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¿La decisión de traslado de la funcionaria no fue ostensiblemente arbitraria sino que obedeció a las necesidades del servicio? Sí
El traslado de un servidor de carrera por necesidades del servicio, que no es ostensiblemente arbitrario ni vulnera de manera manifiesta normas de derecho, no configura culpa grave del agente que lo dispuso, de modo que no procede la repetición. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, las acciones constitucionales previas desestimaron las vulneraciones alegadas, al constatar que el traslado obedeció a las necesidades del servicio y que las condiciones laborales y el escalafón de la servidora no se alteraron. Segunda, aunque la reubicación no se ajustó a un criterio interpretativo de otra sección, no se advierte una violación manifiesta e inexcusable de las normas en que debía fundarse el acto. Tercera, al no existir culpa, decae el elemento subjetivo que permite la repetición contra el agente. La providencia niega las pretensiones de la demanda. La consecuencia práctica es que la discrepancia interpretativa sobre la reubicación de un servidor no basta para atribuir culpa grave al agente que la expidió.síntesis automática
También resuelve:¿Existía la posibilidad de ubicar a los empleados de la corporación en las dependencias en que fueran requeridos sus servicios?¿El empleo ocupado pertenecía a la planta de personal global por lo que la empleada podía ser ubicada en cualquiera de las oficinas de la entidad?¿El legislador previó ciertos eventos en los que se presume la culpa grave pero requieren de la demostración del supuesto de hecho en que se fundan?
¿Se demostró en que los exagentes demandados desconocieron normas de derecho en el proceso de reestructuración administrativa? No
La presunción de culpa grave del numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001 no se configura cuando no se demuestra que el agente desconoció normas de derecho en el proceso que precedió al acto, de modo que la entidad que promueve la repetición debe probar la infracción normativa que imputa al agente. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la falta de un documento en los archivos de la entidad no basta por sí sola para demostrar la omisión de un informe técnico cuando la prueba testimonial y documental acredita que existió y que fue socializado entre directivos de varias dependencias. Segundo, si no se demuestra la infracción del artículo 41 de la Ley 443 de 1998, norma de carrera vigente al momento de los hechos, no se establece la conducta que da origen a la presunción. La providencia confirma la sentencia de primera instancia; en la práctica, la acción de repetición fundada en culpa grave exige acreditar la norma de derecho desconocida y el momento en que se incurrió en ella.síntesis automática
También resuelve:¿El departamento del Huila adelantó un proceso de reestructuración de la planta de personal de la entidad?¿A los empleados de carrera de los cargos suprimidos se les planteó las opciones de reubicación e indemnización?¿El demandado tiene el deber de atacar la presunción y le corresponde aportar la prueba que desvirtúe el supuesto que la configura?
¿El término de caducidad de la acción de repetición debe contarse a partir del pago de la condena judicial, o en su defecto, desde el vencimiento del término dado en el CCA como plazo máximo para realizar el mencionado pago? Sí
La acción de repetición debe presentarse en los dos años contados desde el día siguiente al pago total efectuado por la entidad pública, o en su defecto, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el CCA, sin que para ello deba tenerse en cuenta el término previsto en el artículo 90 del CPC por no ser una norma aplicable al trámite contencioso administrativo. En el caso en cuestión, la sentencia condenatoria fue proferida y quedó ejecutoriada, lo que implica que el plazo máximo para el pago vencía sin que se advierta que se realizó el correspondiente pago en dicho término. La acción fue ejercida en tiempo debido a la falta de prueba del pago efectivo de la condena.síntesis automática
También resuelve:¿Ante la falta de prueba del pago efectivo de la condena, el término de caducidad de la acción de repetición empezó a contar desde el vencimiento de los 18 meses dados en el CCA como plazo máximo…¿Cuáles son los presupuestos de procedencia de la acción de repetición?¿En cinco de los seis procesos acumulados se acreditó la condena judicial, impuesta contra el Estado dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho…
