Titulación de la relatoría 20.945 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE SEGURO / PARTES DEL CONTRATO DE SEGURO / ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO / PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO / PRESCRIPCIÓN ORDINARIA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / TOMADOR DEL SEGURO / CONSORCIO / MIEMBROS DEL CONSORCIO / PRINCIPIO DE LA RELATIVIDAD DEL CONTRATO / DEMANDANTE / PARTE DEMANDANTE / COADYUVANTE / SUBROGACIÓN DE LA NORMA / SUBROGACIÓN DE LA LEY / SUBROGACIÓN DE LOS DERECHOS DEL ASEGURADOR
Problema jurídico:
¿La demandante y la coadyuvante gozan de legitimación para solicitar que se declare la prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro, considerando que el consorcio por ellos constituido hizo parte de la relación prestacional derivada de dicho contrato de seguro, en condición de tomador?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el fallo apelado se indicó que la demandante y la coadyuvante no gozaban de legitimación para solicitar que se declarara la prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro, toda vez que dicho fenómeno extintivo afectaba única y exclusivamente a la aseguradora, por lo que el a quo se abstuvo de analizarlo. Contrario a lo decidido por el Tribunal de origen, tanto B.P. como Civileza afirmaron que sí les asistía interés en dicha declaratoria, toda vez que aquellas sociedades hacían parte del Consorcio del Sur -tomador del contrato de seguro-, circunstancia que, a juicio suyo, las habilitaba para efectuar la solicitud en comento. (...) [P]ara la Subsección es evidente que la afectación de la garantía única de cumplimiento, específicamente en su amparo de estabilidad de obra, de forma inevitable impactará los intereses patrimoniales de quienes son parte del contrato de seguro, conclusión derivable del principio de relatividad de los contratos. En mérito de lo advertido, es plausible afirmar que la declaratoria de ocurrencia del siniestro de estabilidad de la obra pública resultante del contrato No. 00442 del 16 de septiembre de 2009, indefectiblemente, alterará la esfera patrimonial del tomador y de la aseguradora, lo cual significa que ambos sujetos negociales estarán habilitados para pronunciarse en relación con todas aquellas cuestiones que incidan de forma directa y/o indirecta en el contenido obligacional del contrato de seguro. Así las cosas, como el Consorcio del Sur hizo parte de la relación prestacional derivada del contrato de seguro objeto de estudio en condición de tomador, es razonable afirmar que a sus integrantes (...) sí les asiste un interés frente a la posibilidad de que se declare que las acciones derivadas del negocio jurídico que aquí se analiza han prescrito, toda vez que, en estricto sentido, la legitimación necesaria para plantear dicho cargo emana del acuerdo de voluntades en sí mismo, la cual, de ningún modo, podría entenderse reservada exclusivamente a la compañía aseguradora. En línea con lo que se acaba de señalar y, de manera más relevante, la Sala destaca que, (...) el interés que reportan los miembros del Consorcio del Sur en que se declare la prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro, en realidad, está íntimamente ligado a la subrogación legal de la cual se puede hacer acreedora la aseguradora -al pagar la indemnización fijada en la póliza- en los derechos del asegurado -en este caso el SENA- contra los responsables del siniestro - supuestamente, los integrantes del consorcio contratista-, de conformidad con lo contemplado en el artículo 1096 del Código de Comercio. Cabe agregar que esta misma Sala ha indicado que, en el caso de la aseguradora, el artículo 1096 del Código de Comercio no supedita el derecho de acción que directamente le asiste a aquella para impugnar la legalidad del acto administrativo que declara ocurrido el siniestro, al pago de la indemnización correspondiente. Lo propio puede afirmarse respecto del tomador del seguro -que al fungir como contratista del negocio jurídico estatal es el primero que resulta señalado como responsable del eventual incumplimiento [riesgo] cuya ocurrencia declare la entidad contratante-, pues su derecho de acción para demandar el acto administrativo que hace efectiva la póliza tampoco depende del pago de dicha indemnización. Adicionalmente, es necesario advertir que, en los contratos de seguro por cuenta ajena, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 1042 del Código de Comercio, se protege tanto el interés del tercero-asegurado como el del tomador -en este caso el Consorcio del Sur-. (...) Por cuenta de la reflexión en cita, la Sala considera que el interés asegurable que también reportan los integrantes -B.P. y Civileza- del Consorcio del Sur [tomador], en definitiva, les legitima para solicitar que se declare la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro materia de análisis. De acuerdo con la línea argumentativa que antecede, la Subsección, contrario a lo resuelto en el fallo de primer grado, sí estudiará de fondo el argumento expuesto por B.P. y Civileza en relación con la supuesta consumación del término bienal de prescripción ordinaria, fijado en el artículo 1081 del Código de Comercio.