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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: se tiene competencia para conocer de este asunto

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Fecha
2022-02-18
Radicado
05001233300020150105501
Número interno
67534
Ponente
MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
MUNICIPIO DE ITAGÜI (ANTIOQUIA)
Demandado
CARLOS ARTURO BETANCUR CASTAÑO

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: se tiene competencia para conocer de este asunto

Lo que dijo la Sala

El artículo 150 de la Ley 1437 de 2011 establece que el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de “las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación” (se destaca). Por su parte, el artículo 152 de la Ley 1437 de 2011 dispone, en su numeral 9, que los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de las demandas de repetición que el Estado ejerza contra los servidores o exservidores públicos y personas privadas que cumplan funciones públicas, incluidos los agentes judiciales, “cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y siempre que la competencia no esté asignada al Consejo de Estado”.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

La competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para los procesos de repetición depende de que se apele una sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, con cuantía superior a quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes al presentarse la demanda. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el artículo 150 del CPACA atribuye a la Corporación la apelación de las sentencias de primera instancia de los tribunales. La segunda es que el numeral 9 del artículo 152 del CPACA radica en los tribunales la primera instancia de las repeticiones que superen esa cuantía, siempre que la competencia no esté asignada al Consejo. En el caso concreto la pretensión de repetición se estimó en una suma que superó ese límite para el año de presentación de la demanda, por lo que la Sala es competente. Como obiter dictum, la providencia precisa que el término de caducidad se cuenta desde la fecha del pago o desde el vencimiento del plazo de dieciocho meses, lo que ocurra primero, conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso. El documento no indica que modifique un precedente.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Cuáles son los presupuestos para determinar la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia en procesos de repetición?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, arts. 150 y 152

También resuelve

  • ¿Cuáles son los presupuestos para el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición?
  • ¿Está demostrado la culpa grave por error inexcusable por expedir un acto administrativo de retiro de un empleado en provisionalidad?
  • ¿Cuáles son los presupuestos para que proceda la condena de las costas procesales y las agencias en derecho?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Guías del tema

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Caducidad de la acción contractual Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Acción de repetición contra el agente Condena en costas y agencias en derecho

