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¿Operó la caducidad del medio de control de controversias contractuales interpuesto para demandar el desequilibrio e incumplimiento de un contrato sometido a derecho privado, respecto del cual no se pactó liquidación? No
El contratista puede interponer un medio de control de controversias contractuales para demandar el desequilibrio e incumplimiento de un contrato sometido al derecho privado, incluso cuando no se pactó liquidación, siempre que la demanda se presente dentro del término legal de dos años contados desde la terminación del contrato, sin que opere la caducidad del medio de control. La Sala no considera que las salvedades en el acta de liquidación sean un requisito legal para ejercer la acción de controversias contractuales en contratos de derecho privado, y reitera que en estos casos la teoría de la imprevisión, y no el restablecimiento del equilibrio económico, es la norma aplicable para revisar el contrato ante circunstancias imprevistas que dificulten su cumplimiento en forma extrema, sin que esto permita modificar el pacto inicial.síntesis automática
También resuelve:¿Las salvedades en el acta de liquidación son un requisito legal para el ejercicio de la acción de controversias contractuales en contratos de derecho privado?¿Las normas sobre desequilibrio económico del contrato previstas en la Ley 80 de 1993, resultan aplicables a contratos estatales de derecho privado?¿El arancel y los impuestos aplicables sobre el producto objeto de suministro, constituyeron la ocurrencia de circunstancias extraordinarias…
¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre aspectos no cuestionados en el recurso de apelación o sobre argumentos que no fueron planteados oportunamente en la demanda? No
El juez de segunda instancia no puede pronunciarse sobre aspectos no cuestionados en el recurso de apelación ni revocar la sentencia por razones que no fueron impugnadas, aunque se acojan los cargos del apelante. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 320 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, limita el recurso al examen de la cuestión decidida en relación con los reparos concretos; el artículo 328 del CGP obliga al superior a pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, salvo las decisiones de oficio previstas por la ley; y cuando una de las razones que fundamentan la negativa de las pretensiones no fue impugnada, esa razón queda firme y la sentencia no puede revocarse por los demás cargos. Por ello, la sentencia se mantiene, pues la razón no apelada basta para sostener la decisión. Esta regla opera aun cuando el recurrente acoja todos los demás cargos de su recurso.síntesis automática
También resuelve:¿La prolongación del plazo de ejecución de un contrato genera, por sí sola, la obligación del contratante de reconocer y pagar los mayores costos asumidos por el contratista?¿Se acreditaron las causas que justificaron la prórroga de los convenios interadministrativos objeto de interventoría para la procedencia de las obligaciones reclamadas?¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
¿Debe negarse el reconocimiento de sobrecostos y gastos por mayor permanencia en obra cuando las partes ya acordaron expresamente, mediante suspensiones, prórrogas y otrosíes, que dichos eventos no generarían pagos adicionales al precio pactado? Sí
El juez niega el reconocimiento judicial de sobrecostos y gastos por mayor permanencia en obra pública cuando las partes contratantes acuerdan expresamente, mediante actas de suspensión, prórrogas y otrosíes, que dichos eventos modificatorios no generarán pagos adicionales al precio inicialmente pactado. En este proceso de controversias contractuales, la decisión se fundamenta en los principios constitucionales de pacta sunt servanda y previsibilidad, así como en la rigurosa distribución del riesgo contractual establecida en la matriz negocial, distribuyendo las agencias en derecho entre los integrantes del consorcio según su exacto porcentaje de participación.síntesis automática
También resuelve:¿En los contratos estatales sometidos a un régimen especial distinto del general, el contratista posee un derecho implícito a la preservación del equilibrio económico del contrato…¿Debe imponerse condena en costas a la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación, fijando las agencias en derecho conforme a criterios objetivos y distribuyéndolas entre…
¿Hay lugar al restablecimiento del equilibrio de la ecuación prestacional en el contrato celebrado entre Ecopetrol y la CCE S.A.S., con sustento en la teoría de la imprevisión, aun cuando su objeto contractual ya se hubiera cumplido y, en consecuencia, no quedaran prestaciones futuras por ejecutar? No