¿El demandante para probar el elemento subjetivo únicamente allegó las sentencias de nulidad y restablecimiento las cuales no tienen la virtud de acreditarlo? Sí
Las sentencias de nulidad y restablecimiento del derecho no acreditan por sí mismas el elemento subjetivo de la acción de repetición, pues la demostración de la culpa grave o del dolo del agente debe fundarse en su propia conducta y en las circunstancias que la rodearon. Una razón es que en el caso la supresión del cargo se adoptó mediante decreto aprobado por un comité de evaluación de oficios, que verificó el cumplimiento de los requisitos legales, de modo que la decisión administrativa tenía respaldo institucional distinto de la conducta individual del agente. Otra razón es que las sentencias que anularon esa supresión decidieron sobre la legalidad del acto, pero no describen un comportamiento doloso o gravemente culposo del servidor. Por ello el demandante no logró probar el elemento subjetivo y la Sala confirmó la negación de las pretensiones. Su consecuencia práctica es que la entidad que repite debe aportar pruebas directas de la conducta del servidor, y no basta con acreditar la existencia de una nulidad previa.síntesis automática
También resuelve:¿ De las sentencias de nulidad y restablecimiento se puede concluir que la actuación del demandado hubiera estado provista de dolo?¿En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de un daño consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo se deberá repetir contra él?¿Es posible en este caso adoptar la decisión con base en las consideraciones de la sentencia de nulidad y restablecimiento?
¿La Federación de Bomberos de Colombia está legitimada para demandar la nulidad del contrato de prestación de servicios celebrado entre la CNSC y la Universidad libre? No
El contratista no está legitimado para demandar la nulidad absoluta del contrato estatal si no es parte del mismo ni demuestra un interés directo en su ejecución, tal como establece la jurisprudencia del Consejo de Estado. La legitimación en la causa material requiere que el demandante sea una de las partes contratantes, el Ministerio Público, o un tercero que acredite un interés directo en el contrato, lo cual implica que la Federación de Bomberos de Colombia, a pesar de su relación con los cuerpos de bomberos, no puede solicitar la nulidad del contrato si no demuestra que sus afiliados se presentaron en el proceso de selección. La Sala declarará de oficio la falta de legitimación en la causa por activa, inhibiéndose de emitir un pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones de la demanda, lo que reitera la necesidad de acreditar un interés directo para demandar la nulidad absoluta del contrato estatal.síntesis automática
¿Cuáles son los presupuestos para determinar la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia en procesos de repetición? Sí
La competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para los procesos de repetición depende de que se apele una sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, con cuantía superior a quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes al presentarse la demanda. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el artículo 150 del CPACA atribuye a la Corporación la apelación de las sentencias de primera instancia de los tribunales. La segunda es que el numeral 9 del artículo 152 del CPACA radica en los tribunales la primera instancia de las repeticiones que superen esa cuantía, siempre que la competencia no esté asignada al Consejo. En el caso concreto la pretensión de repetición se estimó en una suma que superó ese límite para el año de presentación de la demanda, por lo que la Sala es competente. Como obiter dictum, la providencia precisa que el término de caducidad se cuenta desde la fecha del pago o desde el vencimiento del plazo de dieciocho meses, lo que ocurra primero, conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Cuáles son los presupuestos para el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición?¿Está demostrado la culpa grave por error inexcusable por expedir un acto administrativo de retiro de un empleado en provisionalidad?¿Cuáles son los presupuestos para que proceda la condena de las costas procesales y las agencias en derecho?
