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25000233600020150237601 de 20262026-08-10Sección TerceraRad. 25000233600020150237601
El contratista debe interpretar las cláusulas del contrato estatal en consonancia con la intención común de las partes y el principio de buena fe contractual, conforme a lo establecido en el Código Civil. Esta interpretación implica considerar la relación sistemática entre las estipulaciones del contrato, es decir, interpretar cada cláusula en el contexto del contrato en su totalidad, y no de manera aislada. Además, el intérprete puede recurrir a otras cláusulas de contratos entre las mismas partes y sobre la misma materia, así como a la práctica efectiva de las partes en la ejecución del contrato para esclarecer el sentido de las estipulaciones controvertidas. La regla de la especificidad o especialidad, por su parte, limita la interpretación a la materia sobre la que se ha contratado, evitando la amplificación del alcance de los derechos y obligaciones más allá del objeto convenido. Esta decisión reitera y matiza precedentes, proporcionando una guía más precisa para la interpretación de contratos estatales en casos de ambigüedad o duda.síntesis automática
También resuelve:Interpretación del contrato: principios, intención de las partes, buena fe contractual, Código CivilReglas de interpretación del contrato: Código Civil artículo 1622, interpretación de las cláusulas del contrato, reglas, interpretación contextualInterpretación contextual: relación sistemática entre las estipulaciones del contrato
52001233300020220004402 de 20252025-04-03Rad. 52001233300020220004402
Precisadas las cosas, dado que la pretensión de los procesos acumulados se encamina a que se declare el incumplimiento del Departamento respecto de los pagos que por concepto de honorarios se habrían causado a favor del demandante y, en atención a que las partes acordaron que el contrato sería objeto de liquidación, se concluye que la regla de caducidad aplicable al caso es la prevista en el ordinal v) del literal j) de numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, de conformidad con la cual el término empieza a contar a partir del vencimiento de la etapa establecida para realizar el balance final de cuentas. La interpretación antes indicada comparte las mismas bases conceptuales de aquellas que en otros momentos de la legislación enseñaban que la caducidad se definía como excepción y en cualquier momento procesal.
También resuelve:Medio de control de controversias contractualesContrato de prestación de servicios profesionales: ejecución del contrato, plazo, término del contrato, vencimiento del plazo para ejecutar contrato estatalInexistencia de caducidad del medio de control: inoperancia de la caducidad del medio de control, sentencia anticipada, improcedencia de la sentencia anticipada en lo contencioso administrativo, trámite de la sentencia anticipada en lo contencioso administrativo
¿Las demandas acumuladas dentro del proceso de controversias contractuales por el presunto incumplimiento del contrato de prestación de servicios profesionales se presentaron de forma oportuna, de conformidad con la interpretación de la cláusula novena sobre el plazo pactado para su ejecución? Sí
El contratista presenta oportunamente las demandas acumuladas dentro del proceso de controversias contractuales por el presunto incumplimiento del contrato de prestación de servicios profesionales, de acuerdo con la interpretación de la cláusula novena sobre el plazo pactado para su ejecución. La Sala determina que el plazo del contrato se estableció inicialmente por un término fijo de cinco años, pero en caso de que las gestiones para lograr el pago se debieran adelantar ante los estrados judiciales, el plazo se convierte en indeterminado pero determinable en función de la duración de los procesos judiciales. La Sala reitera la importancia de interpretar las cláusulas del contrato de manera sistemática y coherente con el objeto convenido y las obligaciones de las partes, lo que implica que las demandas presentadas dentro del plazo judicial son oportunas y no caducan. Esta interpretación permite que los procesos judiciales se desarrollen sin restricciones temporales adicionales, garantizando la efectividad del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿El juez de segunda instancia debe devolver el expediente al Tribunal de origen ante la improcedencia de la sentencia anticipada por inoperancia de la caducidad del medio de control de controversias…
¿El Juzgado de primera instancia incurrió en error de interpretación del artículo 1º del Decreto 392 de 2018 y desconoció el principio de selección objetiva al encontrar que el acto de adjudicación no adolecía de nulidad por otorgar puntaje ponderable a una certificación de planta de personal expedida antes de la fecha de cierre del proceso de selección? No
El contratista no puede ser privado del puntaje adicional previsto en el artículo 1º del Decreto 392 de 2018 por presentar una certificación de planta de personal expedida antes de la fecha de cierre del proceso de selección, siempre y cuando dicha certificación permita verificar objetivamente el cumplimiento del requisito de tener trabajadores con discapacidad en la planta de personal. La Sala establece que la norma no impone que el documento deba expedirse exactamente el mismo día del cierre, sino que busca garantizar que la entidad contratante cuente con información cierta y verificable sobre la situación laboral del proponente al momento de la evaluación. En el caso concreto, el contratista aportó una certificación del revisor fiscal que indicaba el número total de trabajadores y aquellos en condición de discapacidad, certificación respaldada por el Ministerio de Trabajo, lo que permitió verificar el cumplimiento del requisito en su esencia. La Sala reitera que en materia de contratación estatal se debe dar aplicación al principio de prevalencia del derecho sustancial sobre lo meramente formal, lo que implica que no se puede rechazar una propuesta por la ausencia de requisitos meramente formales.síntesis automática
También resuelve:¿Puede o no el juez acudir o no a la Real Academia Española para precisar el significado de palabras o expresiones de una norma?