El contratista no puede solicitar el restablecimiento del equilibrio de la ecuación prestacional en un contrato estatal celebrado con Ecopetrol, basándose en la teoría de la imprevisión, cuando el objeto contractual ya se ha cumplido y no quedan prestaciones futuras por ejecutar. Esta regla se sostiene en que la teoría de la imprevisión requiere que el contrato aún esté vigente y que existan prestaciones futuras por cumplir, lo cual no se cumple en este caso dado que la demanda fue presentada después del cumplimiento del contrato y la suscripción de la acta de liquidación bilateral. Además, el contrato no se ajusta a los supuestos que permiten la excepción de aplicar la teoría de la imprevisión, ya que no es un contrato directamente relacionado con el interés general. Esta decisión confirma que no es procedente el reajuste del equilibrio prestacional en estas circunstancias, lo que implica que el contratista no podrá obtener una revisión judicial del contrato una vez cumplido su objeto.síntesis automática
También resuelve:¿El régimen jurídico aplicable al negocio jurídico cuyo reajuste de prestaciones se pretende es el derecho privado, régimen contractual al que no resulta aplicable la figura del “desequilibrio…¿Los otrosíes y suspensiones pactados de mutuo acuerdo, pueden considerarse como cláusulas abusivas?¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
¿El régimen jurídico de contratación de las Universidades Públicas, como otros de los denominados regímenes especiales, no es exclusivamente el derecho privado, sino que lo es “salvo las excepciones consagradas en la Ley"? Sí
El contratista no puede declarar la nulidad del acto de liquidación unilateral proferido por la entidad estatal, como las universidades públicas, cuando el contrato se rige por el derecho privado y no se allega prueba del estatuto interno que regula los actos administrativos de la universidad. La Sala confirmó que el régimen jurídico de contratación de las universidades públicas no es exclusivamente el derecho privado, sino que lo es salvo las excepciones consagradas en la Ley 30 de 1992, y que los reglamentos internos de estas instituciones pueden establecer cuáles de sus actos son administrativos. Sin embargo, en este caso, el contratista no cumplió con su deber probatorio de demostrar que el acto de liquidación era un acto administrativo, por lo que la Sala rechazó la pretensión de declarar la nulidad del acto y reconoció la regla general de que el régimen de los contratos es el derecho privado. Esto implica que el acto de liquidación no es un acto administrativo, sino un acto contractual unilateral sin naturaleza de acto administrativo, y que el contratista debe demostrar la naturaleza jurídica del acto para poder anularlo.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente declarar la nulidad de los actos de liquidación unilateral proferidos por la Universidad Tecnológica de Pereira y, en consecuencia…¿Resulta procedente declarar el incumplimiento del contrato de obra celebrado por la Universidad Tecnológica de Pereira, por el ejercicio indebido de la facultad de liquidar unilateralmente…¿A los contratos estatales especiales sometidos al derecho privado, como los celebrados por las Universidades Públicas, les resultan aplicables las normas relacionadas con el equilibrio económico del…
¿Debe resolverse el caso desde la perspectiva del desequilibrio económico y financiero del contrato, en lugar de la óptica del incumplimiento contractual, según la causa petendi, los argumentos esbozados por el recurrente y el respectivo régimen contractual? No
El contratista no puede basar su reclamación en la figura del desequilibrio económico y financiero del contrato cuando el negocio jurídico se rige por el derecho privado, ya que esta figura está prevista en el estatuto general de contratación de la administración pública y no en el derecho civil o comercial. La Sala destaca que el contrato en cuestión fue suscrito por una entidad sin ánimo de lucro, sujeta a las normas del derecho privado, por lo que no aplica la revisión del contrato por desequilibrio económico. En su lugar, el caso debe resolverse desde la perspectiva del incumplimiento contractual, conforme a la normativa del derecho privado y el artículo 868 del Código de Comercio, lo que implica analizar si la entidad demandada incumplió sus obligaciones contractuales y si la extensión del plazo del contrato fue imputable a dicha entidad. Esta decisión reitera y matiza precedentes anteriores, enfatizando la importancia de distinguir entre los regímenes de contratación pública y privada en la interpretación y aplicación de las normas contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿Puede considerarse que la Fundación del Alto Magdalena incurrió en incumplimiento contractual por supuestas falencias en la etapa de planeación del contrato de obra No. 058 de 2013…¿Resulta procedente condenar en costas a la parte a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación?
