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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: procede la nulidad de las resoluciones 1420 de 10 de abril y 2979 de 11 de julio de 2007 proferidas por el Instituto Nacional

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Fecha
2022-07-13
Radicado
05001233100020080019602
Número interno
57173
Ponente
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
UNION TEMPORAL ICAT - SOCIEDADES CASTRO TCHERASSI S.A. E ICT INGENIEROS LIMITADA
Demandado
INVIAS, INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: procede la nulidad de las resoluciones 1420 de 10 de abril y 2979 de 11 de julio de 2007 proferidas por el Instituto Nacional

Lo que dijo la Sala

En este caso concreto, las resoluciones objeto del juicio de legalidad fueron expedidas el 10 de abril y 11 de julio de 2007, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007 que habilitó de nuevo la facultad para las entidades estatales de declarar el incumplimiento, imponer multas y hacer efectiva la cláusula penal de manera unilateral.… A partir del año 2005 se ha mantenido la denominada tercera postura en virtud de la cual, se insiste, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007 la administración podía pactar la imposición de multas y cláusula penal, pero, solo podía hacerlas efectivas de manera unilateral con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007, a partir del momento en el que la ley habilitó a las entidades estatales con dicha competencia, razón por la cual, antes de ello debía acudir al juez del contrato para declarar el incumplimiento…

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

Un acto administrativo que declara el incumplimiento de un contrato estatal e impone una multa es nulo cuando se expidió antes de la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007, porque antes de esa ley las entidades podían pactar multas y cláusula penal, pero no hacerlas efectivas de manera unilateral. La regla reitera la denominada tercera postura, que la Subsección ha mantenido desde 2005. Dos razones la sustentan. La primera es que la Ley 1150 de 2007 restableció la facultad unilateral, y su artículo 33 dispuso que la ley rige seis meses después de su promulgación. La segunda es que el pacto de la multa en el contrato no suple la competencia que solo nació con esa ley, de modo que las resoluciones expedidas el 10 de abril y el 11 de julio de 2007 carecían de competencia para imponer la multa. Por ello procede la nulidad por falta de competencia. Como obiter dictum, la providencia recuerda que la Ley 80 de 1993 derogó el Decreto-Ley 222 de 1983, que otorgaba a las entidades esa competencia. El documento no indica que cambie un precedente; su consecuencia práctica es la anulación de las resoluciones demandadas.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Procede la nulidad de las resoluciones 1420 de 10 de abril y 2979 de 11 de julio de 2007 proferidas por el Instituto Nacional de Vías (Invías), por cuanto fueron expedidas sin competencia para ello, con desconocimiento del debido proceso, del derecho a la igualdad y de la Ley 80 de 1993?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1150 de 2007
  • Ley 80 de 1993

También resuelve

  • ¿Procede la condena en costas?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Multas y cláusula penal Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal Condena en costas y agencias en derecho

