Titulación de la relatoría 28.802 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / AGENTE DEL ESTADO / CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / SENTENCIA / PRUEBA DOCUMENTAL / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿La no acreditación de un presupuesto del medio de control de repetición, como lo es la calidad de agente o exagente estatal, conlleva a la negación de las pretensiones de la demanda, pues la calidad del agente estatal no puede simplemente inferirse o entenderse acreditada a partir de las afirmaciones contenidas en la sentencia de condena al Estado que da origen al proceso de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
Mediante sentencia del 8 de abril de 2011, el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por las lesiones físicas y sicológicas que sufrió el soldado regular Ronald David Arbeláez Argaez durante su servicio en la institución castrense, por lo que ordenó pagar a la víctima y a sus familiares perjuicios inmateriales. Como la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional fue condenada en el proceso referido y afirma que pagó una indemnización por tal concepto, presentó demanda en ejercicio del medio de control de repetición en contra de los herederos indeterminados de Andrés Felipe Cuervo Tuberquia, señalando que debían reembolsarle dicho dinero, pues el señor Cuervo Tuberquia había sido el servidor público que con su actuación dolosa y/o gravemente culposa causó el daño antijurídico por el cual fue condenada. (...) El segundo presupuesto para que proceda la acción de repetición es que el demandado, frente a quien se atribuye la acción u omisión determinante de la responsabilidad del Estado, tengan la calidad de servidor o ex servidor público o de particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas. En la demanda se solicitó declarar la responsabilidad de Andrés Felipe Cuervo Tuberquia porque, a juicio de la actora, con su actuar doloso y/o gravemente culposo incidió en la producción del daño antijurídico por el cual resultó condenada. (...) Así las cosas, la Sala encuentra que la calidad de servidor público de Andrés Felipe Cuervo Tuberquia para la fecha en que ocurrieron los hechos, 21 de enero de 2003, no está acreditada dentro del medio de control de repetición. (...) [A]unque la parte actora aduce en el recurso de apelación que la calidad de servidor público de Andrés Felipe Cuervo Tuberquia quedó acreditada con las sentencias del 4 de junio de 2009 y 8 de abril de 2011, proferidas en su orden por el Juzgado 13 Administrativo del Circuito de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, lo cierto es que, tal como se expuso ut supra, dichas sentencias sólo dan cuenta de las actuaciones procesales surtidas y la decisión judicial adoptada, más no acreditan los hechos que fundamentaron la acción de reparación directa incoada. En ese sentido, dichas providencias no sirven para demostrar la calidad de servidor o ex servidor público de Andrés Felipe Cuervo Tuberquia, ya que, adicional a que en dicho proceso de reparación directa se juzgó la responsabilidad patrimonial de la Administración, frente a la calidad de servidor público del señor Cuervo Tuberquia apenas refieren lo manifestado en la demanda y aluden a una prueba testimonial que se practicó en aquel proceso, la cual que no fue trasladada al presente asunto. En efecto, si bien en las referidas providencias se cita la declaración de un testigo que manifestó que “llegó una supervisión para el comandante” Andres Felipe Cuervo Tuberquia, luego de lo cual este último “comenzó a tomar represalias contra nosotros”, lo cierto es que a partir de dicho testimonio no puede tenerse por acreditada la calidad del servidor público a efectos establecer el presupuesto del medio de control de repetición que se analiza, ya que tal medio de prueba no reposa como prueba trasladada en este expediente, por lo que no se integró al acervo probatorio de este proceso y, por ende, no fue objeto de contradicción, aunado a que, a partir de la sola referencia o alusión a ciertos apartes de la mencionada declaración en las sentencias en comento, mal podría la Sala efectuar una valoración del testimonio en su integridad ni, por supuesto, apreciarlo en conjunto con los otros elementos probatorios que reposan en el plenario. En este sentido, se debe precisar que la calidad del agente estatal no puede simplemente inferirse o entenderse acreditada a partir de las afirmaciones contenidas en la sentencia de condena al Estado que da origen al proceso de repetición, pues al tratarse de un proceso declarativo de responsabilidad de la Administración, debe acreditarse plenamente la existencia de los diferentes elementos que permiten su establecimiento como garantía del derecho de contradicción y defensa del demandado, quien en el proceso primigenio no estuvo vinculado. Así las cosas, comoquiera que en el presente caso no se demostró que el señor Andres Felipe Cuervo Tuberquia ostentara