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Tribunal Administrativo de Casanare Providencia

Tribunal Administrativo: no se configura la caducidad del medio de control de controversias contractuales

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Fecha
2026-05-21
Radicado
85001233300020210017900
Ponente
LEONARDO GALEANO GUEVARA
Sección / Sala
Sala Unica
Corporación
Tribunal Administrativo de Casanare
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE IFC
Demandado
DANIEL FERNANDO REYES REYES, MATEPOTRANCAS LTDA

Síntesis de la providencia

Tribunal Administrativo: no se configura la caducidad del medio de control de controversias contractuales

Regla de decisión

No se configura la caducidad del medio de control de controversias contractuales.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El contratista no incurre en caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando presenta la demanda dentro del plazo ampliado por la liquidación del contrato y la suspensión de términos judiciales por la pandemia de COVID-19, lo que garantiza la oportunidad del proceso. La entidad estatal incumple el contrato de cuentas en participación al impedir el acceso al predio, cosechar y vender el fruto sin ceder el pago al gestor, y dificultar la determinación de las utilidades del cultivo, lo que justifica la liquidación judicial y el reconocimiento de derechos económicos al gestor. La Sala reitera la importancia de cumplir con las obligaciones contractuales y matiza la responsabilidad del socio no gestor en contratos de cuentas en participación, estableciendo que el incumplimiento puede dar lugar a la liquidación judicial y la condena en abstracto para determinar las utilidades del contrato.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Se configura la caducidad del medio de control de controversias contractuales?

Respuesta: No

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Lo que dijo la Sala

… el contrato de cuentas en participación número 0178 de 2006 es de aquellos que requieren liquidación, por disposición de su cláusula vigésima tercera … En consecuencia, es aplicable el artículo 164-2-j)-v) del CPACA… De acuerdo con la norma en cita, son seis (6) meses los que deben adicionarse a los dos (2) años generales de la caducidad; un plazo inicial para la liquidación bilateral, si hay pacto a efecto, o general de cuatro (4) meses; luego de este, un lapso de dos (2) meses que se cuentan a partir del vencimiento del anterior. Esto lleva a concluir que, en total, el término de caducidad es de treinta (30) meses. sí, el plazo del contrato, definido en la cláusula tercera, es de doce (12) años, a partir de la suscripción del documento, por lo que consta en el citado documento como fecha de firma el 22 de septiembre de 2006, teniendo como fecha final el 22 de septiembre de 2018.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

