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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: en los hechos de la demanda se indicó que a pesar de que la Cooperativa venía suscribiendo contratos directamente con Caprecom

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Fecha
2024-02-19
Radicado
88001233300020150000202
Número interno
64546
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALUD DE SAN ANDRES ISLA - COOPASAI CTA.
Demandado
FIDUCIARIA LA PREVISORA, CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM - LIQUIDADO- PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES, DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: en los hechos de la demanda se indicó que a pesar de que la Cooperativa venía suscribiendo contratos directamente con Caprecom

Lo que dijo la Sala

La demandante solicitó que se declare que entre ella y Caprecom existió: (i) un contrato de prestación de servicios de resultado en el área de la salud, el cual se ejecutó en la IPS Caprecom entre abril y julio de 2012, por un valor de $53’122.657; (ii) un contrato de la misma naturaleza que se ejecutó en la IPS Hospital Amor de Patria entre junio y julio de 2012, por un valor de $971’837.608.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista que pretende la declaración judicial de existencia de un contrato de prestación de servicios de salud ejecutado con una entidad estatal debe tener en cuenta que el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales se computa a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la pretensión principal. Cuando la entidad niega sistemáticamente su condición de parte negocial desde el momento mismo en que se empezaron a prestar los servicios y se ejecutaron las labores objeto de reclamación, la parte actora adquiere conocimiento pleno del hecho dañoso y de la controversia surgida, por lo que la inacción prolongada más allá del plazo legal acarrea la configuración de la caducidad de la acción.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Para la pretensión de la existencia del contrato aplica la regla general que señala que el término de caducidad empieza a correr a partir del día siguiente al de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, art. 164 núm. 2
  • Ley 640 de 2001, art. 2

También resuelve

  • ¿La sentencia recurrida no es congruente con los hechos y pretensiones propuestos por COOPASSAI, en tanto estos son expresos…
  • ¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia y la fijación de agencias en derecho?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Caducidad de la acción contractual Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Prestación de servicios y contrato realidad Condena en costas y agencias en derecho

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El sub lite también se rige por la Ley 2080 de 2021
Titulación de la relatoría 20.119 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL CONTRATO / CONOCIMIENTO DEL HECHO DAÑOSO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONFIGURACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL Problema jurídico: ¿Para la pretensión de la existencia del contrato aplica la regla general que señala que el término de caducidad empieza a correr a partir del día siguiente al de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento? Respuesta al problema jurídico: Si La demandante solicitó que se declare que entre ella y Caprecom existió: (i) un contrato de prestación de servicios de resultado en el área de la salud, el cual se ejecutó en la IPS Caprecom entre abril y julio de 2012, por un valor de $53’122.657; (ii) un contrato de la misma naturaleza que se ejecutó en la IPS Hospital Amor de Patria entre junio y julio de 2012, por un valor de $971’837.608. Pidió también que, con origen en tales vínculos negociales, se ordene a la demandada pagar a la Cooperativa (iii) el valor total de ambos contratos ($1.024’960.265); (iv) los intereses de mora causados desde el incumplimiento del pago; (v) los intereses causados en cabeza de la demandante por el incumplimiento de sus obligaciones tributarias; así como (vi) los intereses causados en cabeza de COOPASSAI por el incumplimiento en el pago de sus obligaciones a las administradoras del Sistema General de Seguridad Social. (...) En la apelación, COOPASSAI indicó que en la audiencia inicial, el Tribunal analizó la caducidad bajo las reglas de las controversias contractuales y coligió que el derecho de acción se ejerció en tiempo, por lo cual no hacía falta que se hiciera ningún pronunciamiento adicional al respecto. La Sala encuentra que no se trata de un asunto superado, puesto que el análisis que sobre este aspecto se hizo en aquella oportunidad recayó, exclusivamente, sobre las pretensiones de nulidad absoluta de los contratos Nos. CN01-0200-2011, CN01-0499-2011, CN01-0213-2012 y CN01-0621-2011 celebrados los dos primeros, entre Caprecom y COOPERAMOS y, los segundos, entre esa misma entidad y COOPSERVICIOS, para la prestación de servicios de salud por resultado en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pretensiones que, valga mencionar, fueron excluidas del proceso por falta de legitimación en la causa de COOPASSAI para plantearlas. Las pretensiones de existencia de los contratos –que valga decir, no constituyen una pretensión consecuencial a aquellas de nulidad sino principal que de prosperar serían la puerta de entrada para