Síntesis de la providencia
Consejo de Estado: la entidad demandante logró demostrar la culpa grave y el dolo del demandado
Lo que dijo la Sala
En este caso, no se encuentra que la parte demandante hubiera adelantado un ejercicio probatorio y argumentativo serio, de cara a demostrar que la violación a las normas de derecho que le imputa a la demandada, hubiere ocurrido ni que la misma hubiera sido del carácter de manifiesta e inexcusable, como lo exige el numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678, en la medida en que la demandada obró de conformidad con las exigencias legales en materia de la declaratoria de insubsistencia del nombramiento de un empleado en provisionalidad, al expedir un acto administrativo con la debida motivación que obedeció a consideraciones sobre la realización de los principios que orientan la misión de la entidad; y, en todo caso, su decisión estuvo amparada y fue discutida por otros servidores que le prestaban la correspondiente asesoría jurídica, con quienes estudió las exigencias legales para proferir el acto en cuestión.
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Síntesis síntesis automática
El contratista no logra prosperar en la acción de repetición si no demuestra adecuadamente la culpa grave o el dolo del servidor público, ya que la entidad demandada debe haber actuado conforme a las exigencias legales y con el apoyo de asesoría jurídica, lo cual implica que no se ha violado manifiestamente y de manera inexcusable las normas de derecho. En este caso, la entidad demandante no presentó un ejercicio probatorio serio ni argumentó adecuadamente para demostrar que la demandada actuó con culpa grave o dolo, limitándose a afirmaciones generales basadas en sentencias previas. Además, no se aportaron pruebas que corroboraran la falsa motivación en la que habría incurrido la demandada, por lo que la Sala concluye que no se probó la presunción de culpa grave ni dolo. Esto implica que para que la acción de repetición prospere, es fundamental que la entidad demandante presente pruebas sólidas y argumentos convincentes que demuestren la violación manifiesta e inexcusable de las normas por parte del servidor público.
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Problema jurídico
¿La entidad demandante logró demostrar la culpa grave y el dolo del demandado, como uno de los presupuestos para que prospere la acción de repetición?
Respuesta: Si
Fundamentos
- Ley 678 de 2001, art. 6 núm. 1
También resuelve
- ¿Se presenta caducidad del medio de control de repetición?
- ¿De acuerdo con la normatividad vigente, procede la condena en costas en el medio de control de repetición, a quien resulta vencido en el proceso o se le resuelva desfavorablemente el recurso de…
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Titulación de la relatoría 12.318 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN POR CONDENA JUDICIAL / INSUBSISTENCIA DEL CARGO DE CARRERA ADMINISTRATIVA / DECLARATORIA DE INSUBSISTENCIA DEL EMPLEADO EN PROVISIONALIDAD / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE DOLO / FALTA DE PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿La entidad demandante logró demostrar la culpa grave y el dolo del demandado, como uno de los presupuestos para que prospere la acción de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
En este caso, no se encuentra que la parte demandante hubiera adelantado un ejercicio probatorio y argumentativo serio, de cara a demostrar que la violación a las normas de derecho que le imputa a la demandada, hubiere ocurrido ni que la misma hubiera sido del carácter de manifiesta e inexcusable, como lo exige el numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678, en la medida en que la demandada obró de conformidad con las exigencias legales en materia de la declaratoria de insubsistencia del nombramiento de un empleado en provisionalidad, al expedir un acto administrativo con la debida motivación que obedeció a consideraciones sobre la realización de los principios que orientan la misión de la entidad; y, en todo caso, su decisión estuvo amparada y fue discutida por otros servidores que le prestaban la correspondiente asesoría jurídica, con quienes estudió las exigencias legales para proferir el acto en cuestión. Además, como se dijo en precedencia, no es posible estudiar bajo la presunción de dolo, ni se aportaron medios de prueba dirigidos a corroborar la supuesta falsa motivación en la que habría incurrido la demandada según la entidad. Así, en el sub examine, con fundamento en el exiguo material probatorio allegado, la Sala concluye que no se probó que la conducta de la aquí demandada comportó una actuación gravemente culposa, y mucho menos dolosa. En este caso, en contravía de las exigencias ya explicadas, la entidad demandante se limitó a consignar afirmaciones en torno a una supuesta conducta gravemente culposa con base en las mismas consideraciones expuestas por el Juzgado y Tribunal administrativos en las sentencias que condenaron a esa entidad, dejando de probar la presunción de culpa grave con base en la cual soportó la pretensión reversiva. […] Con base en las razones expuestas, se negarán las pretensiones de la demanda.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la forma de demostrar la culpa grave y el dolo en la acción de repetición, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de agosto del 1999, rad. 10865, C. P. Ricardo Hoyos Duque.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 1
