Síntesis de la providencia
Consejo de Estado: está demostrada con la Sentencia proferida en única instancia por el Tribunal Administrativo de Santander el 13 de julio de 20079
Lo que dijo la Sala
Está demostrada con la Sentencia proferida en única instancia por el Tribunal Administrativo de Santander el 13 de julio de 20079. En ella, se condenó al municipio al pago de $ 27´751.859.85 por concepto de sanción moratoria, en favor de… Frente al pago.
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Síntesis síntesis automática
El contratista no puede obtener la repetición contra los agentes del Estado si no demuestra el elemento subjetivo de la responsabilidad personal, que requiere probar dolo o culpa grave, y no basta con acreditar la existencia de la condena al Estado y el pago efectivo del daño. La entidad demandante debe demostrar que la actuación de los agentes fue consciente y deliberada o negligente en grado sumo, lo que no ocurrió en este caso, ya que la única prueba presentada no evidencia tal comportamiento. La presunción de inocencia protege a los agentes del Estado, y la carga de desvirtuarla recae sobre quien alega el dolo o la culpa grave. Por tanto, la Sala confirma la sentencia que denegó la repetición, estableciendo que la responsabilidad del Estado no se traslada automáticamente a sus agentes sin acreditarse la conducta dolosa o gravemente culposa.
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Problema jurídico
¿Se demostraron los tres elementos objetivos de la responsabilidad personal de los agentes del Estado?
Respuesta: Si
También resuelve
- ¿La entidad demandante demostró el elemento subjetivo de la responsabilidad personal del agente?
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Titulación de la relatoría 6.833 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LA CONDENA JUDICIAL / ELEMENTO OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿Se demostraron los tres elementos objetivos de la responsabilidad personal de los agentes del Estado?
Respuesta al problema jurídico: Si
Elementos objetivos (...). La existencia de la condena. Está demostrada con la Sentencia proferida en única instancia por el Tribunal Administrativo de Santander el 13 de julio de 20079. En ella, se condenó al municipio al pago de $ 27´751.859.85 por concepto de sanción moratoria, en favor de (...) Frente al pago. Está demostrado que 19 de septiembre de 2008, el municipio de Sabana de Torres realizó el pago de la condena judicial impuesta en Sentencia de 13 de julio de 2007, por la suma de $33.667.859.50, mediante cheque No. 4446561, el cual se hizo efectivo por cobro por parte del beneficiario, el 23 de septiembre de 2008. (...) Respecto de la calidad de agente está demostrado que los demandados, (...) ejercieron la función de alcalde de Sabana de Torres entre 1995 – 1997, y entre 1998 – 2000, respectivamente.
REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / ELEMENTO SUBJETIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / FALTA DE PRUEBA / DOLO / PRUEBA DEL DOLO / CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿La entidad demandante demostró el elemento subjetivo de la responsabilidad personal del agente?
Respuesta al problema jurídico: No
La demostración del elemento subjetivo de la responsabilidad personal del agente es imprescindible, no solamente por ser una exigencia de rango constitucional, prevista expresamente en el artículo 90 de la Constitución, sino, además, porque se trata de un instrumento de protección de la situación jurídica y de los derechos constitucionales de los agentes al servicio del Estado, al establecer un estándar comportamental alto, a partir del cual, se entiende que su actuación no se encuentra cubierta por la función pública y se convierte, por el contrario, en una actuación personal, que compromete el patrimonio personal del agente. (...) Aunque la repetición contra los agentes del Estado es un instrumento resarcitorio, que busca la protección del patrimonio público, y no corresponde al ejercicio del poder punitivo del Estado (ius puniendi), las personas demandadas gozan de la presunción de inocencia, en virtud del artículo 29 de la Constitución, al tratarse de una garantía no reservada a los procesos sancionatorios sino, en general, de todos aquellos procesos y procedimientos que impliquen una imputación y puedan conducir a una condena. Dicha presunción implica que la carga de desvirtuarla pesa sobre quien alega el dolo o la culpa grave, en estos casos, la entidad pública que fue condenada o que, por vías alternas, reconoció su responsabilidad patrimonial. Incluso en los eventos en los que se pretenda invertir la carga probatoria, mediante el uso de una de las presunciones legales de dolo o de culpa grave, por hechos ocurridos con posterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, a la entidad pública demandante le corresponde la carga de activar dicha presunción, esto es, de demostrar los supuestos de hecho en los que el legislador se fundó para configurar la presunción. Debe advertirse que los hechos que dieron lugar a la condena al Estado ocurrieron antes de la vigencia de la Ley 678 de 2001, razón por la cual, el análisis del elemento subjetivo debe hacerse a la luz del artículo 63 del Código Civil. De no demostrarse el elemento subjetivo de la responsabilidad patrimonial personal de los agentes del Estado, debe confirmarse la presunción de inocencia y, en concreto, se debe concluir que no incurrió en comportamientos ajenos al servicio, que, por ello, comprometan el patrimonio del agente. (...). En el caso bajo estudio, la demanda no realizó un razonamiento especial que indicara, de manera lógica y suficiente, que la tardanza en el reconocimiento y pago de las cesantías del docente se debiera a una actuación consciente y deliberada de los ex alcaldes (dolo) o que fuera el resultado de una actuación negligente, descuidada en grado sumo, la que, si bien no buscara deliberadamente dañar al docente y la condena consiguiente a la entidad, tampoco se preocupara por evitar el daño y la condena. Tampoco se aportaron pruebas que indicaran que la tardanza fue dolosa o gravemente culposa, ya que la única prueba que obra en el expediente es la copia del proceso de reparación directa que condujo a la condena al municipio. Por el contrario, la demanda pareciera indicar que la responsabilidad por repetición es automática y se deriva de la condena por falla del servicio que sufrió el municipio. Tal insinuación o razonamiento desconoce, abiertamente, que el artículo 90 de la Constitución, así como las normas legales que desarrollaron el deber de repetir, diferencian claramente la obligación del Estado de reparar los perjuicios a las víctimas, de la obligación del agente suyo de, llegado el caso, reembolsar a la entidad lo que esta debió pagar. Por su parte, a diferencia de la demanda, el recurso de apelación sí delimitó la imputación a la culpa grave, pero se limitó a afirmar que el incumplimiento de los deberes constituía, por sí solo, un factor constitutivo de culpa grave, lo que, en los términos explicados, no es suficiente para encontrar acreditada esta forma del elemento subjetivo. (...) De tratarse la repetición de una obligación automática de reembolso, en todos los casos en los que la entidad es condenada o reconoce su responsabilidad, concilia o transige, en realidad, la responsabilidad frente a las víctimas no sería institucional, del Estado, sino de sus agentes, al tiempo que pesaría sobre ellos una carga desproporcionada y, por ello, injusta, que desconocería que es posible que, incluso la actuación más diligente de los agentes del Estado, cause daños y comprometa la responsabilidad de la entidad. (...) Así las cosas, dado que la demanda no identificó que el comportamiento fuera doloso o gravemente culposo; la apelación se limitó a sostener que el incumplimiento de los deberes constituía culpa grave y no se demostró que la actuación de los demandados fue dolosa o gravemente culposa, se impone a esta Subsección confirmar la sentencia de primera instancia, que denegó las pretensiones de la demanda.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 63