analizar las demás que sí les son consecuenciales– no fueron analizadas en su oportunidad, por lo cual, por tratarse de un presupuesto procesal ineludible para desatar la controversia, la Sala debe pronunciarse al respecto. Para determinar la oportunidad de la demanda, debe aplicarse la regla general contenida en el literal j) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 que contempla como premisa general que “el término para demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento”. Ahora, para efectos de establecer cuándo tuvieron ocurrencia tales motivos de hecho o de derecho es necesario rememorar cuáles fueron las bases en las que COOPSSAI fundó sus pretensiones de existencia de los contratos, las cuales se concretan, básicamente, en el hecho de que Caprecom la habría forzado a suscribir convenios con otras Cooperativas para encubrir su verdadera posición en los negocios jurídicos en los que ella misma iba a ser la beneficiaria de los servicios que prestaría la Cooperativa en las IPS Caprecom y Hospital Amor de Patria, de lo cual, según se deduce de su propio dicho, la demandante tuvo conocimiento desde el mismo momento en que suscribió tales acuerdos. En efecto, en los hechos de la demanda se indicó que a pesar de que la Cooperativa venía suscribiendo contratos directamente con Caprecom, el 15 de diciembre de 2011 un funcionario de esa entidad le informó que en adelante los contratos debía celebrarlos con COOPERAMOS, dado que había suscrito un contrato general con esa cooperativa y que, incluso, le señalaron que para los procesos desarrollados y ejecutados después del 30 de noviembre de esa misma anualidad, en virtud de la prórroga automática al último contrato celebrado entre quienes ahora son parte de este proceso, debía suscribir un acuerdo retroactivo con COOPERAMOS, pues de lo contrario sería imposible el reconocimiento del pago del mes vencido (hecho 3). A lo que añadió que la Cooperativa se vio forzada a suscribir dicho acuerdo retroactivo, sin perjuicio de que desde ese entonces dejó sentada su voz de protesta al respecto (hecho 4). En el mismo sentido, en el hecho 5 afirmó que celebrar acuerdos con COOPERAMOS “se trataba de una clara y evidente intermediación”, en tanto era una cooperativa del interior del país que no tenía trabajadores isleños, pero que COOPASSAI se vio forzada a aceptar lo ordenado por Caprecom, pues era el único medio de trabajo de sus asociados, aunque, afirmó que “a partir de la firma de dicho convenio intercooperativo de manera frecuente se informó a CAPRECOM de las constantes irregularidades generadas en virtud de la suscripción del mismo”. n lo que concierne a COOPSERVICIOS, dijo que también se le informó que “algunos servicios de salud de CAPRECOM, debían ser igualmente contratados con otra cooperativa de trabajo asociado” (hecho 6). En el hecho 7 agregó que ambos convenios intercooperativos se prorrogaron automáticamente con la aquiescencia de Caprecom quien “quería establecer un carrusel de contratación cuando la verdad simple y llana es que COOPASSAI C.T.A. seguía siendo quien prestaba directamente los servicios de resultado en las diferentes áreas de la medicina, ya fuera en la IPS CAPRECOM de San Andrés Islas o en el HOSPITAL AMOR DE PATRIA también en San Andrés Islas …”. Finalmente, la demandante aseveró que “[d]e todos los hechos anteriormente expuestos, resulta absolutamente claro y evidente que entre (…) COPASSAI CTA y CAPRECOM – Dirección Territorial de San Andrés Islas, siempre primó una relación de prestación de servicios de salud por resultados directa …”. De lo dicho por la demandante en el libelo introductorio surge con meridiana claridad que la posición de Caprecom de no reconocerse como parte de los contratos cuya declaración de existencia se pretende –que es el aspecto en el que se funda la controversia de cara a esa pretensión principal y de la que penden las demás pretensiones– fue conocida por la demandante desde el momento mismo en que empezó a prestar los servicios por cuyo pago ahora reclama con fuente en esos supuestos contratos, pues COOPASSAI entendió que en realidad su contraparte negocial era Caprecom, aunque ésta, en su entender, hubiera utilizado los convenios intercooperativos con el objeto de eludir esa posición; de manera que, en los términos del ya mencionado inciso primero del literal j) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, en este caso el momento que debe tenerse en cuenta para establecer la oportunidad de la demanda es aquél en el que, según se aseveró en el libelo, se habrían celebrado los negocios jurídicos. En la pretensión segunda de la demanda, se solicitó que se declare que entre Caprecom y COOPASSAI existió un contrato de prestación de servicios de resultados en el área de la salud, desarrollado y ejecutado en la IPS Caprecom entre los meses de abril, mayo, junio y julio de 2012 por un valor total de $53’122.657. Aunque en la pretensión no se especificó a partir de cuál día de abril se habrían empezado a prestar los servicios, lo cierto es que, incluso, si el término se contara desde el día siguiente al último de este mes, se llegaría a la conclusión de la que demanda se interpuso de manera extemporánea.En efecto, el plazo habría empezado a correr a partir del 1 de mayo de 2012 y, en principio, habría fenecido el 1 de mayo de 2014; no obstante, como el 18 de octubre de 2013 se presentó solicitud de conciliación prejudicial el término se