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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el margen de decisión del ad quem está dado por el objeto mismo del recurso

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Fecha
2022-02-18
Radicado
25000232600020100066001
Número interno
53318
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
INNOVATECNIA LTDA, UNION TEMPORAL MACROINNOVA
Demandado
-EJÉRCITO NACIONAL, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el margen de decisión del ad quem está dado por el objeto mismo del recurso

Lo que dijo la Sala

Es relevante puntualizar que la competencia funcional del juez de segunda instancia está limitada por las razones de inconformidad expresadas por el recurrente en el escrito de sustentación de su impugnación. De manera que el margen de decisión del ad quem está dado por el objeto mismo del recurso, que consiste en las razones de inconformidad o juicios de reproche esbozados por el apelante en relación con la situación creada por el fallo de primera instancia; por ello, la Sala no se pronunciará en relación con la alegada violación del debido proceso por falta de notificación a MACROPOS para vincularla al procedimiento administrativo que precedió a la expedición de las resoluciones demandadas, en tanto en el recurso de apelación la parte recurrente no presentó reparos frente a lo decidido en primera instancia en relación con esa específica materia.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El juez de segunda instancia solo puede pronunciarse sobre las razones de inconformidad expresadas por el recurrente en el recurso de apelación, limitando así su competencia funcional a los aspectos específicamente impugnados en la apelación, sin poder abordar cuestiones no debatidas en esta etapa, a menos que sean de resolución de oficio. Esto implica que si la parte no presenta reparos frente a determinados puntos en el recurso de apelación, el juez ad quem no puede pronunciarse sobre ellos, incluso si se reiteran en etapas posteriores del proceso, como los alegatos de conclusión, ya que estas no son oportunidades preclusivas para sustentar el recurso de apelación. Esta regla reitera la importancia del principio de congruencia y la preclusión en la determinación de la competencia del juez de segunda instancia, salvaguardando el debido proceso y la defensa de las partes.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Qué incidencia tiene el recurso de apelación en la determinación de la competencia del juez de segunda instancia?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993, art. 7

También resuelve

  • ¿Cuáles son los presupuestos, la finalidad y cómo es la ejecutoriedad de la garantía de cumplimiento en el contrato estatal?
  • ¿Cuál es la normatividad aplicable en todo lo relacionado con la garantía de cumplimiento en el contrato estatal y cuáles son sus presupuestos?
  • ¿Cuál es la diferencia entre el riesgo de calidad y el riesgo de funcionamiento?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA RECURSO DE APELACIÓN ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN PRETENSIONES DE LA DEMANDA IMPROCEDENCIA DE LA TERCERA INSTANCIA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SEGURO DE DAÑOS PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO DE SEGURO EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO CARACTERÍSTICAS DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO GARANTÍA DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO GARANTÍA DE BIENES Y SERVICIOS GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO DEBIDO PROCESO DERECHO AL DEBIDO PROCESO DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO ELEMENTOS DEL DEBIDO PROCESO DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO AMPARO AL DEBIDO PROCESO GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO PÓLIZA DE SEGURO EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE SEGURO EXIGIBILIDAD DE LA PÓLIZA DE SEGURO REQUISITOS DEL CONTRATO DE SEGURO DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO CONCURRENCIA DEL SINIESTRO OCURRENCIA DEL SINIESTRO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SINIESTRO ACREDITACIÓN DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO NULIDAD DEL ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO CONFIGURACIÓN DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO RESPONSABILIDAD DE LA UNIÓN TEMPORAL RESPONSABILIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA UNIÓN TEMPORAL UNIÓN TEMPORAL RESPONSABILIDAD SOLIDARIA NULIDAD PARCIAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA PRUEBA DE LOS PERJUICIOS CONDENA EN COSTAS IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

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Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal Garantía única y efectividad de la póliza Condena en costas y agencias en derecho

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Titulación de la relatoría 54.956 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / IMPROCEDENCIA DE LA TERCERA INSTANCIA OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Qué incidencia tiene el recurso de apelación en la determinación de la competencia del juez de segunda instancia? Respuesta al problema jurídico: Si [E]s relevante puntualizar que la competencia funcional del juez de segunda instancia está limitada por las razones de inconformidad expresadas por el recurrente en el escrito de sustentación de su impugnación. De manera que el margen de decisión del ad quem está dado por el objeto mismo del recurso, que consiste en las razones de inconformidad o juicios de reproche esbozados por el apelante en relación con la situación creada por el fallo de primera instancia; por ello, la Sala no se pronunciará en relación con la alegada violación del debido proceso por falta de notificación a MACROPOS para vincularla al procedimiento administrativo que precedió a la expedición de las resoluciones demandadas, en tanto en el recurso de apelación la parte recurrente no presentó reparos frente a lo decidido en primera instancia en relación con esa específica materia. En efecto, se tiene que, en lo que a ese aspecto concierne, el Tribunal concluyó que no se vulneró ese derecho porque al procedimiento se vinculó al representante de MACROINNOVA, tema frente al cual en el recurso no se presentó ningún reparo o motivo de disenso. Los argumentos esbozados en la apelación se dirigieron a señalar, en contra de lo decidido por el a quo: (i) que el debido proceso sí se vulneró porque no se puso en conocimiento de la parte actora los oficios previamente referenciados y (ii) que el hecho de que el pago de la indemnización fuera asumida por la aseguradora no significaba que el manejo de la responsabilidad de las integrantes de la Unión Temporal se hubiere hecho de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, a lo cual agregó que se debió adelantar un procedimiento que consultara las actividades asumidas por cada una de ellas y el grado de cumplimiento. Como se observa, ningún reparo se hizo en cuanto a si el representante de la unión estaba o no facultado para representar a ambas sociedades en el trámite administrativo que precedió la expedición de los actos administrativos demandados. 16. Por lo anterior, se pone de presente que el hecho de que en la etapa de alegatos de conclusión la parte demandante hubiera reiterado —como lo había hecho en la demanda, pero no en el recurso de apelación— que no haberse notificado directamente a MACROPOS constituye una violación al debido proceso que da lugar a la nulidad de los actos administrativos demandados no supone que se tenga por apelado ese punto de la sentencia, toda vez que esa etapa del proceso no es la oportunidad preclusiva dispuesta por el legislador para sustentar el recurso de apelación, ni tiene esa finalidad. 17. Adicionalmente, es importante puntualizar que también en la etapa de alegatos de conclusión la parte actora señaló que no se le corrió traslado ni se le dio oportunidad de conocer y debatir el contenido del oficio 94939/DINTE-CECIM-ADMIN del 11 de noviembre de 2009, lo cual también habría vulnerado su derecho al debido proceso. Este aspecto tampoco será objeto de pronunciamiento en esta instancia, por cuanto no fue punto de debate en la primera. En efecto, se encuentra que, si bien en su demanda inicial la parte actora hizo alusión a ese punto en particular, lo cierto es que en la demanda reformada —que se presentó en su “texto integral”— se eliminó esa referencia y, por tanto, el litigio no se trabó en relación con ese tópico. 