Titulación de la relatoría 14.175 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ESTABLECIMIENTO PÚBLICO / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / PRETENSIÓN PRINCIPAL / PRETENSIÓN SUBSIDIARIA / CESIÓN DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Tiene competencia el Consejo de Estado, en segunda instancia, para conocer del proceso por responsabilidad por incumplimiento que, como deudor de una obligación contractual cedida, le correspondía al IDU, que es un establecimiento público y de las pretensiones subsidiarias de responsabilidad extracontractual, por las omisiones que la firma actora imputa al IDU?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con las pretensiones principales de la demanda, se discuten la responsabilidad por incumplimiento que, como deudor de una obligación contractual cedida, le correspondía al IDU, que es un establecimiento público. Por lo tanto, de acuerdo con los artículos 2 y 75 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo (“CCA”), su conocimiento corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Así mismo, corresponde a esta jurisdicción el conocimiento de las pretensiones subsidiarias de responsabilidad extracontractual, por las omisiones que la firma actora imputa al IDU, conforme al artículo 83 del CCA. Aparte, esta Corporación es competente en segunda instancia, toda vez que las pretensiones ascienden a una suma no inferior a $3.900.000.000, que es superior al equivalente a 500 SMLMV ($566.700 x 500 = $283.350.000), exigido para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de controversias contractuales y de reparación directa tuviera vocación de doble instancia, según el artículo 132 del CCA.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la responsabilidad por la cesión de obligaciones, ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencias del 31 de julio de 1941, Gaceta Judicial, tomo LII, núm. 1977, pp. 1 – 12; y del 23 de octubre de 2015, rad. núm. 11001-31-03-039-2010-00490-01.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 83, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 75
IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / FALLO INHIBITORIO POR INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN / INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CESIÓN DE DERECHOS DEL CRÉDITO / CESIÓN DE DERECHOS / FUENTE DEL DAÑO / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / PARTES DEL CONTRATO / CONTRATO ESTATAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
"¿El IDU es responsable por el daño que sufre el cesionario de derechos crediticios con fuente en contrato estatal, por causa de la cesión que de ese contrato hizo el contratista originario, a un tercero, para que éste honrara su cumplimiento?"
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Subsección dilucidará el asunto relativo a la acción que, en debida forma, debió incoar la parte demandante para traer su controversia a la jurisdicción contencioso administrativa (...). Sea lo primero, recordar que la Subsección ha sostenido que, de acuerdo con el artículo 87 del CCA , como regla general, son las partes del contrato quienes pueden ejercer la acción contractual, regla de la que sólo están exceptuadas las compañías aseguradoras, como destinatarias de los actos con los que se declara el siniestro que se originan en el contrato incumplido; así como el Ministerio Público y quien demuestre interés directo en el contrato en cuanto aquel y estos están legitimados para pretender la declaración de nulidad absoluta del contrato. Ha dicho, en esa línea, que la acción de controversias contractuales no es procedente para que el cesionario de un crédito contractual exija los derechos que, como tal, le corresponden, ya que la cesión no altera los sujetos del contrato fuente del crédito cedido. (...) La parte demandante y recurrente de la sentencia de primera instancia, afirma en sentido contrario al Tribunal, que, en virtud de la cesión aceptada por el deudor, que de sus derechos económicos derivados del contrato de obra número 137 de 2007, hizo la Unión temporal contratista a la Fiduciaria del Occidente S.A., y de la ulterior cesión que esta última hizo de esos derechos a Helm Bank S.A., esta última entidad, no solo estaba legitimada en la causa para promover la pretensión contractual, sino que además tenía un derecho cierto para solicitar la declaración de incumplimiento del contrato por parte del IDU, en razón a su condición de única acreedora de la obligación cedida. (...) La afirmación de la recurrente, a juicio de esta Subsección, no es válida, por cuanto descansa