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el principio de relatividad de los contratos, consultar providencias de 2 de junio de 2014, Exp. 26550, C.P. Enrique Gil Botero; de 16 de julio de 2021, Exp 44687, C.P. María Adriana Marín. Acerca de los efectos relativos de los negocios jurídicos, consultar providencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 4 de abril de 2018, Exp. 05001-31-03-010-2011-00338-01, M.P. Ariel Salazar Ramírez. En relación con el derecho de acción para demandar el acto administrativo que hace efectiva la póliza, consultar providencia de 18 de febrero de 2022, Exp. 53318, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Sobre el interés protegido en los contratos de seguro por cuenta ajena, consultar providencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 19 de diciembre de 2006, Exp. 68001-31-03-001- 2000-00311-01, M.P. Pedro Octavio Munar Cadena.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1037, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1042, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1077, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1080, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1081, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1096
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / EXIGIBILIDAD DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO / COBRO DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO / OCURRENCIA DEL SINIESTRO / CONFIGURACIÓN DEL SINIESTRO / AVISO DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO / RECONOCIMIENTO DEL SINIESTRO / TÉRMINO PARA EL AVISO DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO / CONOCIMIENTO DEL HECHO DAÑOSO / PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO / PRESCRIPCIÓN ORDINARIA / TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN ORDINARIA / OPERANCIA DE LA PRESCRIPCIÓN / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Debe declararse la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales el SENA declaró la ocurrencia del siniestro de estabilidad de la obra pública y, consecuencialmente, afectó la garantía única de cumplimiento, por encontrarse configurada la prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro?
Respuesta al problema jurídico: Si
Las sociedades B.P. Constructores S.A. y Civileza S.A.S. pretenden que se
declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 1122 del 6 de julio de 2017 y 2352 del
22 de diciembre de la misma anualidad, a través de las cuales el Servicio Nacional
de Aprendizaje declaró la ocurrencia del siniestro de estabilidad de la obra pública,
en el marco del contrato No. 00442 del 16 de septiembre de 2009 y,
consecuencialmente, afectó la garantía única de cumplimiento contenida en la
póliza No. 8001030828, expedida por la compañía de Seguros Colpatria S.A. (...) Tanto B.P. como Civileza afirmaron que el plazo de dos años, previsto para la prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro, empezó a correr el 21 de noviembre de 2014, fecha en la cual el SENA habría tenido conocimiento de la ocurrencia del siniestro. Para resolver este cargo, conviene mencionar que el artículo 1081 del Código de Comercio señala que el término fijado para la prescripción ordinaria de las acciones derivadas del contrato de seguro, o de las disposiciones que lo rigen, será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción. Asimismo, la norma en mención consagra que dicho plazo no es susceptible de ser modificado por pacto entre las partes. Esta Subsección, con apoyo en la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, ha precisado que el plazo extintivo ordinario solo comienza a computarse desde que el interesado -en este caso la entidad estatal beneficiaria del contrato de seguro- conoce o razonablemente debe tener conocimiento del siniestro. Efectuadas las precisiones antecedentes, de cara al caso concreto, la Sala observa que los actos administrativos enjuiciados sí fueron expedidos con posterioridad al vencimiento del término de prescripción ordinaria fijado en el artículo 1081 del Código de Comercio (...). [L]a Subsección considera que el entendimiento del SENA no es correcto, dado que, en relación con el amparo de estabilidad de la obra, el término bienal de prescripción ordinaria al que se refiere el artículo 1081 del Código de Comercio, con apego a las reflexiones que sobre este tópico ha ofrecido la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación, comienza a correr desde el momento en que se tiene o se ha debido tener conocimiento de deterioros de la obra ocurridos durante la vigencia del mencionado amparo y no desde que se alcanza un determinado grado de certeza