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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el a quo no adelantó un ejercicio probatorio y argumentativo serio

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Fecha
2023-03-31
Radicado
41001233300020160025301
Número interno
66532
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA
Demandado
JUAN CARLOS HERRERA GUTIERREZ

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el a quo no adelantó un ejercicio probatorio y argumentativo serio

Relevancia Reitera la jurisprudencia.

Lo que dijo la Sala

La culpa grave imputada en la demanda.… Para que haya lugar a condenar en sede de repetición, debe determinarse una responsabilidad subjetiva en la que juega un papel decisivo el análisis de la conducta del agente, lo que implica que no cualquier equivocación, ni cualquier error de juicio o cualquier actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, permite deducir su responsabilidad pues debe comprobarse la gravedad de la falla en su conducta.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

Para que el agente del Estado responda en repetición, su conducta debe ser dolosa o gravemente culposa, de modo que no cualquier error de juicio o actuación contraria al ordenamiento genera responsabilidad patrimonial. La regla se apoya en tres razones. Primera, la Ley 678 de 2001 define la culpa grave como la infracción directa a la Constitución o a la ley, o la omisión o extralimitación inexcusable en el ejercicio de funciones, y presume su configuración en la violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho. Segunda, solo el error que no pudo cometerse sin total o crasa negligencia puede calificarse de gravemente culposo, por lo que el error no inexcusable ni manifiesto no genera responsabilidad. Tercera, la decisión de declarar insubsistente el nombramiento se adoptó dentro de estudios, conceptos y recomendaciones sobre la planta de personal, sin que se demostrara ese error manifiesto. Por ello se revocó la condena de primera instancia y se negaron las pretensiones de repetición. El documento reitera esta línea de análisis sobre la culpa grave.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El agente estatal demandado obró de manera imprudente o negligente al adoptar la decisión que declaró insubsistente el nombramiento del empleado de la entidad demandante, considerando que se venían presentando estudios, conceptos y recomendaciones para encauzar en la ley el régimen de los servidores de la entidad, y fue en virtud de ello que se realizaron los cambios en la planta de personal de acuerdo con la naturaleza de los cargos?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Ley 678 de 2001, art. 6 núm. 1
  • Ley 909 de 2004, art. 41 lit. LITERAL
  • Constitución Política

También resuelve

  • ¿En vigencia del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 procede la condena en costas procesales en cuanto se ventila y se persigue en este proceso de repetición un interés público?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Descriptores temáticos

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Acción de repetición contra el agente Condena en costas y agencias en derecho

