Titulación de la relatoría 17.389 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MÉDICO / PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA / PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE SALUD / PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE SALUD POR PARTICULARES / PRESTADOR DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO / FUNCIÓN PÚBLICA / EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA / FINALIDAD DE LA FUNCIÓN PÚBLICA / DIFERENCIA ENTRE SERVICIOS PÚBLICOS Y FUNCIÓN PÚBLICA / CONVENIO CON EL ESTADO / CONTRATISTA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / AUSENCIA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA
Problema jurídico:
¿Cuentan con calidad de agente estatal o de particular con función pública, los demandados Pontificia Universidad Javeriana y los médicos, por tener a su cargo la prestación del servicio público de salud?
Respuesta al problema jurídico: No
Frente a los médicos (...) y la Pontificia Universidad Javeriana, se advierte que en jurisprudencia reiterada, esta Corporación ha distinguido el ejercicio de la función pública de la prestación del servicio público, bajo el entendido de que la primera noción involucra necesariamente el ejercicio de potestades inherentes al Estado, conferidas a personas naturales o jurídicas, por medio de la Ley, de modo que se trata de la relación que une al servidor público con la administración; por su parte, la segunda, obedece a una actividad de carácter económica, dirigida a satisfacer necesidades de interés general, ya sea en forma directa por el Estado, o indirectamente en cabeza de particulares, con sujeción a un régimen jurídico especial. (...) Así, no resulta acertado colegir que toda prestación de un servicio público comporta el ejercicio de una función pública, pues tal como se consagra en los artículos 122 y 123 de la Carta Política, la función pública en esencia se refiere al ejercicio de competencias y atribuciones legal o reglamentariamente asignadas a los órganos del Estado y a sus servidores, e inclusive, de manera excepcional, a los particulares, por expresa delegación legal o concesión. (...) Por su parte, la prestación de un servicio público se encuentra sometido a un régimen especial fijado por la Ley, así como al control y a la vigilancia del Estado, que, en ningún caso, implica que el particular (persona natural o jurídica) que preste un servicio público ejerza función pública. (...) A propósito de la prestación del servicio público de salud, la sentencia C-037 de 2003 señaló que las empresas privadas prestadoras del servicio de salud no se encuentran sometidas a la ley disciplinaria, en tanto su actividad no implica el ejercicio de función pública, a menos que por dicha prestación, se le haya atribuido potestades estatales de manera expresa por el legislador. (...) En virtud de lo anterior, ejercen funciones públicas aquellos que ostentan la calidad de servidor público, esto es, los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado, así como de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios, e inclusive, los particulares cuando les son conferidas por la Ley. Para el efecto, la Ley 489 de 1998, en su artículo 110, estableció las condiciones en las que un particular puede desempeñar funciones públicas, entre las que señaló que dichas atribuciones deben estar siempre precedidas de un acto administrativo y acompañadas de un convenio que deberán elaborarse de conformidad con lo previsto en el artículo 111 de la misma norma. (...) Bajo ese contexto, en el marco de un proceso de repetición, la calidad de agente de estado o de particular con funciones públicas no puede ser soportada con la mera verificación o argumentación de que el demandado se encontraba prestando un servicio público, pues, como ya se expuso, el ejercicio de dicha actividad no equivale a que la persona ostente la calidad de servidor público o de particular con funciones públicas. Por ello, tal aptitud debe ser probada por la parte demandante allegando los actos administrativos que soporten la vinculación de la persona con el ente estatal, para así acreditar el cumplimiento del tercer presupuesto que se exige frente a la calidad de la parte pasiva en el presente medio de control. (...) La documentación obrante en el plenario no da cuenta de la calidad de servidores públicos ni de particulares con funciones públicas de los médicos en cuestión, pues ninguno se trata de un documento en el que se evidencie algún tipo de vinculación de ellos con el ente público demandante, ni se advierte que se le haya trasladado la función pública de la prestación del servicio de salud a los mismos. En suma, se puede apreciar que, en virtud del numeral 3° de la cláusula del Convenio Docente-asistencial en cuestión, los estudiantes dependerán únicamente de la Universidad y, en ningún caso, tendrán una relación laboral con el Hospital, lo que permite inferir que realmente no existe ningún tipo de vinculación de los residentes en mención con la entidad pública demandante. De manera que, respecto de los médicos (...) se encuentra probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y, por tanto, en la parte resolutiva se efectuará la declaración correspondiente. (...) En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva de la Pontificia Universidad Javeriana, el a quo estimó que era destinataria de la presente acción, en virtud de que se encontraba prestando un servicio público y por las obligaciones contractuales contraídas con el ente demandante, a través del