Titulación de la relatoría 19.045 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONCEPTO DE MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APLICACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REGULACIÓN NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / EXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ALCANCE DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / CAUSAS DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / PRETENSIONES DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / NATURALEZA DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ALCANCE DE LA NULIDAD
Problema jurídico:
¿El medio de control de controversias contractuales resulta procedente para declarar la existencia de un acto administrativo contractual de reconocimiento de desequilibrio económico del contrato estatal, y de las órdenes de pago para su restablecimiento?
Respuesta al problema jurídico: No
Lo primero que se debe advertir es que en el caso concreto el medio de control ejercido fue el de controversias contractuales (...). La causa petendi de su reclamación se sustentó en los sucesos que dieron lugar a que la unión temporal presentara la solicitud de restablecimiento del equilibrio económico del contrato de concesión de alumbrado público, a la respuesta afirmativa que el ente territorial habría dado a sus aspiraciones económicas en procura de restablecer el desbalance financiero ocurrido en desarrollo del acuerdo negocial y al hecho de que, a la fecha de presentación de la demanda, el ente territorial no había dado cumplimiento a su propia decisión, en el sentido de ordenar el desembolso dispuesto en la citada resolución. Sentado el panorama alusivo a las pretensiones formuladas y a los fundamentos fácticos en los cuales se sustentaron, se tiene que el artículo 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al regular el medio de control de controversias contractuales, establece las pretensiones que por ese cauce están llamadas a tramitarse. (...) Como se aprecia, ninguno de los supuestos en que se fundamentan las pretensiones susceptibles de ventilarse a través del medio de control de controversias contractuales dan lugar a pretender que se declare la existencia de un acto administrativo contractual. El petitum asociado a estas decisiones se restringe a procurar su nulidad o a cuestionar su legalidad, no a obtener la declaratoria de su surgimiento al plano jurídico. En contraste, cabe anotar que la anterior formulación jurídica es consonante con lo
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo que consagra el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, en consideración a que lo que allí se determina es la
procedencia de enjuiciar, por la vía de la pretensión anulatoria, la validez de un acto
administrativo por la causales contempladas en el artículo 137 de ese mismo
compendio normativo, que a la postre son las mismas que en su contra se pueden
pretender contra los actos administrativos contractuales.
Se evidencia así que en el ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho no se abre la posibilidad de que, previo a la
declaratoria de nulidad del acto impugnado, se obtenga a través de esa misma vía
la declaratoria de su existencia en el evento de que esta se halle en entredicho. No desconoce la Sala que dentro del catálogo de alternativas mediante las cuales es viable procesalmente impetrar el medio de control de controversias contractuales se encuentra aquella con arreglo a la cual se podrán pretender “otras declaraciones y condenas”. Pese al carácter abierto y abstracto que encierra la literalidad de esa premisa, se estima que la comprensión que a ese respecto merece dispensarse necesariamente debe acompasarse con la naturaleza y alcance del medio de control en que está inmersa, que no es otra que la controversia ligada al contrato. Por contera, las declaraciones y condenas innominadas deberán estar íntimamente conectadas con este, no con el acto administrativo producido en curso de su ejecución. Nótese que es en relación con el acuerdo de voluntades que la legislación estableció la procedencia de la pretensión de la declaratoria de su existencia, no así frente a los actos contractuales. Respecto de estos delimitó su discusión únicamente al debate sobre su legalidad. (...) En suma, la Sala considera que no resulta acertado, desde una óptica procesal, formular la pretensión de declaratoria de existencia de los actos administrativos contractuales. Se reitera que, en el caso concreto lo pretendido por el demandante fue que se declarara la existencia del acto administrativo de reconocimiento de desequilibrio económico y de las órdenes de pago para su restablecimiento, para lo cual allegó una copia simple de la Resolución 2015-12-14-001 del 14 de diciembre de 2015. (...) Se aprecia así que la existencia de esta copia en el proceso no conduce a configurar la procedencia y menos la prosperidad de la pretensión enfocada a que así se declare, pues, como se advirtió, el ordenamiento no consagra que esa pretensión sea pasible de ventilarse a través de una controversia contractual. Es necesario recalcar que la parte demandante no solicitó que se declarara la existencia del acto como materialidad de su contenido en cuanto al surgimiento del derecho que en su texto se habría reconocido, a lo que se suma que la entidad lo que puso en entredicho fue la existencia misma de la decisión, no del documento propiamente. Es por ello que se insiste en que a través del medio de control de controversias contractual lo que resulta plausible es cuestionar la existencia de un derecho, el cual pudo haberse solicitado a través de una pretensión autónoma que, como se verá más adelante, en el caso no se elevó. (...) Lo que se quiere poner de presente es que, ante el escenario fáctico de lo acontecido, el camino para sacar avante las aspiraciones económicas asociadas al restablecimiento del equilibrio negocial supuestamente fracturado no era otro que la formulación de una pretensión encaminada a que se obtuviera la declaratoria de la ruptura de la ecuación financiera del contrato, en el marco del medio de control de controversias contractuales. Sin embargo, como se anticipó, la parte actora no pretendió que se declarara la existencia del surgimiento del derecho a que se le restableciera el equilibrio económico del contrato, ya que ni de forma principal o subsidiaria el demandante elevó una pretensión en ese sentido. A contrario sensu, en el recurso de apelación, la parte actora fue categórica en censurar el análisis emprendido por el a quo, dirigido a indagar si se había presentado un desbalance de la ecuación financiera por los hechos que se habrían consignado en la Resolución, en cuanto, en su criterio, esa fue una situación zanjada por las partes a instancia de las tratativas del negocio, sin que el juez pudiera arrogarse facultades oficiosas para su desconocimiento.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 137, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 138, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APLICACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REGULACIÓN NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO ESTATAL / EXISTENCIA DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL CONTRATO / REQUISITOS DE EXISTENCIA DEL CONTRATO / REQUISITOS DEL CONTRATO ESTATAL / FORMALIDADES DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONTRATO ESCRITO
Problema jurídico:
¿La pretensión encaminada a declarar la existencia de un contrato del Estado se justifica cuando la regulación normativa de su tipología exija la formalidad del escrito?
