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Tribunal Administrativo de Cundinamarca Providencia

Tribunal Administrativo: no hay lugar a otorgarle efectos jurídicos a la denominada segunda adición y primera prórroga del contrato No. 15

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Fecha
2026-06-25
Radicado
11001334306420180012902
Ponente
JUAN CARLOS GARZON MARTINEZ
Sección / Sala
SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección A)
Corporación
Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
I T SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA
Demandado
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDNETE ESE

Síntesis de la providencia

Tribunal Administrativo: no hay lugar a otorgarle efectos jurídicos a la denominada segunda adición y primera prórroga del contrato No. 15

Lo que dijo la Sala

… corresponde a la Sala definir, si resulta viable jurídicamente sostener que los contratos estatales que se encuentran exceptuados del Estatuto General de Contratación Estatal, pueden ser meramente consensuales como lo sostuvo el a quo, o si por el contrario, los referidos contratos, así como sus modificaciones deben ser solemnes y por lo tanto constar por escrito y estar debidamente suscritas por las partes.… Sobre el particular considera la Sala, que los contratos estatales exceptuados del Régimen General de Contratación Estatal, no pierden su carácter solemne por el hecho de estar sometidos a la reglas del derecho privado, por las siguientes consideraciones: a) En primer lugar, debe partir por resaltar la Sala, que como se precisó previamente, en el derecho privado, no todos los contratos son meramente consensuales.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede obtener efectos jurídicos para la segunda adición y primera prórroga del contrato No. 15 de 2015, ya que no fue suscrita por la entidad estatal por escrito, lo que es requisito indispensable para el perfeccionamiento de contratos estatales y sus modificaciones, independientemente de que estén sometidos a un régimen contractual exceptuado del Estatuto General de Contratación. La Sala establece que los contratos estatales y sus modificaciones deben respetar los principios de publicidad y control fiscal, por lo que la existencia de contratos o modificaciones contractuales meramente consensuales no cumple con estos principios. La entidad estatal debe contar con el soporte documental que permita a los entes de control realizar efectivamente el control fiscal, por lo que la falta de firma por parte de la entidad implica que no se cumplió con las formalidades necesarias para que la adición y prórroga tuvieran efectos legales. Esta decisión reitera la necesidad de que los contratos estatales y sus modificaciones estén debidamente formalizados por escrito y suscritos por las partes, lo que implica que el contratista solo puede reclamar las prestaciones que se materializaron durante el plazo original del contrato, es decir, entre el 30 de marzo y el 30 de septiembre de 2015.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Hay lugar a otorgarle efectos jurídicos a la denominada segunda adición y primera prórroga del contrato No. 15 de 2015 y por lo tanto a entender que el contrato estuvo vigente hasta diciembre del 2015, pese a no haber sido suscrita por la entidad por escrito?

Respuesta: No

También resuelve

  • ¿Los valores reclamados por la parte actora no están amparadas en contrato estatal alguno, y además no se encuentra plenamente acreditado el cumplimiento de los servicios presuntamente adeudados?
  • ¿Procede el reconocimiento de los servicios presuntamente prestados sin respaldo contractual y cobrados mediante las facturas 428, 432 y 433, a título de enriquecimiento sin justa causa?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Guías del tema

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Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Adición y prórroga del contrato Prestaciones ejecutadas sin contrato