25000232600020070061701 DE 2025 de 20252025-09-15Rad. 25000232600020070061701
El contratista no puede impugnar judicialmente actos administrativos proferidos antes de la celebración del contrato, salvo que estos sean definitivos y generen una situación jurídica nueva; en el caso de solicitudes de revocatoria directa, el acto que las niega no constituye un acto administrativo definitivo susceptible de acción contencioso administrativa, ya que no genera una situación jurídica distinta a la del acto revocado. Esta regla implica que la controversia contractual se limita a aspectos relacionados con el contrato en sí, su existencia, nulidad o incumplimiento, y no abarca actos previos que no generen una nueva situación jurídica. Esto reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado, que establece que la negativa a revocar un acto administrativo no es susceptible de impugnación judicial, lo que implica que las pretensiones basadas en estos actos deben ser negadas en la práctica.síntesis automática
También resuelve:Régimen de actos administrativos en la contratación estatal según la ley 80 de 1993: régimen de actos administrativos en la contratación estatal, actos previos al contrato, la Ley 80 de 1993, en su regulación, distinguió con claridad el régimen de los actos administrativos expedidos con anterioridad a la celebración del contrato, de aquel que se refiere a los actos proferidos con posterioridad. Además, incluso, determinó que ciertos actos, no obstante ser previos, tienen efectos reguladores sobre el contrato, como ocurre con el pliego de condiciones (artículo 30.2 de la Ley 80 de 1993) que establece el régimen jurídico y los derechos y deberes de las partes, respecto del c ual la jurisprudencia ha reconocido una doble naturaleza: como acto administrativo y como una disposición contractual por su vocación de integrar el contrato. En efecto, por solo hacer referencia a algunas disposiciones, el numeral 5º del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 dispuso que «la responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y la de los procesos de selección será del jefe o represen tante de la entidad estatal», con lo que diferenció unos actos de otros. Esta separación conceptual entre actos previos al contrato y los emitidos una vez celebrado también se encuentra en el numeral 7º del artículo 24, en el que se indicó que los actos ad ministrativos que se expidan en la «actividad contractual o con ocasión de ella», se motivarán en forma detallada e hizo esa misma exigencia respecto del acto de adjudicación y del de declaratoria de desierta, es decir, los tuvo como una categoría distinta. En tal sentido, la Ley 80 de 1993 optó, en su momento, por regular, de un lado, la procedencia de la acción de controversias contractuales para los actos expedidos una vez perfeccionado el contrato y, por otro, las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho para controlar la legalidad de los actos previos, tales como aquél que adjudica el contrato, el que declara desierta la licitación -susceptible además de reposición, y todos aquellos que, previos a ese perfeccionamiento, fueran definitivos o de trámite pero que pusieran fin al procedimiento administrativo. impugnación de los actos administrativos precontractuales en la contratación estatal
¿El término para presentar la demanda de reconvención transcurre de forma independiente al del libelo del accionante principal y no se beneficia de la suspensión que haya efectuado este último en el trámite conciliatorio? Sí
El contratista no puede beneficiarse del término de suspensión del trámite conciliatorio del demandante principal para presentar la demanda de reconvención, ya que este plazo es independiente y autónomo, conforme a lo establecido en el artículo 177 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La Sala reitera que la demanda de reconvención debe cumplir con todos los requisitos exigibles a este acto procesal, incluyendo la formulación dentro del término de caducidad de la acción, sin que la conciliación prejudicial sea un requisito para su presentación. Esta regla implica que el cómputo del plazo para la demanda de reconvención no se ve afectado por la suspensión del término de la demanda principal, lo que garantiza la independencia del procedimiento de la reconvención respecto al principal.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato interadministrativo en contraste con el convenio, se caracteriza por ser un acuerdo de voluntades suscrito entre entidades públicas en el que persiguen intereses contrapuestos y existe…¿Se presentó de forma oportuna la demanda de reconvención de controversias contractuales formulada por la Universidad Surcolombiana…¿Incurrió el Tribunal en un vicio de incongruencia, al haber declarado el incumplimiento parcial por parte de la Universidad, pese a que ello no fue solicitado en la demanda del municipio?