Respuesta al problema jurídico: No
No sobra agregar que, incluso la declaratoria de existencia del contrato estatal sometido al imperio del Estatuto de Contratación de la Administración Pública, como ocurre en este evento, aun cuando no resultaría improcedente sí resultaría inane, habida cuenta de que, al ser la formalidad del escrito en este tipo de contratos un de su perfeccionamiento se agotaría con la presentación del documento escrito en el que conste el consenso y no se requeriría de una declaración judicial para tener por probado el negocio jurídico base de las pretensiones. De ahí que solo se justificaría una pretensión encaminada a declarar la existencia de un contrato del Estado cuando la regulación normativa de su tipología no exija esa formalidad, evento en el cual el operador jurídico debe verificar y declarar su existencia a partir de la concurrencia de los elementos de su esencia dispuestos en el ordenamiento. requisito ad substantiam actus -que no requisito ad probationem-, la constatación
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el particular, consultar providencia de 15 de agosto de 2007, Exp. AP. 2003-00689, C.P. Ruth Stella Correa
Palacio; y de 3 de agosto de 2017, Exp. 52285, C.P. Martín Bermúdez Muñoz.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / ADECUACIÓN DE LA DEMANDA / ADECUACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL / IMPROCEDENCIA DE LA ADECUACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL / PROCESO EJECUTIVO / TÍTULO EJECUTIVO / EXIGIBILIDAD DEL TÍTULO EJECUTIVO / INEXISTENCIA DEL TÍTULO EJECUTIVO / TÍTULO EJECUTIVO CONTRACTUAL / PRUEBA DEL TÍTULO EJECUTIVO / CONFORMACIÓN DEL TÍTULO EJECUTIVO / COPIA DEL TÍTULO EJECUTIVO / REPOSICIÓN DEL TÍTULO EJECUTIVO / IMPROCEDENCIA DEL PROCESO EJECUTIVO
Problema jurídico:
¿Resulta procedente adecuar el cauce de este proceso al de un juicio ejecutivo, en el que la Resolución aportada al proceso funja válidamente como título de reconocimiento del desequilibrio económico del contrato estatal?
