Síntesis de la providencia
Consejo de Estado: corresponde al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico
Lo que dijo la Sala
La Decisión 500 estableció en su artículo 121, que le correspondía al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en todos los Países Miembros. Dicha consulta, puede ser facultativa u obligatoria.… La consulta es facultativa, cuando el juez nacional conozca de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna norma del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno.
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Síntesis síntesis automática
El juez nacional de única o última instancia no está obligado a solicitar interpretación prejudicial cuando la norma comunitaria andina ya fue interpretada en pronunciamientos publicados y no hay razones para prever un cambio de criterio, en aplicación de la doctrina del acto aclarado. Esta flexibilización se sostiene en tres razones. Primera, el artículo 121 de la Decisión 500 atribuye la interpretación uniforme de las normas andinas, y la consulta puede ser facultativa u obligatoria según la instancia. Segunda, las interpretaciones prejudiciales de marzo de 2023 declararon compatible esa doctrina con la consulta obligatoria, sin eliminarla, en atención al principio de economía procesal. Tercera, la obligación de consultar subsiste cuando no existe interpretación previa, cuando otras normas aplicables no han sido interpretadas, cuando el juez considera pertinente precisar o modificar el criterio, o cuando advierte cuestionamientos insoslayables. La providencia aplica esa doctrina y no altera la línea interpretativa existente. La consecuencia práctica es que el juez puede omitir la consulta solo cuando se cumplen todos esos supuestos a la vez.
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Problema jurídico
¿Corresponde al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, de forma facultativa siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno, y de forma obligatoria, cuando no exista una interpretación prejudicial previa; cuando unas normas andinas ya han sido interpretadas, pero otras no; cuando pese a existir interpretación previa el juez considera pertinente que se precise, amplíe o modifique el criterio jurídico interpretativo y; cuando pese a haber una interpretación prejudicial relevante para el caso en concreto, el juez advierte cuestionamientos insoslayables?
Respuesta: Si
También resuelve
- ¿La Decisión 462 y 285 de la Comunidad Andina le resultan aplicables a la controversia contractual del caso sub lite, cuando se observa que no se encuentra en discusión la existencia de una práctica…
- ¿Resulta procedente la solicitud de interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina propuesta por el apoderado de la parte demandante…
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Titulación de la relatoría 11.174 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
COMUNIDAD ANDINA / TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA / INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS DE LA COMUNIDAD ANDINA / FUNCIONES DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA / NORMAS DE LA COMUNIDAD ANDINA / CONSULTA OBLIGATORIA AL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA / INTERPRETACIÓN DE LA NORMA / INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL / PROCEDENCIA DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL / DOCTRINA / APLICACIÓN DE LA DOCTRINA DEL ACTO ACLARADO / PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL
Problema jurídico:
¿Corresponde al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, de forma facultativa siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno, y de forma obligatoria, cuando no exista una interpretación prejudicial previa; cuando unas normas andinas ya han sido interpretadas, pero otras no; cuando pese a existir interpretación previa el juez considera pertinente que se precise, amplíe o modifique el criterio jurídico interpretativo y; cuando pese a haber una interpretación prejudicial relevante para el caso en concreto, el juez advierte cuestionamientos insoslayables?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Decisión 500 estableció en su artículo 121, que le correspondía al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en todos los Países Miembros. Dicha consulta, puede ser facultativa u obligatoria. (...) La consulta es facultativa, cuando el juez nacional conozca de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna norma del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Por otra parte, resulta obligatoria, de oficio o a petición de parte, cuando el juez nacional conozca un proceso donde la sentencia sea de única o última instancia, en el cual deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. (...) Ahora bien, en interpretaciones prejudiciales emitidas por el TJCA el 13 de marzo de 2023, se estableció que la interpretación prejudicial era compatible con la doctrina del acto aclarado. Por eso, el juez nacional de única o última instancia que deba resolver una controversia en la que aplique alguna norma del ordenamiento jurídico