18. Se concluye, entonces, que en ese punto la demandante varió la causa petendi, en tanto pretendió incorporar ese aspecto al litigio después de precluidas las etapas procesales previstas legalmente para ello, esto es, la demanda, su corrección o adición5 . Así las cosas, en aras de salvaguardar el principio de congruencia6 que impide que se sorprenda a las partes con decisiones que recaigan sobre aspectos que no fueron objeto de debate en el proceso, salvo los que, de conformidad con la ley, deban ser resueltos de oficio, así como el principio de la preclusión y la regla de señalamiento que imponen a las partes la carga de expresar de manera clara y precisa los fundamentos fácticos de sus pretensiones para garantizar el debido proceso y el derecho de contradicción y defensa, la Sala se abstendrá de hacer pronunciamiento en esta instancia sobre ese particular. Con todo, vale mencionar, que a ese aspecto tampoco se hizo referencia en el recurso de apelación. 19. Finalmente, es pertinente mencionar que, como tampoco fue objeto de la apelación, la Sala no se pronunciará en relación con las pretensiones de incumplimiento contractual, ni frente a la de nulidad por falsa motivación. Así como tampoco frente a la de liquidación del contrato. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 7 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / SEGURO DE DAÑOS / PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO / OBJETO DEL CONTRATO DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos, la finalidad y cómo es la ejecutoriedad de la garantía de cumplimiento en el contrato estatal? Respuesta al problema jurídico: Si Por imperativo legal, los contratistas del Estado están obligados a prestar garantía para el cumplimiento de sus obligaciones. Así lo establecía, en su momento, el artículo 67 del Decreto Ley 222 de 1983, luego el numeral 19 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y, en la actualidad, el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007. Para tales propósitos, la Ley 80 de 1993 se refirió a las pólizas expedidas por compañías de seguros y a las garantías bancarias; la Ley 1150 de 2007 hizo alusión a esos mismos mecanismos de cobertura del riesgo y agregó que las garantías podían consistir también en las que fueran autorizadas por el reglamento. En desarrollo de tal habilitación, a través del artículo 3 del Decreto 4828 de 2008 el Gobierno Nacional dispuso que en los procesos de contratación los oferentes o contratistas podrán otorgar, además de los anteriores, otros mecanismos de cobertura. En esta oportunidad, las consideraciones de la Sala estarán dirigidas al análisis de la póliza de seguro de cumplimiento, por ser la que interesa a las resultas del proceso, aunque, valga mencionar, algunas de tales consideraciones son también predicables respecto de los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados para la contratación estatal. La obligatoriedad de la garantía de cumplimiento se estableció en favor de la protección y satisfacción del interés general, en tanto procura asegurar la ejecución debida, total y oportuna del objeto contractual y proteger el patrimonio público de los daños que pudieran derivarse a raíz del incumplimiento, cumplimiento tardío o defectuoso de las obligaciones del contratista, de manera que los seguros de cumplimiento que expiden las compañías aseguradoras en garantía de contratos estatales participan de tales fines y propósitos, en tanto están concebidos para amparar a las entidades públicas de los perjuicios patrimoniales derivados de los incumplimientos de sus contratistas, de ahí que este tipo de seguros participen de la naturaleza de los de daños y, por tanto, que sean de carácter estrictamente indemnizatorio, como imperativamente lo establece el artículo 1088 del Código de Comercio. (...) Así, entonces, como en los seguros de daños de lo que se ampara al sujeto asegurado es de la pérdida o perjuicio patrimonial que pueda sufrir en razón de la ocurrencia del riesgo asegurado, debe concluirse que, en el caso del seguro de cumplimiento, sea o no constituido a favor de una entidad pública, el mero incumplimiento no configura el siniestro, sino que ese hecho debe estar acompañado de la causación de un daño o perjuicio patrimonial para el asegurado, pues, si así no fuere, el seguro se constituiría en fuente de enriquecimiento, en contra de lo que manda el ya citado artículo 1088 que establece el principio indemnizatorio. (...) Ahora, a través de los seguros de cumplimiento se puede amparar el cumplimiento de obligaciones que tengan su fuente en la ley o en un contrato. En el caso de los contratos estatales normativamente se ha dispuesto que el contratista garantice, no sólo el cumplimiento de sus obligaciones específicas o principales, esto es, las pactadas para la consecución del objeto contractual, sino también las llamadas obligaciones accesorias de garantía y obligaciones de seguridad que surgen luego de cumplidas las anteriores. (...) En ese mismo contexto, cabe señalar que cuando lo que se discute recae sobre una obligación de garantía o de seguridad, el debate no gira en torno a si las obligaciones principales o específicas del negocio jurídico fueron satisfechas en la forma y tiempo estipulados, es decir, la discusión no subyace, propiamente, en el cumplimiento del objeto del contrato, sino en el de las obligaciones de garantía o seguridad que le son accesorias y que surgen con posterioridad al cumplimiento de las otras. Superado lo anterior, pero manteniéndolo como contexto de lo que prosigue, la Sala retoma el análisis sobre la obligación de los contratistas de amparar a la entidad pública contratante de los perjuicios derivados tanto de los incumplimientos de las obligaciones principales o específicas del contrato, como de las que le son accesorias, las post-contractuales. Para ello, se detendrá en el análisis de las normas de las que surge tal obligación. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, cita Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 12 de diciembre de 2006, Exp. 68001310300120000013701 M.P. Edgardo Villamil Portilla; Sentencia de 24 de julio de 2006, Exp. 00191, M.P. Carlos Ignacio Jaramillo y sentencia de 17 de julio de 2006 Exp. 17191, M.P. Cesar Julio Valencia Copete FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1088, DECRETO 4828 DE 2008 - ARTÍCULO 3, DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTÍCULO 67, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 7, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 NUMERAL 19 CONTRATO DE SEGURO / GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / CARACTERÍSTICAS DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuál es la normatividad aplicable en todo lo relacionado con la garantía de cumplimiento en el contrato estatal y cuáles son sus presupuestos? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 16 del Decreto 679 de 1994 —reglamentario de la Ley 80 de 1993 y vigente para la fecha de celebración del contrato 625-DINTE-2007 (19 de junio de 2007)— señalaba que el objeto de la garantía única de cumplimiento a la que se refería el numeral 19 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 consistía en respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surgieran a cargo de los contratistas frente a las entidades estatales y, por tanto, debía cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento. Correlativamente, en el artículo 17 de ese mismo decreto se señalaron los riesgos que debía cobijar la garantía única de cumplimiento, según correspondiera a las obligaciones y prestaciones del respectivo contrato, entre ellos, se identificaron los asociados a las obligaciones específicas o principales del negocio jurídico: el cumplimiento del contrato; asimismo, los asociados a las obligaciones accesorias del contratista: estabilidad de la obra, calidad del bien o servicio, correcto funcionamiento de los equipos; así como los relacionados con el buen manejo y correcta inversión del anticipo o pago anticipado y los de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. En el mismo artículo 17, se dispuso que la vigencia de los amparos de estabilidad de la obra, calidad de la obra o servicio suministrado, provisión de repuestos y accesorios debía cubrir, cuando menos, el lapso en que de acuerdo con el contrato y la legislación civil o comercial, el contratista debía responder por la garantía mínima presunta21, por vicios ocultos, garantizar el buen funcionamiento de los bienes suministrados, responder por la estabilidad de la obra o asegurar el suministro de repuestos y accesorios. 