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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el Consejo de Estado tiene competencia para conocer del recurso extraordinario de revisión solo en el caso

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Fecha
2024-12-05
Radicado
11001032600020240014400
Número interno
72002
Ponente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
Actor
CARLOS JAVIER DELGADO CAPACHO, ALBERTO JOSE GARCIA COMAS, EDGAR JAIME PACHECO PRATO, LILIANA CAROLINA VELERO, RAUL VALDES FRANCISCO
Demandado
CLÍNICA MEDICO QUIRÚRGICA, UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, FUNDACIÓN IPS UNIPAMPLONA -EN LIQUIDACIÓN

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el Consejo de Estado tiene competencia para conocer del recurso extraordinario de revisión solo en el caso

Lo que dijo la Sala

Esta Corporación solo está facultada para conocer del recurso extraordinario de anulación en aquellos eventos en los que el laudo impugnado haya sido proferido con ocasión de un litigio que tenga fuente en un contrato celebrado por entidades públicas o particulares en ejercicio de funciones propias del Estado. En línea con lo expuesto, el artículo 1° de la Ley 1563 de 2012 prevé que las entidades públicas y quienes desempeñen funciones administrativas podrán intervenir en procesos arbitrales que versen sobre controversias derivadas de la celebración, desarrollo, ejecución, interpretación, terminación y liquidación de contratos estatales .

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Problema jurídico

¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del recurso extraordinario de revisión solo en el caso de que el laudo impugnado haya sido proferido en un proceso donde alguna de las partes sea una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1563 de 2012, arts. 1 y 46

También resuelve

  • ¿El acuerdo de recuperación empresarial puede validarse a través del arbitraje?
  • ¿Se configura la falta de Jurisdicción por cuanto las entidades públicas aunque tienen la calidad de acreedores no ostentan la calidad de parte en el proceso arbitral?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

PROPONE CONFLICTO DE COMPETENCIA

Descriptores temáticos

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Comparten descriptores temáticos con esta providencia.