Convenio OJ-185- 93. (...) Como se indicó antes, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los fines del Estado, los particulares pueden colaborar en la prestación de servicios públicos a través de la celebración de convenios o contratos con el Estado, sin que esto en esencia implique el ejercicio de función pública. (...) En el sub examine, revisado el Convenio Docente-Asistencial OJ-185-93, se advierte que, en ninguno de sus apartes, ni cláusulas le fue trasladada la función pública de prestación del servicio de salud a la Pontificia Universidad Javeriana. (...) Por tanto, es claro que la obligación de la prestación del servicio público a la salud recaía únicamente en el Hospital, y que, en virtud de dicho convenio, en ningún caso dicha función pública se trasladó en cabeza de la mencionada institución. (...) De otra parte, se precisa que, si bien el a quo aludió al incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte la Universidad, como uno de los fundamentos por los cuales el condenó a la misma, lo cierto es que el acuerdo suscrito entre ambas partes se trata de un convenio y no de un contrato, en virtud del cual, confluyen las competencias de ambas para perseguir fines comunes, respecto del cual no se pacta ninguna retribución patrimonial, como sucede en los contratos. De manera que, en el presente caso, no puede aplicarse lo dispuesto en el parágrafo del artículo segundo de la Ley 678 de 2001 -con el objetivo de ejercer el medio de control de repetición, el contratista será considerado como un particular que cumple función pública, en todo lo relacionado con la celebración, ejecución y liquidación de los contratos-, pues, en el marco de un convenio, la misma no ostenta la calidad de contratista. (...) En consecuencia, bajo el escenario procesal que originó la presente demanda de repetición, no puede estimarse que acá la Pontificia Universidad Javeriana haya actuado bajo la calidad de particular con función pública. De manera que respecto de la Pontificia Universidad Javeriana, también se encuentra probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la diferencia entre la prestación del servicio púbico y el ejercicio de función pública, consultar providencias de 5 de agosto de 1999, Exp. ACU-798, C.P. Germán Rodríguez Villamizar; y de 19 de febrero de 2004, Exp. 25000-23-25-000-2003-1843-01, C.P. Filemón Jiménez Ochoa.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 122, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 123, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 110, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 111, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MÉDICO / MÉDICO ESPECIALISTA / SERVICIO MÉDICO / SERVICIO MÉDICO QUIRÚRGICO / PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO / ATENCIÓN EN SALUD / ALCANCE DE LA ATENCIÓN EN SALUD / DAÑO CAUSADO POR SERVICIO MÉDICO DE GINECOBSTÉTRICA / SERVICIO MÉDICO DE GINECOBSTÉTRICA / MÉDICO CIRUJANO / CULPA GRAVE / CONCEPTO DE CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / MUERTE DEL PACIENTE / FALLA MÉDICA / FALLA DEL SERVICIO MÉDICO / FALLA DEL SERVICIO MÉDICO QUIRÚRGICO / ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Se acreditó la conducta gravemente culposa de la médica demandada en el presente proceso de repetición, por la atención del procedimiento quirúrgico de cesárea que generó la muerte de una paciente?
Respuesta al problema jurídico: No
Solicita la actora que se declare la responsabilidad de los señores (...) [médicos] y la Pontificia Universidad Javeriana, y se les ordene el correspondiente reembolso de las sumas pagadas por concepto de daños y perjuicios, cuando, en su condición de médica especialista, residentes de especialización y centro de Institución Educativa, respectivamente, intervinieron en el procedimiento quirúrgico de cesárea que generó la muerte de la señora (...), para lo cual se alegó que su conducta fue gravemente culposa (...), cuestión se encuentra inmersa en la culpa grave contemplada en el inciso primero del artículo 63 del Código Civil. Como sustento de lo alegado refirió las consideraciones del fallo de reparación directa que dio origen a la condena que acá se pretende recuperar; en dicha sentencia se estimó que fue la conducta gravemente culposa de los médicos involucrados en el procedimiento quirúrgico lo que desencadenó el fallecimiento de la señora (...). El Consejo de Estado ha sostenido que para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que corresponde armonizar con lo previsto en los artículos 6° y 91 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos. (...) Respecto de la culpa grave, la Corte Suprema de Justicia se ha referido frente a esta noción como aquella negligencia, imprudencia o impericia extrema, esto es, no prever lo que todos prevén, omitir los cuidados más elementales, descuidar la diligencia más fútil, o ignorar los más básicos conocimientos. (...) A su vez, esta Sección ha entendido a la culpa grave como aquella que se halla inmersa en una conducta o daño que su autor no ha querido cometer, aun cuando su intención aparentara lo opuesto, es decir, aquel que incurre en culpa grave ha obrado con negligencia, despreocupación o temeridad especialmente graves. (...) Ahora bien, no puede pasarse por alto que con ocasión de las actividades médico - asistenciales, al médico tratante no le es cuestionable el error en sí mismo, sino el comportamiento inexcusable que lo llevó a cometerlo, pues no se soslaya que es fácil el juzgamiento ex post de la conducta de los