35. El referido Decreto 679 de 1994 no determinó el alcance específico de los amparos que en él se enunciaron, lo que sí fue objeto de regulación posterior a través del Decreto 4828 de 2008. Se advierte que, si bien el mencionado decreto del 2008 no resulta aplicable al caso por no haber estado vigente al momento de la celebración del contrato 625-DINTE-2007 ni al del inicio del procedimiento administrativo que finalizó con las resoluciones demandadas, la Sala se remitirá a él únicamente como referente del alcance de los amparos requeridos en el marco del contrato estatal, pues, en general, retomó los mismos a los que hizo alusión el Decreto 679 de 1994. 36. Pues bien, con la expedición y posterior entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007, se derogó el referido numeral 19 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en su lugar, entró en vigor el artículo 7º de la primera normativa mencionada, en vigencia de ésta se profirió el Decreto 4828 de 200822, regulatorio del régimen de garantías en la contratación de la administración pública, aplicable, según su artículo primero, a los contratos regidos por ambas leyes. Este decreto derogó, entre otras normas, los artículos 16 y 17 del Decreto 679 de 1994. En el artículo 4º, a modo enunciativo, se refirió a los riesgos que deben ser amparados en el marco de la contratación estatal, dividiendo los asociados a los incumplimientos de los ofrecimientos, de los relacionados con los incumplimientos de las obligaciones de los contratistas. 37. En cuanto a los segundos, en el referido artículo se indicó que la garantía de cumplimiento debe cubrir los perjuicios derivados de los incumplimientos de las obligaciones legales o contractuales del contratista. A continuación, en ese mismo artículo, se discriminaron los riesgos y se especificó el cubrimiento que frente a cada uno de ellos debía otorgarse en favor de la entidad pública contratante. Específicamente se refirió a: (i) el buen manejo y correcta inversión del anticipo, (ii) la devolución del pago anticipado, (iii) el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal, (iv) el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, (v) estabilidad y calidad de la obra, (vi) calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados, y (vii) calidad del servicio. Agregó que la entidad contratante puede solicitar el amparo de los demás riesgos que considere necesarios. En relación con el amparo de cumplimiento, en el numeral 4.2.3 del Decreto 4828 se definió que éste debe cubrir a las entidades públicas contratistas “de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado”; de manera diferencial, en los numerales 4.2.5 a 4.2.8 se refirió al cubrimiento de los perjuicios que pueda acarrear para el patrimonio público el acaecimiento de otro tipo de riesgos. Específicamente, para lo que interesa a este caso, en el numeral 4.2.7 se hizo alusión al amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados y determinó que cubre a la entidad pública contratante de los perjuicios imputables al contratista garantizado, “(i) derivados de la mala calidad o deficiencias técnicas de los bienes o equipos por él suministrados, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, o (ii) por el incumplimiento de los parámetros o normas técnicas establecidas para el respectivo bien o equipo”. FUENTE FORMAL: DECRETO 679 DE 1994 - ARTÍCULO 16 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / GARANTÍA DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO / GARANTÍA DE BIENES Y SERVICIOS OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuál es la diferencia entre el riesgo de calidad y el riesgo de funcionamiento? Respuesta al problema jurídico: Si Cabe mencionar que esta Corporación ha distinguido el riesgo de calidad del de funcionamiento, entendiendo que el primero se refiere a los perjuicios patrimoniales que puedan derivarse por el incumplimiento de las obligaciones del contratista en lo relativo a las especificaciones y requisitos mínimos pactados en el contrato, mientras que el segundo hace alusión a los perjuicios asociados al deficiente funcionamiento de los bienes o equipos suministrados. No obstante, ha señalado que, dada la complementación que existe entre uno y otro —en la medida que la calidad del servicio haya sido satisfactoria, o los elementos suministrados sean de buena calidad, ello incidirá de manera directa en su correcto funcionamiento— ambos riesgos (calidad y funcionamiento) pueden estar cubiertos por un mismo amparo. Asimismo, para distinguirlos del amparo de cumplimiento, ha precisado que los de calidad y funcionamiento “precaven los posibles perjuicios que pueda sufrir la Administración cuando se presenten vicios en el objeto contratado, que no fue posible detectar al momento de la entrega de los trabajos y que inciden en el cumplimiento de los fines previstos”. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Qué etapas del proceso contractual cubre o debe estar vigente la garantía de cumplimiento del contrato estatal? Respuesta al problema jurídico: Si En consideración a la clase de riesgos que se cubren a través del amparo de cumplimiento, en el artículo 7 del Decreto 4828 de 2008 se dispuso que su vigencia debía permanecer durante todo el plazo del contrato garantizado y el previsto para su liquidación (numeral 7.4); asimismo, en atención a la clase de riesgos que se cubren a través del amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes y productos suministrados, se señaló que su vigencia debía establecerse con sujeción a los términos del contrato y que debía cubrir, por lo menos, el lapso en que de acuerdo con la legislación civil o comercial el contratista debe responder por la garantía mínima presunta y por vicios ocultos (numeral 7.7). FUENTE FORMAL: DECRETO 4828 DE 2008 - ARTÍCULO 7 GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO / GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son los amparos que cobija la garantía de cumplimiento del contrato estatal y el amparo o garantía de calidad? Respuesta al problema jurídico: Si [A]unque al seguro de cumplimiento a favor de entidades públicas se le ha dado la denominación general de garantía única de cumplimiento, tanto en vigencia del Decreto 679 de 1994 como del Decreto 4828 de 2008 —y aún hoy— los amparos que cobija se distinguen según la clase de obligaciones a las que se asocia cada uno de ellos, se diferencian, por ejemplo, los riesgos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones principales o específicas del contrato estatal, de aquellos asociados al cumplimiento de las obligaciones de garantía o seguridad del contratista. Mientras el amparo de cumplimiento propiamente dicho hace alusión al incumplimiento total o parcial del contrato, o a su cumplimiento tardío o defectuoso, el amparo de calidad y correcto funcionamiento se refiere a defectos que, aunque cumplido el objeto contractual en tiempo, se advierten con posterioridad a ello porque el objeto no cumple con las especificaciones requeridas y/o no funciona según lo pactado, haciendo imposible el cumplimiento de las necesidades públicas que se pretendían satisfacer; de ahí que se afirme que aun cuando se hubiere recibido el bien a satisfacción, porque en ese momento cumplía con los requerimientos exigidos contractualmente, ello no significa que, si con posterioridad a ello se presentan defectos en su calidad y funcionamiento, el contratista no deba salir a su saneamiento; al contrario, no solo está en la obligación de hacerlo, sino que, además, por exigencia legal, debe amparar a la entidad pública frente al riesgo de incumplimiento de esa obligación. 