la calidad de servidor público en la fecha en la que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la condena impuesta al Estado, y la verificación de dicha circunstancia constituye requisito indispensable para la prosperidad de las pretensiones de la demanda de repetición cuando esta se dirige en contra de un servidor o ex servidor público como sujeto de imputación, la Sala se abstendrá de analizar si se acreditó o no el pago de la referida condena y el elemento subjetivo necesario para la prosperidad de la acción, esto es, el dolo y/o culpa grave del agente estatal; y en consecuencia, procederá a confirmar la sentencia proferida el 21 de mayo de 2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra, entonces, que en el presente caso la parte actora no cumplió con la carga de la prueba que le era exigible, teniendo en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, cuya omisión por la demandante, a quien corresponde tal carga procesal, impide comprobar la existencia de uno de los elementos estructurales de la acción de repetición, sin la cual, en los términos del inciso 2o del artículo 90 de la Constitución Política, no es posible la declaración de responsabilidad de la demandada. Así las cosas, se reitera que, al tratarse del medio de control de repetición, la carga de la prueba que recaía en el demandante implicaba la comprobación de los requisitos para su procedencia, esto es, la obligación reparatoria a cargo del Estado; la calidad del demandado de servidor o ex servidor público o del particular que ejerza o que haya ejercido funciones públicas; el pago de la obligación reparatoria; y que la conducta dolosa o gravemente culposa del agente haya determinado el daño antijurídico por el cual se condenó al Estado, situación que no aconteció en el sub examine, pues no se probó la calidad de agente de Andres Felipe Cuervo Tuberquia. Y aunque el juez posee claras facultades oficiosas para decretar pruebas y con ello auscultar algunos vacíos que en materia probatoria pudo dejar una deficiente concepción de la prueba por el extremo procesal interesado y de esta manera buscar la verdad material, dichas facultades deben utilizarse para esclarecer las partes oscuras que puedan quedar en el proceso, pero no puede esgrimirse para suplir la ritualidad probatoria de las partes desequilibrando la relación jurídico procesal entre ambos extremos procesales, pues al juez corresponde guardar la debida neutralidad dentro del proceso, salvo condiciones excepcionales que exijan a este hacer uso de las atribuciones oficiosas en materia probatoria. Así, comoquiera que no se probó uno de los principales elementos que debe acreditarse para la procedencia del medio de control de repetición y que como consecuencia de ello el estudio de los demás elementos necesarios para ello resulta inane pues la falta de alguno impide emitir condena, la Sala no hará el análisis de esos otros elementos.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Como en el sub examine los hechos que produjeron la condena en contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional ocurrieron el 5 de septiembre de 2003, esto es, cuando el soldado regular fue desvinculado del Ejército Nacional por una disminución de la capacidad laboral del 100%, el régimen vigente aplicable a la acción de repetición es el previsto en los artículos 90 de la Constitución Política de 1991 y 77 y 78 del C.C.A.?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal, el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política señala que “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste”. Por su parte, el legislador expidió la Ley 678 de 2001, “por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición”. Esta ley definió la repetición como una acción civil de carácter patrimonial que debe ejercerse en contra del servidor o ex servidor público, así como también respecto de los particulares que ejercen función pública, cuando como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa hayan dado lugar al pago de una condena contenida en una sentencia, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La mencionada disposición normativa reglamentó aspectos sustanciales de la acción de repetición y del llamamiento en garantía con fines de repetición, fijando aspectos generales como el objeto, noción, finalidades y el deber de su ejercicio, al igual que las definiciones de dolo y culpa grave con las que se califica la conducta del agente, al tiempo que consagró unas presunciones legales con incidencia en punto a la carga probatoria dentro del proceso. Además, respecto a los aspectos procesales de la acción, la Ley 678 de 2001 reguló asuntos relativos a la jurisdicción y competencia, legitimación, desistimiento, procedimiento, término de caducidad, oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su ejecución, así como lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y las medidas cautelares en el proceso. Así las cosas, como en el sub examine los hechos que produjeron la condena en contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional ocurrieron el 5 de septiembre de 2003, esto es, cuando el soldado regular Ronald David Arbeláez fue desvinculado del Ejército Nacional por una disminución de la capacidad laboral del 100%, el régimen vigente aplicable a la acción de repetición es el previsto en los artículos 90 de la Constitución Política de 1991 y 77 y 78 del C.C.A.