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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la caducidad de la acción debe ser declarada por el juez cuando la encuentre probada

PDF oficial ↗ Ver y descargar en SAMAI ↗
Fecha
2022-11-21
Radicado
44001233300020140005401
Número interno
57669
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD
Demandado
MUNICIPIO DE URIBIA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la caducidad de la acción debe ser declarada por el juez cuando la encuentre probada

Regla de decisión

La caducidad de la acción debe ser declarada por el juez cuando la encuentre probada.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El juez debe declarar la caducidad de la acción cuando la encuentre probada, ya que esta es un presupuesto procesal de orden público e indisponible. La caducidad puede ser declarada de oficio por el juez tanto en primera como en segunda instancia, incluso si no es alegada por la contraparte. En el caso de controversias contractuales, el cómputo del término de caducidad se realiza a partir del día siguiente al vencimiento del plazo para la liquidación bilateral del convenio, conforme a la Ley 80 de 1993 y la 1150 de 2007. Si la demanda es presentada extemporáneamente, la Sala declara la caducidad de la acción, revocando la sentencia de primera instancia que hubiere accedido a las pretensiones de la demanda. Además, la Sala condena en costas a la parte vencida en el proceso, en este caso la demandante, y ordena la liquidación de las costas en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con el artículo 366 del Código General del Proceso.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La caducidad de la acción debe ser declarada por el juez cuando la encuentre probada?

Respuesta: Si

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

SIN DECISION

Lo que dijo la Sala

Además de ser un presupuesto procesal de la acción, la caducidad es una institución de orden público y, por tanto, indisponible e irrenunciable que, de haberse configurado, debe ser declarada por el juez, incluso de oficio.… la caducidad de la acción, la cual puede —y debe— ser declarada de oficio por el juez cuando la encuentre probada, tanto en primera como en segunda instancia.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

