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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el Despacho revocará el auto dictado por el Tribunal Administrativo de Casanare

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Fecha
2022-09-06
Radicado
85001233300020190012301
Número interno
65931
Ponente
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
PROCURADURIA 182 JUDICIAL ADMINISTRATIVA
Demandado
INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE, RECUPERACIONES, ASESORIAS Y SERVICIOS FINANCIEROS (REASERFIN S.A.S)

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el Despacho revocará el auto dictado por el Tribunal Administrativo de Casanare

Lo que dijo la Sala

El Despacho no encuentra acreditado un menoscabo material y, con ello, una afectación certera del interés jurídicamente tutelado del IFC y que la accionante consideró vulnerado, de manera que en este momento procesal que justifique y permite considerar que la cautela es procedente. Para el caso se debe precisar que, en el incidente cautelar no existe prueba alguna de la existencia de un perjuicio irremediable para la entidad accionante, respecto de la imposibilidad para continuar ejerciendo sus funciones y el cumplimiento su objeto, tal y como afirma la Procuraduría. Así las cosas, dado que no se encuentran satisfechos todos los requisitos para que proceda el decreto de la medida cautelar solicitada, el Despacho revocará el auto dictado por el Tribunal Administrativo de Casanare.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no cumple con los requisitos para obtener una medida cautelar de suspensión provisional, ya que no acredita un perjuicio irremediable ni la existencia de un menoscabo material que justifique la cautela, según el concepto del Ministerio Público. La entidad estatal, por su parte, puede efectuar pagos al contratista con recursos propios y no afecta la normativa legal o constitucional, siempre y cuando no se utilicen fondos del Sistema General de Regalías. Además, los gastos de funcionamiento quedan fuera de la destinación que los departamentos pueden dar a los recursos de las regalías, según la sentencia C-579 de 2001 de la Corte Constitucional. Por último, el Ministerio Público cumple con la carga de argumentación para interponer la demanda y solicitar la medida cautelar, en virtud de su facultad para defender el orden jurídico.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Se encuentran satisfechos los requisitos para que proceda el decreto de la medida cautelar solicitada?

Respuesta: No

También resuelve

  • ¿El demandado Instituto Financiero de Casanare, podría efectuar el pago al contratista sin perjudicar su patrimonio o ir en contra de alguna normatividad legal o constitucional?
  • ¿Los gastos de funcionamiento quedaron por fuera de la destinación que los departamentos podrían dar a los recursos de las regalías?
  • ¿La parte demandante cumplió con la carga de argumentación en relación con las razones de impetrar la demanda y requerir la cautela?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

BIEN JURÍDICO TUTELADO AUTO QUE DECRETA MEDIDA CAUTELAR SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR FINALIDAD DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL FALTA DE PRUEBA DEL PERJUICIO IRREMEDIABLE EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EFECTO DE LOS CONCEPTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO FALTA DE REQUISITOS DE LA MEDIDA CAUTELAR REVOCATORIA DEL AUTO RECURSOS DE REGALÍAS Y COMPENSACIONES RECURSOS DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA RENTAS DEL DEPARTAMENTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS CUMPLIMIENTO DE LA NORMA CONSTITUCIONAL INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS PAGO DE OBLIGACIONES PENDIENTES INGRESOS DE RENDIMIENTO FINANCIERO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EFECTOS DE LA SENTENCIA DE EXEQUIBILIDAD INGRESO FISCAL PRESUPUESTO DE GASTOS DEUDA PÚBLICA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL ELEMENTOS DEL PLAN DE DESARROLLO SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR COMPETENCIA DEL PROCURADOR REGIONAL INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO FACULTADES DEL MINISTERIO PÚBLICO ORDEN JURÍDICO VIGENTE POTESTAD DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA INTERPONER RECURSOS CARGA ARGUMENTATIVA DE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL REQUISITOS DE LA MEDIDA CAUTELAR FACULTAD DE LA PARTE DEMANDANTE OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL DECRETO DE MEDIDA CAUTELAR PROCURADOR JUDICIAL NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS DE REGALÍAS Y COMPENSACIONES PRETENSIONES DE LA DEMANDA FINALIDAD DE LA NORMA ACCIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTO CONTENIDO DE LA DEMANDA DECLARATORIA DE NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL REGALÍAS DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR FUNDAMENTACIÓN DE LA DEMANDA NORMATIVIDAD DE LA MEDIDA CAUTELAR CLASES DE MEDIDA CAUTELAR DURACIÓN DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FACULTAD DISCRECIONAL DEL JUEZ FINALIDAD DE LA MEDIDA CAUTELAR OBJETO DEL LITIGIO EFECTOS DE LA PROVIDENCIA JUDICIAL SUSTENTACIÓN DE SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL ARGUMENTACIÓN JURÍDICA OPORTUNIDAD DE LA MEDIDA CAUTELAR

