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Tribunal Administrativo de Cundinamarca Providencia

Tribunal Administrativo: no hay lugar a ordenar restituciones mutuas

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Fecha
2025-12-11
Radicado
25000233600020190090400
Ponente
JOSE ELVER MUÑOZ BARRERA
Sección / Sala
SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección C)
Corporación
Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Demandado
U.A.E. DIAN, CONCESIONARIA RUTA DEL SOL SAS

Síntesis de la providencia

Tribunal Administrativo: no hay lugar a ordenar restituciones mutuas

Relevancia Reitera la jurisprudencia.

Regla de decisión

El artículo 83 de la Constitución Política impone a los particulares y a las autoridades el deber de ajustar sus actuaciones a la buena fe, la cual no solo se presume, sino que constituye un mandato objetivo de conducta.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede celebrar un contrato de estabilidad jurídica con la entidad estatal si el contrato de inversión que lo fundamenta es nulo por causa ilícita, ya que la estabilidad jurídica se basa en la existencia y validez de un contrato previo de inversión. La Sala determinó que el contrato de estabilidad jurídica No. 002 de 2012 es nulo por tener causa ilícita, ya que el contrato de concesión No. 01 de 2010, que lo fundamenta, fue declarado nulo por fraude y corrupción. La regla reitera la jurisprudencia que establece que la nulidad del contrato principal irradia sus efectos sobre el contrato de estabilidad jurídica, comprometiendo su validez y eficacia. Esto implica que cualquier contrato de estabilidad jurídica que se base en un contrato de inversión viciado por corrupción será nulo.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Debe declararse la nulidad absoluta del contrato de estabilidad jurídica No. 002 de 2012 celebrado el 31 de diciembre de 2012 entre La Nación – Ministerio de Transporte y la sociedad Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. (hoy en liquidación judicial)?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 2950 de 2005, art. 8
  • Decreto 410 de 1971, art. 899
  • Decreto 624 de 1989, arts. 11 inc. 2, 14 y 14 inc. 1

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Lo que dijo la Sala

… debe declararse la nulidad absoluta del contrato de estabilidad jurídica No. 02 de 2012 por tener causa ilícita y negar las demás pretensiones de la demanda inicial pues, anulando el contrato no hay lugar a reliquidar la prima de estabilidad jurídica ni a liquidar el mismo.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