Respuesta al problema jurídico: No
[S]i bien de manera principal también se pretendió la declaratoria de incumplimiento de lo ordenado en la Resolución 2015-12-14-001 del 14 de diciembre de 2015, en realidad, lo que se procuró por el demandante fue que se ordenara judicialmente que el municipio pagara las sumas dispuestas en esa resolución, cuya declaratoria de existencia pretendió, ante la supuesta imposibilidad de obtener el título ejecutivo que sirviera de fundamento para iniciar el juicio de ejecución, según pasa a ilustrarse. Al respecto, se observa que frente a la pretensión de declaratoria de existencia de la Resolución 2015-12-14-001 del 14 de diciembre de 2015, el municipio de Zona Bananera en su escrito de contestación de la demanda alegó que en la carpeta contractual de sus archivos correspondientes al contrato de concesión no reposaba la Resolución en cuestión. En relación con este último punto, señaló que, previo a la presentación de esta demanda, el municipio de Zona Bananera, mediante escrito del 11 de marzo de 2016, dio respuesta a la petición elevada el 2 de marzo de ese mismo año por la unión temporal Iluminaciones Zona Bananera, en la que le solicitaba que le entregara copia auténtica del acto administrativo en comento. (...) La entidad en la contestación de la demanda respondió que en los archivos de la entidad tampoco se encontraban los antecedentes administrativos que habrían precedido a su expedición, que debían adelantarse de conformidad con lo pactado en el contrato de concesión, como tampoco la constancia de las apropiaciones presupuestales para atender su pago con cargo a vigencias futuras. (...) Así pues, fue en este escenario en el que quedó trabada la controversia en este marco procesal en punto a la existencia del compromiso económico que el demandante alegó insatisfecho, obligación que la parte demandada expresamente desconoció haber contraído, al no reposar en sus archivos el documento original, como tampoco los demás documentos que sirvieron de fundamento a su origen. Lo acontecido con anterioridad a la presentación de esta demanda revela que fue la inviabilidad de obtener el documento base de ejecución, ante la respuesta negativa de la entidad concedente a entregar la pretendida copia auténtica de la resolución que fungiría como título ejecutivo, lo que impulsó a la parte actora a impetrar este medio de control en el que lo que se buscó, en últimas, fue que el juez ordinario constituyera el título base de recaudo a partir de la pretensión de declaratoria de existencia del acto administrativo contentivo de la obligación (...). En ese sentido, no resultaba viable que la parte actora intentara mediante este cauce que se diera trámite al procedimiento previsto en el artículo 398 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo consagrado en el artículo 803 del Estatuto Mercantil, consistente en la reposición del título que corresponde intentarse ante la jurisdicción ordinaria. Tampoco resulta procedente adecuar el cauce de este proceso al de un juicio ejecutivo, si se tiene en consideración que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 297 del CPACA, en materia contractual “prestarán mérito ejecutivo (…) cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones”, norma que necesariamente debe acompasarse con lo señalado en el inciso 2º del artículo 215 del CPACA, el cual precisa que la valoración de las copias simples no se aplicará cuando se trate de títulos ejecutivos, caso en el cual los documentos que los contengan deberán cumplir los requisitos exigidos en la ley. (...) En ese contexto, para hacer efectivo el pago que se reputa incumplido, le asistía a la parte ejecutante el deber de aportar, en original o en copia auténtica, la Resolución 2015-12-14-001 del 14 de diciembre de 2015, por la cual el municipio de Zona Bananera habría reconocido y restablecido la ecuación económica del contrato de concesión de alumbrado público en favor de la concesionaria, que constituirían para este caso el título ejecutivo y no pretender que fuera el juez ordinario el que declarara su existencia. Emerge con nitidez que aun cuando la parte demandada, como consecuencia de la petición probatoria, aportó copia de la Resolución en comento, lo cierto es que no indicó que se tratara de una copia auténtica u original del escrito que lo contiene. De ahí que resulta inviable concluir que con el documento aportado la parte actora reúne las exigencias normativas para iniciar un proceso ejecutivo en el que la citada Resolución funja válidamente como título, circunstancia que se erige como obstáculo para considerar que este asunto debió tramitarse por esa cuerda procesal.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 398, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 803, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 215 INCISO 2, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 297 NUMERAL 3
COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCESO EJECUTIVO / TÍTULO EJECUTIVO / COPIA DEL TÍTULO EJECUTIVO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Cuentan con valor probatorio los documentos aportados en copia simple, salvo en lo que concierne a los procesos ejecutivos?
Respuesta al problema jurídico: Si
[R]esulta oportuno traer a colación la sentencia de 28 de agosto de 2013, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio de la cual se unificó el criterio de reconocerle valor probatorio a los documentos aportados en copia simple en los procesos ordinarios, salvo en lo que concierne a los procesos ejecutivos, cuyo respectivo título base de recaudo, bien sea simple o complejo, deberá allegarse en original o en copia auténtica.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el valor probatorio de los documentos aportados en copia simple, consultar providencias de 28 de agosto de
2013, Exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero; de 24 de febrero de 2016, Exp. 41310, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / NEGACIÓN DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
Problema jurídico:
¿En vigencia del C.P.A.C.A. y del Código General del Proceso, resulta procedente condenar en costas en segunda instancia a la parte vencida en el proceso, esto es, a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con lo consagrado en el artículo 188 del CPACA y con la disposición especial del artículo 365 del CGP, se establece un criterio objetivo de condena en costas, que impone condenar en este asunto a la parte a la que se le resuelve en forma desfavorable el recurso de apelación, que en este caso es la demandante, unión temporal Iluminaciones Zona Bananera. La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que dispone el artículo 366 del CGP. A su turno, el artículo 5.1 del Acuerdo 10554 de 2016 consagró que las agencias en derecho se fijarán para la segunda instancia la tarifa se establecerá en un rango entre uno (1) y seis (6) SMLMV. Como consecuencia, las agencias en derecho para la segunda instancia, se fijan en un (1) SMLMV, a cargo de la unión temporal Iluminaciones Zona Bananera y en favor del municipio demandado.
FUENTE FORMAL:
ACUERDO 10554 DE 2016 - ARTÍCULO 5, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366