Titulación de la relatoría 14.867 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
CONFLICTO DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA / PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN / PROCURADURÍA PROVINCIAL / COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL / DEPARTAMENTO DE RISARALDA / CONFLICTO DE COMPETENCIA EN MATERIA DISCIPLINARIA / COMPETENCIA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
OBITER DICTUM
Los artículos 69 y 70 de Ley 1952 de 2019 «[p]or medio de la cual se expide el Código General Disciplinario […]» señalan el ámbito de aplicación del régimen disciplinario de los particulares (…) De acuerdo con las disposiciones transcritas, es dable concluir que son sujetos disciplinables por el régimen contenido en el Código General Disciplinario, los particulares que ejerzan funciones públicas de manera permanente o transitoria. Ahora, los artículos 91 y 92 ibidem, este último modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021, señalan los factores que determinan la competencia en el régimen disciplinario para los particulares. (…) Es decir, de conformidad con el nuevo Código General Disciplinario, la competencia para investigar y sancionar a los particulares que ejerzan funciones públicas de manera permanente o transitoria recae en la Procuraduría General de la Nación.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la competencia de la Procuraduría General de la Nación para investigar a particulares que ejercen funciones públicas, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 30 de abril de 2025, radicación 11001-03-06-000-2025-00005-00, y, decisión del 22 de abril de 2024, radicación 11001-03-06-000-2024-00042-00.
FUENTE FORMAL:
LEY 1952 DE 2019 - ARTÍCULO 69, 70, 91, 92 , LEY 2094 DE 2021 - ARTÍCULO 13
MUNICIPIO / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / PERSONA NATURAL / CONTRATISTA / EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
OBITER DICTUM
El contrato de prestación de servicios es uno de los contratos estatales que define la Ley 80 de 1993 en el artículo 32, numeral 3 (...) [E]stos contratos pueden celebrarse con personas naturales solo si i) no es suficiente el personal de planta o ii) se trata de conocimientos especializados. Ambas exigencias suponen que la contratación de este tipo de servicios busca complementar y apoyar la actividad de una dependencia y de los servidores públicos a ella adscritos, en aras de la realización de los fines estatales y los principios que rigen la función pública (...) [S]e encuentra que el contrato de prestación de servicios tiene como finalidad colaborar con las entidades estatales en el cumplimiento de tareas relacionadas con la administración o funcionamiento de las mismas, sin que ello implique necesariamente el ejercicio de funciones públicas por parte de los particulares contratados, pues de lo que se trata es de suplir las necesidades de personal, bien porque no es suficiente o bien porque se requieren especiales conocimientos con los cuales no cuenta la entidad . Ahora bien, excepcionalmente estos contratos de prestación de servicios constituyen una forma autorizada por la ley de atribuir funciones públicas a un particular; y ello puede acontecer, eventualmente, (cuando la labor del contratista no se traduce y se agota con la simple ejecución material de una labor o prestación específica, sino en el desarrollo de cometidos estatales que comportan la asunción de prerrogativas propias del poder público, como ocurre en los casos en que adquiere el carácter de concesionario, o administrador delegado o se le encomienda la prestación de un servicio público a cargo del Estado, o el recaudo de caudales o el manejo de bienes públicos, etc.)