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La figura de la caducidad es de orden público y en tal virtud es de carácter irrenunciable y puede ser declarada de oficio por el juez competente cuando la encuentre probada.
Titulación de la relatoría 8.382 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / INADMISIÓN DE LA RENUNCIA DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ Problema jurídico: ¿La caducidad de la acción debe ser declarada por el juez cuando la encuentre probada? Respuesta al problema jurídico: Si [A]demás de ser un presupuesto procesal de la acción, la caducidad es una institución de orden público y, por tanto, indisponible e irrenunciable que, de haberse configurado, debe ser declarada por el juez, incluso de oficio. (...) la caducidad de la acción, la cual puede —y debe— ser declarada de oficio por el juez cuando la encuentre probada, tanto en primera como en segunda instancia. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN Problema jurídico: ¿Las partes celebraron un convenio interadministrativo? Respuesta al problema jurídico: Si Para la Sala, no cabe duda que el negocio jurídico que celebraron las partes el 5 de julio de 2009 y en el que se sustentan las pretensiones de la demanda de la UNAD corresponde a un verdadero convenio interadministrativo, sujeto a sus propias estipulaciones y, en lo no consignado en él, a la Ley 80 de 1993, así como a las normas civiles y comerciales en lo que sea compatible con la naturaleza y esencia del mismo, pues, ni siquiera, bajo el mandato de activar un régimen legal de orden supletivo, se podrá desnaturalizar el negocio jurídico y sus finalidades colaborativas. (...) las partes estipularon que la liquidación del convenio se realizaría en los términos de la Ley 80 de 1993, para lo cual la UNAD debía presentar un informe detallado y soportado de los pagos realizados con cargo al convenio y de los aportes que ella debía realizar. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales se debe realizar a partir del día siguiente a aquél en el que feneció el plazo para que las partes adelantaran la liquidación bilateral del convenio? Respuesta al problema jurídico: Si [P]ara determinar el momento a partir del cual debió empezar a contarse el plazo de caducidad, la Sala debe acudir a lo dispuesto en el inciso 1 del numeral 10 del artículo 136 del CCA –subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998–, por lo cual se debe realizar el conteo a partir del día siguiente a aquél en el que feneció el plazo para que las partes adelantaran la liquidación bilateral del convenio, en la medida que ninguna de ellas estaba habilitada legalmente para imponer a la otra el balance final del contrato y tampoco se pactó convencionalmente esa facultad en cabeza de alguna de las contratantes. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 INCISO 1 NUMERAL 10, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44 PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ Problema jurídico: ¿Se configuró el fenómeno jurídico de caducidad de la acción de controversias contractuales por presentación extemporánea de la demanda? Respuesta al problema jurídico: Si dado que en el convenio las partes no estipularon específicamente un término para realizar la liquidación bilateral, pero sí se remitieron a la Ley 80 de 1993 y a la 1150 de 2007 para regular este procedimiento, se debe concluir que el plazo para ello era de 4 meses, los cuales, según lo previamente analizado, empezaron a correr a partir del 17 de mayo de 2011, finalizando el 17 de septiembre de esa misma anualidad. En consecuencia, de conformidad con lo expresado previamente, el término de caducidad comenzó a correr a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo pactado por las partes para concertar la liquidación, es decir, a partir del 18 de septiembre de 2011, por lo cual feneció el 18 de septiembre de 2013; como la demanda se presentó el 14 de noviembre de ese año, fuerza concluir que fue extemporánea. (...) al encontrar acreditada la caducidad de la acción, la Sala se ve compelida a declararla, aun cuando no hubiere sido alegada por la contraparte, pues, se reitera, se trata de un presupuesto procesal y de una norma de orden público que no puede ser desatendida. Esta determinación impone, a su vez, revocar la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda. FUENTE FORMAL: LEY 1150 DE 2007, LEY 80 DE 1993 CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas de ambas instancias a la demandante en la medida en que es la parte vencida en el proceso? Respuesta al problema jurídico: Si Habida consideración de que en este proceso se aplica el artículo 188 del CPACA, de conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso, numerales 1 y 4, la Sala condenará en costas de ambas instancias a la demandante en la medida en que es la parte vencida en el proceso y dado que se revocará íntegramente la sentencia de primera instancia. La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que dispone el artículo 366 del Código General del Proceso. 