¿El juicio que sobre el carácter excusable del error de Derecho cometido por la ex funcionaria demandada hizo el juez de primera instancia de la repetición, era improcedente dado que el hecho del cual se desprendía la presunción de dolo o culpa grave? No
El juez de primera instancia tiene competencia para determinar si el error de derecho cometido por la exfuncionaria demandada es excusable, conforme a la Ley 678 de 2001, ya que la presunción de culpa grave se infiere a partir de una violación manifiesta e inexcusable de normas jurídicas, cuya carga probatoria incumplida por la demandante impide la aplicación de dicha presunción. La Sala confirma que no se puede derivar directamente la existencia de culpa grave o dolo de la anulación judicial de un acto administrativo, especialmente si la funcionaria no estaba en carrera administrativa, lo que permite razonablemente considerar la validez de la declaración de insubsistencia discrecional según las normas vigentes en el momento del acto. Además, la nulidad del acto de declaración de insubsistencia se basa en la omisión de demostrar una causal de despedida, no en un juicio subjetivo, y el municipio demandante no proporcionó un fundamento jurídico preciso a sus pretensiones, incumpliendo la carga procesal de especificar la presunción de culpa grave o dolo, lo que implica la inaplicación de estas presunciones y un análisis general del elemento subjetivo de la responsabilidad por repetición.síntesis automática
También resuelve:¿La culpa o dolo de la funcionaria demandada se configuró, debido a que el acto administrativo con el que declaró la insubsistencia de una servidora pública fue anulado judicialmente…¿La nulidad del acto de declaración de insubsistencia se dictó en consideración a la omisión de la demostración de una causal de despedida?¿El municipio demandante proporcionó un verdadero fundamento jurídico a sus pretensiones?
¿Para la procedencia del medio de control de repetición se debe acreditar la obligación reparatoria a cargo del Estado; el pago de la obligación reparatoria y; que la conducta dolosa y/o gravemente culposa del agente haya determinado el daño antijurídico por el cual se condenó al Estado? Sí
En el medio de control de repetición, la procedencia de la acción exige acreditar la obligación reparatoria a cargo del Estado, el pago efectivo de esa obligación y que la conducta dolosa o gravemente culposa del agente haya determinado el daño antijurídico por el que se condenó al Estado. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el artículo 90 de la Constitución prevé la repetición cuando la condena es resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa, y el desarrollo legal se encuentra en el Decreto-ley 01 de 1984 y en la Ley 678 de 2001. Segunda, la jurisprudencia ha sido unánime en exigir estos tres elementos como presupuestos de prosperidad de la acción. En el caso, la providencia niega las pretensiones porque no se acreditó la conducta del agente como determinante del daño. En la práctica, la entidad debe probar los tres presupuestos, obligación, pago y conducta del agente, antes de que prospere la repetición.síntesis automática
También resuelve:¿Dada la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron la condena en contra del Estado, resulta aplicable al presente proceso de repetición la Ley 678 de 2001?¿Los documentos aportados al proceso son suficientes para acreditar el pago efectivo de la condena a favor de la víctima del daño que se demanda en repetición?¿Se acreditó que el señor demandado en repetición actuó con violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho en los hechos que dieron lugar a la condena por la cual se pretende repetir…
¿Al momento de expedición del acto administrativo existía una postura uniforme en relación con el deber de motivar el acto administrativo de desvinculación de los empleados públicos nombrados de forma provisional que ocuparan cargos de carrera administrativa ? No
No se configura culpa grave ni dolo en el agente que expidió el acto de desvinculación de un empleado nombrado en provisionalidad en un cargo de carrera cuando, al momento de expedirlo, no existía una postura uniforme sobre el deber de motivarlo, de modo que no hay violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la conducta del agente encontraba fundamento en un criterio jurisprudencial válido de la época. Segunda, aunque la Ley 909 de 2004 cambió sustancialmente el régimen de retiro de esos empleados, al volverlo motivado, la jurisprudencia contencioso administrativa no tenía un criterio definido y pacífico sobre la forma de retiro en la fecha del acto. Tercera, al no acreditarse el elemento subjetivo, el juez no puede condenar en repetición. La providencia niega las suplicas de la demanda. La consecuencia práctica es que la nulidad de un acto de insubsistencia por falta de motivación no basta para repetir contra el funcionario cuando la exigencia de motivación no era pacífica al momento de expedirlo.síntesis automática
También resuelve:¿El demandado argumentó sobre la aplicación de las normas que regulan lo referente a la desvinculación de los empleados provisionales y sus interpretaciones diversas?¿El demandado en repetición puede dirigir sus esfuerzos probatorios a desvirtuar el elemento presuntivo que se enfila en su contra?¿Corresponde verificar si el supuesto fáctico de la presunción invocada por la demandante se halla configurado?