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Titulación de la relatoría 16.047 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del tribunal.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / ACUMULACIÓN OBJETIVA DE PRETENSIONES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / CELEBRACIÓN SIN FORMALIDADES DE CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONTRATO ESTATAL SIN FORMALIDADES PLENAS / FORMALIDADES PLENAS DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO ESCRITO / SOLEMNIDAD DEL CONTRATO / SOLEMNIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / AUSENCIA DE FORMALIDADES PLENAS DEL CONTRATO ESTATAL / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ADICIÓN AL CONTRATO ESTATAL / FORMALIDADES DEL CONTRATO ADICIONAL Problema jurídico: ¿Hay lugar a otorgarle efectos jurídicos a la denominada segunda adición y primera prórroga del contrato No. 15 de 2015 y por lo tanto a entender que el contrato estuvo vigente hasta diciembre del 2015, pese a no haber sido suscrita por la entidad por escrito? Respuesta al problema jurídico: No “(...) corresponde a la Sala definir, si resulta viable jurídicamente sostener que los contratos estatales que se encuentran exceptuados del Estatuto General de Contratación Estatal, pueden ser meramente consensuales como lo sostuvo el a quo, o si por el contrario, los referidos contratos, así como sus modificaciones deben ser solemnes y por lo tanto constar por escrito y estar debidamente suscritas por las partes. (...) Sobre el particular considera la Sala, que los contratos estatales exceptuados del Régimen General de Contratación Estatal, no pierden su carácter solemne por el hecho de estar sometidos a la reglas del derecho privado, por las siguientes consideraciones: a) En primer lugar, debe partir por resaltar la Sala, que como se precisó previamente, en el derecho privado, no todos los contratos son meramente consensuales. Por el contrario, el legislador consagró que en ese régimen jurídico también tienen cabida los contratos solemnes, cuando para su perfeccionamiento requieran de ciertas solemnidades especiales. b) En segundo lugar, debe recordar esta Corporación, que conforme lo consagrado en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual exceptuado del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial: a) los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y b) estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal. c) Lo anterior ha conllevado a sostener, que las entidades públicas que en principio se encuentran exceptuadas del estatuto general de contratación estatal, realmente están sometidas a un régimen mixto en materia contractual, que las obliga a adecuar su actividad contractual y que les impide, aplicar de manera pura y sin matices el derecho privado, obsérvese lo indicado por el H. Consejo de Estado (...) d) Ahora bien, considerando:(i) que dentro de los principios de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política se encuentra el de publicidad, el cual según lo consagrado en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, conlleva que las autoridades tengan el deber de dar a conocer al público y a los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones; (ii) advierte la Sala, que este principio, no se satisface en debida forma, cuando se avala la existencia de contratos o modificaciones contractuales consensuales o verbales, que solamente puedan ser de conocimiento para los extremos contratantes. (...) f) Adviértase igualmente, que como se ha venido precisando, los contratos estatales sometidos al derecho privado deben respetar los principios de la gestión fiscal de que trata el artículo 267 constitucional, lo que supone que la entidad que celebra un contrato estatal, debe contar con el soporte documental que permita a los entes de control realizar efectivamente ese control fiscal. g) Lo expuesto, permite concluir a la Sala, que avalar la existencia de contratos estatales, o modificaciones contractuales meramente consensuales, no satisface en debida forma los principios de la función administrativa y del control fiscal, a los que están sometidos; por lo tanto, en criterio de esta Corporación, tal y como lo sostuvo el H. Consejo en una de las providencias anteriormente citadas, tratándose de contratación estatal, independientemente que estén sometidos a régimen exceptuados o no, resulta indispensable para el perfeccionamiento del contrato y de sus modificaciones, que el mismo conste por escrito y sea suscrito por las partes. (...) d) Si bien el referido documento fue firmado por el contratista, no fue suscrito por la entidad pública contratante. e) Revisado el plenario, se advierte que según informe rendido por el supervisor del contrato, la referida nueva prórroga y adición al contrato “no fue legalizada” por razones desconocidas (...) f) Lo expuesto permite advertir, que el referido documento no fue suscrito por quien tenía la capacidad jurídica para comprometer contractualmente a la demandada y para eventualmente modificar un contrato estatal solemne, por lo tanto, contrario a lo indicado por el a quo, considera la Sala que no hay lugar a otorgarle efectos jurídicos – contractuales