¿La decisión de exigir el cargue directo de carbón en las naves, adoptada por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, excedió el riesgo regulatorio asumido por el contratista? No
La exigencia de cargar carbón directamente en las naves, impuesta por la entidad reguladora ambiental y de vivienda, no excede el riesgo regulatorio que el contratista asume en un contrato de concesión minera, cuando la restricción es operativa, diferida en el tiempo y previsible. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la decisión no implicó un cambio sorpresivo, brusco o significativo de las pautas normativas, pues se trató de una restricción de tipo operativo que debía cumplirse en varios años. Segunda, el contratista no tuvo incertidumbre sobre la aplicación del cambio, porque desde el inicio era claro que sin acceso a un puerto de cargue directo no podría exportar su producción. Tercera, la falta de acceso a un puerto de carga no constituye una circunstancia extraordinaria, imprevista ni imprevisible, sino un riesgo previsible que el contratista debía prevenir adoptando las medidas necesarias. La providencia confirma la negación de las pretensiones, sin introducir cambio de criterio. La consecuencia práctica es que el contratista que depende de un puerto para exportar debe asegurar ese acceso dentro del plazo regulatorio y no puede trasladar el riesgo al Estado.síntesis automática
También resuelve:¿La alegada falta de acceso a un puerto de carga directa lejos de consistir en una circunstancia extraordinaria fue una situación que el demandante pudo evitar pero omitió adoptar las medidas…¿Los principales y más importantes riesgos asumidos por el contratista bajo el contrato de gran minería eran previsibles?¿La parte actora intentó obtener el acceso al puerto en otro lugar ante la primera negativa del operador portuario?
¿Debe el juez de segunda instancia evaluar los fundamentos del recurso de apelación que comportan una variación de la causa petendi? No
El juez de segunda instancia no debe evaluar los fundamentos del recurso de apelación que comportan una variación de la causa petendi, ya que hacerlo implicaría desconocer el principio de congruencia y violar el derecho de defensa de la contraparte. En el presente caso, la entidad estatal apeló la sentencia de primera instancia, pero algunos de los fundamentos planteados en el recurso de apelación desbordaban el marco de decisión bajo el cual fue fijado el litigio, introduciendo cuestionamientos sobre la incompetencia de la contratante para imponer multas, declarar el incumplimiento del contrato y hacer efectiva la cláusula penal. Estos reproches no guardaban afinidad con lo consignado en el escrito de la demanda ni en su contestación, ni con lo que se discutió en el marco de la demanda de reconvención, por lo que no era procedente su conocimiento en segunda instancia. Esta decisión modifica la jurisprudencia existente, restringiendo la capacidad del juez de segunda instancia para abordar argumentos novedosos que no guardan relación con la causa petendi original, lo que implica que las partes deben ser cautelosas al presentar recursos de apelación para evitar introducir cuestionamientos que no fueron debidamente discutidos en primera instancia.síntesis automática
También resuelve:¿En los contratos de régimen privado es procedente el pacto de la cláusula de liquidación, en virtud del ejercicio de la autonomía de la voluntad?¿El documento que se denominó «acta de liquidación bilateral» contiene un acuerdo de voluntades acerca del balance final del contrato 060 de 2009 y, por esto…¿Las causas que impidieron que el objeto del contrato de obra se cumpliera son imputables de forma exclusiva al contratista…
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia del recurso de apelación presentado en contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, en consideración de la cuantía del proceso, y en el marco de la controversia derivada de contratos estatales celebrados por una empresa industrial y comercial del Estado del orden municipal? Sí