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BIEN JURÍDICO TUTELADO / AUTO QUE DECRETA MEDIDA CAUTELAR / SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR / FINALIDAD DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / FALTA DE PRUEBA DEL PERJUICIO IRREMEDIABLE / EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA / EFECTO DE LOS CONCEPTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO / FALTA DE REQUISITOS DE LA MEDIDA CAUTELAR / REVOCATORIA DEL AUTO Problema jurídico: ¿Se encuentran satisfechos los requisitos para que proceda el decreto de la medida cautelar solicitada? Respuesta al problema jurídico: No [E]l Despacho no encuentra acreditado un menoscabo material y, con ello, una afectación certera del interés jurídicamente tutelado del IFC y que la accionante consideró vulnerado, de manera que en este momento procesal que justifique y permite considerar que la cautela es procedente. [P]ara el caso se debe precisar que, en el incidente cautelar no existe prueba alguna de la existencia de un perjuicio irremediable para la entidad accionante, respecto de la imposibilidad para continuar ejerciendo sus funciones y el cumplimiento su objeto, tal y como afirma la Procuraduría. Así las cosas, dado que no se encuentran satisfechos todos los requisitos para que proceda el decreto de la medida cautelar solicitada, el Despacho revocará el auto dictado por el Tribunal Administrativo de Casanare. RECURSOS DE REGALÍAS Y COMPENSACIONES / RECURSOS DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA / RENTAS DEL DEPARTAMENTO / RENDIMIENTOS FINANCIEROS / CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL / RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS / CUMPLIMIENTO DE LA NORMA CONSTITUCIONAL / INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS / PAGO DE OBLIGACIONES PENDIENTES / INGRESOS DE RENDIMIENTO FINANCIERO Problema jurídico: ¿El demandado Instituto Financiero de Casanare, podría efectuar el pago al contratista sin perjudicar su patrimonio o ir en contra de alguna normatividad legal o constitucional? Respuesta al problema jurídico: Si [N]o existe plena certeza de qué porcentaje [del] capital integra tanto las regalías, como recursos propios, rentas e ingresos departamentales cedidos, reembolsos de los mismos créditos, o rendimientos financieros derivados de inversiones del FESCA, que son los rubros que integran los dineros del Fondo, y como la misma cláusula pactada, estableció que el pago procedería del capital e intereses debidamente cobrados, y al tener claro que esos intereses no hacen parte de las regalías, el IFC podría efectuar, en principio, el pago sin perjudicar su patrimonio o ir en contra de alguna normatividad legal o constitucional, dado que no todo el dinero que integra el capital o los intereses hacen parte del Sistema General de Regalías. [S]i bien es cierto que el FESCA no puede destinar dineros de los recursos públicos provenientes del Sistema General de Regalías para el pago de esas acreencias particulares, nada obsta que dicho pago lo realice con los recursos provenientes de las demás fuentes de ingreso. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO / RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS / RECURSOS DE REGALÍAS Y COMPENSACIONES / EFECTOS DE LA SENTENCIA DE EXEQUIBILIDAD / INGRESO FISCAL / PRESUPUESTO DE GASTOS / DEUDA PÚBLICA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL / INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS / PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL / ELEMENTOS DEL PLAN DE DESARROLLO Problema jurídico: ¿Los gastos de funcionamiento quedaron por fuera de la destinación que los departamentos podrían dar a los recursos de las regalías? Respuesta al problema jurídico: Si [L]os gastos de funcionamiento quedaron por fuera de la destinación que los departamentos podrían dar a los recursos de las regalías, tal y como la Corte Constitucional lo consideró en la sentencia que estudió la exequibilidad del mencionado artículo 3 de la Ley 617 de 2000, que justificó la prohibición para las entidades territoriales de atender gastos de funcionamiento con recursos fiscales, como son las regalías. El Decreto 111 de 1996 en su artículo 36 dispone que el presupuesto de gastos está conformado por gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública y gastos de inversión. Los gastos de funcionamiento son aquellos necesarios para llevar a cabo la labor habitual de la entidad. [L]os departamentos pueden transferir recursos provenientes de regalías únicamente para inversión en proyectos prioritarios establecidos en los planes de desarrollo de aquellos, con observancia de los porcentajes y condiciones fijados en el artículo 14 de la Ley 141 de 1994 y normas concordantes, y en ningún caso para gastos de funcionamiento. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la destinación de los recursos de las regalías asignados a las entidades territoriales, cita: Corte Constitucional, sentencia C-579 del 5 de junio de 2001, M. P. Eduardo Montealegre Lynett, que declaró la exequibilidad del artículo 3 de la Ley 617 de 2000. FUENTE FORMAL: DECRETO 111 DE 1996 - ARTÍCULO 36, LEY 141 DE 1994 - ARTÍCULO 14, LEY 617 DE 2000 - ARTÍCULO 3 SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR / COMPETENCIA DEL PROCURADOR REGIONAL / INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO / FACULTADES DEL MINISTERIO PÚBLICO / ORDEN JURÍDICO VIGENTE / POTESTAD DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA INTERPONER RECURSOS / CARGA ARGUMENTATIVA DE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / REQUISITOS DE LA MEDIDA CAUTELAR / FACULTAD DE LA PARTE DEMANDANTE / OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DECRETO DE MEDIDA CAUTELAR Problema jurídico: ¿La parte demandante cumplió con la carga de argumentación en relación con las razones de impetrar la demanda y requerir la cautela? Respuesta al problema jurídico: Si [E]n el líbelo y en la solicitud de medida cautelar presentadas por el mencionado Procurador, se justificó la injerencia del Ministerio Público para intervenir en defensa del orden jurídico en general […]. [E]l Ministerio Público cumplió con la carga de argumentación en relación con las razones de impetrar la demanda y requerir la cautela, de conformidad con los objetivos fijados en el numeral 7 del artículo 277 de la Constitución Política. Por lo tanto, se encuentra acreditada la titularidad de los derechos del demandante que lo facultan para pretender, por medio del ejercicio del medio de control de controversias contractuales, la nulidad del referido contrato y solicitar la medida cautelar objeto de estudio. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la facultad del Ministerio Público para interponer los recursos legales contra providencias judiciales, cita: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, auto de unificación del 27 de septiembre de 2012, rad. 44541, C. P. Enrique Gil Botero. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 277 NUMERAL 7 PROCURADOR JUDICIAL / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS DE REGALÍAS Y COMPENSACIONES / RECURSOS DE REGALÍAS Y COMPENSACIONES / GASTOS DE FUNCIONAMIENTO / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / FINALIDAD DE LA NORMA / ACCIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTO / CONTENIDO DE LA DEMANDA / DECLARATORIA DE NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / REGALÍAS DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES / RENTAS DEL DEPARTAMENTO / ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR / INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS / FUNDAMENTACIÓN DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿La norma establece la prohibición de utilizar los recursos provenientes de las regalías como fuente presupuestal para gastos de funcionamiento? Respuesta al problema jurídico: Si El Procurador 182 Judicial I delegado para asuntos administrativos […], afirmó en la demanda, que el contrato […] adolece de nulidad absoluta, de conformidad con el literal d) artículo 3 de la ley 617 de 2000, que establece la prohibición de utilizar los recursos provenientes de las regalías como fuente presupuestal para gastos de funcionamiento […]. [E]l demandante expuso razones válidas que dan lugar a las pretensiones propuestas, señaló las normas que las fundamentan y aportó suficientes documentos con el objeto de respaldar lo afirmado en la demanda, que de encontrarse acreditado podría dar lugar a que se declare la nulidad del contrato en este proceso, dado el caso de establecer que los dineros provenientes de las regalías por hidrocarburos concedidas al departamento de Casanare para el acceso a la educación superior de sus habitantes, estuvieran destinados a sufragar gastos de funcionamiento cuando está prohibido legalmente. Por consiguiente, la demanda se encuentra razonablemente fundada en derecho sin que ello implique prejuzgamiento. FUENTE FORMAL: LEY 617 DE 2000 - ARTÍCULO 3 LITERAL D NORMATIVIDAD DE LA MEDIDA CAUTELAR / CLASES DE MEDIDA CAUTELAR / DURACIÓN DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / FACULTAD DISCRECIONAL DEL JUEZ / DECRETO DE MEDIDA CAUTELAR / FINALIDAD DE LA MEDIDA CAUTELAR / OBJETO DEL LITIGIO / EFECTOS DE LA PROVIDENCIA JUDICIAL / SUSTENTACIÓN DE SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / ARGUMENTACIÓN JURÍDICA / REQUISITOS DE LA MEDIDA CAUTELAR / OPORTUNIDAD DE LA MEDIDA CAUTELAR Problema jurídico: ¿La norma le impone la obligación al peticionario que exprese los argumentos por los cuales se debe acceder a la medida cautelar? Respuesta al problema jurídico: Si El CPACA prevé el sistema de medidas cautelares, con el objetivo de evitar que la duración del proceso judicial afecte de forma negativa a quien acude a la Jurisdicción, hasta el punto de que, a pesar de obtener una decisión favorable, el derecho reconocido se torne ilusorio. De ahí, que el artículo 229 establece que “podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia”. El artículo 229 del CPACA exige que la solicitud de la medida cautelar esté debidamente sustentada. La norma le impone la obligación al peticionario que exprese los argumentos por los cuales se debe acceder a la medida cautelar; debe argumentar con un mínimo de suficiencia, claridad y pertinencia la razón de la necesidad de la medida que solicita. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la medida cautelar de suspensión provisional, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 5 de julio de 2018, rad. 60464, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo (e). FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 229

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=850012333000201900123011100103