¿Se probó la culpa grave del demandado en la declaratoria de nulidad del acto administrativo mediante el que declaró la insubsistencia de un cargo? No
El departamento u otra entidad pública que promueve el medio de control de repetición contra un exgobernador u otro agente estatal tras haber resultado condenada en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho tiene la carga procesal inexcusable de demostrar la culpa grave o el dolo del funcionario en la expedición del acto administrativo anulado. La sola declaratoria de ilegalidad de un acto de insubsistencia y la consecuente condena patrimonial al Estado no generan una presunción automática de responsabilidad personal del agente, toda vez que el juez de la repeticion debe realizar un riguroso análisis de responsabilidad subjetiva. La acción caduca en el término de dos años contados a partir del día siguiente al pago efectivo de la condena, conforme al artículo 11 de la Ley 678 de 2001 y las normas del CPACA.síntesis automática
También resuelve:¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición contra agentes o exagentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa…¿La Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia, por lo que los hechos o actuaciones que ocurrieron con anterioridad a ella continuarán rigiéndose por la normativa…¿Las partes pueden acudir a cualquier medio legalmente válido para probar el pago de una obligación?
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2022-01-18Sección Tercera (Subsección A)MARTA NUBIA VELASQUEZ RICORad. 05001233300020150105501LEY 1437 REPETICION
¿Para la procedencia del decreto de pruebas en segunda instancia es necesario concurran los eventos previstos en el artículo 212 del CPACA? Sí
El contratista no puede obtener el decreto de pruebas en segunda instancia a menos que se cumplan los eventos previstos en el artículo 212 del Código Procesal Administrativo y Contencioso Administrativo, que incluyen la solicitud de común acuerdo entre las partes, la negación de la prueba en primera instancia, hechos sobrevinientes, fuerza mayor o caso fortuito, y la desvirtuación de pruebas previas. Además, si la prueba solicitada en segunda instancia ya fue decretada en primera instancia pero no se practicó adecuadamente debido a la falta de diligencia del contratista, no procede su decretación en segunda instancia, ya que no se cumple con el requisito de que la prueba no haya podido solicitarse en primera instancia por culpa ajena. Esto implica que las partes deben ser diligentes en la primera instancia para evitar la imposibilidad de practicar pruebas en segunda instancia.síntesis automática
También resuelve:¿La solicitud de la prueba del acto de terminación del nombramiento en provisionalidad hecha por el demandado en primera instancia al contestar la demanda…¿Si la prueba cuya solicitud eleva el demandado en segunda instancia no se recaudó en primera instancia en debida forma por su propia falta de diligencia…
¿Es competente el Consejo de Estado en única instancia para conocer del medio de control de repetición contra exrepresentante de una entidad del orden nacional? Sí
La competencia en única instancia para conocer de la acción de repetición que se ejerce contra los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional corresponde al Consejo de Estado, conforme al numeral 13 del artículo 149 del CPACA, con prescindencia del monto de la pretensión. Una razón es que la calidad del sujeto pasivo, que es el exrepresentante de una entidad nacional, define la competencia en única instancia y no la cuantía. Otra razón es que en el caso los hechos que dieron lugar a la condena ocurrieron durante la vigencia de la Ley 678 de 2001, por lo que el régimen de presunciones de dolo del artículo 5 de esa ley resulta aplicable, y la parte actora lo invocó de manera expresa. En el asunto, la condena se había conciliado y el pago se hizo dentro del término pactado en la conciliación, de modo que la demanda fue oportuna. La providencia negó las pretensiones. Su consecuencia práctica es que la competencia única del Consejo de Estado depende de la calidad del demandado como representante legal de una entidad nacional, y que el régimen de presunciones se aplica según la fecha de los hechos.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de repetición fue interpuesto dentro del término establecido en la conciliación para realizar el pago de la condena?¿Debe aplicarse la Ley 678 de 2001 al caso sub examine, puesto que los hechos que produjeron la condena ocurrieron en vigencia de dicha norma?¿Está configurado el dolo de ex Director General del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses por la expedición de un acto administrativo de insubsistencia que fue declarado nulo?