43. Entonces, puede observarse, sin mayor dificultad, que el amparo de calidad y correcto funcionamiento, a diferencia del de cumplimiento, está asociado con obligaciones de garantía o seguridad del contratista, en la medida que ampara a la entidad pública contratante de los daños patrimoniales que llegare a sufrir por los defectos que pueda presentar el objeto contratado con posterioridad a la finalización del negocio jurídico, por vicios técnicos y de funcionamiento. Este razonamiento viene a ser confirmado con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 4828 de 2008 — numeral 15.1. FUENTE FORMAL: DECRETO 4828 DE 2008, DECRETO 4828 DE 2008 NUMERAL 15, DECRETO 679 DE 1994 GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO / GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cómo se debe determinar los amparos que cobija la garantía de cumplimiento del contrato estatal? Respuesta al problema jurídico: Si [A]unque la garantía de cumplimiento a favor de entidades públicas sea una sola, sus amparos son diversos y se asocian, asimismo, a distintas obligaciones de los contratistas, de manera que las entidades estatales deben ser cuidadosas al determinar el riesgo que se ha configurado y con fundamento en el cual pretenden hacer efectiva la garantía vertida en una póliza, en tanto no es posible tomar el valor de un amparo, para cubrir el siniestro acaecido por la ocurrencia de un riesgo cubierto por otro. Este aserto no se deriva, en exclusiva, de lo que en su momento mandaba el citado Decreto 4828 de 2008, sino que se estructura sobre la base misma de los elementos esenciales del contrato de seguro y, específicamente, del cumplimiento de la condición suspensiva que da lugar a que surja la obligación del asegurador26, esto es, la ocurrencia del siniestro, que no es más que la materialización del riesgo amparado, que debe ser demostrada por el asegurado, en conjunto con la cuantía de la pérdida. DEBIDO PROCESO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / ELEMENTOS DEL DEBIDO PROCESO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos del derecho del debido proceso? Respuesta al problema jurídico: Si El debido proceso es un derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política que propende por la garantía de la autonomía y libertad de los ciudadanos en tanto limita racionalmente el ejercicio del ius puniendi por parte del Estado30, así como las prerrogativas de poder disciplinario, administrativo y jurisdiccional. El debido proceso dicta que las autoridades, en “toda clase de actuaciones judiciales y administrativas” (artículo 29 de la Constitución) —no solo las estrictamente sancionatorias—, deben adelantar el procedimiento previamente definido para su actuación, en aplicación del principio de juez natural, con respeto de los derechos de defensa y contradicción, garantizando la posibilidad de aportar y controvertir pruebas, la publicidad de las actuaciones y decisiones proferidas en el curso de tales procedimientos y concediendo la oportunidad de impugnarlas. 46. La referida norma constitucional compendia el contenido de tal derecho y su garantía. Así, define el derecho a: (i) ser juzgado con base en normas previas a la conducta que se endilga; (ii) solo ser condenado por hechos previstos como delito o infracción al momento de su comisión; (iii) ser juzgado en atención a las formas previstas para cada juicio, previa determinación legal; (iv) ser juzgado por una autoridad competente, independiente e imparcial; (v) no desconocer la presunción de inocencia; (vi) no ser juzgado dos veces por la misma conducta; (vii) beneficiarse de la aplicación del principio de favorabilidad; (viii) aportar y controvertir las pruebas que se aduzcan en contra del procesado; (ix) el proceso debe sustentarse en pruebas legalmente obtenidas y, (x) se debe lograr la resolución de las controversias jurídicas planteadas sin dilaciones injustificadas y con respeto de los principios procesales. Desde la expedición de la Constitución Política de 1991, el derecho al debido proceso se extiende, como ya se dijo, tanto a las actuaciones administrativas como a los procesos judiciales; sin embargo, ello no significa que el debido proceso y sus garantías deban ser aplicados con los mismos alcances según se trate de uno u otro porque, en atención a las diferencias que existen entre sus finalidades, objeto, naturaleza y alcances, tratándose del ámbito administrativo, este derecho debe desarrollarse bajo los principios orientadores de la función administrativa, previstos en el artículo 209 de la Constitución Política, entre ellos, la eficacia, celeridad, economía e imparcialidad33 . 48. En ese contexto, aun cuando el respeto del derecho fundamental al debido proceso es de ineludible observancia en el ámbito administrativo, no lo es menos que, como ya se vio, su garantía debe armonizarse con la aplicación de los principios que rigen la función administrativa, pues unos y otros están al servicio del mismo fin, esto es, la realización de la justicia material y la concreción de los fines del Estado. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29 DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL / DEBIDO PROCESO / ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO / ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / AMPARO AL DEBIDO PROCESO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos del derecho al debido proceso en el procedimiento contractual? Respuesta al problema jurídico: Si En las actuaciones administrativas contractuales el debido proceso tiene papel preponderante, en tanto que, como resultado de éstas se pueden generar afectaciones a variados derechos de los contratistas, motivo por el cual, cuando en pro de la continua y eficiente prestación de los servicios y bienes objeto de la contratación estatal se haga necesario adoptar una decisión en contra de los intereses del administrado, ello debe ser el resultado de la observancia de un procedimiento que preserve la realización de las garantías del debido proceso; en tal virtud, el respeto de ese derecho torna en improcedente la imposición de plano de dichas decisiones. Tratándose de la consagración positiva del debido proceso en materia contractual, en un inicio, los artículos 23 y 77 de la Ley 80 de 1993 remitían a las normas generales del ejercicio de la función administrativa, en cuanto fuesen compatibles con la ley de contratación pública sobre la formación de la voluntad de la administración, las cuales envolvían el deber de hacer partícipe al administrado destinatario de tales decisiones en el trámite previo a la expedición del acto administrativo, garantizándole la posibilidad de ser oído y de ejercer su derecho de defensa y contradicción. Desde entonces se admitía que su participación no se limitaba a la etapa de revisión de las determinaciones administrativas a través de la formulación de recursos, sino que antecedía a la expedición misma del acto. Al respecto, esta Corporación ha expresado que con la consagración de tales reglas, el ordenamiento legal entendió que la realización del interés público y la protección de los derechos de los particulares no solo se hace efectiva a partir de facilitar la controversia sobre la decisión administrativa (recurso), sino que es indispensable que, en la formación de tal voluntad, intervenga el particular que potencialmente pueda resultar afectado, pues ello legitima, entre otros, la presunción de legalidad del acto. Con la expedición del ya citado artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, se recogieron y reafirmaron dichas premisas y garantías sobre las que descansa el derecho fundamental al debido proceso. Sin embargo, su importancia se hizo superlativa, toda vez que, a través de dicha norma, se consagró como principio rector en el desarrollo de las actuaciones administrativas contractuales. Dicha norma refrendó que el debido proceso es un elemento central en el ejercicio de las facultades de la administración en materia contractual37; por ende, cuando pretenda adoptar una decisión que afecte derechos e intereses de determinados sujetos, sus actuaciones deben garantizar que el afectado pueda intervenir en la etapa previa a la expedición del respectivo acto administrativo con el objeto de habilitar el ejercicio de su derecho de defensa y contradicción38, para lo cual debe conocer sobre el inicio de la actuación, las razones en las cuales se funda, le asiste el derecho a tener la oportunidad de aportar y discutir las pruebas que se aduzcan en su contra y, en general, puede presentar los descargos que considere pertinentes. Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, esta Corporación ya precisó que en el ámbito contractual, el derecho al debido proceso no se traduce en la necesidad de que los procedimientos administrativos contractuales sean iguales a los judiciales o aun a los administrativos que están reglados, en tanto los procedimientos administrativos contractuales deben estar a tono con la agilidad y eficiencia propia de la actividad que busca la garantía de la continua prestación de los servicios o bienes contratados en interés del público en general. Además, tales procedimientos se amoldan a los fines que se persiguen, por lo cual no son únicos ni rígidos, pues en el marco de los criterios y principios que gobiernan la noción de justicia administrativa, se adecúan a la realización de los fines de la función y cometido o tarea que con ella se realiza. En ese sentido, se señala que el respeto por el debido proceso se entiende garantizado cuando se adelanta un procedimiento que, como mínimo, agote un requerimiento previo para que el contratista y los demás interesados —incluyendo a la aseguradora— conozcan los fundamentos que darán lugar a la determinación administrativa que se pretenda adoptar y, de cara a ello, puedan ejercer su derecho de defensa y contradicción, para lo cual deben tener la posibilidad de pedir pruebas y contradecir las que se aduzcan en su contra. (...) [E]s importante precisar que, si bien de cara al contratista y a la aseguradora la actuación puede ser una sola, no por ello puede predicarse la existencia de un procedimiento sancionatorio respecto de la segunda, puesto que en relación con ella la actuación administrativa no está encaminada a declarar el posible incumplimiento de las obligaciones principales o accesorias del contrato garantizado y a imponer una pena en su contra, sino a acreditar los elementos que, en los términos del artículo 1077 del Código de Comercio, le dan derecho al asegurado de reclamar a aquélla la indemnización que se obligó a cubrir en caso de la ocurrencia del siniestro que amparó. En otras palabras, la responsabilidad de la aseguradora no surge en razón de una sanción impuesta por la administración, sino en consideración al acaecimiento de la condición de la que pende el cumplimiento del contrato de seguro. Lo anterior, se reitera, no significa que en relación con la aseguradora la entidad pública no esté en la obligación de respetar el debido proceso, toda vez que, como ya se dijo, ese derecho constituye un presupuesto exigible respecto de toda actuación administrativa a la cual apliquen las reglas generales del procedimiento administrativo, sea o no sancionatoria. En este mismo sentido, cabe destacar que, en el caso de la aseguradora, el debido proceso no está dirigido a determinar su responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones del contrato amparado, pues respecto de él no tiene ninguna, sino en establecer los elementos que, de conformidad con la ley y el contrato de seguro, hacen surgir la obligación de pago a su cargo, esto es, en los términos del artículo 1077 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 1080 ibídem, la demostración de la ocurrencia del siniestro y de la cuantía de la pérdida, si fuere el caso, discusión en la cual debe también participar el contratista, en tanto tiene interés directo respecto de la determinación de tales presupuestos, pues, como ya se mencionó, de una parte, la discusión en torno a la ocurrencia del siniestro comporta la del cumplimiento de sus obligaciones —por ser el riesgo amparado— y, de otra, porque una vez pagada la indemnización, la aseguradora puede subrogarse en los derechos del asegurado en contra de quien dio lugar a la realización del riesgo (artículo 1096 del Código de Comercio). FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1077, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 17, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 23, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 77 ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PÓLIZA DE SEGURO / EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE SEGURO / EXIGIBILIDAD DE LA PÓLIZA DE SEGURO / CONTRATO DE SEGURO / REQUISITOS DEL CONTRATO DE SEGURO Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos que debe contener el acto administrativo a través del cual se pretende hacer efectiva una garantía contenida en una póliza de seguro? Respuesta al problema jurídico: Si [S]e empieza por señalar que la base para iniciar una actuación administrativa y, en virtud de ella, para proferir un acto administrativo que la finalice, radica en la existencia de unos presupuestos fácticos —motivos— que le sirvan de soporte, tales hechos, debidamente acreditados, a su vez, deben relacionarse con el ordenamiento jurídico pertinente, de modo que las valoraciones que se hagan sobre ellos y las consecuencias que se deriven se ajusten válidamente a él. Así, tales supuestos fácticos, mirados a la luz del ordenamiento jurídico pertinente, deben dar lugar a que se produzcan los efectos jurídicos determinados normativamente, los cuales, si es el caso, serán los reflejados en las decisiones que finalmente se adopten en el respectivo acto administrativo. Pues bien, tratándose de actos administrativos a través de los cuales se pretende hacer efectiva una garantía contenida en una póliza de seguro, la entidad pública contratante, como ya se dijo, debe adelantar un procedimiento que garantice la participación de los interesados en la etapa previa de formación de la voluntad de la administración. El objeto del procedimiento, en estos casos, debe estar dirigido a establecer las condiciones que, según la ley comercial y el contrato de seguro, dan lugar a que surja en cabeza de la aseguradora la obligación de pagar el monto de la indemnización por la que se hubiere obligado a responder en caso de configuración del siniestro —lo que, como ya se dijo, entraña el análisis propio de la responsabilidad del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones—. En otras palabras, lo que se debe determinar en el curso de tal procedimiento y, por tanto, respecto de lo que deben tener oportunidad de discutir los interesados, es sobre si se dan los supuestos fácticos y jurídicos que, de conformidad con el ordenamiento jurídico, dan lugar a que surja en cabeza de la aseguradora la obligación de pago de la respectiva indemnización, esto es, a voces del artículo 1077 del Código de Comercio, la ocurrencia del siniestro, acompañada de la determinación demostrada de la cuantía de la pérdida. (...) En lo que interesa a este caso, basta con mencionar que una de las materias respecto de las cuales se ha entendido que los seguros de cumplimiento de contratos estatales se regulan especialmente por las normas del derecho público se refiere, justamente, el procedimiento para hacer efectiva la póliza —la Sala en este punto advierte que, si bien este tema no es pacífico en la jurisdicción, al menos no en todos los eventos, aquí no será abordado por no haber sido objeto de debate—; ello, admitido o no, en todo caso, no permea el tema relacionado con las condiciones sustantivas que se deben cumplir y acreditar para que surja en cabeza de la aseguradora la obligación de pago, de manera que, sea que a ello se pretenda llegar por la vía de la decisión unilateral de la administración —el acto administrativo— o a través del procedimiento regulado en los artículos 1077, 1080 y 1053 del Código de Comercio —la reclamación—, lo cierto es que, en uno y otro caso, tales presupuestos deberán estar presentes por imperativo legal, pues sin la demostración de aquellos —carga que corresponde al asegurado— la aseguradora no estará obligada al pago. En efecto, si, como señala el numeral 1º del artículo 1037 del Código de Comercio —partes del contrato de seguro—, el asegurador es la persona jurídica que asume los riesgos, que, según el numeral 2º ibídem, le son trasladados, por cuenta propia o ajena por el tomador, para que, en caso de que se realice el hecho material amparado sea aquélla la que asuma la responsabilidad de indemnizar los perjuicios que se causen de tal circunstancia, hasta el monto que hubiere amparado44 , entonces, es claro que para que surja tal obligación es necesario que se cumpla la condición de la ocurrencia del siniestro. 