comunitario andino, no estará obligado a solicitar la interpretación, si la corte internacional ya ha interpretado el contenido y alcance de la norma o normas comunitarias con anterioridad, en una o más interpretaciones prejudiciales publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, y no hay razones para suponer que el TJCA va a cambiar el criterio jurisprudencial. (...) Lo expuesto no implica que se elimine la obligación de solicitar la interpretación prejudicial, sino que se flexibiliza el deber de consulta obligatoria contenido en el artículo 132 de la Decisión 500, para que, en virtud del principio de economía procesal, no se efectúen reiteradas solicitudes de interpretación de normas que ya han sido interpretadas por el TJCA. (...) En atención al paso cuarto, es relevante recordar que será obligatoria la consulta cuando: (i) no exista una interpretación prejudicial previamente emitida por el TJCA; (ii) unas normas andinas ya han sido interpretadas, pero otras que deben aplicarse al caso no lo han sido; (iii) hay una interpretación prejudicial, pero el juez consultante considera pertinente que el TJCA precise, amplíe o modifique el criterio jurídico interpretativo; y, (iv) si bien hay una interpretación prejudicial relevante para el caso en concreto, el juez advierte cuestionamientos insoslayables sobre situaciones hipotéticas que, en abstracto, se desprenden o están vinculadas con una norma andina.
FUENTE FORMAL:
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, ACUERDO 6 DE 2023, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, DECISIÓN 500 DE 2001 - ARTÍCULO 121, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, DECISIÓN 500 DE 2001 - ARTÍCULO 132
INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS DE LA COMUNIDAD ANDINA / INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL / NORMAS DE LA COMUNIDAD ANDINA / DECISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA / APLICACIÓN DE LA NORMA / NORMATIVA DEL CONTRATO / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿La Decisión 462 y 285 de la Comunidad Andina le resultan aplicables a la controversia contractual del caso sub lite, cuando se observa que no se encuentra en discusión la existencia de una práctica anticompetitiva transfronteriza?
Respuesta al problema jurídico: No
El apoderado de la parte actora solicitó la interpretación prejudicial de las Decisiones 462 y 285 -artículo 4°-. Por ello, en aplicación del primer paso propuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se advierte que al caso concreto le es aplicable la Decisión 462, pero no la 285, como se expone a continuación. (...) La Decisión 608 – antes Decisión 285- no es aplicable porque en el expediente se evidencia que el origen de las conductas y sus efectos solo se producen en Colombia, de manera que no se encuentra en discusión la existencia de una práctica anticompetitiva transfronteriza, que es la que da lugar a la aplicación de la Decisión mencionada. Además, se precisa que la Decisión 285 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena fue sustituida por la Decisión 608 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo cual actualmente no se encuentra en vigencia la norma que se solicitó interpretar prejudicialmente.
FUENTE FORMAL:
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, DECISIÓN 285 DE 1991 - ARTÍCULO 4, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, DECISIÓN 462 DE 1999, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, DECISIÓN 608 DE 2005 - ARTÍCULO 2, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, DECISIÓN 608 DE 2005 - ARTÍCULO 5
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NORMAS DE LA COMUNIDAD ANDINA / DECISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA / INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS DE LA COMUNIDAD ANDINA / CONSULTA OBLIGATORIA AL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA / TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA / INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL / DOCTRINA / APLICACIÓN DE LA DOCTRINA DEL ACTO ACLARADO / TELEFONÍA BÁSICA CONMUTADA DE LARGA DISTANCIA / SERVICIO DE TELEFONÍA BÁSICA CONMUTADA / PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA BÁSICA CONMUTADA / ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO / ACCESO AL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO / EXPLOTACIÓN DEL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO / UTILIZACIÓN DEL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO / REGULACIÓN DEL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO
Problema jurídico:
¿Resulta procedente la solicitud de interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina propuesta por el apoderado de la parte demandante, respecto del artículo 2° de la Decisión 462, cuando se observa que la litis gira en torno a determinar si la licencia para el uso y explotación del espectro electromagnético requerido para la prestación del Servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada de Larga Distancia, constituye un acto administrativo o un contrato, disposición que ya ha sido objeto de análisis por parte del Tribunal?