al referido documento. En virtud de lo expuesto, advierte la Sala que la parte actora está habilitada para reclamar a través del medio de control de controversias contractuales, única y exclusivamente el pago de aquellas prestaciones que se materializaron en vigencia del contrato No. 015 de 2015, esto es, entre el 30 de marzo de 2015 y el 30 de septiembre de esa misma anualidad. (...)” NOTA DE RELATORÍA: Sobre la prórroga contractual como modificación del plazo y renovación del consentimiento de las partes, así como la necesidad de que la prórroga de un contrato solemne conste por escrito, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 16 de febrero de 2022, rad. 11001-03-06-000-2021-00167-00 (2473). Sobre la posibilidad de celebrar contratos no solemnes por entidades estatales sometidas al derecho privado, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 30 de enero de 2013, rad. 2000-00239-01(21130); Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de enero de 2022, rad. 2018-00352-01(64429). En sentido contrario, sobre la necesidad de que los contratos estatales sometidos al derecho privado consten por escrito en garantía de los principios de la función administrativa y gestión fiscal, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 10 de julio de 2014, rad. 2001-01468-01(27592); sentencia de 26 de junio de 2015, rad. 2000-04373-01(29057). MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / PROHIBICIÓN DE CONFESIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD ESTATAL / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Los valores reclamados por la parte actora no están amparadas en contrato estatal alguno, y además no se encuentra plenamente acreditado el cumplimiento de los servicios presuntamente adeudados? Respuesta al problema jurídico: Si “(...) Para dar respuesta a este interrogante jurídico, parte la Sala por recordar, que contrario a lo indicado por el a quo, la confesión de entidades públicas se encuentra expresamente prohibida en el ordenamiento jurídico, de conformidad con lo consagrado en los artículos 195 del CGP y 217 del CPACA; por lo que corresponde a la parte demandante, la carga probatoria de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y de la prestación del servicio acordado, independientemente de lo que se haya podido manifestar o no en la contestación de la demanda. (...) De entrada advierte la Sala, que la parte actora pretende a través del medio de control de controversias contractuales, el cobro de los servicios presuntamente prestados entre los meses de octubre y diciembre de 2015, momento para el cual, el contrato estatal objeto de la Litis ya había finalizado, lo que de plano deriva en la no prosperidad de las pretensiones contractuales frente a los servicios representados en las facturas 428, 429 y 433 de septiembre 4 de 2016, por no estar amparados en contrato estatal alguno. Ahora bien, en lo que respecta a las demás facturas, que corresponden a servicios presuntamente prestados durante la vigencia temporal del contrato, considera la Sala que no procede su reconocimiento en sede judicial, por las siguientes razones: a) Debe partir por resaltar la Sala, que de conformidad con lo consagrado en la cláusula quinta del contrato estatal objeto de la Litis, la entidad pública contratante, se comprometió a cancelar el valor de los servicios prestados, dentro de los 90 días siguientes a la presentación de estos documentos:(i) la factura respectiva;(ii) certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato;(iii) acta de recibo a satisfacción del objeto contratado expedida por el supervisor del contrato. b) Igualmente, de conformidad con lo consagrado en la cláusula vigésima primera del contrato, el contratista estaba en la obligación legal de acreditar a la entrega de cada pedido y con la factura respectiva, el cumplimiento de los aportes a seguridad social, pensión y aportes parafiscales, conforme lo regula el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. (...) d) Revisado el plenario, advierte la Sala que si bien la parte actora allegó copia de las facturas cuyo pago reclama, y de los Boucher que en su concepto demuestran la prestación del servicio, no aportó:(i) la certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato;(ii) tampoco el acta de recibo a satisfacción del objeto contratado, expedida por el supervisor del contrato;(iii) ni mucho menos la constancia del pago de seguridad social, pensión y aportes parafiscales correspondiente a los meses facturados, que se reclaman en este proceso judicial. e) Lo que quiere significar la Sala, es que la parte actora no acreditó el cumplimiento de la totalidad de requisitos contractualmente pactados para que procedieran los pagos que ahora reclama, destacándose, que la acreditación del pago de seguridad social, pensión y aportes parafiscales, no dependía en absoluto de actuación alguna por parte de la entidad demandada. (...) En virtud de lo expuesto, considera la Sala que la cláusula contractual que regula los requisitos para el pago, no es nula y por lo tanto, la misma cobra plena relevancia en el análisis del caso concreto, advirtiéndose que no se encuentra acreditado el cumplimiento