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Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: en la sentencia objeto de aclaración se abordó el examen de varios aspectos de reclamación

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Fecha
2022-10-07
Radicado
25000232600020070010301
Número interno
54911
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
CONDOR S A
Demandado
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Síntesis de la providencia

Aclaración de voto: en la sentencia objeto de aclaración se abordó el examen de varios aspectos de reclamación

Lo que dijo la Sala

En la sentencia objeto de aclaración se abordó el examen de varios aspectos de reclamación, entre ellos el relacionado con la competencia de la entidad contratante para declarar el incumplimiento contractual e imponer la cláusula penal en contra del particular, mediante acto administrativo.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Problema jurídico

¿La Ley 80 de 1993, antes de que fuera modificada por la Ley 1150 de 2007, no consagró ninguna competencia para que las entidades estatales contratantes ejercieran unilateralmente las facultades para imponer multas y/o declarar el incumplimiento del contrato estatal?

Respuesta: Si

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

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Guías del tema

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Multas y cláusula penal Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio

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Es pues, sobre el cual debe determinarse el monto de la cláusula penal.
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Debe declararse la nulidad de los actos administrativos que impusieron multas al contratista
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La Sala revocará la decisión de primera instancia
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Acción de controversias contractuales: Sentencia
Consejo de Estado 2023-06-02 Sección Tercera (Subsección A)
Tanto la imposición de la multa como su confirmación tienen sustento en la convención
Titulación de la relatoría 3.786 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACLARACIÓN DE VOTO / COMPETENCIA PARA IMPONER MULTAS UNILATERALMENTE / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL / COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL PARA ADOPTAR DECISIONES CONTRACTUALES / FALTA DE COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL Problema jurídico: ¿La Ley 80 de 1993, antes de que fuera modificada por la Ley 1150 de 2007, no consagró ninguna competencia para que las entidades estatales contratantes ejercieran unilateralmente las facultades para imponer multas y/o declarar el incumplimiento del contrato estatal? Respuesta al problema jurídico: Si En la sentencia objeto de aclaración se abordó el examen de varios aspectos de reclamación, entre ellos el relacionado con la competencia de la entidad contratante para declarar el incumplimiento contractual e imponer la cláusula penal en contra del particular, mediante acto administrativo. Al analizar esa cuestión, luego de hacer un recuento cronológico de la jurisprudencia del Consejo Estado en punto a la competencia de las entidades estatales para ejercer las mencionadas prerrogativas, en la sentencia se afirmó que: “Visto que la competencia de la administración para declarar el incumplimiento del contrato y hacer efectiva las cláusulas penales y de multas -bajo la vigencia de la Ley 80 de 1993 y con anterioridad de la expedición de la Ley 1150 de 2007- no ha sido un asunto pacifico, y que en consecuencia, la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el particular tuvo variaciones sustanciales desde la derogatoria del Decreto 222 de 1983, la Sala reitera que el análisis de legalidad del acto debe realizarse en confrontación no solo con las normas vigentes al momento de su expedición, sino además, de cara al precedente judicial que sobre la interpretación del alcance de tales normas hubiere sido el imperante para ese mismo momento”. En ese sentido, advirtió que la tesis jurisprudencial vigente al tiempo en que se expidió el acto administrativo acusado, por el cual la entidad declaró el incumplimiento contractual y ordenó la efectividad de la cláusula penal -29 de diciembre de 2004-, estimaba que sí era posible que las entidades públicas impusieran directamente las sanciones contractuales y declararan incumplimientos para hacerlas efectivas. Se señaló que el fundamento para sostener esa postura estribaba en que, de acuerdo con las normas civiles y comerciales aplicables al contrato estatal por expresa remisión del artículo 13 de la Ley 80 de 1993, era lícito pactar las cláusulas penales, así como su cobro directo por una de las partes y porque estas podían ser impuestas unilateralmente por las entidades públicas contratantes, sin necesidad de acudir al juez en ejercicio de la potestad de autotutela declarativa de la que es titular la administración. Es en relación con el aspecto que se pone de presente que aclaro mi voto, toda vez que considero que la Ley 80 de 1993, antes de que fuera modificada por la Ley 1150 de 2007, no consagró ninguna competencia para que las entidades estatales contratantes ejercieran unilateralmente las facultades para imponer multas y/o declarar el incumplimiento del contrato estatal, por lo que la jurisprudencia de entonces pasaba por alto la necesidad de que existiera habilitación legal expresa para dotar de validez ese tipo de decisiones por parte de la administración. Me parece importante aclarar mi posición en el sentido de que acompañé la decisión de nulidad de las resoluciones que declararon el incumplimiento del contratista en tanto la Superintendencia de Servicios Públicos aplicó la tesis vigente para ese momento en que la Corporación que sí admitía esa posibilidad. FUENTE FORMAL: LEY 1150 DE 2007, LEY 80 DE 1993
