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Consejo de Estado Providencia

Causales de nulidad: Sentencia

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Fecha
2025-04-04
Radicado
25000233600020180068002
Número interno
71438
Ponente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
VICTOR MANUEL CHÁVES PEÑA, PROMCIVILES SAS, CONSORCIO EPC, RENTAL EP SAS
Demandado
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA- DISTRITO CAPITAL

Síntesis de la providencia

Causales de nulidad: Sentencia

Lo que dijo la Sala

Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo actuado y, evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales: jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda, legitimación en la causa por activa y por pasiva, el agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial y verificados los requisitos de la demanda en forma, procede la Sala a decidir la segunda instancia de la presente litis.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede impugnar aspectos que no fueron objeto de debate en el recurso de apelación, ya que la competencia del juez de segunda instancia se limita a los argumentos específicos presentados por el recurrente, salvo situaciones que deban ser analizadas de oficio. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado confirma la procedencia de la segunda instancia siempre que se demuestre el cumplimiento de los presupuestos procesales, incluyendo jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda, legitimación en la causa por activa y pasiva, y el agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial. Esto implica que el juez de segunda instancia debe respetar el marco argumentativo del recurso de apelación, lo que garantiza la eficacia del proceso y la protección de los derechos de las partes.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Cómo no se advierte alguna configuración de causal de nulidad que invalide lo actuado y, evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales, es procedente decidir la segunda instancia de la presente litis?

Respuesta: Si

También resuelve

  • ¿La competencia del juez de segunda instancia al resolver un recurso de apelación se encuentra limitada por los precisos argumentos esgrimidos por el recurrente…
  • ¿Los pliegos de condiciones regulan el procedimiento de selección y deben contener reglas claras, objetivas y completas para la elección del contratista?
  • ¿Teniendo en cuenta que el artículo 167 del Código General del Proceso, indica que la carga probatoria corresponde al demandante en relación con los supuestos de hecho que alega…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

CAUSALES DE NULIDAD PRESUPUESTO PROCESAL JURISDICCIÓN COMPETENCIA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA APELACIÓN DE LA SENTENCIA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN PRINCIPIO DE SUSTENTACIÓN SUFICIENTE PLIEGO DE CONDICIONES CONCEPTO DE PLIEGO DE CONDICIONES CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES FACTORES DE EVALUACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES NATURALEZA JURÍDICA DEL PLIEGO DE CONDICIONES OBLIGACIÓN DEL CONTRATANTE FRENTE AL PLIEGO DE CONDICIONES REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES REQUISITOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES CARGA DE LA PRUEBA CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO APLICACIÓN DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA ACREDITACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA ADECUADA VALORACIÓN DE LA PRUEBA ANÁLISIS DE LA PRUEBA ANÁLISIS DE LA PRUEBA POR EL JUEZ ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA ANÁLISIS DE PRUEBAS DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA RECURSO DE APELACIÓN EVALUACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES EXPERIENCIA CONTRACTUAL DEL PROPONENTE EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA PRINCIPIO DE PUBLICIDAD PRINCIPIO DE PUBLICIDAD CONTRACTUAL CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA CONDENA EN COSTAS APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS LEY DE COSTAS ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS

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Titulación de la relatoría 18.677 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