sobre la magnitud del daño y la causa que los originó. Es necesario advertir que el conocimiento “cualificado” del hecho que da base a la acción a partir del cual el extremo pasivo pretendió contabilizar el plazo del fenómeno extintivo de las acciones derivadas del contrato de seguro, en definitiva, no se ajusta a lo establecido en el artículo 1081 del estatuto comercial, norma de orden público que, se reitera, en ninguna circunstancia podría llegar a ser modificada por las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad. (...) Realizada la explicación que antecede y en el caso concreto, la Sala considera que cuando al SENA se le comunicó el “INFORME TÉCNICO ESTADO DE LAS MALOKAS DEL CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS” rendido por el ingeniero civil y especialista estructural (...), en definitiva, obtuvo el conocimiento de los deterioros sobre los cuales se basó la ocurrencia del siniestro de inestabilidad de la obra pública en cuestión. (...) Leído con detenimiento el documento en cita, para la Sala emerge con claridad que las deficiencias estructurales que se le comunicaron a la entidad pública demandada eran más que suficientes para que procediera a declarar la ocurrencia del siniestro -es decir, el relativo a la inestabilidad de la construcción entregada-, puesto que el informe técnico que se comenta es nítido en señalar, entre otras patologías estructurales, que la obra pública podía colapsar por cuenta de la superación de los límites permisibles de aplomo que debían tener las columnas. En la medida en que la inestabilidad de las edificaciones del Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas se llegó a manifestar -incluso- en el deterioro total y la “pudrición” de ciertos elementos estructurales -hechos en madera-, así como en la inoperancia del sistema estructural en la forma en que fue diseñado, no es admisible considerar que, para el momento en que se le informó al SENA de todas estas vicisitudes, no tuviera conocimiento de la concreción de los hechos en que más adelante apoyaría la declaratoria de la ocurrencia del siniestro. Se considera indispensable recalcar que las deficiencias estructurales referidas en el informe técnico rendido por el señor (...) también fueron mencionadas en el recuento fáctico realizado por el SENA en los actos administrativos enjuiciados. En ese sentido, se observa que la entidad pública demandada mencionó expresamente las patologías constructivas consignadas en el documento en cuestión, las cuales produjeron que se requiriera a la aseguradora y al consorcio contratista para que procedieran a revisar el estado y las falencias advertidas en las edificaciones. Así las cosas, aunque en el proceso no obra ningún elemento de convicción que otorgue plena certeza de cuál fue la fecha en la que el informe objeto de análisis se le comunicó a la señora (...) subdirectora del Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas, lo cierto es que dicha funcionaria del SENA, a través de correo electrónico del 1° de diciembre de 201441, puso en conocimiento del documento en cuestión al Grupo de Construcciones de la entidad pública demandada. En función de lo anterior, es evidente que desde el 1° de diciembre de 2014 el SENA tuvo conocimiento de los fundamentos fácticos sobre los cuales se edificó el siniestro, consistente en la inestabilidad de la obra pública. En tal sentido, de conformidad con lo consagrado en artículo 1081 del Código de Comercio, el término de dos años de la prescripción ordinaria de las acciones derivadas del contrato de seguro se venció el 1° de diciembre de 2016. Así, propio es concluir que, tal y como lo afirmaron B.P. y Civileza, para el momento en que se profirió la Resolución No. 1122 del 6 de julio de 2017, definitivamente, ya se había configurado la prescripción ordinaria de las acciones derivadas del contrato de seguro, de suerte que la Resolución No. 2352 del 22 de diciembre de la misma anualidad también esté afectada por la configuración del fenómeno extintivo que se acaba de mencionar. (...) En ese sentido, la Sala también considera importante precisar que, tanto la primera declaratoria de ocurrencia del siniestro -Resolución No. 0534 del 7 de abril de 2017 - como la segunda -Resolución No. 1122 del 6 de julio de 2017-, en realidad, comparten los mismos supuestos de hecho en los que el SENA se apoyó para considerar que las edificaciones del Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas eran inestables estructuralmente. (...) Como consecuencia del análisis antecedente, se encuentran fundados los reparos concretos formulados por B.P. y Civileza en sus recursos de apelación en relación con la materialización del fenómeno extintivo, razón por la cual la Sala modificará la sentencia de primera instancia y, acto seguido, declarará la nulidad total de las Resoluciones Nos. 1122 del 6 de julio de 2017 y 2352 del 22 de diciembre de la misma anualidad.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el punto de partida para contabilizar el término de la prescripción ordinaria, consultar providencias de 17 de febrero de 2023, Exp. 67118, C.P. María Adriana Marín; y de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 12 de febrero de 2007, Exp. 68001-31-03-001-1999-00749-01, M.P. Edgardo Villamil Portilla. Acerca de la necesidad de obtener la certeza técnica de la causa de la inestabilidad de la obra, consultar providencia de 5 de mayo de 2020, Exp. 47166, C.P. Alberto Montaña Plata En relación con el alcance del amparo de estabilidad de la obra, consultar providencia de 17 de febrero de 2023, Exp. 59310, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1081