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No se acreditó que se hubiera presentado una circunstancia constitutiva de la “excepción de contrato no cumplido”
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Titulación de la relatoría 5.228 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / FACULTAD DE IMPOSICIÓN DE MULTA DE LA ENTIDAD ESTATAL / COMPETENCIA PARA IMPONER MULTAS UNILATERALMENTE / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / VIGENCIA DE LA LEY / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO OBITER DICTUM Con la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993 se derogó el Decreto-Ley 222 de 1983 que otorgaba a las entidades estatales la competencia para declarar incumplimiento de manera unilateral. El artículo 17 de la Ley 1150 de 16 de julio de 2007 habilitó de nuevo a las entidades públicas para imponer multas que hubieran sido pactadas expresamente. (...) En la línea de lo dispuesto por el legislador en la norma trascrita, es claro que el artículo 17 dispuso la facultad de las entidades estatales para incluir y pactar en sus negocios jurídicos la cláusula correspondiente a la posibilidad de imponer multas y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria en desarrollo de la autonomía de la voluntad; sin embargo, la facultad para imponer multas y hacer efectiva la cláusula penal atribuida a las entidades estatales solo se hizo efectiva con la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007, lo cual ocurrió seis (6) meses después de su promulgación a través del Diario Oficial no. 46.691 de 16 de julio de 2007 de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 del mismo cuerpo normativo. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia de 10 de febrero de 2005, Exp. 25765, C.P. María Elena Giraldo Gómez; sentencia de 20 de octubre de 2005, Exp. 14.579, MP Germán Rodríguez Villamizar; sentencia de 29 de enero de 2014, Exp. 26869, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 13 de mayo de 2015, Exp. 29657, C.P. Hernán Andrade Rincón y, sentencia de 14 de octubre de 2015, Exp. 32433, C.P. Danilo Rojas Betancourth. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 222 DE 1993, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 17, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 33, LEY 80 DE 1993 IMPOSICIÓN DE LA MULTA / FACULTAD DE IMPOSICIÓN DE MULTA DE LA ENTIDAD ESTATAL / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / CONTROL DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA / DESCONOCIMIENTO DEL DEBIDO PROCESO / VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO / VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD Problema jurídico: ¿Procede la nulidad de las resoluciones 1420 de 10 de abril y 2979 de 11 de julio de 2007 proferidas por el Instituto Nacional de Vías (Invías), por cuanto fueron expedidas sin competencia para ello, con desconocimiento del debido proceso, del derecho a la igualdad y de la Ley 80 de 1993? Respuesta al problema jurídico: Si En este caso concreto, las resoluciones objeto del juicio de legalidad fueron expedidas el 10 de abril y 11 de julio de 2007, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007 que habilitó de nuevo la facultad para las entidades estatales de declarar el incumplimiento, imponer multas y hacer efectiva la cláusula penal de manera unilateral. (...) A partir del año 2005 se ha mantenido la denominada tercera postura en virtud de la cual, se insiste, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007 la administración podía pactar la imposición de multas y cláusula penal, pero, solo podía hacerlas efectivas de manera unilateral con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007, a partir del momento en el que la ley habilitó a las entidades estatales con dicha competencia, razón por la cual, antes de ello debía acudir al juez del contrato para declarar el incumplimiento, imponer multas y hacer efectiva la cláusula penal. Así las cosas, la Sala encuentra que la decisión adoptada por el a quo en el sentido de declarar la nulidad de las Resoluciones números 1420 de 10 de abril y 2979 de 11 de julio, ambas proferidas en el año 2007 por el Instituto Nacional de Vías (Invías), a título de restablecimiento ordenar a la parte actora no sufragar suma alguna impuesta en tales actos administrativos y negar las demás pretensiones de la demanda fue la acertada, por lo cual se confirmará la sentencia apelada. (...) Para la Sala es claro que la demanda se circunscribió a la petición de nulidad de las Resoluciones 1420 de 10 de abril y 2979 del 11 de julio, ambas proferidas en el año 2007 por el Instituto Nacional de Vías (Invías), por ser contrarias al debido proceso, derecho de igualdad y a la Ley 80 de 1993, por el hecho de haber sido expedidas de manera unilateral antes de la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007 sin que la entidad contratante tuviera competencia para ello. En consonancia con lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia apelada. FUENTE FORMAL: LEY 1150 DE 2007, LEY 80 DE 1993 IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas? Respuesta al problema jurídico: No [N]o habrá de condenarse en costas a la actora porque no está probada en la actuación una conducta temeraria, situación cualificada exigida por la regulación procesal contenida al respecto en el artículo 55 de la ley 446 de 1998 para tal decisión. FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55
