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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la Sala confirmará la sentencia impugnada en lo relativo a la decisión de declarar probada la excepción de caducidad

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Fecha
2025-11-25
Radicado
25000233600020200011901
Número interno
72578
Ponente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION
Demandado
POLICIA NACIONAL, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la Sala confirmará la sentencia impugnada en lo relativo a la decisión de declarar probada la excepción de caducidad

Lo que dijo la Sala

La Sala confirmará la sentencia impugnada en lo relativo a la decisión de declarar probada la excepción de caducidad, porque (i) este término debía computarse a partir del día siguiente al vencimiento del plazo para la liquidación de común acuerdo del convenio; (ii) la decisión adoptada en el auto expedido antes de la audiencia inicial, que desestimó esta defensa, no impedía su declaración en la sentencia de primera instancia; y (iii) no se aplicó retroactivamente una nueva regla jurisprudencial que afectara el derecho de acceso a la administración de justicia de la UNP.… Antes de que se presentaran la solicitud de conciliación y la demanda de la UNP, la jurisprudencia de esta Corporación ya había sostenido la interpretación del ordinal (v) del artículo 164.2(j) del CPACA en que se sustentó la decisión impugnada.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede ejercer el medio de control de controversias contractuales si se configura la caducidad, la cual se determina a partir del día siguiente al vencimiento del plazo para la liquidación de común acuerdo del convenio, siempre que la entidad estatal no tenga la facultad legal ni convencional para liquidar unilateralmente el contrato. La Sala confirmó que la excepción de caducidad fue adecuadamente declarada, pues la interpretación del ordinal (v) del artículo 164.2(j) del CPACA, según la cual no se considera el término adicional de dos meses para el cómputo de la caducidad cuando no se pactó la liquidación unilateral, era ya pacífica en la jurisprudencia antes de la presentación de la demanda. Esta regla implica que las entidades estatales deben cumplir rigurosamente con los plazos para la liquidación de contratos estatales, evitando así la caducidad del medio de control contractual.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, art. 164 núm. 2

También resuelve

  • ¿Procede la condena en costas y la fijación de agencias en derecho dictadas en primera instancia?
  • ¿Si la entidad estatal no ostenta la potestad legal ni la facultad convencional para efectuar la liquidación unilateral, el término de caducidad debe contarse desde el día siguiente al vencimiento…
  • ¿El régimen jurídico aplicable al convenio es el de derecho privado integralmente y no se incorporó estipulación alguna que confiriera a una de las partes la facultad de practicar la liquidación…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES APELACIÓN DE LA SENTENCIA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONFIGURACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL OMISIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN GRADUAL DE LA TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR MUTUO ACUERDO LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO INEXISTENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL TERMINACIÓN DEL CONTRATO CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO FINALIDAD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NORMA DE DERECHO PRIVADO FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO REQUISITOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO INEXISTENCIA DE RELACIÓN CONMUTATIVA PRINCIPIO DE COLABORACIÓN CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD DEL ESTADO FACULTAD DEL JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEBERES DEL JUEZ PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CLASES DE PRESUPUESTO PROCESAL DECLARACIÓN DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES DECLARACIÓN DE OFICIO DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE OFICIO DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

Guías del tema

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Liquidación del contrato Caducidad de la acción contractual Terminación unilateral Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Contratos y convenios interadministrativos Condena en costas y agencias en derecho