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Titulación de la relatoría 22.284 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del tribunal.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / MINISTERIO DE TRANSPORTE / CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO / CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO / CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / CAUSA ILÍCITA / CONCEPTO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / CAUSALES DE NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / CONFIGURACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DEL NEGOCIO JURÍDICO / BUENA FE / BUENA FE CONTRACTUAL / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE Problema jurídico: ¿Debe declararse la nulidad absoluta del contrato de estabilidad jurídica No. 002 de 2012 celebrado el 31 de diciembre de 2012 entre La Nación – Ministerio de Transporte y la sociedad Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. (hoy en liquidación judicial)? Respuesta al problema jurídico: Si “(…) debe declararse la nulidad absoluta del contrato de estabilidad jurídica No. 02 de 2012 por tener causa ilícita y negar las demás pretensiones de la demanda inicial pues, anulando el contrato no hay lugar a reliquidar la prima de estabilidad jurídica ni a liquidar el mismo. No hay lugar a ordenar restituciones mutuas, por no cumplirse el presupuesto contemplado en el artículo 48 de la Ley 80 de 1993. (...) el contrato de estabilidad jurídica es un contrato estatal mediante el cual se pretende la salvaguarda y garantía de la inversión extranjera dentro del país, permitiendo que los inversores adquieran seguridad jurídica frente a las normas que se estabilicen durante el desarrollo de los proyectos de inversión. (...) Son dos marcos normativos los que regulan la nulidad de los contratos celebrados por entidades públicas: la Ley 80 de 1993 y el Código Civil. (...) A su vez, el artículo 1740 del Código Civil que es nulo todo contrato al que le falte alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo, según su especie y la calidad o estado de las partes. Asimismo, el artículo 1741 ibídem señala que es causal de nulidad absoluta el haber celebrado un negocio jurídico con objeto ilícito o causa ilícita. (...) El artículo 1519 ibidem precisa que hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público de la nación. Asimismo, hay objeto ilícito en todo contrato prohibido por las leyes (art. 1523 C.C.). En cuanto a la causa lícita, el artículo 1524 del Código Civil señala que “no puede haber obligación sin una causa real y lícita; pero no es necesario expresarla. La pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente. Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato; y por causa ilícita la prohibida por la ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público”. (...) el artículo 899 del Código Comercio señala que es nulo el negocio jurídico (i) cuando contraríe una norma imperativa, salvo que la ley disponga otra cosa; (ii) cuando tenga causa u objeto ilícitos y (iii) cuando se haya celebrado por persona absolutamente incapaz. (...) en cuanto a la desviación de poder, el numeral 8° del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 señala que está prohibido que las autoridades actúen con desviación o abuso de poder y deben ejercer sus competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley. (...) la Sala advierte que el contrato de estabilidad jurídica no puede ser entendido como un negocio jurídico autónomo e independiente, en los términos propuestos por el accionado. Por el contrario, se trata de un acuerdo de voluntades que presupone necesariamente la existencia de una inversión previa, esto es, de un contrato antecedente que justifique la necesidad de estabilizar determinadas disposiciones normativas. No es, entonces, una figura desvinculada o autosuficiente, sino un instrumento cuya razón de ser radica en la protección de un proyecto de inversión previamente estructurado y formalizado a través de un contrato estatal. (...) si bien desde una perspectiva formal puede afirmarse que se trata de un negocio jurídico diferenciado, desde el punto de vista material y funcional no es autónomo respecto del contrato de concesión al cual se encuentra directamente vinculado. (...) Desde una perspectiva funcional, puede asimilarse a una figura accesoria en los términos del artículo 1499 del Código Civil, en la medida en que su subsistencia y efectos se encuentran condicionados por la existencia y validez del negocio principal. Así las cosas, no resulta jurídicamente sostenible predicar una autonomía absoluta del contrato de estabilidad jurídica respecto del contrato de concesión. Por el contrario, su eficacia depende de la validez del contrato que le sirve de soporte. En consecuencia, si el contrato principal se encuentra viciado —por ejemplo, por haberse obtenido mediante fraude— tal circunstancia necesariamente irradia sus efectos sobre el contrato de estabilidad jurídica, comprometiendo igualmente su validez y eficacia, en atención a su carácter instrumental y a la unidad teleológica que los vincula. (...) es claro que en este caso la causa del contrato de estabilidad jurídica No. 02 del 31 de diciembre de 2012 era el contrato de concesión No. 01 de 14 de enero de 2010, el cual fue declarado nulo por el Tribunal de Arbitramento el 6 de agosto de 2019 por encontrarse incurso en las causales de nulidad de objeto y causa ilícitas. (...) En línea con lo anterior, en el expediente obran las condenas