¿El agente estatal demandado obró de manera imprudente o negligente al adoptar la decisión que declaró insubsistente el nombramiento del empleado de la entidad demandante, considerando que se venían presentando estudios, conceptos y recomendaciones para encauzar en la ley el régimen de los servidores de la entidad, y fue en virtud de ello que se realizaron los cambios en la planta de personal de acuerdo con la naturaleza de los cargos? No
Para que el agente del Estado responda en repetición, su conducta debe ser dolosa o gravemente culposa, de modo que no cualquier error de juicio o actuación contraria al ordenamiento genera responsabilidad patrimonial. La regla se apoya en tres razones. Primera, la Ley 678 de 2001 define la culpa grave como la infracción directa a la Constitución o a la ley, o la omisión o extralimitación inexcusable en el ejercicio de funciones, y presume su configuración en la violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho. Segunda, solo el error que no pudo cometerse sin total o crasa negligencia puede calificarse de gravemente culposo, por lo que el error no inexcusable ni manifiesto no genera responsabilidad. Tercera, la decisión de declarar insubsistente el nombramiento se adoptó dentro de estudios, conceptos y recomendaciones sobre la planta de personal, sin que se demostrara ese error manifiesto. Por ello se revocó la condena de primera instancia y se negaron las pretensiones de repetición. El documento reitera esta línea de análisis sobre la culpa grave.síntesis automática
También resuelve:¿En vigencia del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 procede la condena en costas procesales en cuanto se ventila y se persigue en este proceso de repetición un interés público?
¿En el medio de control de repetición, se acreditó el actuar gravemente culposo del demandado? No
Cuando se reclama en repetición la culpa grave de un directivo por la enfermedad profesional de un subalterno, no basta con demostrar la enfermedad y su origen; debe probarse que el directivo conocía con anticipación la afectación de salud y omitió las medidas necesarias. La regla se apoya en tres razones. Primera, la prueba de la pensión de invalidez, el diagnóstico y la calificación de origen profesional no demuestran por sí solos un actuar gravemente culposo del demandado. Segunda, no existe evidencia de que, entre los años previos a la desvinculación, ya hubiera noticia de las disminuciones de salud y que estas fueran conocidas por el directivo. Tercera, el demandado sí puso en conocimiento de sus superiores la necesidad de nombrar funcionarios y el alto volumen de trabajo de la seccional en varias oportunidades, lo que desvirtúa el reproche. En consecuencia, por ausencia de medios probatorios que evidencien culpa grave, se confirmó la decisión que negó las pretensiones. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El demandado puso en conocimiento de sus superiores la necesidad de nombramiento de funcionarios y advirtió el alto índice de trabajo que recaía sobre la seccional?¿Se probó la violación inexcusable de contenidos normativos por parte del demandado?¿El funcionario demandado se ocupaba periódicamente de administrar los horarios de los funcionarios bajo su cargo con la concertación de todos ellos en las respectivas reuniones?
