Síntesis de la providencia
Aclaración de voto: en la sentencia objeto de aclaración se abordó el examen de varios aspectos de reclamación
Lo que dijo la Sala
En la sentencia objeto de aclaración se abordó el examen de varios aspectos de reclamación, entre ellos el relacionado con la competencia de la entidad contratante para declarar el incumplimiento contractual e imponer la cláusula penal en contra del particular, mediante acto administrativo.
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Problema jurídico
¿La Ley 80 de 1993, antes de que fuera modificada por la Ley 1150 de 2007, no consagró ninguna competencia para que las entidades estatales contratantes ejercieran unilateralmente las facultades para imponer multas y/o declarar el incumplimiento del contrato estatal?
Respuesta: Si
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Titulación de la relatoría 3.786 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACLARACIÓN DE VOTO / COMPETENCIA PARA IMPONER MULTAS UNILATERALMENTE / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL / COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL PARA ADOPTAR DECISIONES CONTRACTUALES / FALTA DE COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL
Problema jurídico:
¿La Ley 80 de 1993, antes de que fuera modificada por la Ley 1150 de 2007, no consagró ninguna competencia para que las entidades estatales contratantes ejercieran unilateralmente las facultades para imponer multas y/o declarar el incumplimiento del contrato estatal?
Respuesta al problema jurídico: Si
En la sentencia objeto de aclaración se abordó el examen de varios aspectos de reclamación, entre ellos el relacionado con la competencia de la entidad contratante para declarar el incumplimiento contractual e imponer la cláusula penal en contra del particular, mediante acto administrativo. Al analizar esa cuestión, luego de hacer un recuento cronológico de la jurisprudencia del Consejo Estado en punto a la competencia de las entidades estatales para ejercer las mencionadas prerrogativas, en la sentencia se afirmó que: “Visto que la competencia de la administración para declarar el incumplimiento del contrato y hacer efectiva las cláusulas penales y de multas -bajo la vigencia de la Ley 80 de 1993 y con anterioridad de la expedición de la Ley 1150 de 2007- no ha sido un asunto pacifico, y que en consecuencia, la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el particular tuvo variaciones sustanciales desde la derogatoria del Decreto 222 de 1983, la Sala reitera que el análisis de legalidad del acto debe realizarse en confrontación no solo con las normas vigentes al momento de su expedición, sino además, de cara al precedente judicial que sobre la interpretación del alcance de tales normas hubiere sido el imperante para ese mismo momento”. En ese sentido, advirtió que la tesis jurisprudencial vigente al tiempo en que se expidió el acto administrativo acusado, por el cual la entidad declaró el incumplimiento contractual y ordenó la efectividad de la cláusula penal -29 de diciembre de 2004-, estimaba que sí era posible que las entidades públicas impusieran directamente las sanciones contractuales y declararan incumplimientos para hacerlas efectivas. Se señaló que el fundamento para sostener esa postura estribaba en que, de acuerdo con las normas civiles y comerciales aplicables al contrato estatal por expresa remisión del artículo 13 de la Ley 80 de 1993, era lícito pactar las cláusulas penales, así como su cobro directo por una de las partes y porque estas podían ser impuestas unilateralmente por las entidades públicas contratantes, sin necesidad de acudir al juez en ejercicio de la potestad de autotutela declarativa de la que es titular la administración. Es en relación con el aspecto que se pone de presente que aclaro mi voto, toda vez que considero que la Ley 80 de 1993, antes de que fuera modificada por la Ley 1150 de 2007, no consagró ninguna competencia para que las entidades estatales contratantes ejercieran unilateralmente las facultades para imponer multas y/o declarar el incumplimiento del contrato estatal, por lo que la jurisprudencia de entonces pasaba por alto la necesidad de que existiera habilitación legal expresa para dotar de validez ese tipo de decisiones por parte de la administración. Me parece importante aclarar mi posición en el sentido de que acompañé la decisión de nulidad de las resoluciones que declararon el incumplimiento del contratista en tanto la Superintendencia de Servicios Públicos aplicó la tesis vigente para ese momento en que la Corporación que sí admitía esa posibilidad.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007, LEY 80 DE 1993
Texto extraído del PDF oficial 4.972 caracteres
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 250002326000-2007-00103-01 (54911)
Demandante: CÓNDOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMIC.