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA
OBITER DICTUM
[E]l Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto en única instancia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 149 numeral 13 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en tanto se repite contra quien fungía como Auditora General de la República; asimismo, el medio de control de repetición es el medio de control idóneo para estudiar la responsabilidad de los funcionarios o exfuncionarios por las condenas impuestas contra el Estado.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 149 NUMERAL 13
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿Se presenta caducidad del medio de control de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
En relación con el término de caducidad para demandar en repetición, la Ley 678 de 2001, norma vigente para la época en que acontecieron los hechos que precedieron a la demanda –año 2008-, dispone en su artículo 11 que “La acción de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total efectuado por la entidad pública”. Esta Corporación ha señalado -como regla general- que el término de caducidad de dos años empieza a correr a partir de la fecha en que efectivamente se realizó el pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el inciso cuarto del artículo 177 del C.C.A., normativa aplicable a este asunto, porque el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que dio origen a la condena que pagó la entidad demandante, se tramitó durante la vigencia del C.C.A. En el caso concreto, la sentencia de segunda instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho expedida por el Tribunal Administrativo del Quindío en la que se decidió condenar a la Auditoría General de la República y por la cual se pretende repetir contra la demandada, fue proferida el 26 de abril de 2012 y cobró ejecutoria el 10 de mayo de 2012, por manera que, el plazo de 18 meses de que trata el artículo 177 del C.C.A. corrió hasta el 11 de noviembre de 2013. Por su parte, se tiene que el último pago de la condena se efectuó el 30 de noviembre de 2012, según se desprende de la certificación del 13 de junio de 2013. […] Así las cosas, como el pago se hizo en el lapso de los 18 meses, es desde la fecha en que este fue efectuado que debe computarse el término de caducidad, por lo que el plazo máximo para interponer la demanda fue el 1 de diciembre de 2014, y como aquella fue interpuesta el 25 de julio de 2013, se impone concluir que se presentó oportunamente.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el término de caducidad de la acción de repetición, ver: Corte Constitucional, sentencia C-832 del 8 de agosto de 2001, M. P. Rodrigo Escobar Gil, que declaró la exequibilidad condicionada del numeral 9 del artículo 136 del Decreto 01 de 1984; y Corte Constitucional, sentencia C-394 del 22 de mayo de 2002, M. P. Álvaro Tafur Galvis, que declaró exequible el artículo 11 de la Ley 678 de 2001.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 11
NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE DOLO / CARGA DE LA PRUEBA
OBITER DICTUM
La repetición es asunto de expresa previsión constitucional, en tanto el artículo 90 Superior prescribe que en los casos en que el Estado es obligado a reparar un daño, debe repetir contra su agente, cuando la condena ha sido el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este. Para la determinación del régimen legal aplicable al caso, la Sala tiene en cuenta que la actuación cuestionada de la demandada en su calidad de Auditora General de la República, ocurrió en vigencia de la Ley 678 de 2001. El artículo 2 de la referida norma legal, al definir la acción de repetición como una acción civil de carácter patrimonial, explicita los presupuestos legales para su prosperidad […]. Con el citado referente, la Ley 678 de 2001 se ocupó de regular los aspectos sustanciales de la repetición y al efecto no sólo previó lo relativo al objeto, noción, finalidades y deber de ejercicio de esta acción, sino que, además, al tratar el presupuesto del dolo y culpa grave con las que se califica la conducta del agente, consagró en sus artículos 5 y 6 una serie de definiciones y de “presunciones legales”, con incidencia en la carga de la prueba, que resultan aplicables a las conductas ocurridas en vigencia de dicha norma sustantiva. […] [E]sta Subsección ha destacado que quien invoque en la demanda de repetición una presunción prevista en la Ley 678 de 2001 deberá probar el hecho en que se funda, eximiéndolo de demostrar el hecho inferido en la respectiva disposición, sin perjuicio de que la parte contraria desvirtúe la conclusión que se presume.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las presunciones previstas en la Ley 678 de 2001, esto es el presupuesto del dolo y culpa grave con las que se califica la conducta del agente y la carga probatoria, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de mayo de 2014, rad. 40755, C. P. Ramiro Pazos Guerrero. Corte Constitucional, sentencia de unificación SU-354 de 2020, M. P. Luis Guillermo Guerrero Perez; Corte Constitucional sentencia C-374 de 2002, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6
PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
OBITER DICTUM
La prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos: i) la existencia de una condena judicial, o de un acuerdo conciliatorio o de otra forma de terminación de conflictos en el que se imponga a la entidad estatal demandante el pago de una suma de dinero; ii) el pago efectivo de la condena o valor convenido; iii) la calidad de la demandada como agente o exagente del Estado o del particular que cumple funciones públicas; y, iv) la culpa grave o el dolo.
PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / CONCEPTO DE CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE
OBITER DICTUM
La Ley 678 de 2001, en su artículo 6, definió que la conducta del agente es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones, y presumió su configuración en las siguientes causales: (i) violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho; (ii) carencia o abuso de competencia para proferir la decisión anulada, determinada por error inexcusable; (iii) omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable, y (iv) violar el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal. En el caso de la presunción contemplada en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678, se ha dicho, que sólo aquel error que por sus dimensiones no pudo haber sido cometido sino mediante total o crasa negligencia del sujeto que emite el acto, podría ser juzgado con esa calificación. En este sentido, si el error no es inexcusable y manifiesto, no existe responsabilidad patrimonial por parte del agente del Estado.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿De acuerdo con la normatividad vigente, procede la condena en costas en el medio de control de repetición, a quien resulta vencido en el proceso o se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 188 del C.P.A.C.A. establece […] que la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, excepto en los procesos en que se ventilan intereses públicos. Claramente, el proceso que se adelanta en ejercicio de la pretensión de repetición es uno de aquellos en los que se ventila un interés público, pues con este se busca la protección del patrimonio público. Sobre este particular, la Corte Constitucional ha señalado que “la acción de repetición tiene una finalidad de interés público como es la protección del patrimonio público el cual es necesario proteger integralmente para la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho, como lo señala el artículo 2 de la Constitución Política”. Así, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 188 del C.P.A.C.A. y en razón a que en el proceso de la referencia se persigue un interés público, en este caso no hay lugar a condenar en costas a la parte vencida, es decir, a la parte actora.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la imposibilidad de condenar en costas en el proceso de repetición, por tratarse de un proceso encaminado a la protección del patrimonio público, ver: Corte Constitucional, sentencia C-832 de 2001, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 2, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188
Texto extraído del PDF oficial 70.154 caracteres
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 11001-03-26-000-2013-00109-00 (48.022)
Actor: Nación – Auditoría General de la República
Demandado: Ana Cristina Sierra de Lombana
Referencia: Medio de control de repetición
Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN - presupuestos de procedencia bajo la Ley 678
de 2001 / PRESUNCIONES DE CULPA GRAVE O DOLO –Estudio genérico sobre
las presunciones de dolo y culpa grave – acreditación del hecho que le da base a la
presunción y su contradicción / CULPA GRAVE – no se probó.
Procede la Sala a dictar sentencia en única instancia en virtud de la demanda de
repetición promovida por la Nación – Auditoría General de la República contra la
señora Ana Cristina Sierra de Lombana.
Según la demanda, la Nación – Auditoría General de la República fue condenada
en proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con ocasión de la expedición
de un acto administrativo que declaró insubsistente un nombramiento, hecho
atribuible a la conducta gravemente culposa de la entonces Auditora General de la
República; como consecuencia, solicita que se le declare patrimonialme nte
responsable y se le ordene reembolsar el valor total pagado por la entidad
demandante.