¿Corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de la controversia derivada del contrato de prestación de servicios a través del medio de control de controversias contractuales, por tratarse de un presunto incumplimiento relacionado con la liquidación y pago de la bonificación de éxito pactada? Sí
El contratista puede recurrir al medio de control de controversias contractuales ante el Consejo de Estado en segunda instancia para resolver disputas relacionadas con la liquidación y pago de bonificaciones de éxito pactadas en contratos de prestación de servicios, siempre que la cuantía de la pretensión exceda los 500 SMLMV. La demanda debe presentarse dentro del término de caducidad previsto en el artículo 164 del CPACA, que comienza a correr una vez vencido el plazo para la liquidación del contrato, incluso si este no se realiza. Además, la declaración de la representante legal del IDU, aunque no puede considerarse confesión judicial debido a la prohibición legal, puede ser valorada como prueba testimonial anticipada para interpretar el alcance de las estipulaciones contractuales, siempre que se ajuste a los principios de sana crítica y coherencia. Esta decisión modifica precedentes y establece un marco claro para la aplicación del medio de control de controversias contractuales en casos de incumplimiento relacionados con bonificaciones de éxito.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda de controversias contractuales fue presentada dentro del término de caducidad previsto en el artículo 164 del CPACA…¿Resulta procedente otorgar valor probatorio, como testimonio anticipado y sin desconocer la prohibición legal respecto de la confesión…¿Procede interpretar la cláusula relativa a la bonificación de éxito del contrato de prestación de servicios con fundamento en la intención común de las partes…
¿Un adecuado ejercicio hermenéutico contractual empieza siempre por determinar cuál fue la verdadera voluntad regulatoria de las partes de un contrato y si estas obraron con buena fe negocial? Sí
En este sentido, las pautas de interpretación de los contratos, que son aplicables a los contratos estatales, están contenidas entre los artículos 1618 a 1624 del CC y se plasman, según la doctrina y la jurisprudencia, en dos (2) principios rectores y seis (6) reglas. Los principios rectores de interpretación se traducen en: (i) la búsqueda de la común intención de las partes —communis intentio o voluntas spectanda— y (ii) la buena fe negocial o contractual.
También resuelve:¿De la interpretación de las cláusulas del contrato de prestación de servicios profesionales, se puede afirmar que el reconocimiento y pago de la prima de éxito pactada entre las partes…¿Incumplió el Departamento de Cundinamarca el contrato de prestación de servicios No. 224 del 20 de junio de 2007, en relación con el pago de la prima de éxito pactada en el parágrafo primero de la…¿Debe condenarse en costas a la parte a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación?