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / ACTO ADMINISTRATIVO QUE HACE EFECTIVA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ACCIÓN CONTRACTUAL CON FINES DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / NEGACIÓN DEL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / IMPROCEDENCIA DEL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / FALTA DE PRUEBA / INEXISTENCIA DE LA PRUEBA DE LOS PERJUICIOS / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Dada la nulidad de los actos administrativos demandados, resultan procedentes las pretensiones de restablecimiento del derecho consecuenciales?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]n lo relativo a las pretensiones de restablecimiento del derecho consecuenciales de la declaratoria de nulidad de los actos administrativos enjuiciados, es necesario recordar que B.P. indicó que dichas resoluciones ponían en peligro su patrimonio, su actividad profesional y lesionaban su derecho al buen nombre. Es importante advertir que B.P no cuantificó el valor al que ascendería el rubro indemnizatorio solicitado y tampoco suministró detalles concretos en relación con dicha pretensión. En ese sentido, aquella afirmación, materialmente, es una mera conjetura carente de respaldo probatorio, la cual, en definitiva, no es suficiente para proferir una condena por dicho concepto. La conclusión antecedente se sustenta en el hecho de que los elementos de convicción suministrados y solicitados por la demandante, exclusivamente, estuvieron dirigidos a acreditar los vicios de ilegalidad imputados a los actos administrativos acusados, mientras que, frente a las supuestas afectaciones a su patrimonio, a su actividad profesional y su buen nombre, B.P. no realizó esfuerzo probatorio alguno. Adicionalmente, no está de más aclarar que el extremo activo no solicitó la devolución de la suma asegurada que se afectó con la expedición de las resoluciones demandadas, máxime si se tiene en cuenta que no está acreditado que dicho valor haya sido pagado. En ese sentido, es necesario recalcar que B.P. agotó su actividad probatoria en la comprobación de las causales de nulidad invocadas en el presente juicio; sin embargo, en relación con los perjuicios que supuestamente se le irrogaron a raíz de la emisión de las resoluciones demandadas, la Subsección observa que dichas afectaciones no fueron objeto de análisis en ninguno de los elementos de convicción decretados y practicados en este proceso. Así las cosas, por cuenta del incumplimiento de los deberes mínimos en materia probatoria radicados en cabeza de B.P., la Subsección denegará sus pretensiones de restablecimiento del derecho consecuenciales de la declaratoria de nulidad de las resoluciones reprochadas.
CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿En vigencia del CPACA resulta procedente la condena en costas en contra de la parte vencida en el proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con el artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 y con la disposición especial del artículo 365-1 del CGP, en este expediente procede la condena en costas a cargo de la parte vencida que, en este caso es el SENA, puesto que, al declararse la ilegalidad de las resoluciones enjuiciadas, se accedió a las pretensiones de nulidad formuladas en la demanda. Por su parte, ha de señalarse que las costas serán liquidadas de manera concentrada en la Secretaría del Tribunal de origen, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 366 del CGP. El Acuerdo PSAA16-10554, expedido el 5 de agosto de 2016 por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda46 , estableció las tarifas de agencias en derecho. En lo que a este asunto interesa, conviene señalar que, en los “procesos declarativos en general”, las agencias en derecho en segunda instancia deben fijarse entre 1 y 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según lo dispuesto en el artículo 5-1 del Acuerdo en comento. En ese sentido, se fijan las agencias en derecho en la suma de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, monto que deberá [ser] pagado a la sociedad (...).
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016 - ARTÍCULO 5, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 47