Síntesis de la providencia
Consejo de Estado: se debe revocar la sentencia dictada el 30 de enero de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Lo que dijo la Sala
En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la responsabilidad patrimonial del Estado de reparar los perjuicios solo puede declararse cuando esté acreditado que el daño le es imputable por haber sido causado por la acción o la omisión de sus agentes.… Con base en las pruebas obrantes en el proceso, no se pudo establecer que las autoridades competentes incurrieran en una falla en el servicio que constituyera la causa del daño que alega haber sufrido el demandante. Por el contrario, se acreditó una gestión activa —información al público, investigación, adopción de medidas cautelares e intervención— destinada a impedir que la organización DMG continuara ejerciendo actividades ilegales.
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Síntesis síntesis automática
El contratista no puede obtener responsabilidad patrimonial del Estado por daños alegados, dado que no se probó una falla en el servicio por parte de las autoridades, estas actuaron con diligencia frente a actividades ilegales de una organización, y el daño fue consecuencia del actuar imprudente del propio contratista, quien no utilizó los mecanismos legales disponibles para reclamar su acreencia conforme a la Ley 1116 de 2006. Además, la Sala declaró fundado el impedimento manifestado por un consejero debido a que algunos de sus parientes invirtieron en la organización en cuestión, configurándose así la causal de interés directo o indirecto prevista en el artículo 141 del Código General del Proceso. Asimismo, la Sala se abstiene de condenar en costas al no evidenciarse temeridad ni mala fe por parte de los intervinientes en el proceso.
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Problema jurídico
¿Se debe revocar la sentencia dictada el 30 de enero de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, porque no se probó una falla en el servicio, dado que las autoridades actuaron de manera diligente frente a las actividades ilegales de DMG y que, además, el daño alegado fue consecuencia del actuar imprudente del propio demandante, quien tampoco utilizó los mecanismos legales disponibles para reclamar su acreencia conforme a la Ley 1116 de 2006?
Respuesta: Si
Fundamentos
- Decreto 4334 de 2008, art. 526
- Ley 1116 de 2006, art. 29
- Ley 1126 de 2006, arts. 30 y 48
También resuelve
- ¿El impedimento manifestado por el consejero F. I. M. debe declararse fundado, dado que algunos de sus parientes invirtieron en el Grupo DMG S.A.…
- ¿Al no evidenciarse temeridad ni mala fe por parte de los intervinientes en el proceso, la Sala debe abstenerse de imponer condena en costas conforme al artículo 171 del CCA…
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Titulación de la relatoría 6.298 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / CAUSALES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / REQUISITOS DE IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA DEL SERVICIO / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO
Problema jurídico:
¿Se debe revocar la sentencia dictada el 30 de enero de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, porque no se probó una falla en el servicio, dado que las autoridades actuaron de manera diligente frente a las actividades ilegales de DMG y que, además, el daño alegado fue consecuencia del actuar imprudente del propio demandante, quien tampoco utilizó los mecanismos legales disponibles para reclamar su acreencia conforme a la Ley 1116 de 2006?
Respuesta al problema jurídico: Si
En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la responsabilidad patrimonial del Estado de reparar los perjuicios solo puede declararse cuando esté acreditado que el daño le es imputable por haber sido causado por la acción o la omisión de sus agentes. (...) Con base en las pruebas obrantes en el proceso, no se pudo establecer que las autoridades competentes incurrieran en una falla en el servicio que constituyera la causa del daño que alega haber sufrido el demandante. Por el contrario, se acreditó una gestión activa —información al público, investigación, adopción de medidas cautelares e intervención— destinada a impedir que la organización DMG continuara ejerciendo actividades ilegales. La conducta de la parte demandante resultó contraria a la prudencia y diligencia que se espera de una persona que busca proteger su patrimonio. Aunque recibió varias advertencias sobre la ilegalidad de dichas actividades, decidió suministrar bienes a la organización, asumiendo el altísimo riesgo que ello implicaba. Adicionalmente, en el caso concreto está probado que la Superintendencia de Sociedades rechazó el crédito presentado por el señor Héctor Antonio Galvis Cárdenas, decisión contra la que el acreedor podía, en caso de no encontrarse de acuerdo, presentar la objeción correspondiente en los términos previstos por los artículos 29, 30 y 48 de la Ley 1116 de 2006. Cabe aclarar que el apelante sostiene que no solicitó el reconocimiento de su acreencia en el trámite de la liquidación de las sociedades Grupo DMG S.A. y DMG Grupo Holding S.A., sino la expedición de una certificación para efectos tributarios. Esto, sin embargo, no es cierto. (…Finalmente, se advierte que es equivocado el entendimiento del actor sobre el alcance de la sentencia C-145 de 2009, con base en lo siguiente: Según el demandante, en su condición de proveedor y/o tercero de buena fe, no estaba obligado a formar parte del proceso de liquidación ordenado con ocasión de los Decretos de Emergencia Social 4333 y 4334 de 2008, puesto que dichos decretos estaban dirigidos a las sociedades incursas en la comisión de delitos de lavado de activos y otras conductas ilícitas. La Corte al resolver la demanda de exequibilidad del artículo 526 del Decreto 4334 de 2008, señaló que no podía interpretarse la expresión “o indirectamente” de forma tal que terceros de buena fe, como empleados y proveedores fueran destinatarios de las medidas especiales tomadas por el Estado en el caso de la captación ilegal. No obstante, esa determinación no implicaba que dichas ) personas estuvieran exentas de reclamar sus acreencias mediante el mecanismo ordinario establecido para tal efecto por la Ley 1116 de 2006.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO 4334 DE 2008 - ARTÍCULO 526, LEY 1116 DE 2006 - ARTÍCULO 29, LEY 1126 DE 2006 - ARTÍCULO 30, LEY 1126 DE 2006 - ARTÍCULO 48
MANIFESTACIÓN DEL IMPEDIMENTO / IMPEDIMENTO DEL CONSEJERO DE ESTADO DE LA SECCIÓN TERCERA / JUSTIFICACIÓN DEL IMPEDIMENTO / NORMATIVA DEL IMPEDIMENTO / CONFIGURACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL CONSEJERO DE ESTADO DE LA SECCIÓN TERCERA / ACEPTACIÓN DEL IMPEDIMENTO / ACEPTACIÓN DEL IMPEDIMENTO DEL CONSEJERO DE ESTADO
Problema jurídico:
¿El impedimento manifestado por el consejero F. I. M. debe declararse fundado, dado que algunos de sus parientes invirtieron en el Grupo DMG S.A., configurándose así la causal de interés directo o indirecto prevista en el numeral 1 del artículo 141 del Código General del Proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
El Consejero F. I. M. manifestó su impedimento para conocer del presente asunto, fundado en la causal 1ª del artículo 141 de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, El artículo 141 del CGP señala que son causales de recusación las siguientes: “1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso”. la Sala declarará fundado el impedimento manifestado por el doctor F. I. M. por cuanto cumple con los supuestos establecidos en el numeral 1 del artículo 141 del CGP citado, toda vez algunos de sus parientes invirtieron recursos en el Grupo DMG S.A. Este impedimento será aceptado en la parte resolutiva de la presente decisión.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 141, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 141 NUMERAL 1
CONDENA EN COSTAS / CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CRITERIO SUBJETIVO EN CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Al no evidenciarse temeridad ni mala fe por parte de los intervinientes en el proceso, la Sala debe abstenerse de imponer condena en costas conforme al artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998?
Respuesta al problema jurídico: Si
En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55