Titulación de la relatoría 26.024 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO DE CONDENA JUDICIAL / PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿El pago de la condena que sustentó la pretensión de reembolso se encuentra debidamente acreditado?
Respuesta al problema jurídico: Si
El Tribunal Administrativo de Santander, por medio de sentencia expedida el 16 de junio de 2011, al decidir la demanda presentada en el marco de una acción de reparación directa, condena a la Nación Ministerio de Defensa, Policía Nacional, al pago de perjuicios materiales y morales derivados de la muerte del patrullero Juan José Blandón Muñoz, ocurrida el 3 de diciembre de 2002 a manos de subversivos de las AUC. El órgano demandante aduce que la suma de condena debe ser reembolsada por Álvaro Villalba Landinez, porque en su condición de comandante encargado de la estación de policía de Capitanejo, Santander, no tomó las medidas de seguridad necesarias para evitar la materialización de las amenazas de muerte en contra de los policías asesinados. (...) En lo que tiene que ver con el pago efectivo de la condena, cuestionado por el apelante, el órgano demandante allegó al expediente los siguientes documentos: (i) resolución nro. 1001 de 24 de agosto de 2012, por medio de la cual la directora administrativa y financiera de la Policía Nacional resolvió dar cumplimiento a la conciliación en el sentido de pagar la suma de condena conciliada por medio de consignación en la cuenta de ahorros 22397 del Banco Popular, a nombre de Jaime Reátegui Martínez; (ii) comprobante de egreso fechado el 31 de agosto de 2012, suscrito por el tesorero pagador de la Policía Nacional, en el que consta el pago de cuatrocientos sesenta y cuatro millones seiscientos setenta y seis mil trecientos ochenta y nueve pesos ($464.676.389.03) a favor de Jaime Reátegui Martínez; (iii) certificación expedida por el tesorero general de la Policía Nacional, fechada el 19 de abril de 2013, en la 'que consta que ese organismo consignó la suma de cuatrocientos sesenta y cuatro millones seiscientos setenta y seis mil trecientos ochenta y nueve pesos ($464.676.389.03), el 28 de agosto de 2012, en la cuenta de ahorros 22397 del Banco Popular, a nombre de Jaime Reátegui Martínez, por concepto del pago de la conciliación judicial ordenada por medio de la resolución nro. 1001 de 24 de agosto de 2012 y, por último, (iv) orden de pago presupuestal de 19 de abril de 2013 en la que consta el pago realizado el 28 de agosto de 2012 en la cuenta de ahorros 22397 del Banco Popular, a nombre de Jaime Reátegui, por la suma de cuatrocientos sesenta y cuatro millones seiscientos setenta y seis mil trecientos ochenta y nueve pesos ($464.676.389.03)". Los documentos referidos demuestran el cumplimiento del segundo presupuesto de procedibilidad de la acción de repetición, porque se trata de documentos públicos que contienen y reflejan la voluntad de la administración de dar cumplimiento a la condena judicial impuesta en su contra, acreditan el nombre del beneficiario, la fuente de la obligación, la entidad bancaria y el número de cuenta de quien recibió, la suma de dinero pagada y la fecha en que se realizó el pago. Además, se presumen auténticos, pues existe certeza de los servidores públicos que los expidieron y el cargo que ejercían31. En ese orden, la inconformidad del demandado respecto de la indebida acreditación del pago de la condena no es de recibo porque, al no existir tarifa legal en esta materia, el hecho puede acreditarse por cualquier medio de prueba, no solo con la constancia de recibo de dinero a satisfacción o paz y salvo expedido por el acreedor, como lo sugirió el apelante, más aún si se tiene en cuenta que la norma procesal que prevé el medio de control de repetición establece que el certificado del pagador o tesorero del órgano estatal donde conste el pago es "prueba suficiente" para el ejercicio de la acción (artículo 142 del CPACA). Por lo expuesto, la respuesta al primer problema jurídico planteado es afirmativa, porque los documentos aportados al expediente acreditan el pago efectivo de la condena judicial objeto de la conciliación que sustentó la pretensión de reembolso de la suma pagada por el organismo demandante.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / DOLO / PRESUNCIÓN DE DOLO / PRUEBA DEL DOLO / CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / VALOR PROBATORIO DE LA SENTENCIA / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO / SENTENCIA PENAL / EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA PENAL / EJECUTORIA DE LA SENTENCIA / EFECTOS DE LA SENTENCIA EJECUTORIADA
Problema jurídico:
¿Está probado que el proceder doloso o gravemente culposo del demandado vino determinante para que el órgano demandante haya estado obligado al pago cuya repetición pretende en este proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
En relación con el presupuesto subjetivo de procedibilidad de la acción, el apelante expuso como primer argumento de inconformidad que la calificación de la conducta a título de dolo realizada en la providencia.de primera instancia carece de sustento, porque la sentencia penal citada por el A quo no ha cobrado ejecutoria debido a que "se encuentra en curso el análisis de un recurso de apelación en el Tribunal Superior de Bucaramanga", por ende, "está todavía entre dicho (sic) el análisis de la conducta que sirvió como base para condenado". En punto al valor probatorio de la sentencia a la que hace referencia el apelante, la Sala precisa que será estimada como un documento público que se presume auténtico, bajo la consideración de que fue expedida en el proceso penal seguido en contra del hoy demandado, por lo que las pruebas practicadas en ese procedimiento, citadas en la providencia judicial, contaron con su audiencia y, por ende, le resultan oponibles. (...) el tribunal de primera instancia no se pronunció sobre la falta de ejecutoria de la sentencia penal. (...) De lo expuesto, la Sala observa que, de acuerdo con el régimen legal que rige el presente caso, no es posible sustentar la calificación de la conducta del demandado en la presunción legal de dolo prevista en el artículo 5 de la ley 678 de 2001, vigente para la época de los hechos4°, porque la declaración de responsabilidad penal no deriva de una decisión judicial en firme, por ende, el supuesto de hecho a que hace referencia la presunción prevista en el numeral 2, esto es, "haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado", no se encuentra debidamente acreditado, dado que no existe certeza sobre la atribución de la responsabilidad penal. (...) Si bien en este caso la presunción de dolo aplicada en la sentencia de primera instancia para sustentar la orden de reembolso en contra del ex servidor demandado no se encuentra debidamente acreditada al no estar en firme la decisión judicial condenatoria, tal circunstancia no releva al juez contencioso de calificar la conducta del agente conforme a las definiciones de dolo y culpa grave que establece la Ley 678 de 2001, sin necesidad de acudir a las presunciones legales establecidas en los artículos 5 y 6 ejusdem. Más aún cuando la pretensión de reembolso presentada por la entidad demandante fue sustentada en el hecho de que la conducta de Villalba Landinez encaja en la definición de culpa grave prevista en el artículo 6 de la Ley 678 de 2001, que hace referencia a la "violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho". Las presunciones legales suplementan las definiciones de dolo y culpa grave de que tratan los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001 en el ámbito de la responsabilidad personal del servidor o ex servidor contra quien el órgano público ejercita la pretensión de repetición, porque, aun cuando no esté acreditado el supuesto de hecho que establecen, la calificación de la conducta del agente debe evaluarse frente a la definición llana de esas figuras. En ese orden, el órgano estatal no está supeditado a demostrar la ocurrencia de una de las presunciones previstas en la Ley 678 de 2001 para presentar la pretensión de reembolso, basta con acreditar que la conducta del agente se subsume en el supuesto de hecho descrito en las normas que definen el dolo o la culpa grave, máxime si se tiene en cuenta que, en los eventos en que se encuentra debidamente acreditado el hecho que configura la presunción, tal circunstancia, por sí misma, no demuestra la conducta doloso o gravemente culposa atribuida al servidor o ex servidor. Distinto es que, al encontrarse probado el supuesto de hecho descrito en la presunción relacionada con "haber sido penal o disciplinadamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado", la calificación de la conducta del servidor o ex servidor también pueda considerarse dolosa en el ámbito de responsabilidad patrimonial del agente". Lo anterior, porque la consecuencia de la acreditación del hecho descrito en las presunciones legales de dolo o culpa grave previstas en,los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001, es que se invierte la carga de la prueba, "correspondiéndole al demandado la carga de desvirtuar el hecho deducido a fin de eximirse de responsabilidad, con lo cual no sólo se garantiza su derecho de defensa sino que se logra un equilibrio en el debate probatorio que debe surtirse en esta clase de actuaciones, sin que pueda pensarse que por esta circunstancia