Referencia: ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
ACLARACIÓN DE VOTO
Con el respeto que profeso por las decisiones de la Sala, me permito manifestar las
razones por las que aclaro el voto en relación con la sentencia dictada el 23 de
septiembre del año en curso, mediante la cual se revocó el fallo proferido en primera
instancia el 23 de abril de 20 15, en cuanto declaró la nulidad de las resoluciones
expedidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para ordenar
que se amparara el siniestro de incumplimiento del contrato materia de controversia,
haciendo efectiva la garantía para cubrir la cláusula penal.
Ciertamente, acompaño la conclusión según la cual, “el derecho vigente” en el
momento de expedición de las resoluciones enjuiciadas le permitía a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios declarar el siniestro de
incumplimiento y hacer efectiva, con cargo a la garantía del contrato, la cláusula
penal en él pactada.
Sin embargo, ese razonamiento se estructura sobre una base que no estimo del
todo plausible, y es que ese “derecho vigente” estaba contenido -se sugiere que de
manera exclusiva- en la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, que para esa época admitía la posibilidad de que las entidades estatales
impusieran mediante acto administrativo las sanciones económicas pactadas en los
contratos, previa declaración, también unilateral, del respectivo incumplimiento.
A ese respecto anotó la Sala que “los actos administrativos acusados fueron
expedidos según el criterio jurisprudencial vigente -y reiterado - que afirmaba la
competencia de la administración para declarar el incumplimiento y aplicar las
sanciones por sí misma, postura que fue recogida pos teriormente en sentencia del
20 de octubre del 2005” ; y concluyó que, con fundamento en esa jurisprudencia,
“vigente al momento de proferirse los actos acusados” , la Superintendencia era
competente para hacer tales declaratorias, aplicar la cláusula penal y hacer efectiva
la garantía del contrato.
Así, aunque se expone como fundamento de la competencia de la entidad la
jurisprudencia del Consejo de Estado, que hasta antes de junio de 2005 indicó que
sí era procedente que las entidades públicas impusieran d irecta y unilateralmente
las sanciones contractuales con cargo a las garantías correspondientes, considero
que la principal y verdadera fuente jurídica que habilitaba a la autoridad demandada
tenía rango legal, por cuanto estaba contenida en el artículo 68 del Código
Contencioso Administrativo, que fue la norma que justamente sirvió de base a esta
Corporación para construir el anotado criterio jurisprudencial, y que expresamente
otorgaba competencia a las entidades estatales para declarar en acto administrativo
la obligación amparada con la garantía de cumplimiento.
El indicado artículo señalaba, en el numeral 5:
Prestarán mérito ejecutivo por jurisdicción coactiva, siempre que en ellos conste
una obligación clara, expresa y actualmente exigible, los siguientes documentos
(…):
5) Las demás garantías que a favor de las entidades públicas se presten por
cualquier concepto, las cuales se integrarán con el acto administrativo
ejecutoriado que declare la obligación.
Tal disposición dejó en claro que las garantías constituidas a favor de las entidades
públicas “por cualquier concepto”, es decir, no sólo por el ejercicio de las potestades
exorbitantes de declaratoria de caducidad del contrato o terminación unilateral de l
mismo, podían ser declaradas por tales autoridades estatales mediante acto
administrativo, que integrado a la póliza respectiva prestaba mérito ejecutivo, y así
lo reconoció también la jurisprudencia de 2005 1. En esa medida, es clara la fuente
legal que radicó en cabeza de las entidades estatales la competencia para hacer
1 Ver al respecto, la sentencia dictada por el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso
Administrativo – Sección Tercera, el 14 de mayo de 2005 en el exp. Nª 13599. C.P. Alier Eduardo
Hernández Enríquez.
las aludidas declaraciones y disposiciones en forma unilateral con cargo a la
garantía de cumplimiento del respectivo negocio, por lo que era ese el principal
fundamento jurídico que le permitía a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios expedir las resoluciones sometidas a juicio.
En esos términos dejo expuesta mi aclaración de voto.
Respetuosamente,
Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN
Consejera de Estado