I. LA DEMANDA
1. El 25 de julio de 2013 1, la Auditoría General de la República, a través de
apoderado judicial, formuló demanda en ejercicio del medio de control de repetición,
1 Folios 1-18 c. ppal.
Radicación: 11001-03-26-000-2013-00109-00 (48.022)
Actor: Nación – Auditoría General de la República
Demandado: Ana Cristina Sierra de Lombana
Referencia: Medio de control de repetición
2
en contra de la señora Ana Cristina Sierra de Lombana, cuyas pretensiones, hechos
y fundamentos son, los siguientes:
Pretensiones
2. Se solicitó que se declarara patrimonialmente responsable a la señora Ana
Cristina Sierra de Lombana, por su conducta gravemente culposa, al expedir el acto
administrativo por el cual se declaró insubsistente el nombramiento del funcionario
Germán Alberto Rodríguez Fernández, hecho por el cual fue condenada la Auditoría
General de la República dentro de proceso d e nulidad y restablecimiento del
derecho. Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó que se la
condenara a reembolsar la suma de cuatrocientos treinta y ocho millones ciento
cincuenta y cuatro mil setecientos noventa y cinco pesos con sesenta y tres
centavos m/cte. ($438’154.795,63), que debió pagar la demandante en
cumplimiento de la referida condena.
Hechos
3. Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, que la señora Ana
Cristina Sierra de Lombana, en su calidad de Auditora Gen eral de la República,
expidió la Resolución No. 15 del 11 de enero de 2008, mediante la cual declaró
insubsistente el nombramiento del funcionario Germán Alberto Rodríguez
Fernández en el cargo provisional de profesional especializado grado 4 de la Planta
Global de Personal de la Gerencia Seccional VII, con sede en la ciudad de Armenia,
bajo el argumento de que habría filtrado información reservada a un medio de
comunicación sobre el sentido de un fallo con responsabilidad fiscal proferido por
esa entidad.
4. Por este hecho, el señor Rodríguez Fernández promovió una demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, la cual fue decidida mediante providencia
proferida el 16 de mayo de 2011 por el Juzgado Tercero Administrativo de Armenia,
en la que se declaró la nulidad de la Resolución 15. Dicho fallo fue confirmado el 26
de abril de 2012 por el Tribunal Administrativo de Quindío, por considerar que el
acto administrativo se encontraba viciado de falsa motivación, debido a que la
información reservada supuestam ente dada a conocer a los medios era de pleno
conocimiento de varios funcionarios y no sólo del señor Rodríguez Fernández.
5. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto administrativo, la
Auditoría General de la República debió pagar, al señor Rodríguez, la suma de
cuatrocientos treinta y ocho millones ciento cincuenta y cuatro mil setecientos
noventa y cinco pesos con sesenta y tres centavos m/cte. ($438’154.795,63), este
pago fue ordenado por varias resoluciones y se hizo en siete desembolsos.
Fundamentos de derecho
Radicación: 11001-03-26-000-2013-00109-00 (48.022)
Actor: Nación – Auditoría General de la República
Demandado: Ana Cristina Sierra de Lombana
Referencia: Medio de control de repetición
3
6. La parte actora sostuvo que el actuar de la demandada fue gravemente culposo,
dado que se expidió el acto administrativo de insubsistencia en contravía de las
normas que regían el cargo en provisionalidad desempeñado por el señor
Rodríguez Fernández. Adujo que el acto se fundó en una falsa motivación sobre la
supuesta filtración de una información que no era de conocimiento exclusivo del
señor Germán Rodríguez Fernández, de manera que no podía concluirse que aquél
fuera el responsable de divulgarla; además, con base en lo sustentado en la
decisiones judiciales en el proceso de la acción de nulidad y re stablecimiento del
derecho, sostuvo que la información supuestamente divulgada no gozaba de
reserva legal por tratarse del fallo dictado dentro de un proceso de responsabilidad
fiscal.