Consejo de Estado 2024-07-16 Sección Tercera (Subsección C)
Se cumplen los requisitos legales de oportunidad y de forma del recurso extraordinario, razón por la cual procede su admisión.
Consejo de Estado 2024-06-28 Sección Tercera (Subsección A)
Los reproches formulados por la recurrente en la presente oportunidad no tienen vocación de prosperidad
Consejo de Estado 2025-05-30 Sección Tercera (Subsección A)
El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en única instancia
Consejo de Estado 2023-10-27 Sección Tercera (Subsección A)
El Consejo de Estado es competente para conocer del presente recurso de anulación aplicable al trámite arbitral en estudio
Consejo de Estado 2025-09-03 Sección Tercera (Subsección A)
Debe la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo asumir el conocimiento de los procesos contractuales en los que interviene una entidad pública, independientemente del régimen jurídico aplicable al contrato.
Consejo de Estado 2023-11-21 Sección Tercera (Subsección A)
Se admite el recurso extraordinario de anulación interpuesto por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios
Titulación de la relatoría 11.053 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / DISTRIBUCIÓN DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL / ÁMBITO DE LA JURISDICCIÓN CIVIL / OBJETO DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / CONTROVERSIAS EN EL LAUDO ARBITRAL / PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / LAUDO ARBITRAL / FUNCIONES DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / ACTUACIÓN EN EL PROCESO ARBITRAL / NATURALEZA DEL PROCESO ARBITRAL Problema jurídico: ¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del recurso extraordinario de revisión solo en el caso de que el laudo impugnado haya sido proferido en un proceso donde alguna de las partes sea una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado? Respuesta al problema jurídico: Si [E]sta Corporación solo está facultada para conocer del recurso extraordinario de anulación en aquellos eventos en los que el laudo impugnado haya sido proferido con ocasión de un litigio que tenga fuente en un contrato celebrado por entidades públicas o particulares en ejercicio de funciones propias del Estado. En línea con lo expuesto, el artículo 1° de la Ley 1563 de 2012 prevé que las entidades públicas y quienes desempeñen funciones administrativas podrán intervenir en procesos arbitrales que versen sobre controversias derivadas de la celebración, desarrollo, ejecución, interpretación, terminación y liquidación de contratos estatales . Esta norma habilita a las entidades de naturaleza estatal a participar en procesos arbitrales, como convocante o convocada, con ocasión de discusiones suscitadas en el marco de un contrato, para que a través de este mecanismo alternativo de solución de conflictos se resuelvan los litigios de la referida naturaleza. Dentro de este contexto, el artículo 46 de la misma ley determina la competencia del Consejo de Estado para conocer del recurso de anulación no solo cuando sean parte del contrato entidades públicas (como lo puntualiza el CPACA ), sino que hizo énfasis en los sujetos que desempeñan funciones administrativas y las propias entidades públicas como intervinientes en el trámite arbitral. Así, bajo una interpretación sistemática de los preceptos legales aludidos, esta Sección Tercera ha fijado la subregla pacífica, que constituye precedente para este caso, conforme a la cual le compete conocer del recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral cuando necesariamente surja de un conflicto relacionado con un contrato perfeccionado por (o en que esté involucrada) una entidad pública o aquel que desarrolle función propia del Estado, o cuando intervenga una entidad pública o quien desempeñe función administrativa. (…) [L]a competencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado para conocer de un recurso extraordinario de anulación está dada por dos factores concurrentes, a saber (el segundo alternativo): (i) que el conflicto dirimido en el laudo sea de naturaleza contractual; y (ii) que el contrato del cual surgió la controversia haya sido celebrado por (o que en él sea partícipe) una entidad pública o un particular en ejercicio de función propia del Estado o que en el tramite arbitral haya intervenido una entidad pública o quien desempeñe función administrativa, sujetos que, en cualquier caso, deben haber consentido el pacto arbitral. En caso de no darse los presupuestos antes señalados, la Sección Tercera del Consejo de Estado carece de jurisdicción para conocer el asunto y, en consecuencia, habrá lugar a dar aplicación a la regla prevista en el inciso segundo del artículo 46 de la Ley 1563 de 2012, según la cual será competente para tramitar y resolver el recurso de anulación la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial del lugar donde funcionó el tribunal arbitral. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la participación de entidades públicas en procesos arbitrales, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de agosto de 2015, rad. 53585, C. P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; sentencia de 19 de noviembre de 2020, rad. 65854, C. P. Nicolás Yepes Corrales; Corte Constitucional, sentencia C-1436 de 2000. FUENTE FORMAL: LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 1, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 46 COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / FUNCIONES DEL CENTRO DE ARBITRAJE / ACUERDO DE ACREEDORES / DERECHOS DEL ACREEDOR / DERECHOS DEL TERCERO ACREEDOR / CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO / VALIDEZ DEL CONTRATO / ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL / PANDEMIA / COVID 19 Problema jurídico: ¿El acuerdo de recuperación empresarial puede validarse a través del arbitraje? Respuesta al problema jurídico: Si El procedimiento de recuperación empresarial, adoptado mediante el Decreto Legislativo 560 de 2020, fue implementado como un mecanismo desjudicializado y expedito que les permitiría a los deudores afectados con la pandemia de la Covid-19 preservar su actividad económica. (...) [E]n el marco del procedimiento de recuperación empresarial, el deudor se encontraba