CAUSALES DE NULIDAD / PRESUPUESTO PROCESAL / JURISDICCIÓN / COMPETENCIA / COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL Problema jurídico: ¿Cómo no se advierte alguna configuración de causal de nulidad que invalide lo actuado y, evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales, es procedente decidir la segunda instancia de la presente litis? Respuesta al problema jurídico: Si Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo actuado y, evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales: jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda, legitimación en la causa por activa y por pasiva, el agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial y verificados los requisitos de la demanda en forma, procede la Sala a decidir la segunda instancia de la presente litis. MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / PRINCIPIO DE SUSTENTACIÓN SUFICIENTE Problema jurídico: ¿La competencia del juez de segunda instancia al resolver un recurso de apelación se encuentra limitada por los precisos argumentos esgrimidos por el recurrente, los cuales deben dirigirse a demostrar por qué la decisión que se impugna es errada? Respuesta al problema jurídico: Si En esta instancia, le corresponde a la Sala pronunciarse sobre los reparos concretos presentados con el recurso de apelación en contra de la sentencia de primer grado, los cuales, por regla general, establecen la competencia del ad quem para ventilar la controversia, salvo situaciones que se deban auscultar y definir de manera oficiosa. La Sala ha establecido que el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la instancia superior. NOTA DE RELATORÍA: Acerca del objeto del recurso de apelación y los problemas jurídicos a resolver en el a quo interpuesto consultar, sentencia de 6 de abril de 2018, rad. 46005, C. P. Danilo Rojas Betancourth Marín, sentencia de 9 de febrero de 2012, rad. 21060, C. P. Mauricio Fajardo Gómez y sentencia de 22 de octubre de 2021, rad. 59925. C. P. José Roberto Sáchica Méndez. PLIEGO DE CONDICIONES / CONCEPTO DE PLIEGO DE CONDICIONES / CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES / CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES / ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / FACTORES DE EVALUACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / NATURALEZA JURÍDICA DEL PLIEGO DE CONDICIONES / OBLIGACIÓN DEL CONTRATANTE FRENTE AL PLIEGO DE CONDICIONES / REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES / REQUISITOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES / VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES Problema jurídico: ¿Los pliegos de condiciones regulan el procedimiento de selección y deben contener reglas claras, objetivas y completas para la elección del contratista? Respuesta al problema jurídico: Si El pliego de condiciones es la norma que rige el procedimiento administrativo de selección del contratista y del contrato a suscribir. En otras palabras, el referido instrumento ha sido considerado la ley del proceso de selección y del futuro contrato, por lo que sus disposiciones obligan tanto a los proponentes como a la misma entidad contratante. El legislador estipuló el contenido mínimo de los pliegos de condiciones en el artículo 24.5 de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015, artículos 2.2.1.1.2.1.1. y 2.2.1.1.2.1.3. constituyéndose en un instrumento esencial de la planeación, al punto que se integra al corpus contractual. El pliego prevé un conjunto de disposiciones y cláusulas elaboradas de manera unilateral por la administración, las cuales tienen carácter vinculante y su propósito es regular las fases del proceso de selección y el contrato que se aspira a celebrar, por lo que debe llevarse a cabo con plenas garantías y en condiciones de igualdad para los oferentes, sin tener en consideración factores de interés personal y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. En este punto, se debe señalar que la Ley 80 de 1993, en su artículo 25, concibió que en el pliego de condiciones para la escogencia del contratista, se cumplirán y establecerán los procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable. Para este propósito, se señalarán términos preclusivos y perentorios para las diferentes etapas de la selección. De otra parte, la Ley 1150 de 2007, en su artículo 5, numeral 1, estableció que la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes, son objeto de verificación como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y ellos no otorgaran puntaje, salvo algunas excepciones. Dichos requisitos habilitantes son sujetos de subsanación y corregibles dentro del plazo que la entidad confiera para el efecto durante la evaluación de las ofertas. Asimismo, el Decreto 1082 de 2015 en el artículo 2.2.1.1.1.6.2, estipuló que la autoridad debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones, teniendo en cuenta: “(a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratación; (c) el análisis del sector económico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad Estatal no debe limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas financieras para verificar los requisitos habilitantes”. En el mismo sentido, dentro de la precitada norma, el artículo 2.2.1.2.1.1.2 prevé que la entidad estatal dentro del plazo previsto en los pliegos de condiciones debe verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes y de las condiciones- a través de un informe preliminar y/o definitivo-, para establecer los oferentes que pueden continuar en el proceso de selección. Lo anterior, permite recalcar a la Sala que tanto el informe preliminar, como el informe definitivo son instrumentos que aseguran el principio de publicidad, toda vez que si se trata de requisitos habilitantes