38. En relación con las agencias en derecho, se pone de presente que se regirán por el Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda. De conformidad con su artículo tercero, en la fijación de las tarifas en los asuntos contencioso administrativos, debe tenerse en cuenta la naturaleza, la calidad y la duración útil de la gestión realizada por el apoderado, así como la cuantía de la pretensión y demás circunstancias relevantes. Para la primera instancia, se debe tener en cuenta que en los asuntos contencioso administrativos con cuantía, las agencias deben fijarse hasta el 20% del valor de las pretensiones negadas o reconocidas en la sentencia, conforme dispone el artículo 6 ibídem. Así las cosas, como la labor procesal del mandatario judicial de la parte demandada fue continuada y consistente en el transcurso de la primera instancia, las agencias en derecho de dicha instancia se fijarán teniendo en cuenta la relación porcentual de 2% del valor de las pretensiones económicas planteadas en la demanda —$380’000.000— y que serán negadas; por ende, se fijarán en la suma de $7’600.000. En lo que concierne a las agencias en derecho en segunda instancia, deben fijarse hasta el 5% del valor de las pretensiones reconocidas o negadas de la sentencia, según lo dispuso el artículo 6 del aludido Acuerdo. Se advierte que, de conformidad con lo previsto en el artículo 3 ibídem, la gestión procesal del apoderado de la parte demandada en esta instancia fue continuada, coherente y consistente. En tal virtud, se fijarán las agencias de esta instancia teniendo en cuenta la relación porcentual de 1% del valor de las pretensiones económicas planteadas en la demanda y que serán negadas; por ende, se fijarán en la suma de $3’800.000. FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 4, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366
Texto extraído del PDF oficial 52.401 caracteres
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Bogotá, D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintidós (2022) Expediente: 440012333000201400054 01 (57.669) Demandante: Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD Demandado: Municipio de Uribia Acción: Controversias contractuales Asunto: Sentencia de segunda instancia Temas: RÉGIMEN JURÍDICO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO – es el que las partes acuerden. Puede aplicarse el EGCAP en lo que no se oponga a su naturaleza / SUSPENSIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO – se trata de una medida temporal que no pueden prolongarse indefinidamente en el tiempo / CONDICIÓN SUSPENSIVA – se entiende fallida cuando es claro que no sucederá el acontecimiento contemplado en ella / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN – de encontrarse probada debe declararse de oficio. Surtido el trámite de ley sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandada en contra de la sentencia mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda. La controversia gira alrededor del incumplimi ento que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia le endilga al municipio de Uribia en relación con su obligación de efectuar el aporte para la ejecución del Convenio No. 2 del 5 de julio de 2009. I. LA SENTENCIA IMPUGNADA 1. Corresponde a la decisión ya referida, adoptada el 2 de febrero de 2016, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de La Guajira resolvió: “PRIMERO.- Declarar que el Municipio de Uribia incumplió el convenio 002 - 2009 celebrado entre la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD de conformidad con las consideraciones de la parte motiva. SEGUNDO.- En consecuencia, se declara la responsabilidad patrimonial y administrativa del municipio de Uribia y se condena a pagar la suma actualizada de Trescientos Ochenta Millones de pe sos ($380.000.000.oo) valor resultante de la liquidación del convenio No. 002 de 2009, conforme con la fórmula establecida en la parte motiva. TERCERO.- Condénese en costas y agencias en derecho a la entidad demandada en cuantía equivalente al 2% de la condena. Por Secretaría tásense las costas. CUARTO.- Requiérase al Alcalde Municipal de Uribia, con la finalidad que [sic] si no lo hubiese hecho, proceda a interponer la respectiva acción de repetición contra los funcionarios responsables del pago realizad o en las condiciones Expediente 440012333000201400054 01 (57.669) Demandante: UNAD Demandado: Municipio de Uribia Acción: Controversias contractuales 2 antes anotadas, y en tal sentido se determine su responsabilidad a título de dolo o culpa grave en el ejercicio de sus funciones y en consecuencia respondan con su propio patrimonio por los perjuicios ocasionados al Estado representado en el Municipio de Uribia. QUINTO.- Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente, previas las anotaciones pertinentes y la devolución de los remanentes de gastos ordinarios si los hubiere.”1 2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 14 de noviembre de 20132 por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (en adelante, UNAD, la Universidad o la demandante) , cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos jurídicos se enuncian a continuación. Pretensiones 3. La demandante formuló las siguientes pretensiones: “1- Se ordene la Liquidación Judicial del Convenio Interadministrativo 002 del 05 de Julio de 2009, suscrito entre el MUNICIPIO DE URIBIA GUAJIRA y la UNAD, cuyo objeto fue: ‘Las partes se comprometen a aunar recursos para el DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS DEL MUNICIPIO DE URIBIA CON ÉNFASIS EN EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO’. 