Auto interlocutorio — Auto que aplica doctrina del acto aclarado del Tribunal Andino de Justicia2024-04-04Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000232600020100021301ACCION CONTRACTUAL
¿Corresponde al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, de forma facultativa siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno, y de forma obligatoria, cuando no exista una interpretación prejudicial previa; cuando unas normas andinas ya han sido interpretadas, pero otras no; cuando pese a existir interpretación previa el juez considera pertinente que se precise, amplíe o modifique el criterio jurídico interpretativo y; cuando pese a haber una interpretación prejudicial relevante para el caso en concreto, el juez advierte cuestionamientos insoslayables? Sí
El juez nacional de única o última instancia no está obligado a solicitar interpretación prejudicial cuando la norma comunitaria andina ya fue interpretada en pronunciamientos publicados y no hay razones para prever un cambio de criterio, en aplicación de la doctrina del acto aclarado. Esta flexibilización se sostiene en tres razones. Primera, el artículo 121 de la Decisión 500 atribuye la interpretación uniforme de las normas andinas, y la consulta puede ser facultativa u obligatoria según la instancia. Segunda, las interpretaciones prejudiciales de marzo de 2023 declararon compatible esa doctrina con la consulta obligatoria, sin eliminarla, en atención al principio de economía procesal. Tercera, la obligación de consultar subsiste cuando no existe interpretación previa, cuando otras normas aplicables no han sido interpretadas, cuando el juez considera pertinente precisar o modificar el criterio, o cuando advierte cuestionamientos insoslayables. La providencia aplica esa doctrina y no altera la línea interpretativa existente. La consecuencia práctica es que el juez puede omitir la consulta solo cuando se cumplen todos esos supuestos a la vez.síntesis automática
También resuelve:¿La Decisión 462 y 285 de la Comunidad Andina le resultan aplicables a la controversia contractual del caso sub lite, cuando se observa que no se encuentra en discusión la existencia de una práctica…¿Resulta procedente la solicitud de interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina propuesta por el apoderado de la parte demandante…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2025-09-15Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 25000232600020120009301ACCION CONTRACTUAL
¿Es procedente el recurso de reposición contra el auto que corre traslado para la presentación de alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público, si dicho recurso se interpone antes de la notificación por estado? Sí
El funcionario judicial tramita el recurso de reposición contra los autos de trámite y las providencias interlocutorias no susceptibles de apelación dictados por las salas o ponentes, con la finalidad de que se reconsidere la decisión inicial conforme al artículo 180 del Código Contencioso Administrativo. En el presente proceso de controversias contractuales, la providencia analizó la oportunidad y procedencia del recurso interpuesto contra el auto que corrió traslado para la presentación de alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público, determinando que dicho medio de impugnación resulta procedente frente a autos de trámite adoptados en el curso de la instancia.síntesis automática
También resuelve:¿La figura de la interpretación prejudicial prevista en el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como incidente procesal de carácter no contencioso…¿Está obligado el juez a solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cuando conoce de un proceso en única o última instancia y se controvierte el Derecho…¿Está obligado el juez nacional a solicitar la Interpretación Prejudicial cuando una de las partes invoca normas del Derecho Comunitario Andino en el proceso?
¿La voluntad de las partes fue distinta de que se plasmó en el contrato y de la que la propia parte actora consignó en su oferta? No
El contratista no puede alegar que la voluntad de las partes fue distinta a la plasmada en el contrato y a la consignada en la oferta, ya que la intención de los signatarios quedó claramente expresada en el texto contractual, sin elementos en el proceso que permitan establecer una voluntad distinta. La Sala confirma que la cláusula de comisión de éxito solo se cumpliría si se profería una sentencia que negara la anulación de los actos administrativos que permitían al Distrito cobrar la contribución por valorización, lo cual no ocurrió. Por lo tanto, no se cumplieron los presupuestos convencionales para reconocer la comisión de éxito, rechazando así las pretensiones del contratista y confirmando la sentencia de primera instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Los impugnantes pretenden que se concluya que la cláusula sexta del contrato sí se cumplió, motivo por el cual debió accederse al pago la comisión de éxito?¿Se cumplieron los presupuestos fijados convencionalmente para que hubiese lugar a reconocer la comisión de éxito pretendida en este juicio?¿El concepto de éxito se materializaría con la sentencia que le pusiera fin al proceso y que fuera desestimatoria de la pretensión de nulidad?