El contratista puede recurrir al medio de control de controversias contractuales para cuestionar el incumplimiento y la alteración del equilibrio económico en contratos estatales celebrados con empresas industriales y comerciales del Estado del orden municipal, siempre y cuando la controversia surja durante la ejecución del contrato y afecte directamente a las partes contratantes. En este caso, el Consejo de Estado confirmó la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer de la apelación presentada contra una sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima, debido a la cuantía del proceso y la naturaleza pública de la empresa industrial y comercial municipal. La Sala estableció que tanto el contratista como la entidad estatal son legitimados en la causa por activa y pasiva respectivamente, y que la legitimación puede extenderse a la entidad territorial que tiene una vinculación material al contrato por medio de un contrato interadministrativo. Esto implica que los contratistas pueden utilizar este medio de control para resolver disputas contractuales complejas que involucran a entidades públicas de diferentes niveles.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente el medio de control de controversias contractuales para cuestionar el incumplimiento y la ruptura del equilibrio económico en el contrato de obra por administración delegada No.…¿Se encuentran legitimados en la causa por activa y por pasiva, respectivamente, el demandante y la Gestora Urbana de Ibagué en el marco de la acción contractual…¿Se presentó de manera oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar el incumplimiento del contrato de obra por administración delegada y el restablecimiento del…
¿Se encuentra probado el incumplimiento de la entidad contratante en el reconocimiento de los perjuicios, de los sobrecostos, de las mayores inversiones y cantidades de obra como fuente del rompimiento del equilibrio económico del contrato, considerando que todas las suspensiones del contrato de obra se suscribieron por las partes de mutuo acuerdo y sin que la contratista hubiera consignado su inconformidad sobre tales decisiones en dichos documentos? No
Las suspensiones de un contrato de obra pactadas de mutuo acuerdo, sin que el contratista deje constancia de su inconformidad en los documentos, no permiten atribuir a la entidad un incumplimiento que genere sobrecostos o el rompimiento del equilibrio económico. La regla se apoya en tres razones. Primera, las suspensiones se firmaron de común acuerdo y el contratista no dejó consignada su inconformidad en esos documentos, aunque las dos primeras se dieron por causa de la entidad. Segunda, el listado de obligaciones del contrato no incluye sobrecostos, perjuicios ni mayores inversiones, y el valor a pagar se fijó con la cantidad de obra ejecutada, entregada y recibida por la interventoría. Tercera, no existe fundamento que permita acreditar que la entidad incumplió las obligaciones adquiridas con la suscripción del contrato. En consecuencia, la petición de reconocimiento de sobrecostos, perjuicios y mayores inversiones no tiene vocación de prosperar. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente arribar un pronunciamiento en relación con las pretensiones de desequilibrio económico del contrato estatal, fundadas en la ejecución de actividades ya ocurridas…¿Resulta errada la posición asumida por el tribunal de primera instancia en torno a establecer que, sin existir observación sobre los contratos adicionales ni actas de suspensión y reinicio…¿La sentencia apelada resulta incongruente y debe revocarse, por cuanto la demanda no incluyó pretensión alguna en torno a la declaratoria y devolución de los supuestos mayores valores descontados…
¿El plazo convenido para la liquidación bilateral o para la liquidación unilateral, si así se hubiere estipulado, deberá tenerse en cuenta para el conteo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
El plazo convenido para la liquidación bilateral o para la liquidación unilateral de los contratos estatales, cuando así se hubiere estipulado expresamente, debe tenerse en cuenta para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales. De conformidad con el numeral 2 literal j) del artículo 164 del CPACA, el término de dos años para demandar se cuenta desde el vencimiento del plazo fijado para liquidar el negocio jurídico, consolidando la oportunidad procesal de la acción cuando se interpone dentro del lapso legal.síntesis automática
También resuelve:¿No se allego el estatuto de contratación de la sociedad demandada, en calidad de E.S.P.?¿Con el otrosí las partes ajustaron los rubros relativos a los costos directos y los costos indirectos, según lo establecido en los anexos técnicos de la prórroga?¿Hay prueba de la manifestación expresa del consorcio que las suspensiones y prórrogas no generarían desbalance económico o mayores costos para la entidad contratante?