¿La resolución antes de ser firmada por el demandado fue proyectada, revisada y aprobada por otros funcionarios de la entidad demandante? Sí
El contratista debe considerar que la resolución antes de ser firmada por el funcionario responsable fue proyectada, revisada y aprobada por otros funcionarios de la entidad estatal, lo cual implica que la expedición del acto administrativo contó con la asesoría de quienes tenían los conocimientos jurídicos y la competencia funcional necesaria para llevar a cabo la actuación administrativa. En el caso concreto, se evidenció que la resolución anulada fue revisada y aprobada por la oficina de contratación y la secretaría general de la entidad demandante, lo que significa que el funcionario no actuó de manera descuidada ni negligente, sino que se valió de asesoría técnica y jurídica para tomar la decisión. Además, se demostró que la entidad actuó de acuerdo con la jurisprudencia vigente en el momento de la expedición del acto, lo que desestima la presunción de culpa grave y la aplicación del medio de control de repetición. Esto implica que la entidad estatal puede continuar con la expedición de actos administrativos basándose en la asesoría técnica y jurídica adecuada, siempre y cuando se cumplan con los trámites internos y se tenga en cuenta la jurisprudencia vigente.síntesis automática
También resuelve:¿El demandado exdirector fue asesorado por quienes tenían los conocimientos jurídicos y la competencia funcional para llevar a cabo la actuación administrativa?¿Se acogió la jurisprudencia del Consejo de Estado vigente para ese momento en relación con las declaratorias de insubsistencia de los nombramientos provistos en provisionalidad?¿El criterio según el cual debían motivarse los actos administrativos que desvinculaban del servicio público a los funcionarios provisionales…
¿El término de caducidad del medio de control de repetición en eventos en que el pago de la condena se hace de manera parcial, debe contarse desde el momento del último pago? Sí
El término de caducidad del medio de control de repetición en eventos en que el pago de la condena se hace de manera parcial debe contarse desde el momento del último pago. En este caso, la entidad estatal no cumplió con la carga de identificar el evento de la norma que resultaba aplicable al caso concreto, lo que implica que no es posible aplicar las presunciones legales de la Ley 678 de 2001. Por lo tanto, la conducta del demandado se analizará para determinar si constituyó culpa grave.síntesis automática
También resuelve:¿Al estar acreditados en primera instancia los presupuestos para el estudio del medio de control de repetición, el juez de segunda instancia debe pronunciarse únicamente sobre la conducta del agente…¿A pesar de ser la ley 678 de 2001 el régimen legal vigente al momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la condena contra el Estado, las presunciones legales contempladas en ella…¿La condena impuesta al Estado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho tuvo su fundamento en la falta de motivación del acto administrativo que declaró insubsistente del cargo a una…
¿La entidad demandante logró demostrar la culpa grave y el dolo del demandado, como uno de los presupuestos para que prospere la acción de repetición? Sí
El contratista no logra prosperar en la acción de repetición si no demuestra adecuadamente la culpa grave o el dolo del servidor público, ya que la entidad demandada debe haber actuado conforme a las exigencias legales y con el apoyo de asesoría jurídica, lo cual implica que no se ha violado manifiestamente y de manera inexcusable las normas de derecho. En este caso, la entidad demandante no presentó un ejercicio probatorio serio ni argumentó adecuadamente para demostrar que la demandada actuó con culpa grave o dolo, limitándose a afirmaciones generales basadas en sentencias previas. Además, no se aportaron pruebas que corroboraran la falsa motivación en la que habría incurrido la demandada, por lo que la Sala concluye que no se probó la presunción de culpa grave ni dolo. Esto implica que para que la acción de repetición prospere, es fundamental que la entidad demandante presente pruebas sólidas y argumentos convincentes que demuestren la violación manifiesta e inexcusable de las normas por parte del servidor público.síntesis automática
También resuelve:¿Se presenta caducidad del medio de control de repetición?¿De acuerdo con la normatividad vigente, procede la condena en costas en el medio de control de repetición, a quien resulta vencido en el proceso o se le resuelva desfavorablemente el recurso de…
¿El juez de segunda instancia debe limitar su pronunciamiento a los motivos de inconformidad expresados en el recurso de apelación? Sí
El juez de segunda instancia debe limitar su pronunciamiento a los motivos de inconformidad expresados en el recurso de apelación, ya que analizar otros aspectos no contemplados en el recurso vulnera la fijación del litigio y los principios de economía procesal y seguridad jurídica. La Sala reitera que para configurar el medio de control de repetición es necesario acreditar la condena contra el Estado, el pago de dicha condena y la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal, tal como establecen los artículos 90 de la Constitución Política, el Decreto-ley 01 de 1984 y la Ley 678 de 2001. Asimismo, considera que una sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo y ordene el reintegro laboral con el pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir constituye una condena judicial, y que el pago de la condena puede ser demostrado mediante documentos públicos con presunción de autenticidad, sin necesidad de que la constancia provenga del acreedor.síntesis automática
También resuelve:¿Para la configuración del medio de control de repetición se debe acreditar la condena contra el Estado o el acuerdo conciliatorio…¿Constituye una condena judicial la sentencia que declara la nulidad de un acto administrativo y ordena el reintegro laboral con el pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir?¿Se acreditó el pago efectivo de la condena judicial impuesta contra la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial?
¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de repetición, considerando que el plazo para pagar con que cuenta la entidad pública debe computarse con arreglo a la antigua codificación, dado que el proceso que le da base a la repetición se tramitó bajo ese régimen jurídico y se ordenó sufragar la condena en esos términos? Sí
El término de caducidad de la acción de repetición es de dos años y se cuenta desde el día siguiente al pago de la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo que tiene la entidad para pagarla. Esta regla se apoya en el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 y en la jurisprudencia de esta Sección, que computa el plazo de pago con la codificación anterior cuando el proceso que da base a la repetición se tramitó bajo el Código Contencioso Administrativo. Si la condena se profirió en ese régimen, la entidad contaba con dieciocho meses para pagarla según el artículo 177 del mismo código, y ese plazo fija el inicio del cómputo. En el caso concreto la sentencia quedó ejecutoriada en 2014, la demanda de repetición se presentó dentro del término y la caducidad fue negada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la acción no caduca si se presenta dentro de los dos años siguientes al vencimiento del plazo de pago.síntesis automática
También resuelve:¿Los documentos aportados por la entidad accionante, vienen suficientes para considerar que se acreditó el pago de la condena que le impuso el Tribunal Administrativo de La Guajira…¿El demandado en repetición, en su condición de director general de Corpoguajira para la época de los hechos que generaron la condena a la entidad demandante…¿Resulta procedente condenar en costas a la entidad estatal demandante en el medio de control de repetición, cuando resulta vencida en el proceso?
¿La decisión de descalificación de la propuesta contractual obedeció a una ruptura intempestiva y carente de razón? No
Constituye un motivo válido para descalificar una propuesta en un proceso de selección que una persona con cargo directivo en la entidad contratante tenga relación familiar con el representante de la firma proponente, pues la prohibición de favorecimiento aplica aunque la dependencia en la que se desempeña no tenga relación con la contratación. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la presencia de un servidor público del nivel directivo con esa relación familiar basta para activar la prohibición, con independencia de que su dependencia no intervenga en el objeto contratado. Segundo, la descalificación no vulnera el principio de buena fe contractual cuando la decisión no obedece a una ruptura intempestiva ni carece de razón y no sorprende al participante, pues en tal caso no se rompen las tratativas, que deben respetarse conforme a los pliegos y a la ley. La providencia deniega las pretensiones de la demanda y confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, el aspirante que incurre en una prohibición legal puede ser descalificado sin que ello implique una ruptura de las tratativas precontractuales.síntesis automática
También resuelve:¿La incompatibilidad en estudio era adecuada si se dirigía a los familiares de aquellas personas que gozaran de poder de decisión de adjudicar un contrato?¿La incompatibilidad en estudio resulta conteste con la clasificación y nomenclatura de cargos de la EPM y era viable su aplicación en el presente asunto?¿La calidad de servidores públicos de las entidades estatales mixtas la ostentan sus representantes legales y los funcionarios de los niveles directivo…
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