¿Debe el juez de segunda instancia evaluar los fundamentos del recurso de apelación que comportan una variación de la causa petendi, o que no constituye un reparo concreto frente a las razones de la decisión empleadas por el a quo en la primea instancia? No
El juez de segunda instancia solo puede decidir sobre los cargos concretos formulados contra la decisión de primera instancia, de modo que no le corresponde examinar fundamentos que varíen la causa petendi ni reparos que no confronten las razones del fallo recurrido. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, el marco de competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados contra la decisión recurrida, y la simple interposición del recurso o la manifestación general de inconformidad no bastan. Segundo, la decisión debe ser congruente con la demanda, la sentencia y el recurso, por lo que no puede abordar cuestionamientos nuevos que no fueron planteados al inicio del proceso. Tercero, admitir argumentos ajenos a la demanda o sin sustentación suficiente vulneraría el derecho fundamental al debido proceso de las partes. La providencia confirma la sentencia y reitera el criterio de la subsección sobre la carga de sustentación de la apelación; en la práctica, el apelante debe identificar los yerros concretos del fallo de primera instancia dentro de la causa petendi formulada en la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente declarar la nulidad del acto administrativo que impuso una multa a los contratistas, cuando se observa que…¿Resulta procedente declarar la nulidad del acto administrativo que impuso una multa a los contratistas, por falta de aplicación del artículo 115 del Código de Minas y la transgresión del principio…¿Debe condenarse en costas a la parte a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación?
Sentencia — Sentencia2023-03-01Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 11001032600020220001600LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La causal de anulación contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 puede declararse cuando el Laudo se funde exclusivamente en la equidad si debía ser en derecho, cuando la decisión se haya tomado con ausencia de fundamento jurídico o cuando la fundamentación jurídica presentada por el Panel Arbitral no sustente lógicamente la decisión, y cuando en la decisión se observe una total ausencia de un análisis probatorio o cuando el Laudo haga referencia a pruebas que no fundamenten objetivamente la decisión? Sí
Cuando un laudo arbitral se funda exclusivamente en la equidad debiendo ser en derecho, carece de fundamento jurídico o su fundamentación no sustenta lógicamente la decisión, o cuando no contiene análisis probatorio alguno o hace referencia a pruebas que no fundamentan objetivamente la decisión, la causal 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 permite anularlo. La regla se sostiene en tres razones. Primera, la causal habilita al juez a verificar si el laudo expone los fundamentos que sustentan la decisión, y le impone anularlo cuando carece de forma manifiesta de tales fundamentos. Segunda, la causal se configura por cualquiera de los tres supuestos señalados, y no por la sola inconformidad con la decisión. Tercera, el juez debe confrontar el contenido del laudo con las pruebas y con la ley sustancial aplicable. En el caso, el recurso de anulación se declaró infundado. El documento reitera la línea jurisprudencial sobre los laudos en conciencia que recoge en su nota de relatoría.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente la causal de anulación del recurso extraordinario de anulación contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Lay 1563 de 2012…¿Resulta procedente la causal de anulación del recurso extraordinario de anulación contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Lay 1563 de 2012…¿Resulta procedente la causal de anulación del recurso extraordinario de anulación contenida en el numeral 7 del artículo 41 de la Lay 1563 de 2012…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2023-11-20Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 25000233600020190060801LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de apelaciones de autos proferidos por los Tribunales Administrativos que dispongan el rechazo de la demanda? Sí
La competencia en segunda instancia para conocer de las apelaciones contra los autos de los tribunales administrativos que rechacen la demanda corresponde al Consejo de Estado, conforme a los artículos 150 y 243 numeral 1 del CPACA, y la jurisdicción es competente cuando el contrato involucra a una entidad pública, según el artículo 104 del CPACA. Una razón es que el auto de rechazo es apelable por expresa disposición del numeral 1 del artículo 243, de modo que el recurso es procedente. Otra razón es que la controversia involucra a un municipio, que es entidad pública según el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, y la pretensión mayor supera los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes exigidos por el numeral 5 del artículo 152, lo que fija la competencia por cuantía. En el caso, el tribunal rechazó la demanda por no haberse subsanado dentro del término, y el Consejo de Estado resolvió el recurso y revocó esa decisión. Su consecuencia práctica es que el rechazo por falta de subsanación es apelable ante el Consejo de Estado cuando el asunto cumple los criterios de competencia.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda que no es subsanada dentro del término legal establecido para ello, debe ser rechazada por el Juez?¿La demanda cumple con los requisitos para su admisión?