Respuesta al problema jurídico: No
Procede el despacho a pronunciarse sobre la solicitud de interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, propuesta por el apoderado de la parte demandante. (...) Respecto de la Decisión 462 que regula el proceso de integración y liberalización del comercio de servicios de telecomunicaciones en la Comunidad Andina, se advierte que el apoderado de la parte demandante no especificó qué artículo aplicaba al caso concreto. Por eso, se recuerda que la litis gira en torno a determinar si la licencia para el uso y explotación del espectro electromagnético requerido para la prestación del servicio de TPBCLD, constituye un acto administrativo o un contrato, es decir, se circunscribe a establecer bajo qué figura jurídica se otorgó el título habilitante. Por consiguiente, la norma que tiene relación con el caso en concreto y frente al cual habría lugar a solicitar la interpretación prejudicial por el TJCA, es el artículo 2 de la Decisión 462, específicamente la definición de título habilitante. (...) Así las cosas, al efectuar la revisión de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, se evidencia que tal disposición ha sido objeto de análisis por parte del Tribunal, por lo que, en aplicación de los lineamientos expuestos, existe un acto aclarado. (...) El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 255-IP-2021, interpretó el artículo 2 de la Decisión 462, a la luz del principio de complemento indispensable, en virtud de la solicitud de interpretación prejudicial presentada por la Sección Primera de esta Corporación respecto de un caso con supuestos de hecho similares, donde se discutía la naturaleza jurídica del título habilitante otorgado través de la Resolución 1384 del 22 de junio de 2000, para el uso del espectro radioeléctrico. (...) En el proceso 255-IP-2021, el TJCA concluyó que le correspondía a la legislación interna de los países miembros determinar si el título habilitante por medio del cual la autoridad nacional competente facultaba a un proveedor para el suministro de servicios de telecomunicaciones, constituía un acto administrativo tal como lo prevé el artículo 2° de la Decisión 462, o si recibirá la cobertura de un contrato administrativo, para dotar al administrado de las garantías y seguridades que permite la figura contractual. Así, se evidencia la existencia de un criterio uniforme, estable y coherente al respecto, razón por la que la citada interpretación será aplicada al presente caso. (...) Además, el asunto no encuadra en ninguno de los cuatro supuestos en los que, aún en vigencia de la doctrina del acto aclarado, deba formularse la consulta de manera obligatoria, por cuanto: (i) existe interpretación prejudicial respecto de la norma que debe ser aplicada; (ii) el despacho no considera necesario precisar, ampliar ni modificar la interpretación existente, y (iii) no se evidencian cuestionamientos sobre situaciones hipotéticas que se desprendan o estén vinculadas con las normas andinas, respecto de las cuales se considere necesario solicitar la aclaración por parte del Tribunal. (...) Finalmente, se advierte que el TJCA podía interpretar otros artículos que considerara pertinentes; sin embargo, solo interpretó el artículo 2° de la Decisión 462 y no manifestó la necesidad de interpretar otro, por lo que no hay lugar a considerar que en casos como en el presente, donde se discute la naturaleza jurídica del título habilitante, sea necesario solicitar la interpretación prejudicial de otro artículo de la Decisión 462. (...) En consecuencia, el despacho dará aplicación a la doctrina del acto aclarado y por ello no se solicitará la interpretación prejudicial de normas comunitarias para el presente proceso. En su lugar, se atenderá lo determinado en la interpretación prejudicial antes identificada.
FUENTE FORMAL:
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, DECISIÓN 462 DE 1999 - ARTÍCULO 2