suspendió hasta el 19 de diciembre de 2013, cuando se expidió la certificación a la que se refiere el artículo 2 de la Ley 640 de 2001 –en concordancia con el artículo 21 ídem–, esto es, por un periodo de 63 días. Como al momento de la solicitud había corrido un año, 5 meses y 16 días y el conteo se reanudó el 20 de diciembre de 2013, se concluye que la demanda fue extemporánea, pues el plazo para presentarla habría finiquitado el 4 de julio de 2014, pero se instauró el 6 de enero de 2015. A la misma conclusión se arriba respecto de la pretensión tercera de la demanda, en la que se pidió que se declare que entre Caprecom y COOPASSAI existió un contrato de prestación de servicios de resultados en el área de la salud, desarrollado y ejecutado en el Hospital Amor de Patria entre los meses de junio y julio de 2012 por un valor total de $971’837.608. En esta pretensión tampoco se especificó a partir de qué día de junio se habrían empezado a prestar los servicios, sin embargo, incluso si el término se contara desde el día hábil siguiente al último de este mes, igualmente se llegaría a la conclusión de la que demanda se interpuso de manera extemporánea. El plazo habría empezado a correr a partir del 1 de julio de 2012, por lo cual, en principio, habría fenecido el 1 de julio de 2014; no obstante, como ya se dijo, el término se suspendió por 63 días, cuando –para esta pretensión– habían corrido 1 año, 3 meses y 16 días. Como el conteo se reanudó el 20 de diciembre de 2013, el plazo máximo para presentar la demanda habría vencido el 4 de septiembre de 2014, pero se presentó el 6 de enero de 2015, por lo que se concluye también que respecto de esta pretensión fue extemporánea. Incluso, si se contara la caducidad desde cuando, según la demanda, habría finalizado la prestación de los servicios, lo que para ambos casos habría ocurrido en julio de 2012, la conclusión sería igual, en la medida que el plazo habría corrido entre el 1 de agosto de 2012 y, en principio, el 1 de agosto de 2014; sin embargo, habría que sumar los 63 días por los que se suspendió el término de la caducidad, por lo cual, en este escenario, el plazo para habría fenecido el 4 de octubre de ese año. En relación con las demás pretensiones de la demanda, esto es, las asociadas al pago de los servicios de salud que se habrían prestado, los intereses de mora que asevera la demandante se habrían causado a su favor por el impago de tales servicios y otros intereses que se habrían generado en su contra por no haber podido atender oportunamente sus obligaciones, corren la misma suerte de la pretensión de existencia del contrato, en la medida que entre aquélla y éstas existe una relación inescindible, pues las segundas le son consecuenciales, dado que la fuente en la que se soportaron fue la existencia de los contratos que supuestamente COOPASSAI celebró con Caprecom; de manera que en este caso no hay lugar a hacer un análisis independiente respecto de estas pretensiones. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala estime pertinente advertir que existen eventos en los que se formula la pretensión de existencia del contrato de manera inocua o innecesaria, en la medida que con la demanda se aporta el documento que da cuenta de su existencia y ninguna parte reprocha o niega ese hecho. En estos casos, claramente, no existe controversia de cara a la existencia del negocio jurídico, por tanto, como es apenas natural, la oportunidad de la demanda deberá establecerse de cara a las demás pretensiones que se funden en el negocio jurídico y contarse teniendo en cuenta para ello lo que disponga el mismo contrato. Así las cosas, la Sala deberá confirmar la sentencia recurrida, pues, aun cuando se halló razón a la Cooperativa en cuanto a que al adecuar la demanda al medio de reparación directa el Tribunal desconoció el principio de congruencia, lo cierto es que analizada la oportunidad en la que se presentó bajo las normas que regulan las controversias contractuales, se llega también a la conclusión de que fue extemporánea. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J, LEY 640 DE 2001 - ARTÍCULO 2 CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / FALTA DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / ADECUACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL / IMPROCEDENCIA DE LA ADECUACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL / IMPEDIMENTO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / EXISTENCIA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿La sentencia recurrida no es congruente con los hechos y pretensiones propuestos por COOPASSAI, en tanto estos son expresos, claros y específicos en cuanto a que lo que se pretende es que se declare la existencia de unos contratos para, a partir de ahí, establecer el incumplimiento de unas obligaciones que se habrían originado en aquéllos? Respuesta al problema jurídico: No Encuentra la Sala que la sentencia recurrida no es congruente con los hechos y pretensiones propuestos por COOPASSAI, en tanto estos son expresos, claros y específicos en cuanto a que lo que se pretende es que se declare la existencia de unos contratos para, a partir de ahí, establecer el incumplimiento de unas obligaciones que se habrían originado en aquéllos. Bajo las pretensiones segunda y tercera, se pidió expresamente que se declarara que entre COOPASSAI y Caprecom “existi[eron] un[os] contrato[s] de prestación de servicios de resultado en el