¿Procede realizar la liquidación judicial del contrato y los reconocimientos solicitados en la demanda por concepto de actividades ejecutadas y no pagadas? No
Cuando las partes de un contrato no aportan elementos probatorios que permitan establecer el estado de las prestaciones, los conceptos y las cuantías que se adeudan entre sí, el juez no puede liquidar judicialmente el contrato, y debe negar la pretensión de liquidación. La regla se sostiene en tres razones: la liquidación judicial exige determinar el cruce final de cuentas con base en la ejecución efectiva de las obligaciones, lo que no puede hacerse con documentos que no den cuenta clara de los valores; la falta de prueba sobre la proporción en que se ejecutó el objeto contractual impide establecer las acreencias de cada parte; y la carga de demostrar las prestaciones recae en quien la reclama. En el caso, los tres grupos de pruebas no daban cuenta de los valores reclamados en la demanda, por lo que se revocó la sentencia de primera instancia y se negó la liquidación judicial. Por la fecha de la demanda, el régimen aplicable fue el Código Contencioso Administrativo. El documento no señala que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la liquidación judicial depende de que el demandante acredite con precisión las prestaciones ejecutadas y los saldos pendientes.síntesis automática
También resuelve:¿Por la fecha de presentación de la demanda, el régimen aplicable es el Código Contencioso Administrativo?¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de las controversias contractuales en las que las partes del contrato estipularon cláusula compromisoria…¿La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la liquidación judicial de un contrato estatal?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en virtud de la cuantía? Sí
La apelación contra la sentencia de un tribunal administrativo en las controversias contractuales cuya cuantía supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes corresponde a la corporación de cierre de la jurisdicción, en segunda instancia. La regla se sostiene en tres razones: la jurisdicción contencioso administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, conforme al artículo 82 del CCA, modificado por la Ley 1107 de 2006; el artículo 129 del CCA atribuye a la Corporación la resolución de los recursos de apelación contra las sentencias de los tribunales administrativos; y el artículo 132, numeral 5, del CCA fija el umbral de cuantía, que en el caso se supera con la cuantía estimada en la demanda. Por ello, la competencia en razón de la cuantía determina que la alzada sea conocida por el Consejo de Estado. La providencia confirma esa competencia y resuelve el recurso en los términos de esa regla.síntesis automática
También resuelve:¿La legitimación en la causa por pasiva corresponde a quien es parte material de la relación jurídica sustancial controvertida?¿Puede una autoridad administrativa transferir válidamente el ejercicio de sus funciones a colaboradores u otras autoridades con funciones afines o complementarias mediante acto de delegación…¿Puede el representante legal de una entidad estatal delegar integralmente la competencia para adelantar procesos de selección y celebrar contratos…
¿La inclusión de una cláusula compromisoria en un contrato constituye la intención inequívoca de las partes de renunciar a la jurisdicción estatal, obligándolas a resolver las controversias suscitadas con ocasión de su actividad contractual, de forma exclusiva ente la justicia arbitral, incluso respecto de la validez, interpretación y aplicación de dicha cláusula arbitral? Sí
El contratista y la entidad estatal pueden incluir una cláusula compromisoria en un contrato estatal que establezca la renuncia a la jurisdicción estatal y la obligación de resolver controversias mediante arbitraje, incluso respecto a la validez, interpretación y aplicación de dicha cláusula, siempre que la intención de las partes sea inequívoca y se ajuste a las reglas específicas de interpretación de los contratos. Esta regla, que reitera y matiza precedentes sobre la naturaleza y efectos de la cláusula compromisoria, amplía el ámbito de la arbitrabilidad en Colombia al permitir someter a arbitraje asuntos de libre disposición, más allá de lo que era considerado transigible según normas anteriores, favoreciendo así la autonomía de las partes en la resolución de conflictos contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿Debe entenderse que la expresión “libre disposición” contenida en la Ley 1563 de 2012 permite someter a arbitraje asuntos que no necesariamente son transigibles…¿Resulta procedente que los árbitros conozcan y decidan sobre pretensiones relacionadas con la nulidad absoluta de los contratos, incluso cuando esta se fundamenta en objeto o causa ilícitos…¿La cláusula compromisoria conserva su validez y eficacia incluso cuando el contrato principal es declarado inexistente, ineficaz o inválido…