profesionales de la medicina, quienes al efectuar un procedimiento quirúrgico o de diagnóstico están ante un panorama incierto. Por tanto, se impone en las acciones reversivas probar su comportamiento descuidado, como que no hubiese agotado todos las rutinas, prácticas, instrucciones o procesos previstos para llevar a cabo una intervención quirúrgica, o no hubiere empleado los recursos adecuados para llegar a un diagnóstico. (...) En ese orden, basta con que el profesional de la salud sea diligente y cuidadoso en el cumplimiento de cada uno de los pasos previstos por la medicina en el ejercicio de su profesión, pues, si así lo hace, su responsabilidad no quedará comprometida, aun cuando posteriormente el resultado del procedimiento quirúrgico no fuera satisfactorio o, cuando se demuestre que el diagnóstico fue equivoco, pues es indiscutible que pese a todos los esfuerzos del personal médico y al empleo de los recursos técnicos a su alcance, no se logre la finalidad que se espera. (...) De lo definido durante el proceso y el fallo de primera instancia, quedó claro que, la doctora (...) era la única especialista en Ginecología y Obstetricia de turno en el Hospital, razón por la que no resulta racional reprocharle al único especialista en servicio no haber estado en capacidad de atender múltiples pacientes que puedan requerir atención inmediata, pues claramente no es su responsabilidad la falta de personal de la entidad, menos aún, cuestionar el no haber decidido dejar a una paciente en pleno procedimiento para atender a otro, o no haber autorizado la cesárea frente a una paciente embarazada con sangrado de tercer trimestre, que puede fallecer esperando una pronta atención médica en la sala de urgencias. (...) Por manera que no es entendible que se le reproche a un profesional de la salud, la carencia de recursos humanos de la entidad en la que labora, así como, tampoco puede cuestionársele por las decisiones que se ve obligado asumir para brindarle atención a alguien que la requiere de extrema urgencia, en suplencia de las falencias de la propia entidad. (...) Ahora, respecto de confiarle irresponsablemente tal procedimiento quirúrgico a profesionales que no contaban con ni siquiera el año requerido de estudio como lo estimó el a quo, revisado el plenario, se encuentra que ambos profesionales en la salud eran graduados como médicos y cirujanos generales, que además contaban ambos con más de 5 años de experiencia ejerciendo su profesión y practicando diversas operaciones quirúrgicas, razón por la que considera la Sala que la decisión de autorizar al personal médico mejor capacitado con el que contaba el Hospital para ese momento, de ninguna manera, podría reprocharse. (...) De otra parte, no puede colegirse de manera tan ligera y superficial que en el caso en que la especialista hubiera asistido a tal procedimiento quirúrgico, el daño o la lesión ocasionado en el cuerpo de la paciente (...) no hubiera sucedido, pues no es sensato arribar a dicha conclusión, cuando no obraban pruebas al respecto, y menos aún, cuando se conoce que en el ejercicio de la medicina no siempre hay certeza del resultado del tratamiento que se indique o de la intervención quirúrgica que se practique. (...) Bajo tales determinaciones, no resulta claro para la Sala que la condena que dio origen a este proceso fue producto de la conducta desplegada por la médico (...) Así las cosas, se declarará no probada la conducta gravemente culposa de la agente estatal, (...) demandada en el presente proceso, por manera que se revocará el fallo de primera instancia y, en su lugar, se negarán las pretensiones.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la valoración de la conducta del agente del Estado, consultar providencia de 26 de agosto de 2015, Exp. 35962, C.P. Hernán Andrade Rincón (E). Sobre la noción de culpa grave, consultar providencias de 3 de octubre de 2007, Exp. 24844, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 19 de diciembre de 2006, Exp. 68001-31-03 001-2000-00311-01, M.P. Pedro Octavio Munar Cadena.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 91, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 63
CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / INTERÉS PÚBLICO / PATRIMONIO PÚBLICO / PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas en el medio de control de repetición en contra de la entidad demandante a la que se le resuelven desfavorablemente las pretensiones, considerando que el proceso que se adelanta en ejercicio de la pretensión de repetición es uno de aquellos en los que se ventila un interés público?
Respuesta al problema jurídico: No
El artículo 188 del CPACA preceptúa que la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, excepto en los procesos en que se ventilan intereses públicos. (...) El proceso que se adelanta en ejercicio de la pretensión de repetición es uno de aquellos en los que se ventila un interés público, pues con este se busca la protección del patrimonio público. Sobre este particular, la Corte Constitucional ha señalado que “la acción de repetición tiene una finalidad de interés público como es la protección del patrimonio público el cual es necesario proteger integralmente para la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho, como lo señala el artículo 2 de la Constitución Política”.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la finalidad del medio de control de repetición, consultar providencia de la Corte Constitucional, C-832-01 de 8 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188