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Es competente el Consejo de Estado en única instancia para conocer del medio de control de repetición contra exrepresentante
Titulación de la relatoría 9.969 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTO PROCESAL / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos para determinar la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia en procesos de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 150 de la Ley 1437 de 2011 establece que el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de “las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación” (se destaca). Por su parte, el artículo 152 de la Ley 1437 de 2011 dispone, en su numeral 9, que los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de las demandas de repetición que el Estado ejerza contra los servidores o exservidores públicos y personas privadas que cumplan funciones públicas, incluidos los agentes judiciales, “cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y siempre que la competencia no esté asignada al Consejo de Estado”. En el caso bajo estudio, la pretensión del medio de control de repetición se estimó en la suma de $409’199.253, la cual superó los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes para el año en que se presentó la demanda20. En definitiva, se tiene competencia para conocer de este asunto, porque se trata de una apelación interpuesta en contra de una sentencia proferida, en primera instancia, por un Tribunal Administrativo en un proceso de repetición con vocación de doble instancia. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos para el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, el conteo de los términos que hubiesen empezado a correr en vigencia de una ley anterior debe hacerse según lo dispuesto en dicha norma. En ese sentido, a pesar de que el régimen procesal aplicable a estos asuntos es el contenido en el CPACA, con las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021, la condena judicial por la que hoy se repite se profirió en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho tramitado en vigencia del CCA, motivo por el cual este último cuerpo normativo será el aplicable para contar la caducidad22. En este orden de ideas, con fundamento en la interpretación condicionada que realizó la Corte Constitucional23 respecto del numeral 9 del artículo 136 del CCA y del artículo 11 de la Ley 678 de 2001, esta Corporación ha señalado -como regla general- que el término de caducidad de dos años empieza a correr a partir de la fecha en que efectivamente se realizó el pago o desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el inciso cuarto del artículo 177 del CCA, lo que ocurra primero. La sentencia del 9 de octubre de 2013, proferida por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Antioquia, quedó en firme el 30 del mismo mes y año; por su parte, el municipio de Itagüí completó el pago el 31 de diciembre de 2014, día en que se realizó el último desembolso25, es decir, antes del cumplimiento de los 18 meses previstos en el artículo 177 del CCA. Así las cosas, dado que el término de caducidad corrió desde el 1° de enero de 2015 hasta el 1° de enero de 2017 y la demanda se presentó antes del vencimiento de dicho término, el 19 de mayo de 2015, se impone concluir que el medio de control de repetición se ejerció dentro de la oportunidad legal prevista para ello. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 9, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 624, LEY 2080 DE 2021 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / RETIRO DEL EMPLEADO DE CARRERA ADMINISTRATIVA / RETIRO DEL SERVICIO DEL EMPLEADO DE CARRERA ADMINISTRATIVA / ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO / RETIRO DEL EMPLEADO EN PROVISIONALIDAD / ERROR INEXCUSABLE / ACTO ADMINISTRATIVO POR ERROR INEXCUSABLE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE Problema jurídico: ¿Está demostrado la culpa grave por error inexcusable por expedir un acto administrativo de retiro de un empleado en provisionalidad? Respuesta al problema jurídico: Si El municipio de Itagüí afirmó que la actuación de Carlos Arturo Betancur Castaño, al expedir el acto de retiro de José Bernardo Álvarez Pulgarín, se subsumió en la presunción de culpa grave contenida en el artículo 6, numeral 1, de la Ley 678 de 2001, consistente en la “violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho”. (...) La Sala encuentra que para el 14 de junio de 2006, momento en que expidió el Decreto 254, ya se encontraba en vigor la Ley 909 de 2004 y que José Bernardo Álvarez Pulgarín ocupaba, en provisionalidad, un cargo que pertenecía al régimen de carrera administrativa. Vale la pena advertir que, pese a que el parágrafo 2 del artículo 41 de la Ley 909 de 2004 imponía expresamente el deber de motivación en los cargos de carrera administrativa48, esa norma no especificaba si tal exigencia aplicaba también para los empleados públicos que desempeñaban en provisionalidad esos cargos -de carrera-. En este punto radicó la estrategia de defensa del demandado, quien puso de presente, en su recurso de apelación, que para el 14 de junio de 2006 no existía certeza jurídica de la aplicación del artículo 41, parágrafo 2°, de la Ley 909 de 2004 en los nombramientos provisionales realizados en cargos de carrera administrativa y que, por ello, la indebida aplicación del derecho en la que había incurrido era excusable. (....) Para el Consejo de Estado era posible predicar las reglas de la facultad discrecional en los nombramientos provisionales, por la similitud en el ingreso y el retiro con los nombramientos de libre nombramiento y remoción; postura que difería de la planteada por la Corte Constitucional, según la cual el hecho de que el funcionario estuviera nombrado en provisionalidad no lo equiparaba a uno de libre nombramiento y remoción, por lo que era necesaria la motivación del acto de desvinculación, so pena de vulnerar el debido proceso, obligación que persistía “hasta el momento en el cual sea nombrada en el cargo una persona que haya sido escogida en virtud de la realización de concurso público de