¿Puede considerarse debidamente sustentado un recurso de apelación cuando el recurrente únicamente reproduce los argumentos de la demanda y no controvierte de manera concreta las razones que sustentan la sentencia de primera instancia? No
El recurso de apelación no se entiende debidamente sustentado cuando el recurrente se limita a reproducir los argumentos de la demanda y no controvierte de manera concreta las razones de la sentencia de primera instancia, porque la competencia del superior se delimita por los reparos del apelante. La regla se sostiene en tres razones: los artículos 320 y 328 del CGP delimitan la competencia del juez de segunda instancia a los argumentos que el recurrente dirige contra la decisión; la carga de sustentación no se satisface con una mera manifestación de desacuerdo, sino con la exposición clara de los motivos de censura y de las razones por las que el a quo habría errado; y la reiteración de argumentos de etapas anteriores, particularmente de la demanda, no cumple esa finalidad. Por ello, el reparo sin esa exposición concreta no permite revocar la sentencia. Esta regla se aplica a todo recurso que no identifique los errores de la providencia impugnada. La providencia se confirma.síntesis automática
También resuelve:¿Puede configurarse la excesiva onerosidad sobrevenida respecto de un contrato ya ejecutado y liquidado, cuando no existen prestaciones pendientes de cumplimiento?¿Procede el reconocimiento de un desequilibrio económico contractual cuando el contratista alega que la proyección de la TRM realizada por la entidad contratante resultó errónea…¿Cumple la carga de sustentación del recurso de apelación el recurrente que, para sustentar las pretensiones de incumplimiento contractual…
¿Aunque se estableció en el pliego de condiciones y en el contrato de interventoría que la normativa que regía el negocio jurídico era la contenida en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y sus reformas, al contrato le aplicaba la Ley 142 de 1994 y el derecho privado por tratarse de un negocio jurídico celebrado por una entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios, por lo que, en consecuencia, en el sub lite no se puede emplear la teoría del desequilibrio económico del contrato? Sí
En el contrato de interventoría que regía servicios públicos, la normativa aplicable es la Ley 142 de 1994 y el derecho privado, aunque en el pliego y en el contrato se haya pactado el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 3 de la Ley 689 de 2001, somete los contratos de las empresas de servicios públicos al derecho privado, salvo las excepciones que la propia norma establece. Segunda, la cláusula de sujeción al estatuto general de contratación no altera el régimen legal que la ley impone a este tipo de contratos. En el caso, la providencia confirma que el contrato se rige por el régimen de servicios públicos y el derecho privado. En la práctica, la entidad que contrate un servicio público debe verificar el régimen legal aplicable antes de invocar el estatuto general de contratación para resolver las controversias.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó el incumplimiento del contrato de interventoría por parte de la sociedad Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.…¿Se acreditaron sobrecostos no cubiertos por la extensión del contrato de interventoría, que deban ser reconocidos a favor del contratista?¿En vigencia del CPACA y del Código General del Proceso, hay lugar a condenar en costas a quien se le resuelve de manera desfavorable el recurso de apelación?
76001233300120150080501 de 20262026-07-18Rad. 76001233300120150080501
El contratista no puede obtener automáticamente del contratante el reconocimiento y pago de gastos incurridos debido a la prolongación del plazo de ejecución del contrato, sino que debe demostrar la existencia de una obligación del contratante para asumir dichos gastos, la cual puede derivarse de figuras como la responsabilidad patrimonial del Estado, el enriquecimiento sin causa, la teoría de los riesgos contractuales o el desequilibrio económico del contrato. En contratos sometidos al régimen privado, como los de prestación de servicios públicos domiciliarios, no son aplicables las normas sobre la ruptura del equilibrio económico de los contratos estatales, por lo que el análisis de las pretensiones de declaratoria de ruptura del equilibrio económico debe hacerse desde la óptica del derecho privado, en particular del artículo 868 del Código de Comercio, que permite la revisión de lo pactado ante circunstancias extraordinarias e imprevisibles que hagan el cumplimiento del contrato excesivamente oneroso para una de las partes. Esta regla matiza la aplicación de la teoría de la imprevisión en contratos estatales, enfatizando la continuidad en la ejecución del contrato y la finalidad de no comprometer la prestación de un servicio público o la satisfacción del interés general.síntesis automática
También resuelve:Equilibrio económico del contrato: fuente del reconocimiento y pago de gastos, responsabilidad del estado, enriquecimiento sin causa, teoría de los riesgos contractuales,Régimen del contrato: régimen privado, inaplicabilidad normas sobre ruptura del equilibrio económico del contrato estatal, Código de Comercio artículo 868, excesiva onerosidad sobrevenidaTeoría de la imprevisión en el derecho público: evitar la ejecución del contrato, dificultades del contratista, continuidad en la ejecución del contrato