se hace una “verificación” y frente a los requisitos ponderables se hace la “calificación” para asignar puntajes. Además, los informes de evaluación los elabora un comité asesor o consultor, a quien la ley prohíbe trasladar la responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y la de los procesos de selección, ya que ésta sólo la tiene el jefe o representante legal de la entidad estatal (art. 26 ord. 5º Ley 80 de 1993). NOTA DE RELATORÍA: Referente al pliego de condiciones, los requisitos habilitantes y su vinculatoriedad en los procesos de selección, revisar: sentencia de 28 de octubre de 2024, rad. 67511, C. P. Jaime Rodríguez Navas, sentencia de 12 de julio de 2024, rad. 59826, C. P. María Adriana Marín, sentencia de 29 de agosto de 2012, rad. 21077, C. P. Danilo Rojas Betancourth, sentencia de 2 de agosto de 2018, rad. 53506, C. P. Marta Nubia Velásquez, sentencia de 27 de octubre de 2023, rad. 60291, C. P. Roberto Sáchica Méndez, sentencia de 10 de diciembre de 2018, rad. 61431, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico y sentencia de 26 de febrero de 2004, rad. 25804, C. P. Enrique Gil Botero. FUENTE FORMAL: DECRETO 1082 DE 2015 - ARTÍCULO 2.2.1.1.1.6.2, DECRETO 1082 DE 2015 - ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1, DECRETO 1082 DE 2015 - ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.3, DECRETO 1082 DE 2015 - ARTÍCULO 2.2.1.2.1.1.2 , LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 NUMERAL 5, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 26 INCISO 5 CARGA DE LA PRUEBA / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO / APLICACIÓN DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / ACREDITACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / ADECUADA VALORACIÓN DE LA PRUEBA / ANÁLISIS DE LA PRUEBA / ANÁLISIS DE LA PRUEBA POR EL JUEZ / ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA / ANÁLISIS DE PRUEBAS DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA Problema jurídico: ¿Teniendo en cuenta que el artículo 167 del Código General del Proceso, indica que la carga probatoria corresponde al demandante en relación con los supuestos de hecho que alega, en el recurso de apelación interpuesto, el accionante cumplió con la carga procesal correspondiente? Respuesta al problema jurídico: No En primer lugar, se debe señalar que de manera reiterada la jurisprudencia ha establecido que, de conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso, la carga probatoria corresponde al demandante en relación con los supuestos de hecho que alega, lo cual significa que a través de los medios de prueba que estén a su alcance debe llevar al juez a la convicción de la prosperidad de las pretensiones. Considera la Sala que el accionante no cumplió con la carga procesal correspondiente, esto es, no acreditó que su propuesta cumpliera con uno de los requisitos habilitantes (experiencia específica); pues no se aportó, por ejemplo, dictamen pericial, no solicitó el testimonio del evaluador técnico o del equipo estructurador de la licitación u otra prueba, tendiente a demostrar que las obras complementarias debían ser tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia exigida. En otras palabras, no se arrimó al expediente prueba técnica que concluya que la instalación de sardineles, bordillos, cañuelas y demás ítems alegados por el Consorcio EPC debían ser considerados elementos complementarios al proceso constructivo de los pavimentos; por lo que no se desvirtuó que la aplicación que hizo la entidad pública de los requisitos del pliego de condiciones fuera correcta, por el contrario, su interpretación es plausible. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167 RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / PLIEGO DE CONDICIONES / CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES / REQUISITOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES / EVALUACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / FACTORES DE EVALUACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / EXPERIENCIA CONTRACTUAL DEL PROPONENTE / EXPERIENCIA ESPECÍFICA / CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA / AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA / PRINCIPIO DE PUBLICIDAD / PRINCIPIO DE PUBLICIDAD CONTRACTUAL / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA Problema jurídico: ¿El Fondo de Desarrollo Local de Engativá logró demostrar el requisito habilitante de la experiencia específica estipulado en el pliego de condiciones, en lo alusivo a la acreditación en construcción cuya sumatoria de áreas debían ser mayores o iguales a 20.000 m2, debido a la naturaleza, el objeto, la complejidad y las cantidades de obra a ejecutar? Respuesta al problema jurídico: No Así las cosas, a pesar de que en la evaluación inicialmente presentada por la entidad se le certificó al demandante 20.072,76 m2, una vez corregidos los yerros por la Administración, el Consorcio EPC solo logró acreditar una experiencia en áreas de 16.323,05 m2, dado que los componentes denominados como sardineles, bordillos, cunetas, slurry, base de concreto, concreto, cañuelas, cunetas semicirculares, entre otros, no debían ser sujetos a calificación por su calidad de complementarios en los procesos constructivos del pavimento articulado, pavimento flexible y/o pavimento rígido objeto del contrato, conforme a lo establecido en el pliego de condiciones, y a la normatividad técnica por la cual se rigió el proceso. Bajo este contexto, a diferencia de lo alegado por el Consorcio, es dable concluir lo siguiente: (i) los yerros que se configuraron en la evaluación técnica inicial ocurrieron porque se tuvieron en cuenta áreas contratadas, pero no ejecutadas del contrato 213 de 2018, (ii) se tomaron áreas al 100% de la ejecución y no como