¿El contratista no puede desconocer el alcance de sus propios acuerdo en virtud del principio de buena fe contractual? Sí
El contratista no puede desconocer el alcance de sus propios acuerdos en virtud del principio de buena fe contractual, ya que este principio impone a las partes el deber de actuar con rectitud, honradez, lealtad y corrección recíproca durante toda la ejecución del contrato, y prohíbe ir contra los propios actos, lo que significa que las partes deben mantener un comportamiento coherente con sus propias acciones anteriores. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y refuerza la importancia de la interpretación objetiva de la buena fe en la contratación estatal, lo que implica que el juez debe valorar lo pactado por las partes y determinar las responsabilidades que recaen sobre cada una en función de la ejecución de las obligaciones contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿La suspensión del contrato opera de forma temporal?¿La declaratoria de caducidad del contrato procede únicamente durante el término de ejecución?¿La factura o su equivalente es la prueba idónea del pago de honorarios de quienes ejercen profesiones liberales?
¿En los contratos de obra celebrados como resultado de un proceso de licitación, la interventoría debe ser contratada obligatoriamente con una persona independiente tanto de la entidad contratante como del contratista? Sí
El contratista debe ser una persona independiente tanto de la entidad contratante como del contratista en los contratos de obra resultantes de un proceso de licitación, conforme a la Ley 80 de 1993, artículo 32.1, que establece la necesidad de garantizar la imparcialidad y objetividad del seguimiento técnico. La interventoría, que puede incluir aspectos administrativos, financieros, contables y jurídicos, es un medio para que la entidad estatal cumpla su deber legal de control y vigilancia sobre la ejecución contractual, según la Ley 80 de 1993, artículo 14.1. La regla reitera la importancia de la individualidad jurídica de cada contrato, aunque exista un nexo funcional entre el contrato de obra y el de interventoría, y subraya que la labor del interventor no garantiza el cumplimiento del contrato de obra, sino que se limita a realizar la vigilancia técnica y mantener informada a la entidad contratante sobre posibles riesgos. Esto implica que la remuneración del interventor no debe depender únicamente del avance del contrato de obra, sino que debe cubrir costos directos e indirectos y una utilidad razonable, según la Ley 1474 de 2011, artículo 84, y el Decreto 1082 de 2015.síntesis automática
También resuelve:¿El incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato de obra conlleva el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría?¿La modalidad de remuneración define cuánto se debe al consultor, es decir, el precio que debe pagarse por la prestación del servicio?¿El punto de partida para determinar la intención de las partes, es la declaración vertida en el documento contractual?
25000233600020210004301 de 20252025-05-30Rad. 25000233600020210004301
Es por esto que los efectos de un contrato conmutativo pueden quedar sometidos a la realización de una condición suspensiva, sin que por ello mute su naturaleza a la de un contrato aleatorio. Las obligaciones del contrato de interventoría consisten en seguir, verificar y promover la correcta ejecución de otro contrato. Es por lo anterior que el interventor no asume la obligación de garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contrato sobre el cual realiza la vigilancia técnica, eso corresponde al contratista del otro negocio jurídico; de manera que si éste incumple no significa automáticamente que aquél también lo haya hecho, en cada caso tendrán que analizarse las obligaciones que a cada uno corresponde, pues, aunque relacionados entre sí en función de la consecución de la finalidad pública que se pretenda satisfacer, se trata de dos negocios jurídicos autónomos e independientes.
También resuelve:Obligaciones condicionales: acontecimiento futuro e incierto, obligaciones suspensivas, naturalezaObligaciones suspensivas: definición, condiciones suspensivas, suspensión del nacimiento de la obligación, exigibilidadCondición suspensiva: acuerdo de voluntades, contratos conmutativos, acaecimiento de la condición, no altera la naturaleza del contrato