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los contratos de prestación de servicios y ejercicio de funciones públicas, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 30 de abril de 2025, radicación 11001-03-06-000-2025-00005-00; Corte Constitucional, Sentencia C-563 de 1998. Antonio Barrera Carbonell y Carlos Gaviria Díaz. sentencias C-543 de 2001 y C-233 de 2002 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 NUMERAL 3
COMPETENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL / COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL / FUNCIÓN JURISDICCIONAL / EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL
OBITER DICTUM
Mediante la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 2 de 2015 se suprimió la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y en su lugar se creó la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con lo cual se adoptó un nuevo modelo de disciplina en la Rama Judicial. (...) La Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales sustituyeron a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y de los consejos seccionales en el ejercicio de la función disciplinaria sobre los funcionarios judiciales y los abogados en ejercicio de su profesión. • Se asignó al nuevo órgano la función jurisdiccional disciplinaria respecto de los empleados de la Rama Judicial, quienes antes eran disciplinables por sus respectivos superiores jerárquicos, conforme al artículo 115 de la Ley 270 de 1996. • La Constitución le atribuyó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las seccionales la competencia para continuar con todos los procesos disciplinarios iniciados por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y los consejos seccionales. Sumado a ello, la Ley Estatutaria 2430 de 2024, que modificó la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia, reconoció competencia a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para conocer procesos en contra de (funcionarios y empleados de la Rama Judicial, salvo aquellos que gocen de fuero especial, según la Constitución Política, igualmente contra los jueces de paz y de reconsideración, abogados y aquellas personas que ejerzan función jurisdiccional de manera excepcional, transitoria u ocasional). Esta disposición fue declarada exequible mediante la Sentencia C-134 de 2023. De otro lado, el artículo 19 de la Ley 1123 de 2007 ([p]or la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado), establece que son destinatarios de ese Código los (abogados en ejercicio de su profesión que cumplan con la misión de asesorar, patrocinar y asistir a las personas naturales o jurídicas, tanto de derecho privado como de derecho público) y los (abogados que desempeñen funciones públicas relacionadas con dicho ejercicio). Y, el artículo 60 de la misma Ley, establece que le compete a las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, hoy Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, el conocimiento de los procesos disciplinarios (contra los abogados por faltas cometidas en el territorio de su jurisdicción).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de las comisiones seccionales frente a los abogados en ejercicio, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 30 de abril de 2025, radicación 11001-03-06-000-2025-00005-00; Corte Constitucional en las Sentencias C-373 de 2016 y C-112 de 2017; Sentencia C-134 de 2023; Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 6 de noviembre de 2024, radicación 11001-03-06-000-2024-00509-00.
FUENTE FORMAL:
ACTO LEGISLATIVO 2 DE 2015, LEY 1123 DE 2007 - ARTÍCULO 19, 60, LEY 2430 DE 2024, LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 115
ALCANCE DEL PRINCIPIO DE NON BIS IN IDEM / PRINCIPIO DE NON BIS IN IDEM / CONCEPTO DE PRINCIPIO DE NON BIS IN IDEM / DEBIDO PROCESO
OBITER DICTUM
La Corte Constitucional en Sentencia C-899 de 2011 señaló que uno de los elementos esenciales de la prohibición del non bis in ídem, conforme al artículo 29 constitucional, era el de no ser juzgado dos veces por un mismo hecho (...) aseguró que ese mismo hecho podía activar la iniciación de diversos procesos en los que se despliegue la actividad sancionatoria estatal con fines diferentes, por lo que estimó que no se vulnera el principio de non bis in ídem, cuando el proceso y la sanción a imponer, tienen una naturaleza y objetivos diversos. Así, señaló que para que se dé la aparente violación de este principio, se requiere que en las actuaciones estatales se de identidad de: i) motivos; ii) juicios; iii) hechos, iv) asunto v) objeto y vi) causa (...) esa Corporación consideró que, aceptar (que un abogado que practique la profesión y lo haga en desarrollo del vínculo subjetivo que tiene con el Estado, pueda ser sujeto pasible de investigaciones tanto por la Procuraduría General de la Nación y del consejo seccional y superior de la Judicatura, [no] desconoce el principio del non bis ídem como lo afirma el actor, por cuanto no hay similitud en la naturaleza, objeto y la autoridad que conoce de las faltas que pueda cometer ese individuo). (...) Esa conclusión llevó a la Corte Constitucional a declarar exequible el aparte demandado del inciso segundo del artículo 19 de la Ley 1123 de 2007, que señala que «[s]e entienden cobijados bajo este régimen los abogados que desempeñen funciones públicas relacionadas con dicho ejercicio», pues «las sanciones que están llamados a imponer los consejos seccionales y superior de la Judicatura difieren en su naturaleza y objeto de las que debe imponer el Procurador General de la Nación, razón por la que una misma conducta puede dar origen a que se active la competencia de esos dos entes, sin que se desconozca la prohibición de doble juzgamiento que establece el artículo 29 Constitucional». Por tanto, en cada situación puntual deberá evaluarse la naturaleza y especificidad de la falta, para determinar cuál es la autoridad que en uno u otro caso es la competente para la correspondiente investigación disciplinaria, ya que se trata de objetos y faltas diversas, aunque pueda haber ocasiones, en las que ambas autoridades sean competentes para la investigación, según lo enunciado por la Corte, por no existir vulneración al principio del non bis in ídem.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el principio de non bis in ídem, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 30 de abril de 2025, radicación 11001-03-06-000-2025-00005-00, y, decisión del 22 de abril de 2024, radicación 11001-03-06-000-2024-00042-00; Corte Constitucional, Sentencia C-899 de 2011
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29, LEY 1123 DE 2007 - ARTÍCULO 19
CONFLICTO DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA / CONFLICTO DE COMPETENCIA EN MATERIA DISCIPLINARIA / PROFESIÓN DE ABOGADO / EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO / COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL / COMPETENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Problema jurídico:
¿La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, es la autoridad competente para conocer la investigación disciplinaria adelantada en contra de un profesional del derecho vinculado mediante contrato de prestación de servicios al municipio de La Virginia (Risaralda)?