impuestas en los procesos penales al excongresista Miguel Elías Vidal (1.35, 1.37), y la sentencia proferida dentro del proceso de pérdida de investidura de los congresistas Bernardo Miguel Elías Vidal y Plinio Olano Becerra, el 20 de septiembre de 2018, por el Consejo de Estado, por haber incurrido en tráfico de influencias (1.36). En estos se practicaron declaraciones que explicaron cómo fue el plan de sobornos que implementó Odebrecht para que le fuera adjudicado el mencionado contrato de concesión, que sirvió como fundamento y causa para celebrar el contrato de estabilidad jurídica cuya nulidad ahora se estudia. (...) es claro que no puede tener validez un contrato a través del cual el Estado se compro-mete a garantizar la estabilidad de normas jurídicas respecto de un contrato de inversión cuya adjudicación se obtuvo a partir de todo un plan de sobornos y de corrupción, cuya nulidad ya ha sido plenamente demostrada por objeto y causa ilícita. (...) Sobre el particular es importante recordar el principio fraus omnia corrumpit, desarro-llado por la Corte Constitucional,26 cuya doctrina resulta plenamente aplicable al presente caso. El artículo 83 de la Constitución Política impone a los particulares y a las autoridades el deber de ajustar sus actuaciones a la buena fe, la cual no solo se presume, sino que constituye un mandato objetivo de conducta. De manera complementaria, el numeral 7 del artículo 95 Superior obliga a todas las personas a colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia. (...) En el presente asunto, resulta evidente que el contrato de estabilidad jurídica no puede aislarse artificialmente del contrato de concesión que le sirvió de causa, como si se tratara de un negocio autónomo e independiente. Por el contrario, como quedó acreditado en el proceso, la causa directa, real y determinante del contrato de estabilidad jurídica fue el contrato de concesión No. 001 de 2010, cuya adjudicación y celebración estuvieron permeadas desde su origen por un plan sistemático de sobornos y corrupción. Reconocer efectos a un contrato de estabilidad jurídica cuyo presupuesto fáctico y jurídico es un contrato estatal declarado nulo por objeto y causa ilícitas equivaldría a institucionalizar la corrupción, otorgándole estabilidad normativa y blindaje jurídico a una inversión obtenida mediante conductas delictivas. (...) El principio fraus omnia corrumpit opera como un límite material infranqueable a cualquier pretensión de estabilidad jurídica. La estabilidad normativa está diseñada para proteger inversiones lícitas, no para consolidar los efectos de actos de corrupción. (...) Aceptar una tesis contraria supondría incurrir en una interpretación meramente formalista del derecho, en abierta contradicción con los principios constitucionales de buena fe, moralidad administrativa y prevalencia del interés general, así como con el deber que asiste al juez de prevenir, corregir y sancionar cualquier manifestación de fraude. (...) En consecuencia, la Sala concluye que el contrato de estabilidad jurídica cuya nulidad se analiza se encuentra afectado por una causa ilícita insubsanable, en tanto fue celebrado para garantizar la estabilidad normativa respecto de un contrato de concesión obtenido mediante sobornos y corrupción. (…)” NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a la naturaleza, las características y el contenido de los contratos de estabilidad jurídica, se cita: Corte Constitucional, sentencia C-320 de 2006. Sobre el principio fraus omnia corrumpit, se cita: Corte Constitucional. Providencias T-951/13, A. 043A/14, T-373/14, T-133/15, A. 167/13, T-490/25, T-218/12, T-073/19, T-286/18, T-405/19, T-434/19, T-515/23, T-322/19, T-008/20, T-023/23, T-470/18, SU.627/15, T-399/13, entre otras. Sobre Límites generales a la competencia del juez cita, CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION TERCERA. SUBSECCION B. Consejero ponente: DANILO ROJAS BETANCOURTH. Bogotá D.C., seis (6) de julio de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 41001-23-33-000-2015-00857-01(57878). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 24 de agosto de 2000, expediente: 9527, C.P. María Elena Giraldo Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 6 de diciembre de 2004, expediente: 1992-07699-01 (13529), C.P. María Elena Giraldo Gómez. Referente a los terceros intervinientes en el proceso licitatorio cita, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de siete de octubre de 1999. Consejero ponente, Ricardo Hoyos Duque. Radicación 10610. Actor: Sociedad Grancolombiana de Seguridad. Demandado: Empresa de Energía de Bogotá. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 6 de diciembre de 2004, expediente: 1992-07699-01 (13529), C.P. María Elena Giraldo Gómez. Sobre la liquidación de los contratos cita, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 4 de junio de 2008. Exp. 16.293. Acerca del incumplimiento de la obligación a liquidar cita, CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN C. Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS (E). Bogotá D.C. catorce (14) de febrero de dos mil diecinueve (2019). Radicación número: 19001-23-31-000-2011-00225-01(59727) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 31 de agosto de 2006. Radicado interno 14.287. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 31 de agosto de 2006. Radicado interno 14.287. Acerca de Medios de prueba cita, Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sala Plena. Magistrado Ponente Dr. Enrique Gil Botero. Sentencia del 28 de agosto de 2013. Expediente 25.002. FUENTE FORMAL: DECRETO 2950 DE 2005 - ARTÍCULO 8, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 899, DECRETO 624 DE 1989 - ARTÍCULO 11 INCISO 2, DECRETO 624 DE 1989 - ARTÍCULO 14, DECRETO 624 DE 1989 - ARTÍCULO 14 INCISO 1, DECRETO 624 DE 1989 - ARTÍCULO 14 INCISO 2, DECRETO 624 DE 1989 - ARTÍCULO 158 NUMERAL 3, DECRETO 624 DE 1989 - ARTÍCULO 5, DECRETO 624 DE 1989 - ARTÍCULO 647 NUMERAL 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1519, 1502, 1524, 1525, 1740, 1746, LEY 963 DE 2005 - ARTÍCULO 4, 5 EFECTOS DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / PRIMA EN EL CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA / DEDUCCIÓN DE LA PRIMA PAGADA EN EL CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA / IMPROCEDENCIA DE LA DEDUCCIÓN DE LA PRIMA PAGADA EN EL CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / IMPROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / RESTITUCIONES MUTUAS / IMPROCEDENCIA DE RESTITUCIONES MUTUAS / NEGACIÓN DE RESTITUCIONES MUTUAS Problema jurídico: ¿Debe reliquidarse la prima de estabilidad jurídica, liquidarse judicialmente el referido contrato de estabilidad jurídica y acceder a las restituciones mutuas? Respuesta al problema jurídico: No "(...) anulando el contrato no hay lugar a reliquidar la prima de estabilidad jurídica ni a liquidar el mismo. No hay lugar a ordenar restituciones mutuas, por no cumplirse el presupuesto contemplado en el artículo 48 de la Ley 80 de 1993. (...) La liquidación de los contratos se define como aquella actuación posterior a la terminación normal o anormal del contrato11, mediante la cual se busca determinar si existen prestaciones, obligaciones o derechos a cargo o en favor de cada una de las partes, para de esta forma realizar un balance final o un corte definitivo de las cuentas derivadas de la relación negocial, definiéndose en últimas quién le debe a quién y cuánto, lo que puede hacerse por las partes de común acuerdo, por alguna de ellas unilateralmente o, en su defecto, por el juez, es decir para “dar así finiquito y paz y salvo a la relación negocial”12. La liquidación judicial es aquel balance, finiquito o corte de cuentas que realiza el juez sobre un determinado contrato estatal dentro de un proceso judicial y, que sólo resulta procedente en tanto no se haya podido realizar la liquidación bilateral, ni unilateral del respectivo contrato estatal celebrado y dentro de los dos años siguientes al incumplimiento de la obligación a liquidar13. (...) La liquidación es una actuación que procede con posterioridad a la terminación normal o anormal del contrato estatal,14 por causas contractuales o legales o por causas atribuibles a ambos contratantes o a uno de ellos. Entre las causas normales de terminación de los contratos se encuentran: i) el cumplimiento del objeto contractual; ii) el vencimiento del plazo extintivo de duración del contrato; y iii) el acaecimiento de la condición resolutoria expresa, pactada por las partes.15 (...) debe declararse la nulidad absoluta del contrato de estabilidad jurídica No. 02 de 2012 por tener causa ilícita y debe negarse las demás pretensiones de la demanda inicial pues, anulando el contrato no hay lugar a reliquidar la prima de estabilidad jurídica ni a liquidar el mismo. No hay lugar a ordenar restituciones mutuas, por no cumplirse el presupuesto contemplado en el artículo 48 de la Ley 80 de 1993. (...)" NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / INTERÉS PARA DEMANDAR LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / TERCERO PROCESAL / INTERVENCIÓN DE TERCERO PROCESAL / TERCERO CON INTERÉS LEGÍTIMO / LITISCONSORCIO CUASINECESARIO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / DIAN / UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIAN Problema jurídico: ¿La DIAN tiene legitimación en la causa por activa para solicitar pretensiones diferentes a la de nulidad del contrato? En caso de tener legitimación en la causa por activa, ¿deben reconocerse de las sumas constitutivas de sanción por disminución de pérdidas fiscales generadas en la declaración de impuestos de renta y complementarios de los años gravables 2013, 2014 y 2015, al tenor de lo establecido en el artículo 647-1 del Estatuto Tributario? Respuesta al problema jurídico: No “(…) para la Sala se configura la falta de legitimación en la causa por activa de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional – DIAN, en su calidad de litisconsorte cuasi necesaria, para solicitar el reconocimiento de los valores provenientes de la sanción por disminución de pérdidas fiscales (Art. 647-1 del Estatuto Tributario) en el marco de la pre-sente controversia contractual, por dos razones principales: i) porque en su calidad de ter-cera con interés directo únicamente está habilitada para pretender la nulidad absoluta del contrato estatal (Art. 141 del CPACA) y ii) porque la imposición de sanciones de carácter tributario no se tramitan mediante el medio de control de controversias contractuales, ni corresponden a la jurisdicción contencioso administrativa pues se trata del resultado de un proceso administrativo sancionatorio, reglado, que impide que dichos pedimentos sean pre-tensiones que puedan acumularse y examinarse en el sub lite. (…) Cuando se trata del uso del medio de control de controversias contractuales para declarar la nulidad absoluta de un contrato estatal, el artículo 141 del C.P.A.C.A. establece que se encuentran legitimados en la causa para hacerlo i) cualquiera de las partes del