área de la salud” que fueron ejecutados por la demandante en la IPS Caprecom y en el Hospital Amor de Patria, uno, entre los meses de abril a julio de 2012 (pretensión segunda) y el otro entre junio y julio de ese mismo año (pretensión tercera). Consecuencialmente, pidió que se ordenara a la demandada reconocer y pagar los valores resultantes de tales prestaciones, así como los intereses de mora que se habrían generado “desde la fecha que se configuró el incumplimiento del pago” (pretensiones cuarta y quinta). A partir de los hechos relatados como fundamento de tales pretensiones –y al margen de su vocación de prosperidad o no–, se extracta que la causa de la demanda se fundó en el entendimiento de que aun cuando COOPASSAI suscribió unos convenios con otras cooperativas para la prestación de los servicios de salud, lo cierto era que lo hizo porque así se lo habría pedido Caprecom, que era la beneficiaria directa de los servicios contratados en tanto se prestaban a su afiliados, de donde infiere el actor que medió un vínculo contractual, y, por lo mismo, las demandadas están llamadas a pagar las prestaciones que ejecutó y que no fueron remuneradas. En este contexto lejos de buscar el reconocimiento de unos pagos para evitar un empobrecimiento a causa de un correlativo enriquecimiento sin que entre las partes mediara una fuente de obligaciones, el litigio se planteó a partir de la declaración de la fuente del derecho pretendido, esto es, un contrato por virtud del cual tiene derecho a recibir unos pagos. En la demanda no se discute el acrecimiento de un patrimonio a causa del correlativo empobrecimiento de otro sin que medie justa causa –fuente–. Lo que se busca es el reconocimiento judicial de la causa –fuente– que daría lugar al pago que consecuencialmente se reclama. El objeto de este proceso se centra en determinar la existencia de unos vínculos contractuales entre COOPASSAI y Caprecom, su ejecución debida por parte de la demandante, el surgimiento correlativo de la obligación de pago por parte de la demandada, y su incumplimiento. Lo discutido se enmarca en el medio de control de controversias contractuales, a través del cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley 1437 de 2011, cualquiera de las partes de un contrato puede pedir, entre otras cosas, que se declare su existencia y su incumplimiento. Así las cosas, al adecuar la demanda al medio de control de reparación directa, el Tribunal varió la causa de la demanda y las pretensiones que aquélla estaba llamada a sustentar. Debido a esta incorrecta lectura del libelo, se analizó el presupuesto de la caducidad con base en supuestos normativos no aplicables al caso y –aunque halló acreditado que la demanda fue inoportuna– se hizo un pronunciamiento sobre un conflicto que no fue planteado, muestras evidentes de la vulneración del principio de congruencia. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141 CONDENA EN COSTAS / CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS / CONCEPTO DE COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / COSTAS PROCESALES / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia y la fijación de agencias en derecho? Respuesta al problema jurídico: No Habida consideración de que en este proceso se aplica el artículo 188 del CPACA, de conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso, numeral 1, la Sala condenará en costas a la parte demandante en la medida en que, por las razones previamente expresadas, se resolverá desfavorablemente el recurso de apelación que interpuso en contra de la sentencia del 15 de mayo de 2019 que negó las pretensiones de su demanda. Se advierte que, bajo las reglas del código en cita la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la cual se le imponen, toda vez que en el régimen actual dicha condena se determina con fundamento en un criterio netamente objetivo, en este caso frente a la parte que ha resultado vencida, “siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”. La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que dispone el artículo 366 del Código General del Proceso. En relación con las agencias en derecho, se pone de presente que se regirán por el Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda. De conformidad con su artículo tercero, en la fijación de las tarifas en los asuntos contencioso administrativos, debe tenerse en cuenta la naturaleza, la calidad y la duración útil de la gestión realizada por el apoderado, así como la cuantía de la pretensión y demás circunstancias relevantes. En este caso, la Sala advierte que, dado que la demandante será condenada a pagar las costas de la segunda instancia, también será condenada a pagar las agencias en derecho de aquélla, las cuales, en los términos del artículo 6 del aludido Acuerdo, deben fijarse en un porcentaje de hasta el 5% del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. En consideración a que la entidad demandada tuvo apoderado y se pronunció en esta instancia, se fijan las agencias en derecho a cargo de COOPASSAI y a favor del Patrimonio Autónomo de Remanentes de PAR CAPRECOM LIQUIDADO, administrado por la Fiduciaria La Previsora S.A. en diez millones doscientos cuarenta y nueve mil seiscientos dos pesos ($10’249.602), teniendo en cuenta la relación porcentual del 1% del valor de las pretensiones económicas de la demanda. FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=880012333000201500002021100103