69. No obstante, para que tal obligación se origine, no basta con la mera realización del riesgo —ocurrencia del siniestro—, sino que, por expresa disposición legal (artículo 1077 del Código de Comercio), hace falta que el asegurado demuestre ese hecho y también la cuantía de la pérdida originada en aquel. Como se observa, la carga que se ubica en cabeza del asegurado no se limita a que afirme que el riesgo ha ocurrido y a que señale una determinada cifra a título de perjuicio o a que realice una mera liquidación. No, la carga consiste en demostrar efectivamente ambas cosas. Así, entonces, si a la exigibilidad de la garantía pretende llegarse a través de la expedición de un acto administrativo, ello supone que en tal acto la entidad pública contratante deba cumplir con la acreditación de ambos supuestos, pues, aun cuando se admita que tiene competencia para proferirlo, ello no la releva de la carga de demostrar lo que le exige la ley comercial de cara al surgimiento de la obligación de pago de la indemnización en cabeza de la aseguradora. Otra cosa es que, al quedar contenida tal decisión en un acto de esa naturaleza, quede cobijada por la presunción de legalidad, lo que impone suponer que la decisión está basada en el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley para ello; sin perjuicio, claro está, de que, por tratarse de una presunción iuris tantum, pueda ser desvirtuada por vía judicial. En ese mismo orden de ideas, si lo anterior es analizado con el reflectivo del debido proceso, que, se reitera, se predica respecto de todas las actuaciones administrativas, sean o no sancionatorias, entonces tendrá que concluirse que en el caso de los actos a través de los cuales se pretenda hacer efectiva la garantía de cumplimiento a favor de entidades estatales, la formación de la voluntad de la administración no se limita a la determinación de la ocurrencia del siniestro, sino que se extiende también al aspecto de la determinación y acreditación del monto del perjuicio. Esto es así, porque, como acaba de verse, según la ley, uno y otro son presupuestos indispensables para que surja en cabeza de la aseguradora la obligación de pago de la indemnización, de manera que a falta de cualquiera de ellos, la voluntad de la entidad pública contratante tendiente a hacer exigible la garantía no podría surtir efectos; por tanto, es claro que el análisis de tales presupuestos no puede escindirse para concluir, por ejemplo, que el objeto del procedimiento administrativo previo a la expedición del acto se limita a la discusión de la ocurrencia del siniestro. En adición a lo anterior, se pone de presente que la carga que debe cumplir el asegurado para obtener el pago de la indemnización por la ocurrencia del siniestro que fue amparado no se limita a un mero acto de liquidación, sino que se concreta, como ya se dijo, en el deber de acreditar el monto por el cual se pretende hacer efectiva la garantía; de manera que, al no tratarse de una mera operación matemática, no es admisible entender que este aspecto quede relegado a ser definido en el acto en el que se declara la ocurrencia del siniestro y se hace efectivo el amparo, excluyéndolo del debate previo que debe darse con participación de los interesados de cara a la formación de la voluntad de la administración y limitándolo al de la mera revisión de lo decidido a través de los recursos de la vía administrativa. Recuérdese que la participación del afectado en la etapa previa a la expedición del acto se asocia a la protección efectiva del derecho al debido proceso, a la vez que legitima la presunción de legalidad del acto. Así, una cosa es que la cuantificación del perjuicio se exprese en el acto administrativo respectivo, otra que en el procedimiento administrativo previo los interesados tengan oportunidad de pronunciarse sobre su acreditación. (...) es claro que tanto el contratista como la aseguradora están legitimados para debatir acerca de la ocurrencia o no del riesgo asegurado — el incumplimiento de las obligaciones del contratista—, así como también respecto de la determinación del monto por el que se pretende hacer efectiva la garantía. A la aseguradora le asiste un interés directo en cuanto a la determinación de los presupuestos que en los términos del contrato de seguro dan lugar al surgimiento de una obligación a su cargo, al contratista le asiste también un interés para debatir acerca de tales aspectos, de una parte, porque atañe directamente a su responsabilidad y, de otra, porque, como ya se mencionó, en caso de que la aseguradora pague la indemnización, ésta se subrogará en los derechos de la entidad pública contratante en contra de quien dio lugar a la causación del riesgo amparado. Finalmente, la Sala precisa que el artículo 1077 del Código de Comercio establece que le corresponde al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida, si fuere el caso. Estima la Sala que, por regla general, cuando el que se entiende configurado es el amparo de cumplimiento propiamente dicho y lo que se pretende hacer efectivo es el pago de la cláusula penal o las multas, no será necesario que en el trámite administrativo se discuta acerca de la determinación del monto de la pérdida —o en el caso de la multa de la sanción—, en la medida que el monto de la multa y de la estimación anticipada del perjuicio son aspectos que están definidos de antemano en dichas cláusulas desde la celebración misma del contrato amparado. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1053, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1077, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1080 DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Si el contratista no tiene oportunidad para pronunciarse respecto de los elementos que se tuvieron en cuenta para acreditar el monto de la pérdida antes de la expedición del acto administrativo que declaró el incumplimiento contractual, esto afecta la declaratoria de ocurrencia del siniestro y/o la declaratoria del incumplimiento de las obligaciones de calidad del contratista? Respuesta al problema jurídico: Si Se precisa que el hecho de que, como se verá, se encuentre que la contratista no tuvo oportunidad de pronunciarse respecto de los elementos que se tuvieron en cuenta para acreditar el monto de la pérdida antes de la expedición de la Resolución No. 061 de 2008, no afecta la declaratoria de ocurrencia del siniestro —ni tampoco la del incumplimiento de las obligaciones de calidad del contratista— puesto que para ello la ley no exige que se demuestre la cuantía del perjuicio, sino solamente la realización del riesgo amparado. Lo que afecta es la orden dada en el acto administrativo en el sentido de hacer efectiva la póliza, pues, como ya se analizó, para ello sí se requiere de la conjunción de dos elementos, la demostración de la realización del riesgo amparado y la acreditación del monto de la pérdida. CONCURRENCIA DEL SINIESTRO / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / OCURRENCIA DEL SINIESTRO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿El siniestro se entiende configurado solamente en razón del incumplimiento? Respuesta al problema jurídico: Si [E]s también pertinente reiterar que, por tratarse del seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales, esto es, de un seguro de daños, el siniestro no se entiende configurado solamente en razón del incumplimiento, sino que se materializa en el daño causado por el acaecimiento de ese hecho. SINIESTRO / ACREDITACIÓN DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / NULIDAD DEL ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / CONFIGURACIÓN DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Cómo se determina la cuantía del siniestro? Respuesta al problema jurídico: Si [A] pesar de que la determinación del monto de la indemnización no se reduce a la mera afirmación de un valor o a una mera operación aritmética, sino que comporta, esencialmente, un proceso de verificación y acreditación de unos supuestos fácticos que, al estar debidamente demostrados, soportan la determinación final de la administración de cara al valor por el que estima se le ha causado un perjuicio y por el que, hasta el monto amparado, hará efectiva la garantía de cumplimiento —en este caso en su amparo de calidad— o, en otras palabras, a pesar de que para determinar el monto de la pérdida la entidad pública no podía basarse en sus meras apreciaciones, sino que debía emplear unos medios demostrativos que la respaldaran, no dio oportunidad para que la contratista participara en el proceso de recolección de tales pruebas, menos aún en el de la discusión de su contenido, alcance y, en general, de su mérito demostrativo, a pesar de que, como ya se estudió, le asistía un interés legítimo en ello por resultar afectada por tal determinación, no solo porque en caso de que la aseguradora pagara la indemnización podía subrogarse en los derechos de la entidad pública en contra de la contratista, sino también porque, en lo que no quedó cubierto por el valor del amparo contemplado en el contrato de seguro, se ordenó que se iniciara una acción de repetición en contra de los integrantes de la Unión Temporal88, con lo cual, evidentemente, se vulneró su derecho al debido proceso. 