méritos para proveer de manera definitiva la plaza”. (...) Lo hasta aquí expuesto le permite a la Sala descartar una violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho por parte del demandado al terminar el nombramiento de José Bernardo Álvarez Pulgarín sin expresar las razones de esa decisión, la misma era razonable para junio de 2006 y, además, contaba con el respaldo de la entonces jurisprudencia del Consejo de Estado -sin perjuicio de que se comparta o no esa hermenéutica-, la cual fue acogida por la secretaría jurídica de Itagüí, dependencia que prestaba su asesoría para que el entonces alcalde no incurriera en yerros jurídicos, por ejemplo, al ejercer su facultad de remoción. Por las razones expuestas, el municipio de Itagüí no demostró el hecho en el cual apoyó la presunción de culpa grave que alegó, la violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho. Es por ello por lo que la Sala revocará lo decidido en primera instancia y negará las pretensiones de la demanda, en la medida en que no fue probada la imputación realizada en contra de Carlos Arturo Betancur Castaño. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema. consultar Corte Constitucional, T-254 de 2006 y sentencia SU-917 de 2010. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 1, LEY 909 DE 2004 COSTAS PROCESALES / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / INTERÉS PÚBLICO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos para que proceda la condena de las costas procesales y las agencias en derecho? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, establece: Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal (se destaca). De la lectura de la norma se desprende, entre otras cosas, que en los procesos en los que se ventile un interés público no se dispondrá sobre la condena en costas, a menos que la demanda se hubiese presentado “con manifiesta carencia de fundamento legal”. El proceso que se adelanta en ejercicio de la pretensión de repetición es uno de aquellos en los que se ventila un interés público, pues con este se busca la protección del patrimonio público. Sobre este particular, la Corte Constitucional ha señalado que” la acción de repetición tiene una finalidad de interés público como es la protección del patrimonio público el cual es necesario proteger integralmente para la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho”53; criterio que ha sido reiterado por esta Subsección en múltiples pronunciamientos54. Bajo ese entendido, dado que en el proceso de la referencia se persigue un interés público y que la Sala no advierte que la demanda se haya interpuesto con manifiesta carencia de fundamento legal, no hay lugar a condenar en costas a la parte vencida, es decir, a la parte actora. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 47
Texto extraído del PDF oficial 79.406 caracteres
1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO Bogotá D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 05001-23-31-000-2015-01055-01 (67.534) Actor: MUNICIPIO DE ITAGÜI Demandado: CARLOS ARTURO BETANCUR CASTAÑO Referencia: REPETICIÓN (LEY 1437 DE 2011) COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA – se ciñe a los cargos formulados en la apelación contra la decisión de primera instancia / PRESUNCIONES DE CULPA GRAVE – consagrada en el numeral 1° del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, consistente en la violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho / CULPA GRAVE DEL AGENTE – se acreditó que la violación de normas de derecho en que incurrió el demandado fue excusable. Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia fechada el 1° de marzo de 2021, proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tr ibunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, así (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores)1: PRIMERO: DECLARAR patrimonialmente responsable al señor Carlos Arturo Betancur Castaño, a título de culpa grave, de la condena impuesta al Municipio de Itagüi, de conformidad con las razones expuestas en la presente providencia. SEGUNDO: CONDENAR al señor Carlos Arturo Betancur Castaño a reintegrar la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M.L. ($286’439,477), suma que será indexada desde el momento que se realizó el pago y hasta la cancelación a la entidad demandante, con fundamento en la fórmula establecida en la parte considerativa de la presente decisión. TERCERO: FIJAR el plazo de seis (6) meses para el cumplimiento de esta sentencia a partir del día siguiente a su ejecutoria, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 679 de 2011.   1 Providencia obrante a folios 204 a 211 del cuaderno del Consejo de Estado. Radicación: 050012333000201501055 01(67.534) Actor: Municipio de Itagüí Demandado: Carlos Arturo Betancur Castaño Referencia: Repetición (Ley 1437 de 2011)                                   2 CUARTO: No se condena en costas. QUINTO: Notifíquese la presente providencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 203 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (negrillas del texto original). I. SÍNTESIS DEL CASO En sentencia del 9 de octubre de 2013, la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Antioquia revocó el fallo del 10 de noviembre de 2010, proferido por el Juzgado 29 Administrativo del Circuito de Medellín y, en su lugar, anuló el acto administrativo contenido en el Decreto 254 del 14 de junio de 2006, que terminó el nombramiento de José Be rnardo Álvarez Pulgarín, quien se desempeñaba como profesional universitario, grado 04, código 219, en la alcaldía de Itagüí y, como consecuenci a, condenó al ente municipal a pagarle al referido señor los salarios y prestaciones que dejó de recibir desde la fecha de su retiro.  