facultado por el artículo 9° del antedicho Decreto Legislativo 560 de 2020 para que, con la asistencia de un mediador, celebrara un acuerdo de pago con sus acreedores, el cual podría validarse judicialmente o a través del arbitraje, para extenderlo a aquellos sujetos con acreencias que hubieren votado negativamente o que no hubieren participado, así como para resolver las objeciones y observaciones, evento en el que tendría los mismos efectos de un convenio de reorganización en los términos previstos en la Ley 1116 de 2006 . En caso contrario, sólo sería vinculante para los acreedores que lo hubieren votado favorablemente (…). [S]e debe recordar que el acuerdo de recuperación empresarial, al igual que el acuerdo extrajudicial de reorganización, tiene naturaleza contractual respecto de quienes lo suscriben. NOTA DE RELATORÍA: Acerca del acuerdo de recuperación empresarial, cita: Corte Constitucional, sentencia C-237 de 2020, M. P. José Fernando Reyes Cuartas y de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 23 de mayo de 2024, rad. 11001-22-03-000-2024-00737-01, M.P. Fernando Augusto Jiménez Valderrama. Respecto al alcance del arbitramento, cita: Corte Constitucional, sentencia C-1436 de 2000. FUENTE FORMAL: DECRETO 842 DE 2020 - ARTÍCULO 11, DECRETO LEGISLATIVO 560 DE 2020 - ARTÍCULO 9, LEY 1116 DE 2006 - ARTÍCULO 84 AUTO QUE DECLARA LA FALTA DE JURISDICCIÓN / DECLARACIÓN DE FALTA DE JURISDICCIÓN / EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE FALTA DE JURISDICCIÓN / FALTA DE JURISDICCIÓN / REMISIÓN DE EXPEDIENTE / REMISIÓN POR COMPETENCIA / EXISTENCIA DEL CONFLICTO DE COMPETENCIA / PROPOSICIÓN DE CONFLICTO DE COMPETENCIA / SOLICITUD DE CONFLICTO DE COMPETENCIA / CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE ORGANISMOS DE JURISDICCIÓN DIFERENTE Problema jurídico: ¿Se configura la falta de Jurisdicción por cuanto las entidades públicas aunque tienen la calidad de acreedores no ostentan la calidad de parte en el proceso arbitral? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l laudo impugnado fue proferido por el tribunal arbitral conformado para efectuar la validación del Acuerdo celebrado entre la Clínica y sus acreedores, en el marco del procedimiento de recuperación empresarial previsto en el Decreto Legislativo 560 de 2020 –reglamentado por el Decreto 842 de 2020-. Se advierte que el Acuerdo no fue celebrado por una entidad pública, ni por un particular en ejercicio de funciones propias del Estado. En efecto, revisada el acta contentiva del mismo, levantada el 9 de junio de 2023 en el Centro, se observa que en su artículo 4° está relacionada la totalidad de sus suscriptores, esto es, los acreedores que lo aprobaron. En dicha enunciación, no se registró el voto positivo de ninguna de las entidades públicas que tenían la calidad de acreedoras de la Clínica. En esa medida, aunque al procedimiento de mediación concurrieron algunos entes de naturaleza estatal en calidad de acreedores, lo cierto es que ninguno de ellos aprobó el Acuerdo (según el listado de votos favorables incluido en su artículo 4°), por lo cual no hay lugar a concluir que hubieren consentido o intervenido en su celebración y, de hecho, no los vincula, comoquiera que, de conformidad con lo dispuesto en artículo 11 del Decreto 842 de 2020 y el artículo 6° de la Resolución n.° 2020-01-286393 del 23 de junio de 2020 de la Superintendencia de Sociedades, el acuerdo de recuperación empresarial solo es vinculante y obligatorio para el deudor y los acreedores que lo hayan votado favorablemente. Se colige, entonces, que no se trata de un contrato en el que haya estado implicada una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado. Ahora, si bien algunas entidades de naturaleza pública fueron citadas al posterior proceso arbitral surtido para la validación judicial del Acuerdo y algunas de ellas efectuaron manifestaciones, lo cierto es que no les puede tener como intervinientes, porque ellas no fueron parte del pacto arbitral. Así, resulta insuficiente para atribuir competencia a esta Corporación, por cuanto la jurisdicción de la Sección Tercera no está dada por la mera citación de entes públicos o particulares en cumplimiento de funciones administrativas dentro del trámite arbitral, sino que -a esos efectos- ellos deben ser parte. (…) [E]l árbitro que surtió el trámite de validación no reemplazó al contencioso administrativo, sino al juez del concurso que, en condiciones ordinarias, sería el competente para efectuar la ratificación de los efectos del acuerdo de recuperación empresarial para efectos de tornarlo extensible a los acreedores ausentes o disidentes, inclusive con la participación de entidades públicas como acreedoras. (…) [E]l contencioso administrativo, y puntualmente esta Corporación, carece de jurisdicción para resolver los recursos extraordinarios de anulación formulados contra el Laudo. Al no estar expresamente asignado el asunto a esta colegiatura, dicha competencia recae en la jurisdicción ordinaria, de conformidad con la cláusula general de competencia prevista en el artículo 15 del CGP, y particularmente, en la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial del lugar donde hubiere funcionado el tribunal arbitral, a la luz del numeral 5° del artículo 31 del CGP, norma que establece que dicha autoridad conocerá de tales recursos cuando se haya atribuido a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. (...) [E]l Despacho declarará la falta de jurisdicción para conocer del presente asunto y solicitará a la Corte Constitucional que resuelva el respectivo conflicto, para lo cual se ordenará remitir la actuación a dicha autoridad judicial, en virtud de lo establecido en el numeral 11 del artículo 241 constitucional (adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015) (...). FUENTE FORMAL: ACTO LEGISLATIVO 2 DE 2015 - ARTÍCULO 14, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 241 NUMERAL 11, DECRETO 842 DE 2020 - ARTÍCULO 11, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 15, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 31 NUMERAL 5, SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, RESOLUCIÓN 2020-01-286393 DE 2020 - ARTÍCULO 6

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010326000202400144001100103