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Contratación estatal: Sentencia
Titulación de la relatoría 10.192 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DAÑO CAUSADO POR AGENTE DEL ESTADO / CULPA DEL AGENTE DEL ESTADO / SERVIDOR PÚBLICO / ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA / EMPLEADO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN / EMPLEO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN / DECLARATORIA DE INSUBSISTENCIA DEL EMPLEADO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN / INSUBSISTENCIA DEL EMPLEADO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / PLANTA DE PERSONAL / ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS / RÉGIMEN DE EMPLEADO DE CARRERA ADMINISTRATIVA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿El agente estatal demandado obró de manera imprudente o negligente al adoptar la decisión que declaró insubsistente el nombramiento del empleado de la entidad demandante, considerando que se venían presentando estudios, conceptos y recomendaciones para encauzar en la ley el régimen de los servidores de la entidad, y fue en virtud de ello que se realizaron los cambios en la planta de personal de acuerdo con la naturaleza de los cargos? Respuesta al problema jurídico: No La culpa grave imputada en la demanda. (…) Para que haya lugar a condenar en sede de repetición, debe determinarse una responsabilidad subjetiva en la que juega un papel decisivo el análisis de la conducta del agente, lo que implica que no cualquier equivocación, ni cualquier error de juicio o cualquier actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, permite deducir su responsabilidad pues debe comprobarse la gravedad de la falla en su conducta. Es precisamente en este sentido que la norma (inciso segundo del artículo 90 constitucional) dispuso que la repetición por parte de las entidades estatales respecto de sus funcionarios o exfuncionarios, solo opera en la medida en que se les pueda imputar, en este caso, culpa grave en su actuar, lo que ofrece garantías en el ejercicio de la función a cargo de los servidores públicos, ya que se reconoce que no cualquier error en los que estos puedan incurrir, podrá ser fuente suficiente para imputarles responsabilidad patrimonial. La Ley 678 de 2001, en su artículo 6, definió que la conducta del agente es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones, y presumió su configuración, entre otras circunstancias, cuando exista una violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho numeral 1, art. 6 ibidem (…). Respecto de esta causal se ha señalado que sólo aquel error que por sus dimensiones no pudo haber sido cometido sino mediante total o crasa negligencia del sujeto que emite el acto, podría ser juzgado con esa calificación; en este sentido, si el error no es inexcusable y manifiesto, no existe responsabilidad patrimonial por parte del agente del Estado. (…) Conforme lo revelan las pruebas allegadas al plenario, aproximadamente un año antes de que fuera nombrado el señor (...) como gerente de las E.S.P. de Neiva, la Junta Directiva de dicha entidad conocía de las irregularidades que se venían presentando, especialmente, en relación con: (i) la estructura orgánica de la entidad, (ii) las diferentes categorías de empleo que existían al interior de la misma, y (iii) la adopción de la planta de personal en lo tocante con los funcionarios de libre nombramiento y remoción, trabajadores oficiales y “demás. (…) Bajo este designio probatorio, no es dable considerar que el demandado hubiera obrado de manera imprudente o negligente para la adopción de la decisión que declaró insubsistente el nombramiento del señor (…), en tanto se venían presentado estudios, conceptos y recomendaciones para encauzar en la ley el régimen de los servidores de la entidad y fue en virtud de ello que se realizaron los cambios en la planta de personal de acuerdo con la naturaleza de los cargos. (…) Se agrega a lo anterior, que en la reunión de la Junta Directiva del 8 de julio de 2009, en la que fue presentado y elegido el señor (…) como Gerente, también se presentó oficialmente la Resolución 0004 de esa fecha, en la que se hizo un recuento de los motivos por los que se modificaba el artículo 26 de los estatutos, referente a las funciones que ejercían los empleados públicos de libre nombramiento y remoción, dentro de los cuales se encontraba el señor (…) declarado insubsistente-, pues fungía como Jefe de la División de Personal, nombrado en un cargo de Profesional Especializado nivel 3, grado 5, a pesar de que en algún momento se había calificado errónea e ilegalmente su cargo como de “carrera administrativa en provisionalidad”; en ese sentido, el demandado actuó prevalido de una información que constataba que aquel señor ejercía un cargo de libre nombramiento y remoción y que, por tal motivo, podía declarar insubsistente su nombramiento sin necesidad motivar el acto o agotar otro procedimiento con ese fin. (…) [Así mismo,] la insubsistencia es una causal autónoma de retiro del servicio -art. 41 literal a) [Ley 909 de 2004], producto de la facultad discrecional de remoción de la cual están investidas las autoridades nominadoras en este caso el gerente de la ECIE, con el propósito de hacer cesar la vinculación con el empleo para el cual un servidor fue designado. (…) En virtud de ello, dada la forma en que se realizó su nombramiento, asimismo podía la gerencia de la entidad, en cualquier tiempo, declarar la insubsistencia, a través de acto administrativo que, como ya se indicó, no requería motivación alguna, pues la naturaleza de los empleos que se encuentran ocupados bajo la figura de libre nombramiento y remoción obedece a que requieren de confianza por parte del nominador o empleador, ya que en ellos se manejan asuntos pertenecientes al exclusivo ámbito de la reserva y cautela en el ejercicio de las funciones del empleado; por manera que a su entrada a la entidad como gerente, era apenas razonable que el señor (…) hiciera modificaciones en su equipo de trabajo, esto, por cuanto no contrariaba la ley y, en cambio, propiciaba que el funcionamiento de la entidad estuviera acorde con sus objetivos. Derivado de lo anterior, se advierte que el a quo no adelantó un ejercicio probatorio y argumentativo serio, de cara a demostrar que la violación a las normas de derecho que le imputa al demandado hubiere ocurrido, ni que la misma hubiera sido del carácter de manifiesta e inexcusable, como lo exige el numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678. Así las cosas, la Sala concluye que no se probó que la conducta del señor (…) comportara una actuación gravemente culposa. En este caso, en contravía de las exigencias probatorias que requiere la repetición, la entidad demandante se limitó a consignar afirmaciones en torno a una supuesta conducta gravemente culposa con base en las mismas consideraciones expuestas por el Juzgado y Tribunal administrativos en las sentencias que condenaron a esa entidad, dejando de probar la presunción de culpa grave con base en la cual soportó la pretensión reversiva. (…) En este punto, la Sala destaca, además, que la parte actora aun teniendo conocimiento de que luego del año 2009 quedó zanjada la discusión en relación con la inexistencia de cargos de carrera administrativa en las empresas industriales y comerciales del Estado naturaleza jurídica que ostenta la E.S.P. de Neiva, afirmó en esta demanda instaurada en el 2016, que el entonces Gerente había transgredido de forma manifiesta el ordenamiento jurídico y, por ende, incurrió en una conducta gravemente culposa al declarar insubsistente un nombramiento de carrera administrativa sin motivación alguna, argumentación que resulta ajena e impropia a los estatutos y la realidad de la entidad, sin perjuicio de las valoraciones que sobre tal definición efectuó el juez de la nulidad. En ese orden de ideas, con base en las razones expuestas, se revocará la decisión objeto de alzada y, en su lugar, se negarán las pretensiones de la demanda. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, consultar, Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de noviembre de 2008, exp. 4425 -2004, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero; y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de noviembre de 2006, exp. 30113, C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Así mismo, ver, Corte Constitucional, sentencia C-455 del 12 de junio de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90 INCISO 2, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 1, LEY 909 DE 2004 - ARTÍCULO 41 LITERAL LITERAL A CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COSTAS PROCESALES / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / INTERÉS PÚBLICO Problema jurídico: ¿En vigencia del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 procede la condena en costas procesales en cuanto se ventila y se persigue en este proceso de repetición un interés público? Respuesta al problema jurídico: No De la lectura de la norma [articulo188 de la Ley 1437 de 2011], se desprende que la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, excepto en los procesos en que se ventilan intereses públicos. (…) El proceso que se adelanta en ejercicio de la pretensión de repetición es uno de aquellos en los que se ventila un interés público, pues con este se busca la protección del patrimonio público. (…) Así, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA y en razón a que en el proceso de la referencia se persigue un interés público no hay lugar a condenar en costas a la parte actora. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, ver, Corte Constitucional, sentencia C-832-01 de 8 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 2, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=410012333000201600253011100103