112. En consecuencia, la Sala encuentra que, en lo que concierne a la acreditación y fijación del monto de la pérdida (artículo segundo de la Resolución No. 061 del 15 de diciembre de 2009, parcial), las resoluciones demandadas están viciadas de nulidad por violación del debido proceso y, por tanto, así se declarará. Este vicio acarrea también el de la nulidad de la orden de hacer efectiva la póliza (artículo tercero de la misma resolución), en tanto en cuanto, ya se dijo, en los términos del artículo 1077 del Código de Comercio, para mantener esa declaración se requería que el acto se mantuviera incólume en cuanto a dos elementos, la declaración de la ocurrencia del siniestro —que no se altera en su validez (ver párrafos 95 a 97 de esta providencia)— y la cuantía de la pérdida, que será anulada. Finalmente, se declarará la nulidad de la orden de iniciar una acción de repetición en contra de los integrantes de la Unión Temporal por el valor excedente del total cuantificado a título de pérdida (artículo cuarto de la misma resolución), pues esta determinación se fundó, igualmente, en la evaluación de perjuicios que hizo la entidad demandante sin participación de la contratista. RESPONSABILIDAD DE LA UNIÓN TEMPORAL / RESPONSABILIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA UNIÓN TEMPORAL / UNIÓN TEMPORAL / RESPONSABILIDAD SOLIDARIA Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos para la determinación de la responsabilidad de los integrantes de la unión temporal? Respuesta al problema jurídico: Si [L]os integrantes de las uniones temporales responden solidariamente por el cumplimiento de las obligaciones de su propuesta y las del contrato, es decir, por ley, están llamados a responder, cada uno de ellos, por la totalidad de tales obligaciones89; por tanto, correlativamente, la administración puede exigir a cada uno de ellos el cumplimiento total del débito, sin que éstos puedan oponer la división de la obligación en razón de su participación en la ejecución del contrato. al lado de lo anterior, la norma también señala que las sanciones por el incumplimiento se deben imponer según la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal, es decir, el legislador distinguió entre la responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones contractuales, lo que, de suyo, comporta la responsabilidad patrimonial derivada de su incumplimiento —los perjuicios, en tanto no tienen un carácter propiamente sancionatorio, sino meramente indemnizatorio o retributivo— del castigo legal o convencional que puede derivarse de un determinado incumplimiento, pues, por disposición legal, la sanción sí recae únicamente sobre el integrante que dio lugar a ello, esto es, en relación con las obligaciones que estaban a su cargo según la distribución que, por mandato legal, debe dejarse plasmada en el documento de conformación de la unión temporal en relación con los términos y extensión de la participación de cada uno de sus integrantes en la propuesta y en la ejecución del contrato91. Esta distinción entre responsabilidad solidaria por el cumplimiento —ergo, responsabilidad patrimonial derivada del incumplimiento— y responsabilidad individual frente a las sanciones derivadas del incumplimiento, explica la exigencia legal a la que se acaba de hacer referencia, pues la fijación de los términos y la extensión de la participación de cada uno de los integrantes de la unión temporal en el documento de constitución es necesaria para determinar a cuál de ellos podría, eventualmente, afectar una sanción derivada del incumplimiento contractual, no así, cuál de ellos debería responder por el cumplimiento del contrato o por los perjuicios derivados de su incumplimiento, pues, si bien, en el caso de las uniones temporales el legislador quiso diferenciar al contratista incumplido para efectos de la imposición de sanciones, lo cierto es que, al hilo con esto, también quiso reforzar, a través de la responsabilidad solidaria de sus integrantes, el cumplimiento de los contratos estatales y, por esta vía, la consecución de los fines que persigue la contratación estatal. Se agrega a lo anterior que, aunque no es una característica que se predique solamente de las uniones temporales, cuando el cumplimiento del objeto implica adelantar obligaciones de diversa naturaleza técnica, la fijación de la participación en la propuesta y en la ejecución del contrato de cada uno de sus integrantes está asociada con la especialidad de cada miembro, por lo que se ha señalado por algunos que sería absurdo entender, a la luz del contenido del artículo 7º de la Ley 80 de 1993, que la entidad pública contratante pueda exigir a cualquiera de ellos el cumplimiento de obligaciones que no estén asociadas con su especialidad; sin embargo, esta aparente falta de lógica de la norma, ha sido acertadamente respondida por la doctrina, al señalar que la solidaridad a la que se refiere la ley “se traduce en la práctica en una de contenido patrimonial que implica que cualquiera de ellos debe responder por el total de la obligación y por los perjuicios que se deriven de su incumplimiento sin que ningún integrante se excuse con el beneficio de la división […]”. Así las cosas, forzoso viene a ser concluir que no asiste razón a la parte demandante al afirmar la nulidad de las resoluciones demandadas en el hecho de que, al declarar el incumplimiento del contrato, la DINTE desconoció los términos de participación de cada uno de los integrantes de MACROINNOVA y procedió a dicha declaratoria sin tener en cuenta las actividades adelantadas por cada uno de ellos, toda vez que, como acaba de verse, por imperativo legal, la solidaridad pasiva que se predica en relación con los integrantes de la unión temporal está referida respecto del cumplimiento del contrato. En consecuencia, este cargo de la apelación tampoco prospera. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 7 NULIDAD PARCIAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CONCURRENCIA DEL SINIESTRO / ACREDITACIÓN DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / PRUEBA DE LOS PERJUICIOS OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos para que proceda la indemnización de perjuicios así se declare en la sentencia la nulidad del acto administrativo? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a parte demandante pretendió que, como consecuencia de las declaraciones de nulidad, se condenara a la parte demandada a indemnizar los perjuicios que se le hubieren causado, que “sufran, lleguen a sufrir, asuman o se vean obligados a asumir” como consecuencia de la ejecución de las resoluciones demandadas y que en tal indemnización se incluya tanto el daño emergente como el lucro cesante, la actualización monetaria y los intereses que correspondan. La Sala pasa a evaluar esta pretensión, en tanto que, si bien la nulidad que se declarará es parcial, ella es suficiente para afectar la ejecutoriedad del acto en cuanto a la declaratoria de ocurrencia del siniestro y la orden de iniciar una acción de repetición en contra de los integrantes de la Unión Temporal por el excedente que no quedaba cubierto por el valor asegurado en la póliza en relación con la garantía de calidad. Analizado el expediente, se concluye que no es posible arribar a la prosperidad de esta pretensión porque no se acreditó que los demandantes hubieren sufrido perjuicio alguno con ocasión de las órdenes contenidas en el acto administrativo que serán anuladas. [...] CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos de procedencia de la condena en costas? Respuesta al problema jurídico: Si En consideración a que no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la ley 446 de 1998.