Texto extraído del PDF oficial 30.980 caracteres
REPÚBLICA DE COLOMBIA CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B Bogotá DC, trece (13) de julio de dos mil veintidós (2022). Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 05001-23-31-000-2008-00196-02 (57.173) Demandante: CASTRO TCHERASSI SA E ICT INGENIEROS LTDA (INTEGRANTES DE LA UNIÓN TEMPORAL ICAT 2) Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVÍAS) Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA Síntesis del caso: la demanda se circunscribe a determinar la legalidad de las Resoluciones números 1420 de 10 de abril y 2979 de 11 de ju lio, ambas proferidas en el año 2007 por el Instituto Nacional de Vías (Invías), por cuanto fueron expedidas sin competencia para ello, con desconocimiento del debido proceso, del derecho a la igualdad y de la Ley 80 de 1993. Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 25 de marzo de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia que declaró la nulidad de las Resoluciones números 1420 de 10 de abril y 2979 de 11 de julio, ambas proferidas en el año 2007 por el Instituto Nacional de Vías (Invías), a título de restablecimiento ordenó a la parte actora no sufragar suma alguna impuesta en tales actos administrativos y negó las demás pretensiones de la demanda (fls. 582 a 592 cdno. ppal.) en los siguientes términos: “PRIMERO. DECLARAR la nulidad de la Resolución Nº 1420 del 10 de abril de 2007 “Por la cual se declara el incumplimiento parcial del contrato Nº 1556 de 2005, suscrito con la Unión Temporal ICAT 2”, así como de la Resolución Nº 2979 del 11 de julio de 2007 “Por la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos contra la Re solución Nº 1420 del 10 de abril de 2007”, que confirma la decisión de imponer multa, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la sentencia. SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, SE ORDENA a título de restablecimiento del derecho, que la parte accionante no debe sufragar la suma impuesta como multa, y en el evento de haberse pagado tal valor, este deberá ser devuelto debidamente actualizado con la fórmula indicada en las consideraciones precedentes. TERCERO. SE NIEGAN las demás pretensiones formuladas por la parte demandante. CUARTO. SE ABSUELVE de responsabilidad a las llamadas en garantía, en armonía con lo señalado en la motivación de la providencia. 2 Expediente no. 05001-23-31-000-2008-00196-02 (57.173) Actor: Castro Tcherassi SA e ICM Ingenieros Ltda Nulidad y restablecimiento del derecho Apelación de sentencia QUINTO. SIN CONDENA EN COSTAS, en esta instancia. SEXTO. En firma la presente providencia, archívese el expediente dejando las constancias de rigor.” (fl. 591 vlto. y 592 ibidem – negrillas y mayúsculas fijas del texto original). I. ANTECEDENTES 1. La demanda Mediante escrito radicado el 4 de febrero de 2008 en la Secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia, las sociedades Castro Tcherassi SA e ICM Ingenieros Ltda integrantes de la Unión Temporal Icat 2, actuando por intermedio de apoderado judicial, interpusieron demanda en ejercicio de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (fls. 88 a 110 cdno. no. 1) con las siguientes súplicas: “1. Anular los actos administrativos emitidos por el INVIAS y contenidos en las resoluciones 1420 de fecha 10 de abril de 2007, por medio de la cual declaró el incumplimiento parcial del Contrato 1556 de 2005 y tasó ese incumplimiento parcial en contra de la Unión Temporal ICAT 2 en la suma de $512.989.587 y la No. 2979 de fecha 11 de julio de 2007, que la confirmó. 2. Decretar las siguientes declaraciones y condenas adicionales: 1- Que la UNIÓN TEMPORAL ICAT 2 cumplió el contrato de obra pública No. 1556 de 2005 y sus adicionales. 2- Que la UNIÓN TEMPORAL ICAT 2 está ejecutando las obras a que se refiere el contrato 1556 de 2005 de acuerdo con los diseños, planos e instrucciones del INVIAS. 3- Que como consecuencia de las dos (2) declaraciones a que se refieren los numerales 1 y 2 anteriores, se declare que la UNIÓN TEMPORAL ICAT 2 no adeuda suma alguna al INVIAS por concepto de la ejecución de las obras a que se refiere el contrato 1556 de 2005. 4- Que se condene al INVIAS, a título de restablecimiento del derecho, a indemnizar a la UNIÓN TEMPORAL ICAT 2 los perjuicios de todo orden que a ésta le ha ocasionado por razón de las resoluciones ahora demandadas y por el presente proceso, incluyendo los honorarios de abogado que ha tenido que cancelar al suscrito apoderado para que lo represente en este juicio. 5- Que se condene en las costas del juicio al INVIAS.” (fls. 88 y 89 cdno. no. 1). 