Texto extraído del PDF oficial 4.972 caracteres
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Bogotá D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintidós (2022) Radicación: 250002326000-2007-00103-01 (54911) Demandante: CÓNDOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES Demandado: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMIC. Referencia: ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES ACLARACIÓN DE VOTO Con el respeto que profeso por las decisiones de la Sala, me permito manifestar las razones por las que aclaro el voto en relación con la sentencia dictada el 23 de septiembre del año en curso, mediante la cual se revocó el fallo proferido en primera instancia el 23 de abril de 20 15, en cuanto declaró la nulidad de las resoluciones expedidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para ordenar que se amparara el siniestro de incumplimiento del contrato materia de controversia, haciendo efectiva la garantía para cubrir la cláusula penal. Ciertamente, acompaño la conclusión según la cual, “el derecho vigente” en el momento de expedición de las resoluciones enjuiciadas le permitía a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios declarar el siniestro de incumplimiento y hacer efectiva, con cargo a la garantía del contrato, la cláusula penal en él pactada. Sin embargo, ese razonamiento se estructura sobre una base que no estimo del todo plausible, y es que ese “derecho vigente” estaba contenido -se sugiere que de manera exclusiva- en la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que para esa época admitía la posibilidad de que las entidades estatales impusieran mediante acto administrativo las sanciones económicas pactadas en los contratos, previa declaración, también unilateral, del respectivo incumplimiento. A ese respecto anotó la Sala que “los actos administrativos acusados fueron expedidos según el criterio jurisprudencial vigente -y reiterado - que afirmaba la competencia de la administración para declarar el incumplimiento y aplicar las sanciones por sí misma, postura que fue recogida pos teriormente en sentencia del 20 de octubre del 2005” ; y concluyó que, con fundamento en esa jurisprudencia, “vigente al momento de proferirse los actos acusados” , la Superintendencia era competente para hacer tales declaratorias, aplicar la cláusula penal y hacer efectiva la garantía del contrato. Así, aunque se expone como fundamento de la competencia de la entidad la jurisprudencia del Consejo de Estado, que hasta antes de junio de 2005 indicó que sí era procedente que las entidades públicas impusieran d irecta y unilateralmente las sanciones contractuales con cargo a las garantías correspondientes, considero que la principal y verdadera fuente jurídica que habilitaba a la autoridad demandada tenía rango legal, por cuanto estaba contenida en el artículo 68 del Código Contencioso Administrativo, que fue la norma que justamente sirvió de base a esta Corporación para construir el anotado criterio jurisprudencial, y que expresamente otorgaba competencia a las entidades estatales para declarar en acto administrativo la obligación amparada con la garantía de cumplimiento. El indicado artículo señalaba, en el numeral 5: Prestarán mérito ejecutivo por jurisdicción coactiva, siempre que en ellos conste una obligación clara, expresa y actualmente exigible, los siguientes documentos (…): 5) Las demás garantías que a favor de las entidades públicas se presten por cualquier concepto, las cuales se integrarán con el acto administrativo ejecutoriado que declare la obligación. Tal disposición dejó en claro que las garantías constituidas a favor de las entidades públicas “por cualquier concepto”, es decir, no sólo por el ejercicio de las potestades exorbitantes de declaratoria de caducidad del contrato o terminación unilateral de l mismo, podían ser declaradas por tales autoridades estatales mediante acto administrativo, que integrado a la póliza respectiva prestaba mérito ejecutivo, y así lo reconoció también la jurisprudencia de 2005 1. En esa medida, es clara la fuente legal que radicó en cabeza de las entidades estatales la competencia para hacer 1 Ver al respecto, la sentencia dictada por el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, el 14 de mayo de 2005 en el exp. Nª 13599. C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. las aludidas declaraciones y disposiciones en forma unilateral con cargo a la garantía de cumplimiento del respectivo negocio, por lo que era ese el principal fundamento jurídico que le permitía a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios expedir las resoluciones sometidas a juicio. En esos términos dejo expuesta mi aclaración de voto. Respetuosamente, Firmado electrónicamente MARÍA ADRIANA MARÍN Consejera de Estado

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000200700103011100103