¿La elección de la modalidad de pago, o de remuneración de cada una de las obligaciones, implica una asignación de obligaciones y riesgos entre las partes? Sí
El contratista no puede solicitar reajustes de precios en un contrato estatal pactado sin fórmula de reajuste, ya que la elección de la modalidad de pago implica una asignación de riesgos entre las partes, y el juez no puede contrariar lo acordado por las partes en ausencia de una revisión basada en la ruptura del equilibrio económico o la excesiva onerosidad. Además, el contratista no puede ejecutar mayores cantidades de obra sin el visto bueno de la entidad contratante, según lo pactado en el contrato. Asimismo, la entidad debe suministrar información técnica adecuada y suficiente para que el contratista pueda cumplir con el objeto del contrato, y en ausencia de pruebas que demuestren lo contrario, no puede ser declarado el incumplimiento. Finalmente, en caso de que se haya pagado indebidamente, se ordenará la devolución del reembolso que el consorcio contratista debía reintegrar a la entidad, como restablecimiento del derecho. Esta sentencia reitera y matiza precedentes sobre la interpretación de las cláusulas contractuales y la responsabilidad de las partes en la contratación estatal, limitando la capacidad del juez para modificar acuerdos previamente establecidos.síntesis automática
También resuelve:¿Se pactó que el contratista no podía ejecutar mayores cantidades de obra sin el visto bueno de la entidad contratante?¿En el expediente no obra ninguna prueba que demuestre que los estudios previos, planos, y diseños no fueron adecuados o que no se encontraban de conformidad con los estándares técnicos requeridos?¿Se ordenará, en caso de haber sido pagado, la devolución del “reembolso” que el consorcio contratista debía reintegrar a la ESP?
76001233300020230020301 de 20262026-04-10Rad. 76001233300020230020301
El contratista no tiene derecho al equilibrio económico del contrato en contratos de servicios públicos no sometidos al EGCAP, ya que las disposiciones de la Ley 80 de 1993 que regulan este derecho no integran el contenido del contrato celebrado, y las normas del EGCAP son las que atribuyen ese derecho subjetivo al contratista. Además, las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios no son titulares de las potestades exorbitantes que permiten la mutabilidad contractual y la preservación del equilibrio económico, salvo que se establezcan expresamente en el contrato. Esta regla reitera y matiza la jurisprudencia existente, reafirmando que el derecho al equilibrio económico no se aplica automáticamente en contratos celebrados por entidades estatales no sometidas al EGCAP, lo que implica que el contratista debe buscar otras vías legales para proteger sus intereses contractuales.síntesis automática
También resuelve:Contratos sometidos a régimen especial: inaplicación Ley 80 de 1993, no aplicación del equilibrio económico del contrato, Ley 80 de 1993 artículo 27Régimen de derecho privado y exclusión del equilibrio económico del egcap en contratos de empresas de servicios públicos: régimen especial Ley 142 de 1994, exclusión del egcap, aplicación derecho civil y comercialImprocedencia del equilibrio económico y procedencia de la revisión por excesiva onerosidad del artículo 868 del código civil: régimen civil y comercial, sin equilibrio económico, revisión de la prestación, onerosidad excesiva
¿En los contratos regidos por el derecho privado son aplicables las previsiones de la Ley 80 de 1993 que disponen el derecho al restablecimiento del equilibrio económico del contrato? No
En los contratos regidos por el derecho privado, no son aplicables las previsiones de la Ley 80 de 1993 que disponen el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, y que la excesiva onerosidad sobreviniente solo puede reclamarse, conforme al artículo 868 del Código de Comercio, respecto de prestaciones de futuro cumplimiento. Una razón es que aunque en el contrato se pactaron cláusulas excepcionales, el desequilibrio alegado por el contratista no deriva del ejercicio de esas cláusulas, sino de supuestas fallas en la planeación contractual. Otra razón es que el régimen de derecho privado no admite la aplicación automática del estatuto de contratación estatal en este punto. En el caso, la sentencia de primera instancia denegó las pretensiones de la demanda de reconvención, y la Sala confirmó esa decisión en cuanto a esas pretensiones. La providencia reitera el criterio de la Sala sobre el régimen exceptuado; su consecuencia práctica es que el contratista que alega desequilibrio en un contrato de derecho privado no puede invocar el restablecimiento previsto en la Ley 80 de 1993.síntesis automática
También resuelve:¿La aseguradora garantizó el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales razón por la cual hay lugar a declarar ocurrido el siniestro?¿Existía un porcentaje menor de materiales de obra que era entregado por EPM y que el contratista debía reintegrar mediante un procedimiento previamente establecido?¿Los acuerdos transaccionales corresponden a acreencias laborales derivadas del contrato materia de la litis que el contratista dejó de pagar?