se vulnera el debido proceso (...) Míos hechos en los que se fundamentan las presunciones de dolo y de culpa grave consagradas en las normas que se impugnan, se refieren a probabilidades fundadas en la experiencia que por ser razonables o verosímiles permiten deducir la existencia del hecho presumido?". Así, la demostración del supuesto de hecho que describen las presunciones legales de que trata la Ley 678 de 2001 no genera, per se, una consecuencia jurídica inmediata y directa frente a la calificación de la conducta del agente, porque, en todo caso, el juez contencioso debe analizar y calificar, en forma independiente, el comportamiento del servidor o ex servidor para establecer: (i) si la actuación está directamente relacionada con el daño antijurídico que 'motivó la condena judicial objeto de la pretensión de reembolso; (ii) si esta fue determinante en la ocurrencia de esa afectación y, (iii) cuál fue el grado de participación del agente. (...) En ese orden, la procedibilidad de la pretensión de reembolso presentada por organismos estatales con el propósito de recuperar la suma de condena pagada por causa de la conducta irregular de los agentes y garantizar los principios de moralidad y eficiencia de la función pública, no está condicionada a la acreditación de una de las presunciones previstas en los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001, pues solo se requiere la demostración de que la conducta del servidor o ex servidor demandado encaje en la definición de dolo o culpa grave previstas en esa normativa. Por lo expuesto, la respuesta al segundo problema jurídico planteado es afirmativa, porque la calificación de la conducta del agente demandado en repetición fue soportada en una sentencia penal que no ha cobrado ejecutoria, motivo por el cual no es posible aseverar que fue declarado penalmente responsable, a título de dolo, por los daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado, supuesto de hecho que permite la aplicación de la presunción legal prevista en el artículo 5 de la Ley 678 de 2001. En consecuencia, el análisis del presupuesto subjetivo se hará conforme a las definiciones de dolo y culpa grave previstas en la normativa citada, sin acudir a las presunciones legales.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Corte Constitucional, sentencia C-455 de 12 de junio de 2002; Corte Constitucional, sentencia C-374 de 14 de mayo de 2002 y Corte Constitucional, sentencia C-512 de 31 de julio de 2013.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / FUNCIONES DEL SERVIDOR PÚBLICO / FUNCIONES DEL FUNCIONARIO PÚBLICO / DEBER DE PROTECCIÓN DEL ESTADO / DEBER DE PROTECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA PAREJA
Problema jurídico:
¿Está acreditado el cargo y las funciones que ejercía el demandado en repetición al momento de los hechos que dieron inicio al proceso penal y, por lo tanto, se acreditó la culpa grave del demandando?
Respuesta al problema jurídico: Si
[H]a afirmado el apelante que a este proceso no se trajo prueba oportuna que demuestre el cargo que el demandado ejercía cuando ocurrió la muerte de sus compañeros policías, ni de las funciones que desempeñaba, por lo que no es posible afirmar que incurrió en la violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho, como lo expuso el apoderado del Ministerio de Defensa, Policía Nacional, en la demanda. (...) En el caso concreto, está acreditado, con la copia del' expediente administrativo laboral que Alvaro Villalba Landinez tenía el grado de subintendente de la Policía Nacional, asignado al área operativa, grupo de vigilancia, de la estación de policía de Capitanejo, Santander, para la época en que ocurrió el hecho dañoso que sustentó la condena objeto de la pretensión de reembolso. Asimismo, se encuentra demostrado con las anotaciones correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2002, que el comandante de la estación, teniente Andrés Ricardo Bello, cerró el folio de vida del demandado el 30 de noviembre de esa anualidad por cambio de autoridad y que el nuevo comandante, subteniente Carlos Alberto Medina, abrió el folio el 4 de diciembre de 2002 (...) Las pruebas documentales referidas demuestran que Alvaro Villalba Landinez ejerció el cargo de comandante encargado de la estación de policía de Capitanejo, Santander, entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre de 2002, por lo que, para el 3 de diciembre de 2002, fecha en que ocurrió el hecho dañoso que dio lugar al pago de la condena impuesta en contra del órgano demandante, ejercía las funciones relacionadas con la comandancia de esa unidad de policía. En relación con las funciones del comandante de estación de policía