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Titulación de la relatoría 10.166 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del tribunal.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿Se configura la caducidad del medio de control de controversias contractuales? Respuesta al problema jurídico: No “(...) el contrato de cuentas en participación número 0178 de 2006 es de aquellos que requieren liquidación, por disposición de su cláusula vigésima tercera … En consecuencia, es aplicable el artículo 164-2-j)-v) del CPACA (…) De acuerdo con la norma en cita, son seis (6) meses los que deben adicionarse a los dos (2) años generales de la caducidad; un plazo inicial para la liquidación bilateral, si hay pacto a efecto, o general de cuatro (4) meses; luego de este, un lapso de dos (2) meses que se cuentan a partir del vencimiento del anterior. Esto lleva a concluir que, en total, el término de caducidad es de treinta (30) meses. sí, el plazo del contrato, definido en la cláusula tercera, es de doce (12) años, a partir de la suscripción del documento, por lo que consta en el citado documento como fecha de firma el 22 de septiembre de 2006, teniendo como fecha final el 22 de septiembre de 2018. Sumando los treinta (30) meses mencionados, el plazo para demandar se extendería hasta el 22 de marzo de 2021. Debe tenerse en cuenta que entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020 se suspendieron los términos judiciales en razón de la expansión de la pandemia causada por el virus Covid-19, deben sumarse ciento siete (107) días, razón por la que la demanda debía presentarse a más tardar el 7 de julio de 2021. Así, al haberse presentado la demanda el primero (1) de julio de 2021, se tiene que el IFC acudió en tiempo a la jurisdicción.” CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN / SOCIO GESTOR / RESPONSABILIDAD DEL SOCIO GESTOR / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CULTIVO DE PALMA DE ACEITE / CONDENA EN ABSTRACTO / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN ABSTRACTO Problema jurídico: ¿Incumplió el partícipe no gestor el contrato de cuentas en participación y en consecuencia, procede la liquidación judicial y el reconocimiento de derechos económicos al gestor? Respuesta al problema jurídico: Si “(...) las partes reconocen la existencia del contrato y de sus obligaciones y Matepotrancas, a través de su representante legal, reconoce que el cultivo aún es productivo (a razón de 18 toneladas por hectárea), aunque sin poder determinar las estimaciones de las acreencias. Esto cobra importancia, porque, desde ahora, se sabe que sí hay producción asociada al cultivo en participación. Esto lleva a la Sala a concluir que, en efecto, Matepotrancas Ltda. ha incumplido el contrato de cuentas en participación número 0178 de 2006, en tanto: - Cuenta con cultivos aledaños a aquél en participación, por lo que se ha dificultado establecer qué fruto corresponde al IFC. - Impidió el acceso de los funcionarios de la demandante al predio, en contravención del clausulado contractual. - Obtuvo el lucro correspondiente al IFC como gestor, al cosechar y vender el fruto, sin ceder el pago a favor de la demandante y sin permitir su administración por parte de esta. Como se ha insistido, el contrato de cuentas en participación no implica el deber de retorno de los recursos invertidos por parte del socio no gestor, sino la posibilidad de cumplir con su objeto y, en últimas, compartir, en proporción a los aportes, utilidades y/o pérdidas. Esto implica que no puede la parte demandada excusarse en el hecho de que la inversión del IFC se hizo “a riesgo”, porque, aunque muchas eventualidades pueden darse y es posible la pérdida al final del ejercicio, lo que se demostró es que, aunque con algunas falencias, el gestor sí llevó a producción el cultivo, pero la demandada le impidió obtener el beneficio para el departamento de Casanare al proveer recursos del erario. La demandada no podía asumir que el contrato se había terminado por el presunto incumplimiento del IFC y proceder, de manera unilateral, a cosechar, vender y lucrarse con el fruto de las 140 hectáreas en participación, así hubiera efectuado inversiones, que no se demostraron, pues ello debía repetirse contra el gestor en el mismo ejercicio contractual. Además, debe recordarse que Matepotrancas y el demandado Daniel Fernando Reyes, a través de su apoderada judicial, presentaron demanda de reconvención, denegada por caducidad por decisión de la Sala el 9 de noviembre de 2023 y confirmada por la Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado, el 6 de mayo de 2024. Tampoco cuenta con sustento la tesis de la demandada según la cual el laudo arbitral del proceso 2013-002, pese a haber sido anulado, mantenía vigor en cuanto a sus pruebas y consideraciones, pues le fue favorable y la anulación solo procedió por un aspecto eminentemente formal. En curso del proceso, el magistrado ponente denegó la incorporación, como pruebas trasladadas, de los expedientes 2013-002 y 2020-003, que cursaron ante la Cámara de Comercio de Casanare, en tanto la anulación del laudo invalidaba sus pruebas y, en el caso del segundo proceso arbitral, promovido por el IFC, no se concluyó por falta de pago de honorarios, lo que también hacía inane su práctica. (…) están demostrados los incumplimientos de la sociedad Matepotrancas Ltda., siendo que las excepciones presentadas no están llamadas a prosperar, esto es, el incumplimiento del IFC y el correlativo cumplimiento de la demandada, de modo tal que se encuentra convocada a responder por los perjuicios económicos causados durante el plazo del contrato de cuentas en participación número 0178 de 2006. (…) ni las estimaciones del IFC ya descartadas, ni el resultado contable en la contradicción permiten a la Sala determinar la producción del cultivo entre los años 2011 y 2018, período que comprende la fase de producción y venta del fruto de palma, para establecer el ingreso y proceder a liquidar conforme lo establecido la cláusula vigésima tercera del contrato 0178 de 2006, para establecer el reconocimiento de utilidad a favor del IFC. En consecuencia, esta orfandad probatoria impide establecer, en concreto, la utilidad neta del cultivo, por lo que ha de acudirse a la previsión del artículo 193 del CPACA, porque, probado el incumplimiento y justificada la condena, no hay elementos de juicio suficientes para establecer: i) si hubo utilidad o pérdida en el ejercicio; y ii) en caso de utilidad, a qué monto ascendería. Entonces, la Sala condenará en abstracto para que, a través de incidente, se proceda a establecer este valor, según los parámetros que se definirán en su momento.” NOTA DE RELATORÍA: Sobre la naturaleza del contrato de cuentas en participación y su régimen de responsabilidad, cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia SC18156-2016 del 15 de diciembre de 2016, radicación: 05001-31-03-016-2002-00007-01, magistrado ponente: Álvaro Fernando García Restrepo; y, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de noviembre de 2021, radicación: 24444, consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodríguez. -- Sobre reglas de interpretación contractual, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de febrero de 2009, radicación: 25000-23-26-000-1996-02036-01(16100), consejero ponente: Ramiro Saavedra Becerra, y, sentencia del 21 de junio de 2018, radicación: 13001-23-31-000-2003-01681-01(40353), consejera ponente: María Adriana Marín. CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN / PARTÍCIPE INACTIVO DEL CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Es procede el reconocimiento de la cláusula penal? Respuesta al problema jurídico: Si “(...) Debe recalcarse que el efecto de la cláusula abarca la totalidad del contrato, es decir, la inversión realizada cuando se supera la etapa de establecimiento pues, se recuerda, en dicha etapa incluso se presentó incumplimiento por parte de Matepotrancas Ltda. en cuanto a la construcción de canales. En cuanto a la aplicabilidad, es de precisar que las partes convinieron que esta cláusula se aplicaría “sin perjuicio de la indemnización de perjuicios a que hubiere lugar”, lo que implica su aceptación, máxime cuando lo que ampara la cláusula es el incumplimiento y lo reclamado en esta sede no es perjuicio, sino derecho de retorno consolidado, por haberse llevado el cultivo a producción. Es procedente el reconocimiento de la cláusula penal, en tanto se demostró el incumplimiento de Matepotrancas Ltda., como se expuso ampliamente en las precedentes consideraciones. En cuanto a su tasación, es pertinente aclarar que la condena se limita al alcance de la pretensión, por lo que, de acuerdo con ello, se calculará de acuerdo con el monto de la inversión, sin acudir a la parte final de la cláusula, que establecía un eventual mayor valor del cultivo. (…) Dado que el contrato contempla como garantía prendaria el predio objeto del contrato y que fuera objeto de prenda sin tenencia, como se expuso en los antecedentes contractuales, se ordenará la inscripción de la sentencia en el Folio de Matrícula Inmobiliaria 470-9990, sobre ciento cuarenta (140) hectáreas del terreno denominado LAS MARGARITAS, en el municipio de Aguazul (Casanare). Esta suma deberá ser pagada por la sociedad demandada en el plazo de tres (3) meses, siguientes a la ejecutoria de esta sentencia. En caso de retardo, se causarán intereses moratorios equivalentes al doble del interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera, de acuerdo con el artículo 884 del Código de Comercio. Este valor constituye condena en concreto, por no estar sujeta a determinación de la utilidad ni deuda del balance final del contrato.

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=850012333000202100179008500123