sobre premisas equivocadas, y básicamente, porque se encuentra edificada sobre la confusión de dos negocios jurídicos diferentes, a saber: la cesión de la posición contractual o más llanamente la cesión del contrato, con la cesión de un derecho de fuente contractual. No de otra manera se explica que la recurrente asevere que está legitimada para promover la pretensión contractual, aserto que subyace sobre estos otros: la cesionaria del crédito ha ocupado el lugar del contratista en la relación contractual, es parte en el contrato estatal 137 de 2007, y por tanto puede incoar la acción de controversias contractuales. (...) Para dar respuesta a este infundado motivo de inconformidad de la recurrente, viene pertinente (...) diferenciar entre la cesión de un derecho de contenido crediticio, que fue el negocio que celebró la Unión temporal con la Fiduciaria de Occidente, en el que el sujeto pasivo de la relación obligacional permanece inalterado, y la notificación o el requerimiento de la aceptación de la cesión por el otro extremo de la relación se revela como una simple formalidad necesaria para que a este le sea oponible la cesión de ese derecho que tiene fuente en el contrato, y la cesión de la posición contractual, negocio que persigue la sustitución de una de las partes en el contrato que se ejecuta, para que un tercero, que funge como cesionario, adquiera los derechos y las obligaciones que correspondían al contratante cedente, como efectos de ese contrato. (...) el negocio que celebraron la Unión Temporal y la Fiduciaria tuvo por objeto la cesión de derechos económicos de contenido crediticio con fuente en el contrato 137 ya aludido, no la cesión de la posición de Transvial en el mismo contrato, ni menos aún la cesión del referido contrato, situación que revela el error en que se halla la recurrente: ni La Fiduciaria, o mejor el Patrimonio Autónomo, ni Helm Bank, sustituyeron a Transvial en esa relación contractual, ni pasaron a formar parte en modo alguno de esa relación, ni este último se encontraba legitimado para el ejercicio de la acción de controversias contractuales. (...). Vistas, así las cosas, resulta necesario, en línea con la jurisprudencia de la Sección, establecer cuál fue la fuente del daño, pues en ello reside el factor determinante de la acción procedente en cada caso. Para responder a esta pregunta resulta forzoso, a su vez, dar contestación a esta otra: ¿En qué consistió el daño? (...) Entonces, necesario es concluir que, el daño cuya reparación pretende la parte demandante en este contencioso, reside en la extinción de los créditos que le habían sido cedidos al patrimonio autónomo y que después le fueron cedidos a Helm Bank, y que se configuró con cada pago que el IDU hizo al Grupo Empresarial Vías Bogotá S.A.S. con posterioridad al 16 de febrero de 2010 por concepto de obras ejecutadas en cumplimiento del contrato 137 de 2007. (...) Esos pagos, en cuanto actos jurídicos materiales, vincularon al IDU con el Grupo Empresarial Vías Bogotá S.A.S., sujeto que ejecutó las obras en cumplimiento del contrato en mención, pero estuvieron precedidos de unas peticiones que le presentó al Instituto la Fiduciaria en su condición de vocera del patrimonio autónomo, circunstancia esta que viene relevante, pues unos serían los resultados del análisis si los pagos al Grupo Empresarial Vías Bogotá SA.S. se hubieran realizado a espaldas de la Fiduciaria, y otros si esta tuvo conocimiento de que ello iba a ocurrir, pidió que no se realizaran tales pagos y dicha petición le fue negada. En el primer caso, habría ocurrido un hecho como causa del daño y sólo procedería pedir la reparación directa de éste; en el segundo caso, habría mediado una manifestación de voluntad de la administración, en el sentido de negar el derecho de la Fiduciaria como vocera del Fideicomiso, y habría necesidad de demandar su anulación como presupuesto de cualquier pretensión de condena. Según lo probado en este contencioso, esta segunda fue la circunstancia acaecida. (...) Visto, así, el contenido del oficio, ninguna duda se cierne sobre la causa del daño: una manifestación unilateral de voluntad de la administración, que, en cuanto negó el derecho deprecado por la Fiduciaria, produjo efectos jurídicos, efectos que de hecho hizo efectivos en ejercicio de sus atribuciones ejecutorias. Por tanto, cualquier pretensión de condena, en este caso, a manera de restablecimiento de derechos mediante la orden al IDU de pagar a la demandante, como cesionaria de los derechos por ella desconocidos, debía estar precedida de la exclusión de dicho acto del ordenamiento jurídico, previo abatimiento de la presunción que ampara su legalidad. Por tanto, como Helm Bank no incluyó en su demanda solicitud alguna para que se declarara la nulidad de la decisión que le negó su derecho como cesionario de los derechos económicos derivados del contrato 137 de 2007, y esta omisión no puede ser corregida en términos que permitan proferir una decisión sobre el fondo del asunto, pues supondría un pronunciamiento oficioso sobre la legalidad del oficio IDU-20281-DTGC 435 del 23 de marzo de 2010, la Sala revocará el numeral primero de la decisión recurrida y, en su lugar, declarará la inhibición para resolver de fondo este asunto por indebida escogencia de la acción.