2- En consecuencia se declare la responsabilidad patrimonial y administrativa del MUNICIPIO DE URIBIA, derivada del i ncumplimiento de sus obligaciones, en relación con el Convenio 02 del 05 de julio de 2009 suscrito entre el MUNICIPIO DE URIBIA y la UNAD. 3- Como consecuencia de lo anterior, se proceda a pagar los valores resultantes de la liquidación del convenio mencionado a favor de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, por el porcentaje ejecutado y a cargo del MUNICIPIO DE URIBIA GUAJIRA así: APORTE EN EFECTIVO DEL MUNICIPIO $800’000.000 TOTAL EJECUTADO POR UNAD (70%) $560’000.000 TOTAL SIN EJECUTAR (30%) $240’000.000 SUMAS IGUALES $800’000.000 $800’000.000 BALANCE FINAL APORTE TOTAL MUNICIPIO $800’000.000 VALOR PAGADO A LA UNAD $180’000.000 SALDO A FAVOR DE UNAD $380’000.000 SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO $240’000.000 1 Folio 194, cuaderno del Consejo de Estado. 2 De conformidad con el acta de recibo suscrita por la Oficina de Apoyo Judicial de Riohacha, la demanda fue presentada el 14 de noviembre de 2013 (folio 45, cuaderno 1). Expediente 440012333000201400054 01 (57.669) Demandante: UNAD Demandado: Municipio de Uribia Acción: Controversias contractuales 3 SUMAS IGUALES $800’000.000 $800’000.000 Por consiguiente, se debe reconocer y pagar a favor de la UNAD, la suma de TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS ML/C ($380’000.000.) suma que equivale al cumplimiento del 70%, realizado por la UNAD según consta en el informe suscrito por el supervisor del convenio. 4- Por concepto de intereses moratorios sobre la suma de $380’000.000 a la tasa máxima permitida por la ley según certificación de la Superfinanciera, desde el momento en que la obligación se hizo exigible y hasta su pago total. 5- Por concepto de perjuicios morales, el equivalente a 50 salarios mínimos mensuales vigentes al momento de su pago.”3 Hechos de la demanda 4. En apoyo de sus pretensiones, la Universidad enunció, en síntesis, los siguientes hechos: 4.1. El 5 de julio de 2009, la UNAD y el municipio de Uribia (en adelante, el Municipio o el demandado), celebraron el convenio No. 2 (en adelante el convenio) cuyo objeto consistió en aunar recursos para desarrollar el programa de alfabetización de jó venes y adultos con énfasis en emprendimiento y “empresarismo” en dicho municipio, por un valor de $880’000.000, de los cuales $800’000.000 serían desembolsados por el Municipio a título de aporte, mientras que la UNAD efectuaría un aporte equivalente a $8 0’000.000, representado en material didáctico, personal de talento humano y proyección de investigación social. 4.2. En la cláusula quinta se estableció que el Municipio desembolsaría sus recursos de la siguiente manera: (i) 50% al momento de legalizar el conv enio, (ii) 30% contra la suscripción del informe de actividades y, (iii) 20% contra la suscripción del acta de recibo final por parte del supervisor. El convenio se legalizó el 5 de julio de 2009 y el 11 de agosto de 2009 el Municipio consignó $180’000.000 en la cuenta corriente de la UNAD. 4.3. Según informe de gestión del año 2010 rendido por el supervisor del convenio designado por la UNAD y dirigido a la Secretaría de Educación del Municipio, la Universidad ejecutó el 70% del objeto pactado, motivo por el cual el demandado debió desembolsar la suma total de $560’000.000, pero sólo consignó los $180’000.000 ya mencionados, por lo que quedó un saldo a favor de la demandante de $380’000.000. 4.4. El 5 de abril de 2010, las partes suscribieron el acta No. 1 a través de la cual suspendieron la ejecución del convenio, sin que a la fecha de presentación de la demanda se hubiere reanudado. En la demanda se afirmó que el negocio jurídico no se había liquidado porque la UNAD no podía hacerlo unilateralmente, en tanto se trataba de un convenio interadministrativo. 3 Folio 1147, cuaderno 5. Expediente 440012333000201400054 01 (57.669) Demandante: UNAD Demandado: Municipio de Uribia Acción: Controversias contractuales 4 Los fundamentos de derecho de la demanda 5. En el acápite de fundamentos de derecho, la UNAD invocó los artículos 141, 159, 162 a 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA). Los argumentos de defensa del demandado 6. El 27 de octubre de 2014 4, el Municipio contestó la demanda y se opuso a todas las pretensiones. Formuló la excepción de pago, cuyos fundamentos fácticos y jurídicos son los siguientes: 6.1. No es cierto que el Municipio hubiera girado la suma de $180’000.000, dado que emitió el cheque No. HN433628 del 27 de julio de 2009 a favor de la UNAD por la suma de $560’000.000. 6.2. El informe del Director del Centro Educativo a Distancia de Riohacha, CEAD —supervisor del convenio designado por la UNAD — no fue recibido por la Secretaría de Educación del Municipio, por lo que no hay prueba de que éste lo conociera o consintiera en su contenido, en especial e n lo referente a la ejecución y recibo a satisfacción de las obligaciones supuestamente ejecutadas por la Universidad. 6.3. El 24 de julio de 2009 la Secretaría de Hacienda del Municipio recibió una comunicación suscrita por la Vicerrectora de Desarrollo Regi onal y Proyección Comunitaria de la UNAD, Claudia Patricia Toro Ramírez, en la que autorizó al señor Aldo Simón Brito Carrillo —que en ese entonces era el supervisor del convenio en calidad de Director del CEAD — para retirar el cheque equivalente al 70% de la obligación dineraria a cargo del demandado, esto es, la suma de $560’000.000. En virtud de tal autorización, el Municipio elaboró el cheque No. HN433628 por dicha suma, el cual fue entregado al señor Brito Carrillo según da cuenta el registro contenido en el libro de retiro de cheques que se aportó al proceso. 6.4. La Vicerrectora de De

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=440012333000201400054011100103