contrato; ii) el Ministerio Público; o iii) un tercero que acredite un interés directo. (…) para la configuración de dicho interés directo, la jurisprudencia ha establecido los siguientes requisitos, los cuales deben verificarse si lo que se presente es la nulidad de un contrato: a. El interés debe saltar a la vista sin necesidad de acudir a intermediaciones de ninguna índole. b. El contrato que se impugna debe causar un provecho o un perjuicio con relevancia jurídica. c. Entre el contrato, como causa del interés y éste como efecto debe existir un vínculo inmediato o próximo, más no mediato o remoto. d. La utilidad o la pérdida debe ser actual, directa y determinante para el que se diga lesionado9. Para comprender en qué casos se está legitimado en la causa por activa para demandar la nulidad absoluta de un contrato estatal, considera la Sala esencial distinguir entre “interés directo” e “interés indirecto o genérico"; y distinguir entre la pretensión de nulidad de un contrato estatal y la solicitud de indemnización de perjuicios por el daño antijurídico ocasionado con la celebración y/o ejecución de un contrato estatal. (…) la legitimación en la causa para poder demandar la nulidad absoluta del contrato estatal es que el interés sea evidente en cuanto que no se trata de simples descontentos o diferencias con el contrato (i); que la nulidad cause un provecho o perjuicio con relevancia jurídica (ii); que exista un vínculo inmediato o próximo porque participó como proponente, por ejemplo (iii); que se le haya causado una lesión a sus derechos patrimoniales porque con el contrato le causó un perjuicio y éste es actual, directo y determinante (iv). Por el contrario, quien resulte afectado con el contrato en sus derechos e intereses particulares, en cualquiera de sus dimensiones materiales o inmateriales, si bien tiene un interés personal no cumple con los requisitos exigidos por la jurisprudencia porque lo único que le anima es la defensa sus intereses privados e individuales, pero el criterio para tener legitimación en la causa por activa para solicitar la nulidad es que haya una relación directa con el contrato. Es decir, dicha causa o requisito aducido por el demandante es el que genera la nulidad. No ocurre lo mismo cuando el interés que se tiene es indirecto o genérico, como cuando se persigue la nulidad de un contrato en aras de proteger la moralidad administrativa, caso en el cual el accionante puede perseguir la nulidad del contrato a través de la acción popular. (…) si los fundamentos fácticos de la demanda son un daño antijurídico ocasionado como consecuencia de la celebración y/o ejecución de un contrato estatal, según el tipo de daño y derechos afectados procederá la acción popular o la de reparación directa, según sea el caso y con las diferencias procesales de cada uno de los medios de control.10 Todo lo anterior para decir que el ordenamiento jurídico contempla toda una serie de mecanismos y acciones que los administrados pueden iniciar, según el tipo de interés que se acredite, lo que se persiga y los derechos que se consideren vulnerados, sin incurrir en el error de generalizar, considerando que prima facie es procedente el medio de control de controversias contractuales. (…) es procedente declarar la falta de legitimación en la causa por activa de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN en lo relativo a las pretensiones 4.3 a 4.5 de la demanda presentada el pasado 4 de agosto de 2021, no sólo porque no se encuentra facultada para solicitar pretensiones distintas a la de la nulidad absoluta del contrato de estabilidad jurídica No. 002 de 2012 (Art. 141 del CPACA), sino porque pretende la imposición de una sanción tributaria que se escapa de la órbita del medio de control de controversias contractuales y de esta jurisdicción, como quiera que dicha multa surge del trámite y conclusión de un proceso administrativo sancionatorio reglado en el Estatuto Tributario. Entonces, se trata de pretensiones que no pueden acumularse dentro de la jurisdicción, ni que pueden ser analizadas por el Juez del contrato estatal toda vez que la ley dispuso bajo qué tipo de interés es el que puede aducir para poder actuar dentro de la controversia contractual, así como las facultades para pretender todo aquello que corresponda a la nulidad absoluta del contrato estatal sin que pueda el juez asumir competencias administrativas que se derivan precisamente de las consecuencias jurídicas de la declaratoria de nulidad de la presente sentencia y que sólo puede ejercer la DIAN. (...) destaca esta Corporación que la falta de legitimación en la causa por activa de la litisconsorte no supone una vulneración de su derecho al acceso a la administración de justicia, ni hace nugatorios los eventuales derechos que puedan surgir a partir de las resultas del proceso pues, como se señaló en la parte considerativa de la presente providencia, existen otras herramientas jurídicas y medios de control procedentes para la reparación de eventuales daños antijurídicos que se ocasionen a terceros por la suscripción de un contrato estatal que sea declarado nulo. Aunado a que los efectos restitutorios de la declaratoria de nulidad de los contratos estatales involucran retrotraer los efectos económicos y jurídicos producidos entre las partes y no frente a terceros que no hicieron parte del acuerdo de voluntades, sin perjuicio de las potestades propias que se habilitan con los efectos de la presente sentencia. (...)"

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201900904002500023