3 Expediente no. 05001-23-31-000-2008-00196-02 (57.173) Actor: Castro Tcherassi SA e ICM Ingenieros Ltda Nulidad y restablecimiento del derecho Apelación de sentencia 2. Hechos Como fundamento fáctico la parte demandante expuso en el escrito contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente: 1) El 17 de septiembre de 2005, la Unión Temporal Icat 2 suscribió con el Invías el contrato no. 1556 con el objeto de adelantar “el diseño, la reconstrucción, la pavimentación y/o repavimentación de la vía Grupo 3, Tramo I vía San José de la Montaña – San Andrés de la Cuerquía del K0+000 al K12+900 con una longitud de 12.9 kilómetros; Tramo 2 Yarumal – Angostura del K0+000 al K5+000 y del K14+000 al K19+000 con una longitud de 10 kilómetros en el departamento de Antioquia” (fl. 91 cdno. no. 1). 2) La modalidad del contrato fue a precios unitarios, por un valor inicial estimado de $12.030.831.789. 3) El 24 de marzo de 2006, el Invías dio la orden de inicio de la etapa de construcción sin que estuvieran aprobados los estudios y diseños presentados por la unión temporal. Los diseños final mente fueron aprobados en el mes de septiembre de 2006, esto es, con cinco (5) meses de retraso. 4) Como consecuencia de la aprobación de los estudios y diseños, la unión temporal presentó una nueva programación de trabajo e inversiones ajustada a la real idad y a los presupuestos de la entidad, en virtud de la cual el total de 22,9 kilómetros a ejecutar se redujo a 14,83 kilómetros, propuesta que para la fecha de presentación de la demanda no tenía respuesta. 5) Durante la ejecución de la etapa de construcción la unión temporal envío el material granular extraído de la cantera “Villa Luz”, la misma que el Invías tuvo en cuenta para elaborar su presupuesto y la propia unión temporal para su propuesta, pero, el Invías señaló que ese material no era apto para lo programado y aprobó el material de la cantera “La Girardota” aun cuando genera ba mayores costos de transporte. 4 Expediente no. 05001-23-31-000-2008-00196-02 (57.173) Actor: Castro Tcherassi SA e ICM Ingenieros Ltda Nulidad y restablecimiento del derecho Apelación de sentencia 6) En consideración de que los kilómetros propuestos por el Invias no eran cubiertos con el presupuesto de la entidad, esta le propuso a la unión temporal la adición del contrato para cubrir la totalidad de los kilómetros estimados; sin embargo, la unión temporal no aceptó la propuesta por que los precios unitarios estaban para ese entonces desfasados con la realidad del mercado. 7) El Invías optó por medir el plazo del contrato tomando como fecha de partida la orden de inicio de la etapa de construcción, aunque para esa fecha la entidad no había aprobado los estudios y diseños correspondientes, postura que claramente conllevaba al incumplimiento de la unión temporal en el cronograma de obra. 8) En atención a las fechas asumidas por el Invías, mediante las Resoluciones números 1420 y 2979 de 2007 se declaró el incumplimiento de la unión temporal Icat 2 en el valor de $512.989.587. 9) La unión temporal contratista formuló una acción de tutela ante el Juzgado Sexto de Familia de Barranquilla, trámite en el que como mecanismo transitorio de defensa judicial por violación del debido proceso mediante sentencia del 5 de octubre de 2007 se suspendieron provisionalmente las Resoluciones números 1420 y 2979 de 2007 proferidas por el Invías , mientras se emitiera la decisión de fondo por el juez competente. 3. Fundamento de la demanda En el texto de la demanda la actora presentó como fundamentos de derecho, en resumen, lo siguiente: Las Resoluciones números 1420 y 2979 de 2007, ambas expedidas por el Invías, se dictaron con desconocimiento de lo dispuesto en los artículos 29 y 13 de la Constitución Política de Colombia, los artículos 13, 14 y 40 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 1077 del Código de Co mercio, pues, el Invías se a brogó la facultad de exclusivo resorte del juez del contrato en el sentido de imponer unilateralmente multas al contratista por cuenta del incumplimiento o mora en la ejecución del contrato no. 1556 de 2005. 5 Expediente no. 05001-23-31-000-2008-00196-02 (57.173) Actor: Castro Tcherassi SA e ICM Ingenieros Ltda Nulidad y restablecimiento del derecho Apelación de sentencia 4. Posición de la parte demandada A través de escrito radicado el 4 de junio de 2008 contestó la demanda con oposición a las pretensiones , formuló excepciones y solicitó que fueran negadas (fls. 1 a 35 cdno. no. 2), con los siguientes argumentos: 1) La unión temporal desconoce las especificaciones previstas en el pliego de condiciones de la licitación pública no. DG-164 de 2004 que dio origen al contrato no. 1556 de 2005, ya que era de su entera responsabilidad la definición de la cantera de la que se extraía el material y su transporte, sin que pudiera considerarse el cambio de cantera como un imprevisto susceptible de reconocimiento económico por parte de la entidad. 2) De acuerdo con los informes de interventoría, la unión temporal presentó retrasos

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012331000200800196021100103