Demandado: Referencia: 68001-23-33-000-2013-00133-01 La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional Alvaro Villalba Landinez Acción de repetición Tema: Acción de Repetición: Reembolso de condena impuesta por muerte de policía amenazado. Subtema 1: Régimen legal aplicable Ley 678 de 2001. Subtema 2: Presupuestos de procedibibdad de la acción de repetición. Subtema 3: Elemento subjetiye. Presunciones de culpa y dolo. Sentencia penal condenatoria en primera instancia. Subtema 4: Responsabilidad personal del agente por omisión inexcusable de funciones. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 16 de septiembre de 2014, que accedió a las pretensiones de la demanda. I. SÍNTESIS DEL CASO El Tribunal Administrativo de Santander, por medio de sentencia expedida el 16 de junio de 2011, al decidir la demanda presentada en el marco de una acción de reparación directa, conden5 a la Nación Ministerio de Defensa, Policía Nacional, al pago de perjuicios materia'es y morales derivados de la muerte del patrullero Juan José Blandón Muñoz, ocurrida el 3 de diciembre de 2002 a manos de subversivos de las AUC. El órgano damandante aduce que la suma de condena debe ser reembolsada por Alvaro Villalba Landinez, porque en su condición de comandante encargado de la estación de policía de Capitanejo, Santander, no tomó las medidas de seguridad necesarias para evitar la materialización de las amenazas de muerte en contra de los policías asesinados. II. ANTECEDENTES 2.1. La demanda La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, por medio de apoderado judicial, presertó demanda en ejercicio de la acción de repetición en contra de Alvaro Villalba Landinez para que reembolse la suma que ese organismo debió pagar con motivo da la condena impuesta en su contra por la muerte del patrullero Juan José Blandón Muñoz, cuyo valor fue conciliado por las partes en cuantía equivalente al 70>6 de las pretensiones y que ascendió a la suma de $478.228.978.03, acuerdo que fue aprobado por el Tribunal Administrativo de Santander. 1 Radicado: 68001-23-33-000-2013-00133-01 (53397) Actor: La Nación, Ministerio de Defensa - Policía Nacional Como sustento de la pretensión expuso que el demandado, en condición de comandante encargado. de la estación de policía de Capitanejo, asumió una conducta negligente porque no adoptó las medidas necesarias para la protección del patrullero Blandón Muñoz, a quien permitió, junto con dos compañeros, desplazarse en transporte público, sin armas de dotación y vestido de civil para cumplir la citación del fiscal de Málaga, a pesar de que tenía conocimiento de las amenazas en contra de la vida de los policías que participaron en la captura de dos presuntos paramilitares. Tal circunstancia acredita la responsabilidad del demandando por "su actuar frente a los hechos que dieron lugar a la sentencia, (...) conducta [que] se encuentra configurada en la causal 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, el cual nos dice: Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho'1. Como consecuencia, solicitó condenar al demandado' a reembolsar la suma de dinero referida que, el Ministerio de Defensa, Policía Nacional, debió pagar en virtud de la conciliación de la condena impuesta por el Tribunal Administrativo de Santander, que ordenó el pago de perjuicios morales a favor de la esposa, hijo, madre, abuelos y hermano del patrullero fallecido Juan José Blandón Muñoz y perjuicios materiales para la esposa e hijo2. 2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Santander y el auto notificado en debida forma3. El apoderado del demandado, en el escrito de contestación de la demanda, se opuso a las pretensiones bajo el argumento de que Alvaro Villalba no ostentaba la condición de comandante de la estación de policía de Capitanejo, ni tampoco fue encargado de esas funciones, pues no existe acto administrativo en ese sentido ya que para la época de los hechos el demandado tenía el rango de "subintendente o secretado de estación y no tenía mando ni poder alguno". Agregó, que el comandante de policía de Santander fue quien ordenó el traslado del comandante de la estación de policía de Capitanejo (teniente Bello), "a pesar de la situación de peligro en que se encontraban todos los miembros de la estación, (...)", lo que demuestra que el cargo que desempeñaba el demandado para la época de los hechos no le confería las funciones de trasladar personal ni autorizar a los policías a que se movilizaran con las armas de dotación a otro municipio4. El Tribunal Administrativo de Santander, en el marco de la audiencia inicial celebrada el 21 de mayo de 2014, en cumplimiento del artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA- fijó el litigio; además, tuvo como pruebas los documentos aportados por las partes y decretó la práctica de otras, entre las que incluyó oficiar a la Policía Nacional para que enviara el expediente administrativo en el que consten los cargos ejercidos por el demandado y las funciones de cada uno; así mismo, al juez penal del circuito especializado de Bucaramanga para que remitiera copia de la sentencia penal de primera instancia en la que condenó a 40 años de prisión a Villalba Landinez y, por último, al Comandante de la Policía de Santander para que informara quién autoriza los desplazamientos de los policías para cumplir requerimientos judiciales en otros I Folios 31 y 32 del c. 1. 2 Folio 31 del c. 1. 3 Folios 55, 90 y 93 del c. 1. 4 Folio 95 del c. 1. 2 Radicado: 68001-23-33-000-2013-00133-01 (53397) Actor: La Nación, Ministerio de Defensa - Policía Nacional municipios, si pueden o no portar el arma de dotación y quién coordina las medidas de seguridad en tales eventoss. El tribunal referido realizó audiencia de pruebas el 8 y 23 de julio de 2014 y corrió traslado a las partes para la presentación de alegatos de conclusión y al agente del Ministerio Público para que rindiera concepto6. El apoderado del Ministerio de Defensa, Policía Nacional, afirmó que el demandado incurrió en una conducta dolosa al entregar información a grupos de las AUC sobre el desplazamiento de tres policías de la estación de Capitanejo de la que él había sido encargado, tal como consta en la sentencia penal de primera instancia en la que fue condenado como coautor de los delitos de homicidio en concurso homogéneo con el de concierto para delinquir. Por su parte, el apoderado del demandado afirmó que no se encuentran acreditados los presupuestos de procedibilidad de la acción de repetición, pues el órgano demandante no demostró el pago efectivo de la condena, pues tan solo allegó la copia de la resolución por medio de la cual ordenó dar cumplimiento a la conciliación de la suma de condena. Agregó, que tampoco está acreditado el cargo que ejercía Villalba Landinez cuando ocurrió el homicidio de los policías ni las funciones a su cargo y, en todo caso, el comandante de la Policía de Santander era el competente para autorizar el desplazamiento a otro municipio del personal asignado a las estaciones de policía, no el comandante de la estación7. 2.3. Sentencia apelada El Tribunal Administrativo de Santander, por medio de sentencia fechada el 16 de septiembre de 2014, ordenó a Alvaro Villalba Landinez reembolsar al órgano demandante la suma de cuatrocientos sesenta y cuatro millones seiscientos setenta y seis mil trecientos ochenta y nueve pesos ($464.676.389,03), debidamente indexada, lo condenó al pago de costas y fijó las agencias en derecho por valor equivalente al 1 % de la pretensión concedida. Precisó que el pago de la condena se encuentra acreditado con la certificación expedida por el tesorero general de la Policía Nacional y el comprobante de egreso a favor del apoderado de la parte actora en el proceso de reparación directa que participó en la conciliación aprobada por el Tribunal Administrativo de Santander. En cuanto a la calificación de la conducta del demandado consideró que la sentencia penal allegada al expediente demuestra que Alvaro Villalba actuó con dolo al informar a los integrantes de las AUC sobre el desplazamiento de los subintendentes de la policía Cesar Augusto Carreño, Oscar Alberto Ortega y el patrullero Juan José Blandón para que los interceptaran y asesinaran, hecho que conocía porque "confiesa que para la época de los hechos fungía como comandante encargado de la estación de policía de Capitanejo"y, además, las declaraciones de los subversivos dieron cuenta de que el hoy demandado se reunió con ellos con el propósito de entregar esa información a quienes ordenaron el homicidio8. 2.4. Recurso de apelación El apoderado del demandado afirmó que el presupuesto de procedencia de la pretensión de reembolso relativo al pago de la condena judicial no se encuentra debidamente acreditado, porque no obra en el expediente documento en el que 5 Folio 113 del c. 1. 6 Folios 227 y 230 del c. 1. 7 Folios 237 y 241 del c. 1. Folio 266 del c. ppal. 3 Radicado: 68001-23-33-000-2013-00133-01 (53397) Actor La Nación, Ministerio de Defensa - Policía Nacional conste el giro del dinero a nombre del beneficiario ni la constancia de recibido, ya que tan solo fue aportada la constancia del tesorero del organismo, que "no es prueba idónea y suficiente del mismo". Adujo, además, que la sentencia penal q

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=680012333000201300133011100103