municipal, el reglamento que fija la estructura orgánica de la Policía Nacional y que estaba vigente para la época de los hechos, prevé las de resolver los asuntos que competen a la Policía dentro de su jurisdicción y las demás que determinen la ley y los reglamentos52. Al respecto, el comandante del Departamento de Policía de Santander, por medio de oficio fechado el 29 de mayo de 2014, afirmó que, en los casos en que el personal policial debe cumplir una citación en otro municipio, es necesario que el policía informe la salida al comandante de la estación donde presta servicios, quien tiene el deber de "dar amplia instrucción acerca del cuidado que se debe tener durante el desplazamiento, las medidas de seguridad que se deben adoptar y a su vez hacer coordinaciones con otras unidades policiales por donde se va a realizar el desplazamiento del policial para que estén atentos ante cualquier eventualidad que se pueda presentar" (...) La apreciación en conjunto de los documentos referidos demuestra que el demandado Alvaro Villalba Landinez, en condición de comandante encargado de la estación de policía de Capitanejo entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre de 2002, tuvo conocimiento de la citación enviada a esa unidad el 29 de noviembre por el fiscal comisionado del Municipio de Málaga, para que los policías que participaron en la captura de dos presuntos subversivos de las AUC el 19 de noviembre de ese año rindieran declaración sobre las circunstancias en que ocurrió la operación. El demandado también conoció las amenazas que recibieron los policías que participaron en la captura, pues fueron descritas en el libro de población desde al 28 de noviembre de 2002, por lo que, en ejercicio de sus funciones como comandante encargado de la estación, pudo solicitar al funcionario competente el traslado de unidad de los policías amenazados, pero no lo hizo. En todo caso, en ejercicio de sus atribuciones, tenía el deber de tomar las medidas de seguridad necesarias para el desplazamiento de los policías a su cargo y coordinar los operativos con los comandantes de las unidades policiales por donde pasarían, para garantizar la integridad de los uniformados que asistían a cumplir la citación que les hizo un funcionario judicial, sin embargo, no cumplió ninguna de ellas. La omisión en que incurrió el demandado en el marco fáctico descrito, demuestra que la ausencia de medidas de seguridad para el desplazamiento de los tres policías entre los municipios de Capitanejo y Málaga, y la falta de decisiones urgentes para salvaguardar la vida de sus compañeros, a pesar de que tenía conocimiento de las amenazas en su contra, fue deterrninante en la ocurrencia del daño antijurídico imputado al Estado, porque el homicidio perpetrado por subversivos de las AUC ocurrió por causa de la inexcusable desatención de las funciones a cargo de Alvaro Villalba Landinez, en su condición de comandante encargado de la estación de policía de Capitanejo. Más aún, la omisión inexcusable de funciones en la que incurrió el demandado, prevalido de su cargo, podría revelar la intención de realizar actos personales ajenos a las finalidades del servicio del Estado. Por lo expuesto la Sala concluye que la conducta de Alvaro Villalba Landinez encaja en la definición de culpa grave prevista en el artículo 6 de la Ley 678 de 2001, porque el daño fue consecuencia de "una inexcusable omisión (...) en el ejercicio de sus funciones" como comandante encargado de la estación de policía de Capitanejo, Santander, pues bajo esa condición debía tomar las medidas urgentes de seguridad para salvaguardar la vida de los tres policías a su cargo, asesinados por subversivos de las AUC cuando se desplazaban para cumplir la citación de una autoridad judicial, desplazamiento que el comandante Villalba Landinez no planeó o evitó, a pesar de que tenía conocimiento de las amenazas en contra de la vida de sus compañeros. En ese orden, la respuesta al tercer problema jurídico es afirmativa, porque Alvaro Villalba Landinez incurrió en la conducta gravemente culposa que le atribuyó el órgano demandante al sustentar la pretensión de repetición, pues omitió en forma inexcusable el ejercicio de sus funciones como comandante encargado de la estación de Policía de Capitanejo, Santander, en específico, las relativas a la toma de medidas de seguridad durante el desplazamiento de los policías a su cargo a otros municipios y la coordinación con las unidades policiales de los lugares por los que se desplazarían, omisión que fue determinante en la ocurrencia del hecho dañoso consistente en el homicidio del patrullero Juan José Blandón Muñoz, que sustentó la declaración de responsabilidad del Estado.
CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad del medio de control de repeticón?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala encuentra acreditado que la acción de repetición fue ejercida dentro del término de caducidad de dos (2) años previsto en el artículo 164 literal I) del CPACA, contados a partir del día siguiente a la fecha de cancelación de la suma de condena o "a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la Administración para el pago de condenas", porque, de acuerdo con el comprobante de egreso, el órgano demandante realizó el pago el 28 de agosto de 2012118) y la demanda fue presentada el 6 de febrero de 2013. Al respecto, la Sala precisa que, en este caso, el término para el pago de la condena se cuenta "desde el vencimiento del plazo de dieciocho (18) meses, previsto en el artículo 177.4 del CCA", porque la sentencia condenatoria objeto de la conciliación judicial, aprobada por auto de 7 de febrero de 2012, que sustentó la pretensión de reembolso cobró ejecutoria el 14 de julio de 2011, lo que indica que el plazo empezó a correr antes de la vigencia del CPACA (2 de julio de 2012)17-18.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cómo se determina el régimen legal aplicable al medio de control de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
En lo relativo a las normas procesales y sustanciales aplicables a este asunto, es del caso reiterar que la acción de repetición prevista en los artículos 90.2 de la Constitución Política y 142 del CPACA, es un mecanismo judicial que tiene por objeto el reintegro de los dineros que los órganos del Estado han debido pagar como consecuencia de una sentencia, conciliación o cualquier otra forma de terminación de un conflicto, por causa de los daños antijurídicos generados por una conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor, ex servidor o particular que ejerce función pública. La Ley 678 de 2001, al reglamentar la pretensión de rePetición, la definió como una acción de carácter patrimonial y, estableció los aspectos sustanciales y procesales que la rigen. En relación con los primeros, la ley citada prevé el objeto de la acción, la noción, las finalidades, el deber de su ejercicio, precisa los conceptos de dolo y culpa grave con los que se califica la conducta del agente que generó el daño, y establece algunas presunciones legales. En lo relativo a los aspectos procesales, la norma citada regula la jurisdicción y competencia, la legitimación, el desistimiento, el procedimiento, el término de caducidad, la oportunidad para la conciliación judicial o extrajudicial, el llamamiento en garantía, y las medidas cautelares, entre otros. En relación con la aplicación en el tiempo de la Ley 678 de 2001, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, tal normativa se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos22. En ese orden, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior23, pero si ocurrieron con posterioridad, será la ley citada la que rija el análisis del dolo o la culpa grave del demandado y no las nociones generales aplicables en el régimen anterior, "sin perjuicio de que, dada la estrecha afinidad y el carácter civil que se le imprime a la acción en el artículo 2° de la misma ley, excepcionalmente se acuda al apoyo del Código Civil y a los elementos que la doctrina y la jurisprudencia han edificado en punto de la responsabilidad patrimonial, siempre y cuando no resulte irreconciliable con aquélla y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (artículos 6, 121, 122, 124 y 90 de la Constitución Política)"24. En atención a que en este caso los hechos que sustentaron la condena en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, ocurrieron el 3 de diciembre de 2002, la normativa aplicable a los aspectos sustanciales y procesales es la Ley 678 de 2001.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, LEY 678 DE 2001
ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA / IPC / REAJUSTE CON BASE AL IPC
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Procede la actualización de la condena?
Respuesta al problema jurídico: Si
La suma de dinero que el demandado debe reembolsar al Ministerio de Defensa, Policía Nacional, esto es, cuatrocientos sesenta y cuatro millones seiscientos setenta y seis mil trecientos ochenta y nueve pesos ($464.676.389.03), se actualizará en los términos del artículo 187 del CPACA, que ordena ajustar "las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero (..) tomando con base el índice de Precios al Consumidor".
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 187
CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas teniendo en cuenta que procede la condena por culpa grave en el medio de control de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 determina que, "salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil". Sobre el particular, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado de tiempo atrás que la acción de repetición es un mecanismo judicial que tiene una finalidad de interés público como es la protección del patrimonio público60. Por su lado, el Consejo de Estado ha reiterado este criterio al precisar que, el proceso que se adelante en ejercicio de la pretensión de repetición, es uno de aquellos en los que se ventila un interés público ya que pretende proteger el patrimonio público por lo que no es procedente condenar en costas a la entidad pública demandante61. Teniendo en consideración que en el presente asunto se ventila un interés público, materializado en que la acción de repetición pretende la protección del patrimonio público, no hay lugar a condena en costas a la parte demandada que resultó vencida en los términos del artículo 188 del CPACA, razón por la que se modificará la sentencia proferida el 16 de septiembre de 2014 por el Tribunal Administrativo de Santander, en el sentido de no condenar en costas a la parte vencida.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188