Por lo anterior, el municipio de Itagüí demandó en repetición a Carlos Arturo Betancur Castaño, quien, en su condición de alcalde ese ente territorial, habría expedido el mencionado acto administrativo con culpa grave. II. ANTECEDENTES 1. La demanda En escrito presentado el 19 de mayo de 2015 2, el municipio de Itagüí, por conducto de apoderado judicial, formuló demanda de repetición en contra de Carlos Arturo Betancur Castaño, con el fin de que se le condenara a reintegrar la suma de $409’199.253, la cual tuvo que pagar en cumplimiento de la condena impuesta por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Antioquia mediante sentencia del 9 de octubre de 2013, que revocó lo decidido por el Juzgado 29 Administrativo del Circuito de Medellín el 10 de noviembre de 2010, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2006- 00142. En concreto, la parte demandante solicit ó que se efectuarán las siguientes declaraciones y condenas (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):   2 Folio 2 del cuaderno de primera instancia. Radicación: 050012333000201501055 01(67.534) Actor: Municipio de Itagüí Demandado: Carlos Arturo Betancur Castaño Referencia: Repetición (Ley 1437 de 2011)                                   3 PRIMERA: Que el doctor CARLOS ARTURO BETANCUR CASTAÑO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 71.640.993, es responsable por la suma de CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/L ($409.199.253,oo) , que el ente territorial canceló al señor José Bernardo Álvarez Pulgarín, identificado con la cédula de ciudadanía No. 98.621.194, como consecuencia del cumplimiento de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Salas de Descongestión – Subsección laboral – Sala Primera de Decisión, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho laboral con radicado 2006-00142. SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior erogación por parte del municipio de Itagüí, a favor del señor José Bernardo Álvarez Pulgarín se condene al doctor CARLOS ARTURO BETANCUR CASTAÑO , (…) a pagar al municipio de Itagüí, la suma de CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOS CIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/L ($409’199.253) más los intereses que se causen desde el momento de la erogación hasta el momento del fallo definitivo que ponga fin al proceso. Como fundamentos fácticos de la demanda, en síntesis, se narraron los siguientes: Mediante el Decreto número 254 de 2006, Ca rlos Arturo Betancur Castaño, para ese entonces alcalde del municipio de Itagüí, terminó el nombramiento en provisionalidad de José Bernardo Álvarez Pulgarín, quien se desempeñaba como profesional universitario, grado 219, código 219, del referido ente territorial. Se indicó que José Bernardo Álvarez Pulgarín, por conducto de apoderado judicial, presentó demanda de nulidad y rest ablecimiento del derecho, con el fin de que se anulara el decreto que terminó su nombramiento. De ese asunto conoció, en primera instancia, el Juzgad o 29 Administrativo del Circuito de Medellín, despacho que, mediante sentencia del 10 de noviembre de 2010, negó las pretensiones de la demanda; esta decisión fue revocada el 9 de octubre de 2013 por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Antioquia, ente judicial que declaró la nulidad del referido acto administrativo, ordenó el reintegro del mencionado señor a la alcaldía de Ita güí y condenó al ente territorial a pagarle lo dejado de devengar desde la fecha de su retiro. Se señaló que Carlos Arturo Betancur Castaño expidió el Decreto número 254 de 2006 sin ningún tipo de motivación, act uación que vulneró, a juicio del municipio de Itagüí, las normas de derec ho vigentes para esa época, razón por Radicación: 050012333000201501055 01(67.534) Actor: Municipio de Itagüí Demandado: Carlos Arturo Betancur Castaño Referencia: Repetición (Ley 1437 de 2011)                                   4 la cual se consideró que la conducta de ese funcionario encuadraba en la presunción de culpa grave consagrada en el numeral 1° del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, por violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho. 2. Trámite en primera instancia La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante auto del 25 de enero de 2016 3, el cual fue notificado al demandado 4 y al Ministerio Público5. Carlos Arturo Betancur Castaño 6, por conducto de apoderado judicial, contestó la demanda y se opuso a sus pret ensiones. En concreto, propuso las siguientes excepciones: i) “ No cumplimiento del deber legal de haberse declarado impedidos los miembros del comité de conciliación ”, con fundamento en que la mayoría de los miembros de ese comité “ padecían ira intensa y enemis tad grave en contra del demandado”, motivo por el cual debieron decla rarse impedidos. Resaltó que el comité adoptó la decisión de iniciar esta acción de repetición como una “venganza política” en su contra. ii) “ Inexistencia de conducta gravemente culposa ”, dado que el grupo de asesores que para ese momento trabajaban en la alcaldía de Itagüí fueron los encargados de proyectar el Decreto número 254 de 2006; que el demandado no contaba con formación académica en leyes y no le era exigible “ verificar uno a uno los argumentos, soportes o antecedentes de los actos administrativos que diariamente debía suscribir en raz ón de sus funciones como alcalde ”. La parte demandada usó la misma argumentación para sustentar las excepciones denominadas “error invencible, creencia errónea e invencible de estar obrando lícitamente” y “principio de buena fe”. iii) “ Principio de favorabilidad ”, pues no era posible predicar la culpa grave de Carlos Arturo Betancur Castaño tomando como único fundamento las sentencias proferidas por el Juzgado 29 Administrati vo y el Tribunal Administrativo de Antioquia, porque esas decisiones, una absolutoria y otra condenatoria,   3 Folio 72 del cuaderno de primera instancia. 4 Folio 33 del cuaderno de primera instancia. 5 Reverso folio 73 del cuaderno de primera instancia. 6 Folios 98 a 126 del cuaderno de primera instancia. Radicación: 050012333000201501055 01(67.534) Actor: Municipio de Itagüí Demandado: Carlos Arturo Betancur Castaño Referencia: Repetición (Ley 1437 de 2011)                                   5 evidenciaban las “ serias diferencias con respecto a la motivación o no del acto administrativo que desvinculaba a los funci onarios públicos que se encontraban en provisionalidad”. iv) “ Irregular, esca

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012333000201501055011100103