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias del 31 de agosto de 2006, Rad.: 28448 y 23 de noviembre de 2016, Rad.:46108 y, entre muchas otras, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2021, Rad: 47535.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 77, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 78
CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos de procedencia del medio de control de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con la definición del artículo 2º de la Ley 678 de 2001 , en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política , el medio de control de repetición es una acción de carácter patrimonial que se ejerce contra el servidor, ex servidor público o particular investido de una función pública que haya dado lugar, en forma dolosa o gravemente culposa, a un reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. En este caso el medio de control procedente es el de repetición, porque se solicita declarar a los herederos indeterminados de Ronald David Arbeláez Argaez patrimonialmente responsables del pago de $447.906.480,78 realizados en cumplimiento de la condena que le impuso el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante sentencia del 8 de abril de 2011. (...) Según copiosa jurisprudencia de esta Corporación, para la procedencia del medio de control de repetición deben estar presentes y probarse en el proceso los siguientes elementos: i) la obligación reparatoria a cargo del Estado; ii) que el demandando tenga la calidad de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas; iii) el pago de la obligación reparatoria; y iv) que la conducta dolosa o gravemente culposa del agente haya determinado el daño antijurídico por el cual se condenó al Estado.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de noviembre de 2006, Rad.: 22099; sentencia del 6 de diciembre de 2006, Rad.: 22056; sentencia del 12 de diciembre del 2007, Rad.: 27.006; Subsección B, sentencia del 29 de mayo del 2014, Rad.: 42.183; Subsección A, sentencia del 10 de diciembre de 2018, Rad.: 60423.
PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO DE CONDENA JUDICIAL / PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Está acreditado el pago como presupuesto de procedencia del medio de control de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
El primer presupuesto para la prosperidad de las pretensiones de repetición que formula el Estado, es la prueba de la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una condena judicial impuesta en su contra en sentencia debidamente ejecutoriada, o resultado de un acuerdo conciliatorio de naturaleza judicial o extrajudicial, o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto, tal y como lo prevé el artículo 2°de la Ley 678 de 2001. En el sub examine se cumple este requisito, pues está acreditado que, mediante sentencia del 8 de abril de 2011, el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por las lesiones que sufrió Ronald David Arbeláez Argaez y ordenó pagar a la víctima directa y a sus familiares una indemnización por perjuicios inmateriales.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2
COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver el recurso de apelación en el asunto de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y el inciso 1° del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 . En punto a la competencia del medio de control de repetición, esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 21 de mayo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, puesto que la cuantía supera la exigida, de 500 SMLMV, para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de repetición, tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación , de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 y el numeral 9 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 9, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 INCISO 1
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONCEPTO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos generales de la caducidad del medio de control?
Respuesta al problema jurídico: Si
Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal. Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general , estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción , ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.
CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿La demanda de repetición fue interpuesta dentro del término legal para hacerlo?