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la legitimación para ejercer la acción contractual, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 25 de abril de 2012, exp. 20817.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87
NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ACTO ADMINISTRATIVO / PRETENSIÓN SUBSIDIARIA / INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / FALLO INHIBITORIO POR INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / DERECHO CREDITICIO / FUENTE DEL DAÑO / CESIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PATRIMONIO AUTÓNOMO
Problema jurídico:
¿En el caso, deben negarse las pretensiones subsidiarias referentes al daño extracontractual alegado, en razón a que la fuente del daño radicó en la desestimación que hizo el IDU en sede administrativa de los derechos que consideraba tener la Fiduciaria como vocera del patrimonio autónomo, desestimación que, se materializó en acto administrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
Ahora bien, lo expuesto en precedencia viene suficiente para desestimar las pretensiones subsidiarias, puesto que la causa del daño objeto de ellas radicó en la desestimación que hizo el IDU en sede administrativa de los derechos que consideraba tener la Fiduciaria como vocera del patrimonio autónomo, desestimación que, como queda visto, se materializó en acto administrativo. No obstante, la Sala considera conveniente hacer las siguientes reflexiones acerca de los reproches que hizo el apelante para sustentarlas. Dijo el apelante que la primera instancia no tomó en consideración: i) la aplicación de la condición resolutoria pactada en el negocio jurídico de cesión de contrato suscrito entre la UT Transvial y el Grupo Empresarial Vías Bogotá S.A.S., ante la omisión de liberación de los derechos de crédito que estaban en cabeza de la Fiduciaria del Occidente S.A. Esta circunstancia, que resultaría pertinente para cuestionar la legalidad del acto administrativo que desestimó los derechos de la Fiduciaria en la condición antes anotada, que no como fundamento de una pretensión de reparación directa, la Sala entiende que pierde toda validez de cara a la distinción entre la cesión de derechos económicos y cesión de la posición contractual. En efecto, vista esa diferencia, la condición resolutoria a la que alude el recurrente se explica como una previsión innecesaria de parte del Grupo Empresarial Vías Bogotá S.A.S. Y, finalmente, la aplicación que echa de menos el recurrente solo beneficiaría a dicho grupo, quien se abstuvo de reclamar habida consideración de que el pago de sus derechos se hizo efectivo. Afirmó el apelante, también, que el Tribunal no tomó en cuenta la forma en que fue despojada la fiduciaria de los aludidos derechos económicos, ni la conducta omisiva del IDU ante las reiteradas advertencias del cesionario, reproches estos que vienen contrarios al pertinente entendimiento del alcance de la cesión de derechos de cobro, que esta Sala encuentra que hizo el juzgador de primera instancia. Finalmente, protestó que el Tribunal no haya reparado en la desproporcionada carga a la que fue sometida HELM BANK S.A., si se aceptara que la actuación del IDU se orientó a salvaguardar el interés general, reparo que esta Subsección encuentra infundado porque la decisión que adoptó el IDU para beneficio del interés general no cercenó derecho alguno de la Fiduciaria como Vocera del Patrimonio Autónomo, pues, como ha quedado visto, la entidad estatal honró la cesión de los derechos que realmente causó la Unión temporal con la ejecución del contrato. Mal podía sacrificar el interés general para proteger una mera expectativa que nunca se forjó como derecho cierto de la cesionaria, al cobro de derechos económicos que el contratista Unión Temporal no causó. Por tanto, la Sala confirmará la Sentencia recurrida, en cuanto negó las pretensiones de la demanda, en lo que atañe a aquellas que presentó la demandante como subsidiarias.