7. Finalmente, sostuvo que la decisión de la Auditora General de la República no
obedeció a la configuración de las causales establecidas en el ordenamiento jurídico
para el retiro de servidores que desempeñan cargos de carrera, razón por la cual
incurrió en una violación manifiesta de la ley y ocasionó una afectación al patrimonio
público de la entidad.
La defensa
8. La demanda fue admitida por esta Corporación 2 y notificada personalmente al
apoderado de la parte demandada 3, quien se opuso a su prosperidad; para tal
efecto, aceptó como ciertos los hechos relacionados con la condena y el pago que
debió realizar la entidad demandante, al tiempo que propuso la excepción de
“inexistencia de culpa grave”, por considerar que la señora Sierra de Lombana obró
de manera diligente y prudente, puesto que para adoptar el acto administrativo
declarado nulo, se apoyó en la Oficina Jurídica de la entidad y actuó motivada
únicamente por la preocupación del buen servicio y los fines que informan la
actividad estatal. Agregó que lo decidido en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho no resulta suficiente para probar la culpa grave de la demandada y que
la parte actora no adelantó ningún esfuerzo argumentativo ni probatorio para
demostrar la responsabilidad subjetiva que debía acreditar para lograr la condena
de la funcionaria4.
Audiencia inicial y de pruebas
9. El 17 de agosto de 2017, una vez adelantado el trámite legal posterior a la
contestación de la demanda, se realizó la audiencia inicial de que trata el artículo
180 del C.P.C.A., diligencia en la que se llevaron a cabo las etapas previstas en la
disposición normativa en comento: el saneamiento del proceso, la decisión de
excepciones previas, la fijación del litigio y el decreto de pruebas.
2 Auto del 25 de septiembre de 2013 (folios 98-100 c. ppal.).
3 Folios 199-200 c. ppal.
4 Folios 201-218 c. ppal.
Radicación: 11001-03-26-000-2013-00109-00 (48.022)
Actor: Nación – Auditoría General de la República
Demandado: Ana Cristina Sierra de Lombana
Referencia: Medio de control de repetición
4
10. El litigio se fijó en los siguientes términos (se transcribe de manera literal con
eventuales errores del original):
“De conformidad con lo anterior, considera el Despacho que el objeto del litigio
se contrae a establecer si la imposición de la referida obligación fue
consecuencia del actuar con culpa grave de la doctora Ana Cristina Sierra de
Lombana al expedir con falsa motivación la resolución 015 del 11 de enero de
2008 y, en consecuencia, si se configuran todos los presupuestos necesarios
para que prospere la demanda de repetición instaurada en su contra”5.
11. El 14 de septiembre de 2017 se celebró audiencia con el fin de practicar las
pruebas decretadas en la audiencia inicial, relativas a la recepción de cuatro
testimonios, de los cuales sólo se practicaron tres6.
12. Surtido lo anterior y en aplicación a lo dispuesto en el artículo 181 del
C.P.A.C.A. se prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y se ordenó
la presentación por escrito de los alegatos de conclusión y del concepto del
Ministerio Público7.
Los alegatos de conclusión
13. Surtidas las tres primeras etapas del proceso, la parte demandada sostuvo
que no obraba en el expediente la constancia de recepción del pago a entera
satisfacción y, sobre la calificación de la conducta de la señora Sierra de Lombana,
indicó que únicamente se aportaron los fallos del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Sostuvo que los testimonios rendidos en la audiencia
de pruebas fueron coherentes en referir la actitud diligente de la señora Sierra, quien
adoptó la decisión con base en una verificación documental, evaluación y asesoría
seria sobre las circunstancias de hecho que motivaron la expedición del acto
administrativo8.
14. La Nación – Auditoría General de la República sostuvo que, de acuerdo con
los testimonios recogidos en el proceso, la demandada sabía que la información
presuntamente filtrada a los medios de comunicación no contaba con reserva
alguna y decidió desvincular de la entidad al señor Germán Rodríguez Fernández
sin adelantar un proceso administrativo en el que éste pudiera ejercer su derecho
de defensa. Agregó que la demandada motivó falsamente la resolución y con ello
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a l
Se muestran los primeros 10.000 caracteres. El PDF oficial tiene el texto completo.