Respuesta al problema jurídico: Si
Al sub examine, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 2012, le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). En estos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se rigen por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código General del Proceso (CGP) , en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados. No obstante, en virtud del artículo 308 del CPACA , los procesos iniciados con anterioridad al 2 de julio de 2012 se rigen hasta su culminación por el “régimen jurídico anterior”, lo que quiere decir que el cumplimiento de las sentencias judiciales no se supedita al régimen existente en el momento en que se profieren, sino al vigente para la fecha en la que inicia el proceso, salvo disposición legal en contrario. En consecuencia, para efectos de contabilizar el plazo con que contaba la entidad pública para proceder al pago de la condena que le fue impuesta en el proceso de reparación directa, se tendrá en cuenta lo establecido en el inciso 4° del artículo 177 del CCA, según el cual las condenas podrán ser ejecutables 18 meses después de que la sentencia quede en firme. Asimismo, el literal l) del numeral 2° del artículo 164 del CPACA señala que el medio de control de repetición caducará en dos años contados a partir del día siguiente de la fecha del pago, o, a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas. En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta i) que la sentencia del 8 de abril de 2011, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia condenó a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a pagar perjuicios inmateriales a Ronald David Arbeláez Argaez y otros, quedó ejecutoriada el 27 de mayo de 2011 ; ii) que el 29 de febrero de 2012, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional pagó $447.906.480,78 por la referida condena, según da cuenta la certificación expedida por la “tesorera principal” del Ministerio de Defensa, María Fernanda Paredes Rojas ; iii) que el plazo de los 18 meses para cumplir la condena se cumplió el 28 de noviembre de 2012; iv) que lo primero que ocurrió fue el pago de la condena; y, v) que la demanda se presentó el 18 de febrero de 2014 , esto es, dentro de los dos años que otorga el literal l), del numeral 2°, del artículo 164 del CPCA para presentarla de forma oportuna.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177 INCISO 4, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 308
PROVIDENCIA JUDICIAL / SENTENCIA / PRUEBA DOCUMENTAL / CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / PROCEDENCIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / REQUISITOS DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿La providencia judicial tiene valor probatorio como prueba documental?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala destaca que las providencias judiciales son pruebas documentales legalmente admisibles y valorables de hechos que acreditan a su vez la decisión judicial y los actos procesales en ella contenidos; no obstante, no sirven para acreditar los hechos que le sirvieron de fundamento, de manera que según lo dispuesto en el artículo 164 del CGP, en cada proceso el juez debe fundarse en las pruebas allegadas al mismo y las partes deberán tener la oportunidad para contradecirlas _ . Adicionalmente, el principio de inmediación de la prueba es claro al determinar que, para obtener la verdad real de los hechos, solamente el juez que ha tenido contacto directo con la prueba recaudada es el facultado para proferir una decisión ajustada a derecho, de tal modo que se desconoce de manera flagrante ese principio, cuando no se toma en cuenta el medio probatorio directamente sino la valoración que ha hecho de él un operador judicial.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de noviembre de 2021, Rad. 46393; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 3 de octubre de 2007, Rad. 24844; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de febrero de 2009, Rad. 33323 y Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia S-011 del 6 de abril de 1999.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 164
FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / LÍMITES DE LA FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / DECRETO DE PRUEBA DE OFICIO / CONDICIONES PARA EL DECRETO DE PRUEBA DE OFICIO / CARGA DE LA PRUEBA / REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / EFECTOS DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CONCEPTO DE CARGA DE LA PRUEBA / REQUISITOS DE CARGA DE LA PRUEBA / CARGAS PROCESALES
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿La facultad oficiosa del juez para decretar pruebas para auscultar algunos vacíos en materia probatoria, no puede esgrimirse para suplir la ritualidad probatoria de las partes desequilibrando la relación jurídico procesal entre ambos extremos procesales?
Respuesta al problema jurídico: Si
[A]unque el juez posee claras facultades oficiosas para decretar pruebas y con ello auscultar algunos vacíos que en materia probatoria pudo dejar una deficiente concepción de la prueba por el extremo procesal interesado y de esta manera buscar la verdad material, dichas facultades deben utilizarse para esclarecer las partes oscuras que puedan quedar en el proceso, pero no puede esgrimirse para suplir la ritualidad probatoria de las partes desequilibrando la relación jurídico procesal entre ambos extremos procesales, pues al juez corresponde guardar la debida neutralidad dentro del proceso, salvo condiciones excepcionales que exijan a este hacer uso de las atribuciones oficiosas en materia probatoria.
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CURADOR AD LITEM / DEFENSOR DE OFICIO / DEBERES DEL DEFENSOR DE OFICIO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia y la fijación de agencias en derecho teniendo en cuenta que los demandados estuvieron representados por curador ad litem, quien desempeñó el cargo en forma gratuita como defensor de oficio?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”. Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento en el que se interpuso el recurso de apelación, establece las siguientes reglas para proceder a la condena en costas: “1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. […] 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. […] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”. (...) Bajo este entendido, no se fijarán costas y agencias en derecho de segunda instancia, toda vez que los demandados estuvieron representados por curador ad litem, quien desempeñó el cargo en forma gratuita como defensor de oficio de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 7° del artículo 48 del CGP .
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 48 NUMERAL 7