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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Bogotá, D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintidós (2022) Expediente: 250002326000201000660 01 (53.318) Demandante: INNVOVATECNIA LTDA Y MACROS LTDA - integrantes de la Unión Temporal MACROINNOVA Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional- Dirección de Inteligencia del Ejército Nacional Acción: Controversias contractuales Asunto: Sentencia de segunda instancia Surtido el trámite de ley sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Descongestión de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C. La controversia versa sobre la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contrato No. 625 -DINTE-2007 y se hizo efectiva una garantía de calidad, con fundamento en que el Sistema de Enlace Web de Inteligencia Militar adquirido a través de ese contrato no funcionó en su totalidad. El Tribunal negó las pretensiones de la demanda. En su apelación la parte recurrente insistió en el cargo de violación del debido proceso con fundamento en que: (i) no tuvo oportunidad de c ontrovertir dos documentos en los que se fundó dicha declaratoria y en que (ii) no se analizó la responsabilidad de los integrantes de una unión temporal de conformidad con lo establecido en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993. I. LA SENTENCIA IMPUGNADA 1. El 28 de noviembre de 2014, el Tribunal Administrativo de Descongestión de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C profirió la siguiente decisión (se transcribe como obra en el expediente): “PRIMERO. - Negar las pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. “SEGUNDO: abstenerse de condenar en costas. “TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia LIQUÍDENSE por Secretaría los gastos del proceso. Devuélvase los remanentes al interesado. Pasados dos (2) años sin que hubieren sido reclamados, la Secretaría declarará la prescripción a favor de la Rama Judicial”1. 1 Folios 311 a 328 del cuaderno del Consejo de Estado. Radicación: 250002326000201000660 01 (53318) Actor: INNVOVATECNIA LTDA Y MACROS LTDA Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional – Dirección de Inteligencia del Ejército Nacional Referencia: Controversias contractuales 2 2. El anterior proveído resolvió la demanda presentada por las sociedades INNOVATECNIA LTDA y MACROPOS LTDA, integrantes de la Unión Temporal MACROINNOVA (en adelante, MACROINNOVA, la Unión Temporal o la contratista) en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Dirección de Inteligencia del Ejército Nacional (en adelante, DINTE) cuyas pretensio nes, hechos principales y fundamentos de derecho son los siguientes: Pretensiones 3. La parte demandante solicitó que se hagan las siguientes declaraciones y condenas: “PRIMERA.- Que se declare que la UNIÓN TEMPORAL MACROINNOVA cumplió integralmente el contrato de compraventa No. 625-DINTE-2007, cuyo objeto fue la venta de un sistema de enlace de información web para inteligencia militar, suscrito con el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL-DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DEL EJERCITO NACIONAL. SEGUNDA. - Que se declare que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL -DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DEL EJERCITO NACIONAL no cumplió integralmente el contrato de compraventa No. 625- DINTE-2007, suscrito con la UNIÓN TEMPORAL MACROINNOVA, en tanto no realizó adecuadamente el seguimiento al proyecto. TERCERA.- Que se declare la nulidad de la resolución No. 061 del 15 de diciembre de 2009 por medio de la cual el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL -DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DEL EJERCITO NACIONAL declaró el incumplimiento de las obligaciones del contratista respecto de la calidad del objeto del contrato de compraventa No. 625- DINTE-2007, declaró ocurrido el siniestro respecto del amparo de calidad, cuantificó los perjuicios derivados de tal supuesto incumplimiento en la suma de $366.174.191.00, hizo efectiva la Póliza Única de Seguro de Cumplimiento a favor de Entidades Estatales No. 1012981 del 19 de junio de 2007, ordenó adelantar la acción de repetición de perjuicios en contra de la UNIÓN TEMPORAL MACROINNOVA por el valor de los perjuicios no cubiertos por la póliza, ordenó incluir el incumplimiento decretado en el Boletín de reporte semestral de la Cámara de Comercio, ordenó solicitar el pago inmediato al garante de la indemnización correspondiente y, en caso de renuencia a su pago, ordenó adelantar el respectivo cobro jurídico ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. CUARTA. - Que se declare la nulidad de la resolución No. 003 del 18 de enero de 2010, por medio de la cual el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL -DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DEL EJERCITO NACIONAL no repuso la resolución No. 061 del 15 de diciembre de 2009, decidió confirmar tal acto administrativo y ordenó hacer efectiva la póliza No. 115291 del 19 de junio de 2007 en su amparo de calidad. QUINTA. - Que se declare la nulidad de la resolución No. 045 del 9 de agosto de 2010, por medio de la cual el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL -DIRECCIÓN DE INTELIGENC IA DEL EJERCITO NACIONAL corrigió un yerro de digitación en la resolución No. 003 del 18 de enero de 2010. SEXTA-. Que se condene al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL -DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DEL EJERCITO NACIONAL a indemnizar integralment e a los miembros de la UNIÓN TEMPORAL MACROINNOVA los perjuicios, sobrecostos y erogaciones de todo Radicación: 250002326000201000660 01 (53318) Actor: INNVOVATECNIA LTDA Y MACROS LTDA Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional – Dirección de Inteligencia del Ejército Nacional Referencia: Controversias contractuales 3 tipo que sufran, lleguen a sufrir, asuman o se vean obligados a asumir como consecuencia de la ejecución de las resoluciones Nos. 061 del 15 de diciembre de 2009, 003 del 18 de enero de 2010 y 045 del 9 de agosto de 2010, y que en tal indemnización se incluya tanto el daño emergente como el lucro cesante, junto con la actualización monetaria y los intereses que en derecho correspondan. SÉPTIMA-. Que se cond ene al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL -DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DEL EJERCITO NACIONAL a rectificar la información que fuera enviada a la Cámara de Comercio de Bogotá y a cualquier otra entidad pública o privada con fundamento en los actos administrativos impugnados. OCTAVA-. Que se liquide judicialmente el contrato de compraventa No . 625 - DINTE-2007, y que en tal liquidación se excluyan los valores que pretende hacer efectivos el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL- DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DEL EJERCITO NACIONAL en virtud de las resoluciones Nos. 061 del 15 de diciembre de 2009, 003 del 18 de enero de 2010 y 045 del 9 de agosto de 2010. NOVENA. - Que se condene al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL -DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DEL EJERCITO NACIONAL al pago de las costas y agencias en derecho que resulten probadas en el desarrollo del proceso. DÉCIMA. - Que se condene al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL -DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DEL EJERCITO NACIONAL a dar cumplimiento de la sentencia que ponga fin al proceso en los términos del artículo 177, siguientes y concordantes del Código Contencioso Administrativo”. Hechos 4. En apoyo de sus pretensiones, la parte demandante relató los siguientes hechos: 4.1. El 11 de mayo de 2007, mediante documento privado, se conformó la Unión Temporal MACROINNOVA, integrada por INNOVATECNIA LTDA y MACROPOS LTDA, con el fin de participar en la invitación denominada “ Defensa y Seguridad Nacional No. 196/ DINTE/2007”. 4.2. El 19 de junio de 2007, MACROINNOVA y la DINTE suscribieron el contrato 625-DINTE-20072 cuyo objeto consistió en que “EL CONTRATISTA vende al M.D.N. - EJERCITO NACIONAL- DINTE, UN SISTEMA DE ENLACE DE INFORMACIÓN WEB PARA INTELIGENCIA MILITAR, de las características y condiciones establecidas en la invitación a ofertar y la oferta presentada por el CONTRATISTA; a su vez la DINTE compra el sistema de enlace de información web […]”. 4.3. En la cláusula quinta las partes estipularon que el plazo de ejecución del contrato sería igual al término fijado para la entrega del material y 4 meses más; en la octava acordaron que la entrega total del material debía llevarse a cabo a m ás tardar el 10 de noviembre de 2007. Dijo la demandante que esa obligación se cumplió el día 9 de esos mes y año, de lo que da cuenta el acta 4.772, por medio de la cual la DINTE recibió a satisfacción el hardware y software objeto del contrato. 2 Folios 54 a70 del cuaderno 1. Radicación: 250002326000201000660 01 (53318) Actor: INNVOVATECNIA LTDA Y MACROS LTDA Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional – Dirección de Inteligencia del Ejército Nacional Referencia: Controversias contractuales 4 4.4. En la cláusula décima se estipuló que la contratista se comprometió a garantizar el perfecto funcionamiento de todo el software y hardware, y demás elementos que estuvieran involucrados en la implementación y configuración del sistema de enlace de información web por, al menos, 3 años; por tanto, como la entrega se hizo el 9 de noviembre de 2007, dicho periodo de garantía se extendió hasta el 10 de noviembre d

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https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000201000660011100103