¿Procede la declaración de excesiva onerosidad sobrevenida cuando el contrato agotó su ejecución y carece de prestaciones futuras susceptibles de reajuste o terminación judicial? No
La excesiva onerosidad sobrevenida no procede cuando el contrato agotó su ejecución y carece de prestaciones futuras susceptibles de reajuste o de terminación judicial, pues la figura exige que la alteración de las condiciones afecte prestaciones pendientes. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 868 del Código de Comercio consagra la figura, que la doctrina y la jurisprudencia también denominan teoría de la imprevisión, sin que deba confundirse con otras instituciones; el régimen de derecho privado del contrato, conforme a los artículos 194 y 195 de la Ley 100 de 1993, excluye las disposiciones del Estatuto General de Contratación sobre equilibrio económico; y la pretensión debe interpretarse dentro del marco de la excesiva onerosidad, para verificar si se configura. Por ello, cuando las prestaciones ya fueron ejecutadas, no existe objeto sobre el cual predicar el ajuste judicial de la prestación. La providencia de primera instancia se confirma en lo relativo a esta pretensión.síntesis automática
También resuelve:¿Cumple el Consorcio la carga argumentativa y probatoria necesaria para controvertir la decisión de primera instancia?¿Procede la condena en costas y agencias en derecho de segunda instancia cuando el recurso de apelación de la parte demandante recibe una decisión desfavorable?
¿Para que se reconozcan los gastos incurridos con ocasión de un contrato, debe demostrarse la existencia de una obligación de reconocer y pagar dichos gastos –cuyas fuentes pueden ser, entre otras, la responsabilidad patrimonial, el enriquecimiento sin causa o la excesiva onerosidad sobrevenida? Sí
El hecho de haber incurrido en gastos con ocasión de un contrato no conduce automáticamente a su reconocimiento y pago. Quien los reclama debe demostrar la existencia de una obligación de reconocerlos y pagarlos, cuya fuente puede ser la responsabilidad patrimonial, el enriquecimiento sin causa o la excesiva onerosidad sobrevenida. Esta regla se apoya en el artículo 1757 del Código Civil, que impone probar las obligaciones o su extinción a quien alega aquellas o esta. Por ello, la prueba de los desembolsos es insuficiente si no se acredita la fuente de la obligación. En el caso concreto las pruebas documentales aportadas no demostraron los gastos en que incurrieron los integrantes de la unión temporal con ocasión del contrato de prestación de servicios, porque esos gastos se reclamaban como consecuencia de otro concepto. Por ello la sentencia fue confirmada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la reclamación de gastos contractuales exige probar la obligación de pagarlos.síntesis automática
También resuelve:¿Las partes del contrato de prestación de servicios en ejercicio de su autonomía privada, acordaron realizar la modificación al contrato…¿A juicio del demandante, para la fecha de celebración del contrato de prestación de servicios la SAE debía contar con un Plan de Manejo Ambiental aprobado por Coralina?¿En la invitación a contratar se establecía que para la ejecución del objeto contractual debía aprobarse el Plan de Manejo Ambiental que estaba en elaboración por parte de un tercero?