Respuesta al problema jurídico: Si
Procede la Sala a definir cuál es la autoridad administrativa competente para conocer la investigación disciplinaria adelantada en contra del señor E.R.M., profesional del derecho vinculado mediante contrato de prestación de servicios al municipio de La Virginia (Risaralda).. (…) El señor [E.R.M] para la época de los hechos (agosto 2021) se encontraba vinculado al municipio de La Virginia (Risaralda) mediante contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión. (…) Así pues, se encuentra que el señor E.R.M. fue vinculado al municipio de La Virginia (Risaralda) mediante contrato de prestación de servicios con la finalidad de asesorar y acompañar el cumplimiento de tareas jurídicas del alcalde, secretarios de despacho y funcionarios en general de la administración central municipal, mas no para asumir prerrogativas propias del municipio, es decir, para desempeñar funciones públicas. En tal virtud, se considera que la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira (Risaralda) no es competente para conocer la investigación disciplinaria con radicado IUS-E: 2022-142655 IUC-D: 2022-2337557 adelantada en contra del señor [E.R.M.] pues solamente cuando el particular ejerza funciones públicas, administre recursos públicos o cumpla labores de interventoría o supervisión puede considerarse sujeto disciplinable de la Procuraduría General de la Nación en los términos del estatuto disciplinario vigente, lo cual no se advierte en el presente caso.. Ahora bien, al revisar los estudios y documentos previos del contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión 0000000001 del 4 de enero de 2021 celebrado con el abogado [E.R.M.], se observa que los criterios para seleccionar al contratista para el fortalecimiento a los procesos, asesoría jurídica y representación judicial, extrajudicial y acompañamiento jurídico integral al alcalde, secretarios de despacho y funcionarios en general de la administración central municipal en temas relacionados con el desarrollo y administración del municipio de La Virginia (Risaralda), se centraron en requerir: i) un profesional en derecho especializado en derecho administrativo; ii) con experiencia relacionada en el ejercicio de la profesión mínima de tres (3) años. (…) el señor [E.R.M.] fue vinculado al municipio de La Virginia (Risaralda) para que, en ejercicio de su profesión como abogado asesorara jurídicamente a dicho municipio. Entonces, como la presunta falta en la que incurrió el señor [E.R.M.] se refiere a haber participado en un procedimiento de desalojo y demolición adelantado presuntamente de forma irregular, esto podría implicar falencias en su gestión de asesoría, y, por ende, el ejercicio inadecuado de la profesión de abogado conforme lo previsto en el artículo 19 de la Ley 1123 de 2007. (…) [E]l artículo 60 ibidem establece que la competencia para disciplinar a los abogados en ejercicio de su profesión, les compete a las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura, hoy comisiones seccionales de disciplina judicial, quienes asumirán el conocimiento de los procesos disciplinarios «contra los abogados por faltas cometidas en el territorio de su jurisdicción». Dicha potestad disciplinaria a cargo de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales se ratifica en el artículo 257A de la Constitución Política y el artículo 110A de la Ley Estatutaria 2430 de 2024, que modificó la Ley 270 de 1996. En consecuencia, la Sala declarará que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda es la autoridad competente para conocer la investigación disciplinaria radicado IUS-E: 2022-142655 IUC-D: 2022-2337557 adelantada en contra del señor E.R.M., profesional del derecho vinculado mediante contrato de prestación de servicios al municipio de La Virginia (Risaralda).
FUENTE FORMAL:
LEY 1123 DE 2007 - ARTÍCULO 19, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14