lo señalaba el pliego definitivo de condiciones en proporción a la participación del integrante del demandante en el consorcio o unión temporal que ejecutó el contrato que se acreditó, como sucedió en los contratos 119 de 2016 y 3892 de 2015; (iii) no se convirtieron los metros lineales a metros cuadrados, ni se indicó la fórmula para tal efecto, pero se pretendía que se calcularan para la referida experiencia y, (iv) se tuvieron en cuenta de forma inicial los elementos tales como sardineles, bordillos, y cañuelas, para el cómputo de los m2, sin embargo, no estaban sujetos a valoración, por lo previamente expuesto. Por último, si bien es cierto en la etapa de análisis de la documentación de los proponentes la entidad determinó que el Consorcio EPC se encontraba habilitado en cuanto a los aspectos técnicos por contar con 4.284,14 S.M.M.L.V en la experiencia de sus contratos acreditados; y con 20.072,76 M2 en la sumatoria de las áreas de metros cuadrados; también es cierto que, una vez adelantada la audiencia de adjudicación se corrigieron los errores en que se había incurrido en la evaluación técnica inicial, de acuerdo a lo reglado en el artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015. En otras palabras, el FDLE al identificar los yerros en la evaluación técnica que afectó la acreditación de áreas y la correcta interpretación de los contratos presentados, contaba con la posibilidad de modificarla, pues se reitera que el informe preliminar y/o definitivo de evaluación no resultaba vinculante, sino que son instrumentos que aseguran el principio de publicidad a los proponentes (para que conozcan los documentos a corregir y el estado de la calificación de su propuesta); dado que la entidad tenía la facultad de verificar los requisitos habilitantes incluso antes de la adjudicación del proceso de selección, como efectivamente lo hizo en el sub examine. Es imperativo resaltar que a contrario sensu de lo alegado por el actor, lo anterior no constituía un derecho adquirido, ni generaba de manera automática la adjudicación del contrato a quien resultara habilitado y acreditara hasta esa fase del proceso el mayor puntaje, si no que, dicha calificación – preliminar y/o definitiva – se debía corregir y/o modificar antes de la adjudicación, al haberse advertido por parte de la administración diferentes yerros puestos de presente por el Consorcio San José, por lo que de acuerdo a la ley y al pliego de condiciones no resultaron vulnerados los principios de la contratación estatal, ni derecho alguno al Consorcio EPC. Advierte la Sala que tal como lo concluyó el FDLE, el accionante no acreditó la experiencia mínima requerida dentro del proceso de selección, por lo que, no se encontraba apto para ser calificado, sino que, por el contrario, se hallaba inmerso en una causal de rechazo. Finalmente, se debe precisar que como el actor no cuestionó los demás razonamientos del a quo, la decisión sobre ellos queda incólume, sin requerir análisis en esta instancia. NOTA DE RELATORÍA: Referente al principio de publicidad a los proponentes, revisar: sentencia de 7 de septiembre de 2004, rad. 13790, C. P. Ricardo Hoyos Duque y sentencia de 27 de marzo de 2014, rad. 24845, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. FUENTE FORMAL: DECRETO 1082 DE 2015 - ARTÍCULO 2.2.1.2.1.1.2 CONDENA EN COSTAS / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / LEY DE COSTAS / ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas a la parte demandante, toda vez que se confirmó la decisión de primera instancia? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, la liquidación y ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas del Código de Procedimiento Civil, actualmente CGP. Según lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 365 ibidem, la Sala condenará en costas en esta instancia a la parte demandante, pues su recurso se resolvió de manera desfavorable. El numeral 8 del artículo 365 de la norma referida dispone que “solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”. El pleito de la referencia corresponde a una controversia de nulidad y restablecimiento del derecho con cuantía que implicó que la entidad demandada tuviera que designar y sufragar abogados que ejercieran la defensa judicial de sus intereses, gestión que genera agencias en derecho incluso por la sola vigilancia del proceso y aún en el evento de que se tratara de apoderados vinculados a su planta de personal. En el presente asunto, las agencias en derecho se fijan con observancia de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 en consideración a la fecha de presentación de la demanda. Para esta instancia se fija como agencias en derecho a cargo de la parte demandante y en favor del FDLE en un (1) salario mínimo legal mensual vigente. Ante esta definición, se impone la liquidación de las costas de manera concentrada por parte del Tribunal de origen, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la condena en costas, revisar: sentencia de19 de febrero de 2021, rad. 64401, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico, sentencia de 19 de marzo de 2021, rad. 68836, C. P. María Adriana Marín, sentencia de 17 de junio de 2022, rad. 67178, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico, sentencia de 21 de noviembre de 2022, rad. 68941, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico, sentencia de 3 de febrero de 2023, rad. 69319, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico. Auto de 9 de abril de 2021, rad. 64150, C. P. María Adriana Marín y auto de 19 de marzo de 2021, rad. 65193, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA , ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016, DECRETO 1400 DE 1970, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201800680021100103