Síntesis de la providencia
Aclaración de voto: Aclaración voto
Lo que dijo la Sala
Aún haciendo abstracción de la referida regulación especial, los artículos 141 y 282 del Decreto-ley 01 de 1984 imponían de manera general el deber de la administración de vincular a los interesados a las actuaciones administrativas… , de modo que la decisión solo podía ser adoptada previa posibilidad de que los interesados pudieran ejercer su derecho de contradicción, según lo dispuesto en el artículo 35 ibidem. Considero que la regla contenida en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, según la cual “el acaecimiento del siniestro que amparan las garantías será comunicado por la entidad pública al respectivo asegurador mediante la notificación del acto administrativo que así lo declare”, no puede entenderse como derogatoria del debido proceso que debe garantizarse en el curso de la actuación, únicamente se refiere al deber de notificar el acto, sin perjuicio del ejercicio de contradicción y defensa previo.
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Problema jurídico
¿El debido proceso que debe garantizarse se refiere al deber de notificar el acto, sin perjuicio del ejercicio de contradicción y defensa previo?
Respuesta: Si
También resuelve
- ¿El debido proceso es aplicable a toda actuación administrativa, incluida la de declaratoria del siniestro contractual?
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Titulación de la relatoría 3.327 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACLARACIÓN DE VOTO / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / NORMA ESPECIAL / DEBIDO PROCESO EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL / OCURRENCIA DEL SINIESTRO / COBERTURA DEL CONTRATO DE SEGURO / OBLIGACIÓN DE GARANTÍA DE LA ASEGURADORA / NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DEBER DE NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR / EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA
Problema jurídico:
¿El debido proceso que debe garantizarse se refiere al deber de notificar el acto, sin perjuicio del ejercicio de contradicción y defensa previo?
Respuesta al problema jurídico: Si
[A]ún haciendo abstracción de la referida regulación especial, los artículos 141 y 282 del Decreto-ley 01 de 1984 imponían de manera general el deber de la administración de vincular a los interesados a las actuaciones administrativas […], de modo que la decisión solo podía ser adoptada previa posibilidad de que los interesados pudieran ejercer su derecho de contradicción, según lo dispuesto en el artículo 35 ibidem. [C]onsidero que la regla contenida en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, según la cual “el acaecimiento del siniestro que amparan las garantías será comunicado por la entidad pública al respectivo asegurador mediante la notificación del acto administrativo que así lo declare”, no puede entenderse como derogatoria del debido proceso que debe garantizarse en el curso de la actuación, únicamente se refiere al deber de notificar el acto, sin perjuicio del ejercicio de contradicción y defensa previo.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 35, 141 Y 282, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 7
OBLIGACIONES DEL ASEGURADOR / APLICACIÓN DE LA NORMA CONSTITUCIONAL / DEBIDO PROCESO EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / APLICACIÓN DE LA NORMA / ENTIDAD ASEGURADORA / DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL / EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA / DECISIÓN ADMINISTRATIVA / OCURRENCIA DEL SINIESTRO / RÉGIMEN DE GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CLASES DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE SEGURO
Problema jurídico:
¿El debido proceso es aplicable a toda actuación administrativa, incluida la de declaratoria del siniestro contractual?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]n los términos del artículo 29 de la Constitución Política, el debido proceso es aplicable a toda actuación administrativa, incluida la de declaratoria del siniestro, para lo cual, de conformidad con las normas generales y especiales aplicables, era preciso permitirle a la aseguradora el ejercicio del derecho de contradicción y defensa antes de adoptar la decisión. Para la época en la cual se adelantó el procedimiento administrativo tendiente a la declaratoria del siniestro estaba vigente el Decreto 4828 de 2008 “por el cual se expide el régimen de garantías en la contratación de la administración pública” que, en forma clara e inequívoca, disponía la obligación de permitirle al garante del contrato ejercer su derecho de contradicción con antelación a la expedición del acto administrativo tendiente a hacer efectiva la garantía.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29, DECRETO 4828 DE 2008
Texto extraído del PDF oficial 5.807 caracteres
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, catorce (14) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Radicación: 05001-23-33-000-2014-01451-01 (61.667)
Demandante: PREVISORA SA COMPAÑÍA DE SEGUROS
Demandado: MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA
CATALINA
ACLARACIÓN DE VOTO
1) Aunque comparto la decisión de la Sala, aclaro mi voto porque considero que
el fundamento para la no prosperidad del cargo de la demanda consistente en la
violación del debido proceso corresponde a que, según quedó probado, la
demandada sí fue notificada y se le permitió ejercer su derecho de contradicción
y defensa antes de que fueran dictados los actos administrativos por medio de
los cuales se hizo efectiva la garantía.