de los requisitos pactados para el pago y por tanto no procede su reconocimiento en sede judicial. (...) Por las anteriores consideraciones, concluye la Sala no están llamadas a prosperar las pretensiones de controversias contractuales elevadas por la parte actora. (...) FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 195 MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / ACTIO IN REM VERSO / CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIO IN REM VERSO / EVENTOS DE PROCEDENCIA DEL ACTIO IN REM VERSO / NATURALEZA JURÍDICA DE LA ACTIO IN REM VERSO / OBJETO DE LA ACTIO IN REM VERSO / REQUISITOS DEL ACTIO IN REM VERSO / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA / IMPROCEDENCIA DE LA ACTIO IN REM VERSO / FALTA DE PRUEBA Problema jurídico: ¿Procede el reconocimiento de los servicios presuntamente prestados sin respaldo contractual y cobrados mediante las facturas 428, 432 y 433, a título de enriquecimiento sin justa causa? Respuesta al problema jurídico: No “(...) La jurisprudencia del Consejo de Estado ha aceptado en forma reiterada la configuración de un enriquecimiento sin justa causa, en los casos de ausencia o falta de perfeccionamiento de un contrato estatal, en conjunto con la ejecución material de un servicio a favor de la administración. Para que se configure el enriquecimiento sin justa causa se deben demostrar tres elementos: i) un enriquecimiento; ii) un empobrecimiento correlativo y; iii) que el desequilibrio entre los dos patrimonios se haya producido sin causa jurídica. (...) Más recientemente, en sentencia de unificación del 31 de julio de 2025, la Sala Plena de la Sección Tercera del H. Consejo de Estado unificó nuevamente su jurisprudencia, para precisar:(i) que las causales de procedencia del enriquecimiento sin justa causa señaladas en la sentencia de 2012 no constituyen un listado taxativo, sino ejemplos orientadores. En consecuencia, el juez debe valorar cada caso concreto para determinar si se configuran los elementos del instituto, sin limitarse a esas hipótesis; y(ii) la llamada “causal de constreñimiento” realmente corresponde a una falla del servicio, pues lo que se presenta allí es una actuación irregular de la administración que obliga al contratista a ejecutar actividades sin respaldo contractual. Por tanto, en esos eventos la responsabilidad estatal no se deriva de un enriquecimiento sin justa causa, sino de la imputación de un daño antijurídico por la deficiente gestión de la entidad, lo que habilita no solamente a otorgar compensación, sino indemnización por el daño antijurídico padecido. d) Igualmente, es importante resaltar, que en esta última sentencia de unificación, el H. Consejo de Estado fue claro en señalar que no basta con alegar la prestación de un servicio sin contrato, sino que ésta debe estar plenamente demostrada en el proceso, radicando en la parte actora la carga de la prueba de acreditar que efectivamente ejecutó las actividades que reclama. (...) Obsérvese que la parte actora no aportó al plenario prueba alguna que dé certeza a Sala de la prestación a favor de la parte demandada de los servicios cuyo pago reclama, ni de la cantidad y el valor de los mismos. (...) Obsérvese en consecuencia, que si bien es claro que solo hasta diciembre de 2015, se le informó a la parte demandante que debía suspender el servicio de impresión y fotocopiado, no obstante, las pruebas obrantes en el plenario, no permiten a la Sala tener por acreditado, que los servicios que presuntamente se prestaron entre los meses de octubre y diciembre de 2016, corresponden al pago reclamado por la parte actora en las facturas 428, 432 y 433; carga probatoria que correspondía asumir a la parte actora, haciendo uso de todos lo medios probatorios que tenía a su alcance. Por las anteriores razones, y específicamente por considerar que no se encuentra acreditada la prestación efectiva a la entidad pública demandada, del servicio de fotocopiado e impresión cuyo pago ahora reclama la parte actora, ni tampoco que en caso de haberse prestado el servicio, el mismo se haya dado en las cantidades afirmadas, considera la Sala que igualmente hay lugar a negar las pretensiones de reparación directa – enriquecimiento sin causa formuladas por la parte actora. Corolario de lo expuesto, advierte la Sala que hay lugar a REVOCAR la sentencia de primera instancia, para en su lugar negar la totalidad de las pretensiones de la demanda. (...)” NOTA DE RELATORÍA: Sobre la procedencia excepcional del enriquecimiento sin justa causa y de la actio in rem verso en materia de contratación estatal, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación de 19 de noviembre de 2012, exp. 24897, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Sobre el carácter no taxativo de las hipótesis de procedencia del enriquecimiento sin justa causa, la recalificación del supuesto de constreñimiento como falla del servicio y la necesidad de acreditar plenamente la prestación ejecutada sin respaldo contractual, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación de 31 de julio de 2025, rad. 08001-23-33-000-2014-00442-01(57464).

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110013343064201800129022500023