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Los convenios interadministrativos se rigen por sus propias cláusulas, por lo que no aplica el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en consecuencia, para que un convenio pueda liquidarse unilateralmente, las partes deben haber incluido esta prerrogativa de manera clara, expresa e inequívoca en su clausulado.
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Titulación de la relatoría 17.162 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONFIGURACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / OMISIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / INTERPRETACIÓN DE LA NORMA / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL Problema jurídico: ¿Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala confirmará la sentencia impugnada en lo relativo a la decisión de declarar probada la excepción de caducidad, porque (i) este término debía computarse a partir del día siguiente al vencimiento del plazo para la liquidación de común acuerdo del convenio; (ii) la decisión adoptada en el auto expedido antes de la audiencia inicial, que desestimó esta defensa, no impedía su declaración en la sentencia de primera instancia; y (iii) no se aplicó retroactivamente una nueva regla jurisprudencial que afectara el derecho de acceso a la administración de justicia de la UNP. […] [A]ntes de que se presentaran la solicitud de conciliación y la demanda de la UNP, la jurisprudencia de esta Corporación ya había sostenido la interpretación del ordinal (v) del artículo 164.2(j) del CPACA en que se sustentó la decisión impugnada. Conforme a esta interpretación, actualmente pacífica en las tres Subsecciones de la Sección Tercera de esta Corporación, cuando el negocio jurídico no está sometido al EGCAP y no se pactó la facultad de liquidarlo unilateralmente, no debe considerarse el término de dos meses al que hace referencia la disposición para definir la fecha de inicio del cómputo de la caducidad. Esta constatación es suficiente para desestimar el reparo del apelante, el cual delimita el ámbito de competencia del juez de segunda instancia. El motivo de inconformidad se restringió a sostener que la interpretación jurisprudencial —que atribuyó a la disposición legal el sentido indicado— surgió con posterioridad a los hechos y a la presentación de la demanda, sin cuestionar la existencia de criterios contrapuestos ni la ausencia de una decisión de unificación sobre el tema. En consecuencia, la Sala confirmará la decisión de declarar probada la excepción de caducidad respecto de las pretensiones formuladas en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, las cuales, además, resultaban improcedentes por perseguir el pago de una suma superior a la obligación pecuniaria asumida por el DAPRE. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la interpretación del ordinal (v) del artículo 164.2(j) del CPACA, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de noviembre de 2023, rad. 63998, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia de 16 de diciembre de 2022, rad. 41063, C. P. Guillermo Sánchez Luque; sentencia de 22 de octubre de 2021, rad. 65978, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; auto de 6 de diciembre de 2010, rad. 38344, C. P. Enrique Gil Botero; auto de 30 de mayo de 2019, rad. 61849, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; auto de 31 de agosto de 2020, rad. 66013, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; auto de 2 de marzo de 2017, rad. 51689, C. P. Ramiro Pazos Guerrero; auto de 22 de junio de 2017, rad. 57816A, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 11 de agosto de 2025, rad. 72489, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia de 7 de marzo de 2025, rad. 63262, C. P. María Adriana Marín; sentencia de 16 de junio de 2025, rad. 70085, C. P. Ariana Polidura Castillo. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN GRADUAL DE LA TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas y la fijación de agencias en derecho dictadas en primera instancia? Respuesta al problema jurídico: Si [S]e confirmará la condena en costas, porque su imposición no depende de la valoración de la conducta de la parte vencida y la fijación de las agencias en derecho no está condicionada a la comprobación de los honorarios pactados por representación judicial. […] [R]esultaba procedente que el Tribunal Administrativo fijara las agencias en derecho con fundamento en el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, máxime cuando las entidades demandadas designaron apoderados judiciales para su defensa en el proceso. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 366 del CGP, las expensas y gastos deberán liquidarse de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, una vez se encuentre ejecutoriada la providencia que le ponga fin, siempre que aparezcan comprobados y con sujeción a los criterios establecidos en el numeral 3º de dicha norma. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la condena en costas, cita: Corte Constitucional, sentencia T-625 de 11 de noviembre de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa. FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR MUTUO ACUERDO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / TERMINACIÓN DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Si la entidad estatal no ostenta la potestad legal ni la facultad convencional para efectuar la liquidación unilateral, el término de caducidad debe contarse desde el día siguiente al vencimiento del plazo previsto para la liquidación de mutuo acuerdo, siempre que esta resulte procedente? Respuesta al problema jurídico: Si El ordinal (v) del artículo 164.2(j) del CPACA establece lo siguiente: “En los [contratos] que requieran de liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo o no se practique por la administración unilateralmente, [el término de caducidad empieza a correr] una vez cumplido el término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga”. […] [L]a Sala concluye que el precepto “[el término de caducidad empezará a correr] una vez cumplido el término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo (…) para hacerlo bilateralmente” no puede entenderse en el sentido señalado por el apelante. Como lo demuestra la interpretación contextual y sistemática de las reglas procesales de la caducidad y de las normas sustantivas sobre la liquidación, ese término de dos meses fue establecido teniendo en cuenta que se trata del plazo dentro del cual la Administración puede ejercer la potestad legal de liquidación unilateral del contrato. En este contexto, la posibilidad de que la liquidación “se practique por la administración unilateralmente” constituye un presupuesto normativo que el legislador tuvo en cuenta al definir el momento a partir del cual se computa el término de caducidad. En consecuencia, cuando no se cumple dicho presupuesto —esto es, cuando la entidad estatal no ostenta la potestad legal ni la facultad convencional para efectuar la liquidación unilateral—, el término debe contarse desde el día siguiente al vencimiento del plazo previsto para la liquidación de mutuo acuerdo, siempre que esta resulte procedente. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164.2 ORDINAL (V) CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / FINALIDAD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / NORMA DE DERECHO PRIVADO / FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ / LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿El régimen jurídico aplicable al convenio es el de derecho privado integralmente y no se incorporó estipulación alguna que confiriera a una de las partes la facultad de practicar la liquidación unilateral? Respuesta al problema jurídico: Si El convenio 305 de 2017 se celebró con cargo a la cuenta del Fondo Paz, ya que los costos y gastos derivados de su ejecución se cubrían con recursos de este fondocuenta. Por ello, la única parte que asumió obligaciones dinerarias fue el DAPRE, que emitió el registro presupuestal correspondiente para iniciar su ejecución. Además, el convenio fue suscrito por el director del Fondo Paz en virtud de la delegación otorgada por el director del departamento administrativo. Finalmente, el negocio se celebró en desarrollo del objeto del fondo, consistente en “financiar y cofinanciar los planes, programas, estrategias e iniciativas por la paz” (Ley 368 de 1997, art. 11.b). En consecuencia, este negocio jurídico se regía por el derecho privado integralmente y no por el EGCAP, sin perjuicio de la posibilidad de incluir las cláusulas excepcionales al derecho común de que trata el artículo 14 de la Ley 80 de 1993. En este mismo sentido, en el numeral 11º de las consideraciones del convenio se indicó que “el presente convenio se rige por las normas consagradas en el derecho privado, esto es el Código Civil, el Código de Comercio, el Manual de contratación del DAPRE en el capítulo relativo al Fondo de Programas Especiales para la Paz, cuenta especial, sin personería jurídica”. El régimen jurídico aplicable al convenio no se integraba, entonces, con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, norma atributiva de la competencia para que las entidades públicas liquiden unilateralmente el negocio mediante la expedición de un acto administrativo. Las partes incluyeron una cláusula de liquidación (18ª), en virtud de la cual acordaron que la “liquidación del convenio se realizará de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de su terminación”. Sin embargo, no incorporaron estipulación alguna que confiriera a una de ellas la facultad de practicar la liquidación unilateralmente en caso de no lograrse el acuerdo. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971, LEY 368 DE 1997 - ARTÍCULO 11.B, LEY 57 DE 1887 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / FINALIDAD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / REQUISITOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE RELACIÓN CONMUTATIVA / PRINCIPIO DE COLABORACIÓN / CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD DEL ESTADO Problema jurídico: ¿La conmutatividad no constituye un atributo de los convenios interadministrativos, esta clase de convenios constituye un instrumento negocial para la gestión pública, orientado a la realización de cometidos de igual naturaleza? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a conmutatividad no constituye un atributo de los convenios interadministrativos. Según el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, las entidades públicas pueden “asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos”. Esta clase de convenios constituye un instrumento negocial para la gestión pública, orientado a la realización de cometidos de igual naturaleza. Sin embargo, como lo ha precisado la Subsección, no se configuran como negocios onerosos ni conmutativos. Las partes no persiguen con su celebración obtener un lucro, sino alcanzar un objetivo de interés público, respecto del cual la conjunción de esfuerzos dentro de sus ámbitos competenciales constituye un medio idóneo. En estos convenios, una entidad estatal no asume una obligación dineraria de pagar un precio que se mire como equivalente a la obligación de otra de dar o hacer algo en su favor. Aunque es innegable que pueden existir aportes económicos o financieros, este compromiso no se identifica con la obligación de remunerar la prestación de servicios, el suministro de bienes o la ejecución de obras propias de las relaciones de intercambio que se vehiculizan mediante contratos en sentido estricto. En este orden de ideas, los aportes —cualquiera que sea su naturaleza— no configuran prestaciones interdependientes y recíprocas, sino actos de cooperación o contribuciones efectuadas por cada entidad, desde su respectivo ámbito funcional, para alcanzar fines públicos comunes. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la naturaleza y finalidad de los convenios interadministrativos, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 21 de febrero de 2025, rad. 68280, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 95 FACULTAD DEL JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DEBERES DEL JUEZ / PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CLASES DE PRESUPUESTO PROCESAL / DECLARACIÓN DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE OFICIO DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES Problema jurídico: ¿Al momento de dictar sentencia le corresponde al juez analizar los presupuestos procesales que le permitan decidir de fondo el asunto, entre ellos la caducidad, su análisis no puede darse por clausurado por el hecho de que, en una providencia interlocutoria dictada en una etapa preliminar del proceso, se hubiera desestimado? Respuesta al problema jurídico: Si El juez contencioso-administrativo debe pronunciarse oficiosamente sobre todas las cuestiones necesarias para emitir una decisión de fondo, entre ellas la caducidad, pues la oportunidad de la demanda constituye un presupuesto procesal para resolver el litigio. Esta institución, regulada en normas de orden público, indisponibles tanto para las partes como para el operador judicial (CPACA, art. 164), impone el deber de pronunciarse sobre la excepción en la sentencia (CPACA, art. 187). En consecuencia, como lo ha precisado la Sala en casos análogos, el cumplimiento de este presupuesto procesal no puede entenderse saneado ni su análisis clausurado por el hecho de que, en una providencia interlocutoria dictada en una etapa preliminar del proceso, se hubiera desestimado. Por tanto, al emitir la decisión de mérito, el fallador está facultado y obligado a volver sobre dichos presupuestos. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el deber del juez de analizar los presupuestos procesales que le permitan decidir de fondo el asunto, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de unificación de 6 de abril de 2018, RAD. 46005, C. P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 13 de septiembre de 2024, rad. 69780, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 187 CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN GRADUAL DE LA TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia contra la entidad demandante a quien se le resolvió el recurso de apelación de manera desfavorable? Respuesta al problema jurídico: Si Conforme al numeral 1.º del artículo 365 del CGP, se condenará en costas a la parte a la que se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. El artículo 5.º del Acuerdo PSAA16-10554 del Consejo Superior de la Judicatura prevé que, en la segunda instancia de los procesos declarativos, las agencias en derecho se fijarán entre uno (1) y seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para su determinación, se deben considerar la naturaleza, calidad y duración de la gestión del apoderado, la cuantía del proceso y otros factores que incidan en la valoración de su gestión profesional. El recurso de apelación fue resuelto desfavorablemente para la UNP. La Policía Nacional y el DAPRE debieron asumir los gastos de vigilancia del proceso judicial en esta sede; además, el DAPRE se pronunció sobre la alzada y expuso argumentos para controvertir las razones del recurso. En consecuencia, la Sala fijará, por concepto de agencias en derecho, la suma de un (1) salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV), a la fecha de la sentencia, a favor de cada una de dichas entidades y a cargo de la parte demandada. FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016 - ARTÍCULO 5, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 INCISO 1

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000202000119011100103