2) La sentencia señala que, por virtud del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, la
entidad solo está obligada a notificarle a la aseguradora el acto administrativo
que declara el incumplimiento, argumentación de la cual me aparto, por c uanto,
en los términos del artículo 29 de la Constitución Política, el debido proceso es
aplicable a toda actuación administrativa, incluida la de declaratoria del siniestro,
para lo cual, de conformidad con las normas generales y especiales aplicables,
era preciso permitirle a la aseguradora el ejercicio del derecho de contradicción
y defensa antes de adoptar la decisión.
3) Para la época en la cual se adelantó el procedimiento administrativo tendiente
a la declaratoria del siniestro estaba vigente el Decreto 4828 de 2008 “por el cual
se expide el régimen de garantías en la contratación de la administración pública”
que, en forma clara e inequívoca , disponía la obligación de permitirle al garante
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Exp. 05001-23-33-000-2014-01451-01 (61.667)
Controversias contractuales
Aclaración de voto
del contrato ejercer su derecho de contradicción con antelación a la expedición
del acto administrativo tendiente a hacer efectiva la garantía:
“Artículo 14. Efectividad de las garantías. Cuando se presente
alguno de los eventos de incumplimiento cubiertos por las garantías
previstas en este decreto, la entidad contratante procederá a hacerlas
efectivas de la siguiente forma:
(…).
14.3 En los demás casos de incumplimiento, una vez agotado el
debido proceso y garantizados los derechos de defensa y
contradicción del contratista y de su garante proferirá el acto
administrativo correspondiente en el cual declarará el incumplimiento,
procederá a cuantificar el mont o de la pérdida o a hacer efectiva la
cláusula penal, si ella está pactada y a ordenar su pago tanto al
contratista como al garante. Para este evento el acto administrativo
constituye la reclamación en las garantías otorgadas mediante póliza
de seguro.” –(se resalta).
3) En todo caso, esto es, aún haciendo abstracción de la referida regulación
especial, los artículos 141 y 282 del Decreto-ley 01 de 1984 imponían de manera
general el deber de la administración de vincular a los interesados a las
actuaciones administrativas, aún a las iniciadas de manera oficiosa, de modo que
la decisión solo podía ser adoptada previa posibilidad de que los interesados
1 Decreto-ley 01 de 1984 , “artículo 14. Cuando de la misma petición o de los registros que
lleve la autoridad, resulte que hay terceros determinados que pueden estar directamente
interesados en las resultas de la decisión, se les citará para que puedan hacerse parte y
hacer valer sus derechos. La citación se hará por correo a la dirección que se conozca si no
hay otro medio más eficaz.
En el acto de citación se dará a conocer claramente el nombre del peticionario y el objeto de la
petición.
Si la citación no fuere posible, o pudiere resultar demasiado costosa o demorada, se hará la
publicación de que trata el artículo siguiente.” (se resalta).
2 Ibidem, “Artículo 28. “Artículo 28. Cuando de la actuación administrativa iniciada de oficio
se desprenda que hay particulares que pueden resultar afectados en forma directa, a éstos
se les comunicará la existencia de la actuación y el objeto de la misma.
En estas actuaciones se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos 14, 34 y 35.”
(negrillas adicionales).
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Exp. 05001-23-33-000-2014-01451-01 (61.667)
Controversias contractuales
Aclaración de voto
pudieran ejercer su derecho de contradicción, según lo dispuesto en el artículo
353 ibidem.
4) De conformidad con lo expuesto, considero que la regla contenida en el artículo
7 de la Ley 1150 de 2007 , según la cual “el acaecimiento del siniestro que
amparan las garantías será comunicado por la entidad pública al respectivo
asegurador mediante la notificación del acto administrativo que así lo declare”,
no puede entenderse como derogatoria de l debido proceso que debe
garantizarse en el curso de la actuación , únicamente se refiere al deber de
notificar el acto, sin perjuicio del ejercicio de contradicción y defensa previo.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado
(firmado electrónicamente)
Constancia. Se hace constar que la presente providencia fue suscrita electrónicamente
por el suscrito magistrado del Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B en
la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213
de 2022.
3 Ibidem, “Artículo 35. Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus
opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que
será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares.” (se destaca).